La Comisión Internacional de los Derechos Humanos (CIDH), realizó una rueda de prensa, en Venezuela, en la que se demuestra evidentemente la parcialidad, (por lo menos de sus representantes, Presidente Juan Méndez y el secretario Cantón) por los grupos poderosos y oligárquicos depredadores de todos los pueblos latinoamericanos, para las personas que no puedan tener estas declaraciones, esta parcialidad queda demostrada en los siguientes elementos:
1.- Conociendo (lo reconocieron escuetamente) que los medios de comunicación privados se alinearon con el golpe fascista, el señor Juan Méndez, basa sus apreciaciones en lo que transmiten estos medios en el día de hoy y pone en duda descaradamente la imparcialidad de las instituciones legalmente elegidas para la representación y defensa de los derechos humanos como la Defensoría del Pueblo y la Fiscalia General de la Republica y al mismo tiempo llama a reconocer las organizaciones no gubernamentales (ONG), como COFAVIC, en donde su mayor representante se había identificado públicamente por los medios de comunicación, como adversa al sistema antes del golpe, acompañando y defendiendo en muchas ocasiones a estas personas como estas declaraciones que dio ante el canal de televisión Globovisión el 12 de abril, cito " Para Ortega, los asesinatos de más de 12 personas que manifestaban en contra y a favor del gobierno del ex- presidente Hugo Chávez, también contaron con el financiamiento o fueron pagadas con dinero del país.

La vocera de Cofavic hizo estas declaraciones al tiempo que organismos de seguridad desarrollaban allanamientos para dar con el paradero de seguidores del saliente gobierno y que pudieran estar involucrados en las muertes." En este aspecto es bueno recomendarle, a este organismo que revise las transmisiones emitidas por el canal televisivo Globovisión en la madrugada de 12 de Abril, cuando los periodistas Gladys Rodríguez y José Vicente Antonetti, aupaban a perseguir a los Círculos Bolivarianos y a quitarle el nombre de Bolivariana a la República Bolivariana de Venezuela, y lo que llama más la atención de todo esto es que el golpista Carmona Estanga, procedió a hacer efectivo estas peticiones.

2.- En cuanto a las amenazas y agravios a los medios de comunicación y a los periodistas, no llamó la atención a estos por los agravios, insultos, falsedades y falta de información que recibe diariamente todo el pueblo venezolano y esto puede comprobarse fácilmente hasta el día de hoy con solo ver la actitud de muchos periodistas que siembran el odio constantemente, con su verbo hacia las personas que de una manera u otra apoyan el proyecto bolivariano.

3.- Estos representantes de CIDH, no se dignaron a comentar que el canal del estado VTV, venezolana de televisión fue cerrada en la madrugada de 12 de Abril por el gobernador del estado Miranda, Enrique Mendoza perteneciente al partido político social cristiano COPEY, y que el periodista Pedro Luis Flores mientras pateaba los muebles exclamaba una sarta de improperios amenazantes y ofensivos contra los periodistas del canal del estado. Es más no fueron capaces de comentar que las emisoras radiales comerciales fueron obligadas a transmitir informaciones fatuas negando toda la realidad de lo que estaba aconteciendo en el país, mientras que los medios internacionales hacían lo contrario.

4.- Estos cuestionables representantes, en ningún momento se manifestaron sobre los derechos humanos de las personas que fueron ilegalmente humillados y expuestos a la deshonra publica como la del Capitán Rodríguez Chacín, con cargos prefabricados, como la detención del diputado Tarek Wuillian Saab a pesar de su inmunidad parlamentaria y la del gobernador del estado Táchira Ronald Blanco La Cruz, a pesar de que todos estos hechos fueron transmitidos reiteradamente por todos los medios de comunicación privados.

Queremos aclarar que muchos otros hechos se cometieron por estas personas que ahora ocultan estos representantes de la CIDH, con los cuales se entrevistaron y basaron sus declaraciones para la rueda de prensa.

5.- Su descaro llego hasta el limite de proponer que fueran reconocidos los ilegítimos representantes de la directiva actual de la confederación de trabajadores (CTV), con el conocimiento de que estos desaparecieron el 52% de las actas electorales, algo que en cualquier país u organización será reconocido como una trampa evidente.