Alberto Nájar
Masiosare

El nombre, que en la Sierra de Petatlán se pronuncia con miedo, sonó fuerte en la procuraduría capitalina. Rogaciano Alba Alvarez, cacique de Guerrero, sería el responsable de la muerte de Digna Ochoa. La versión –publicada por Masiosare hace siete meses– ya había sido desechada, pero la presión desatada por la hipótesis del suicidio de la abogada obligó a la procuraduría a volver sobre sus pasos

La tormenta que se avistaba con el anuncio del probable suicidio de Digna Ochoa y Plácido tocó finalmente el puerto de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), que esta semana fue virtualmente obligada a admitir la existencia de huecos en sus investigaciones.

"Vamos a revisar todo lo que hicimos en Guerrero", reconoció el procurador Bernardo Bátiz tras la publicación de que la activista habría sido asesinada por órdenes de Rogaciano Alba Alvarez, presidente de la asociación estatal de ganaderos y señalado como uno de los caciques más fuertes de la entidad. Y es que la versión avivó la inconformidad que causó la hipótesis del suicidio entre activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh) junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), acusaron a la PGJDF de no cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como de empeñarse en defender sólo una línea de investigación "sin que haya elementos sólidos para sostenerla". Incluso el Prodh se deslindó de la investigación que lleva a cabo la Procuraduría, en la cual tiene el carácter de coadyuvante.

En un comunicado, el Centro advirtió que, "a pesar de ser su derecho como coadyuvante y de haber sido recomendado por el doctor (Pedro) Díaz (consultor de la CIDH), no tuvo la oportunidad de constatar que las diligencias practicadas a propósito de las recomendaciones, en especial las que se refieren a algunas declaraciones de testigos, se hayan llevado a cabo en un clima de confianza y sin inducción alguna, en virtud que la coadyuvancia no fue citada o informada para participar en dichas diligencias, a pesar de las reiteradas solicitudes que en ese sentido se han hecho a la PGJDF".

Según el Pro, la Procuraduría se ha dedicado a cabildear entre activistas y medios de comunicación su hipótesis de que Digna Ochoa se suicidó, lo cual "resulta contradictorio" pues se presenta "información fragmentada que confunde en lugar de orientar correctamente a la opinión pública".

La abogada Bárbara Zamora, representante legal de la familia Ochoa y Plácido, fue más allá al demandar que el subprocurador Renato Sales Heredia abandone la investigación. "La Ley de Amparo dice que cuando un juzgador emite opiniones personales sobre una investigación debe abstenerse de participar en ella", advierte. "No hay garantía de que su juicio será imparcial".

Las presiones surtieron efecto. El jueves pasado la PGJDF acordó con el Prodh revisar, con el apoyo de expertos internacionales en criminalística y derecho penal, el expediente completo del caso. La Procuraduría estaba en esa ruta, pero Renato Sales también aseguraba que, con peritos internacionales o sin ellos, las conclusiones del caso serían presentadas a más tardar en dos meses.

Por los caminos del sur...

La versión de una probable participación de Rogaciano Alba Alvarez en la muerte de Digna Ochoa no es nueva. Como lo adelantó Masiosare el 11 de noviembre pasado, la visita de la abogada incomodó al cacique a quien, según informes militares hechos públicos a principios de 2001, es uno de los principales capos de la droga en Guerrero, responsable del tráfico de cocaína en toda la región de la Costa Grande.

Es en esta zona donde se ubican las comunidades que visitó Ochoa y Plácido el 1 y 2 de octubre pasados junto con Harald Ihmig, representante de First Information Action Network (FIAN). En ese recorrido la abogada veracruzana recabó testimonios de la violencia y hostigamiento que padecen los campesinos ecologistas por parte de un grupo de caciques encabezados por Alba Alvarez.

Los nombres de los agresores se publicaron en la edición 203 de Masiosare. Se trata de Justino Cabrera Villa, Bernardino Bautista Valle, Marcelino y Modesto Acosta Avila; Isabel Santoyo Santoyo, José Rauda Orozco, Sirenio Contreras El Barillo y Rogaciano Alba Alvarez. De todos ellos, es éste último el que más temor causa en la región. Y no es para menos.

Ex presidente municipal de Petatlán, fundador del Consejo Regional de la Sierra de Guerrero (Cresig) –creado por el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer para tratar de controlar las comunidades serranas y avalar la tala ilegal de los bosques–, Alba Alvarez es señalado como responsable de la muerte de al menos tres personas en la región: Otoniel García Torres, torturado y ejecutado el 21 de febrero de 1999 en la comunidad de Los Achotes; Salvador Cortés González, asesinado el 19 de febrero de 2000 durante un operativo militar encabezado por el cacique, quien pretendía vengar la muerte de su hermano Alberto, y Valentín Yáñez Torres, quemado vivo por el ganadero en mayo de ese año en la comunidad de Rancho Nuevo.

No es todo

Cuando fue presidente municipal de Petatlán (de 1993 a 1996), Alba Alvarez fincó una alianza con la familia Acosta Avila para explotar ilegalmente la madera de ejidos como Soledad de la Palma, la Lucena y El Tremendo, además de sembrar amapola y mariguana en La Cayaca. La droga se transportaba en camionetas custodiadas, con frecuencia, por unidades del Ejército con cuyos mandos regionales el cacique tenía buenas relaciones.

Tras la muerte de Digna Ochoa el ganadero fue interrogado dos veces por la Policía Judicial del Distrito Federal. En ambas comparescencias negó estar involucrado en la muerte de la abogada. "Nunca la conocí", dijo.

Las diligencias causan suspicacias

Según Bárbara Zamora la investigación realizada en Guerrero "es muy superficial", pues los agentes –según lo asentado en el expediente de 20 mil fojas– "preguntaban a la gente si estuvo en la Ciudad de México el 19 de octubre (el día que murió Digna Ochoa). Si decían que no, le daban las gracias y ya". Por si fuera poco, añade, tampoco visitaron las comunidades que recorrió Digna Ochoa. "Un funcionario de la Procuraduría de Guerrero les recomendó que no subieran a la sierra porque los podrían emboscar", cuenta Bárbara Zamora, "y no subieron. Se regresaron sin recabar testimonios".

Para la abogada, es claro que el objetivo de las pesquisas es otro. "Se han dedicado a investigar a la víctima, se han metido con su vida privada, han rastreado desde que era niña", denuncia. "Hasta investigaron si la cédula profesional de Digna es auténtica. Eso me parece indignante".