Latinoamérica

La inminente bancarrota
Samuel Blixen

El Estado está en bancarrota: se enfrenta a la ruptura generalizada de la cadena de pagos. Una vez que el sistema financiero se fagocitó la generosa ayuda estatal, se materializa la eventualidad de no poder pagar los intereses de la deuda externa. Situación provocada para doblegarnos con las privatizaciones.
Al cierre de esta edición, antes de la culminación de la jornada bancaria de ayer, jueves, los cálculos más optimistas situaban en apenas 800 millones de dólares las reservas del Banco Central del Uruguay (BCU), y en medios políticos muchos dirigentes especulaban que de las febriles gestiones del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Ariel Davrieux, y del flamante subsecretario de Economía y Finanzas, Isaac Alfie, en Washington, dependían el pago de sueldos estatales y el de las jubilaciones.
Uruguay está de hecho en el default interno: la cadena de pagos estalló en varios eslabones, el sistema bancario sigue tragándose, a paladas, las reservas nacionales, el "corralito" se ha instalado de hecho, en muchas sucursales de muchos bancos para retiros superiores a los dos mil dólares, y las partidas de dinero que llegan desde el exterior para enfrentar los problemas de iliquidez resultan insuficientes y como llegan se van.
Previsiblemente, la última oleada de la "corrida" bancaria que en seis meses ha retirado del sistema casi 4.500 millones de dólares, se produjo al comienzo de la semana, al trascender las idas y venidas de la opinión presidencial sobre el respaldo o el despido de Alberto Bensión como ministro de Economía y Finanzas. La cuestionada reunión que los herreristas realizaron en Punta del Este el fin de semana (algunos sectores blancos acusan a Luis Alberto Lacalle de utilizar la crisis para fortalecer su chance electoral) y las expectativas que concitó la sesión del Directorio blanco el lunes 22, dispararon la histeria de los "agentes financieros" (sean quienes sean estos entes abstractos) e hicieron trepar el dólar hasta los 29 pesos, una meta que el gobierno había prometido al fmi que se alcanzaría recién a fin de año.
Menos espectacular pero más sediciosa que la disparada del dólar fue la agudización de la desconfianza de los depositantes: ese mismo lunes el sistema bancario sufrió una pérdida de 80 millones de dólares. El martes 23 se recibieron remesas por una cifra similar para aguantar la sangría, pero los retiros treparon a los 105 millones de dólares; y el miércoles 24, día en que se difundieron los beneplácitos unánimes por la designación de Alejandro Atchugarry como nuevo ministro de Economía, los bancos sufrieron retiros por 74 millones de dólares.
El volumen y la constancia de los retiros de depósitos revelan que la desconfianza tiene más que ver con la orientación de la política económica que con los hombres que la instrumentan coyunturalmente. Fuentes del ámbito económico coincidían en señalar que la fuga de capitales de los grandes depositantes se produjo en los primeros meses de la crisis y se completó entre marzo y abril. Se trataba de una conducta previsible en el especulador que coloca su dinero a corto plazo y que se va al menor síntoma de problema; también era previsible la conducta de ciertos banqueros que, ante los mismos síntomas, optaban por vaciar sus bancos y enrolarse en la corriente de la fuga.
Desde entonces, desde que los grandes especuladores huyeron, las "corridas", con sus picos a fines de mayo, a fines de junio y a lo largo de esta semana, tienen como protagonistas a los depositantes nacionales que en su mayoría han optado por guardar sus dineros debajo del colchón, porque los cofres se agotaron hace ya mucho tiempo. Hay, por tanto, una masa de dinero inmóvil, que no recibe beneficios y que tampoco facilita la reanudación del crédito. Si esa masa de dinero no retorna a los bancos es porque los bancos, en el actual esquema, no ofrecen seguridades.
El punto crucial es la garantía que el propio sistema, o las autoridades monetarias, pueden ofrecer al ahorrista nacional para que reactive sus cuentas bancarias. Al parecer el ahorrista no confió en el "blindaje" que el gobierno pactó con el fmi, un blindaje que aumentó considerablemente la deuda externa y que fue destinado a financiar la iliquidez de los bancos, sin medidas que apuntaran a una reestructura del sistema y a una definición de lineamientos que conjugaran el sistema bancario con el sistema productivo nacional. El Fondo para el Fortalecimiento del Sistema Bancario fue instrumentado por el gobierno de Jorge Batlle con los mismos criterios que campeaban en este sistema bancario que se fue a pique: el secreto, la ausencia total de controles y el privilegio de la banca extranjera.
Aun hoy, después de los cambios parciales en el equipo económico, sigue siendo un misterio el monto total que el Estado aportó a los bancos privados en los últimos tres meses y los criterios con los que las instituciones manejaron esas ayudas. El miércoles 23, en medio de intensos rumores sobre un inminente feriado bancario, algunos gerentes de bancos llamaban telefónicamente a clientes privilegiados recomendándoles que retiraran sus depósitos. Había un ambiente de sálvese quien pueda en el que los salvavidas se improvisaban con los dineros que, jornada tras jornada, viene poniendo el Estado.
Nadie creía, siquiera, en la última propuesta del presidente Batlle sobre la prioridad que debía tener la banca oficial, y en particular el Banco de la República. En medios bancarios se recibían con escepticismo tales intenciones porque, se preguntaban, si así fuera, deberían estar instrumentándose algunas medidas elementales que, a la par de defender al Brou, estarían reforzando la confianza de la gente. La medida (que de alguna manera se ensayó parcialmente en el Banco de Crédito) implica que el Brou ofrezca tentadores intereses para depósitos a mediano plazo, con la garantía expresa de devolución de dichos dineros. Tal medida facilitaría el retorno del ahorro al sistema, rompiendo el esquema del depósito a corto plazo que impide una sana política de crédito.
Pero, hasta ahora al menos, la opción del gobierno, que no se aparta un ápice de la receta neoliberal, es la banca privada y extranjera. Hoy, tras la intervención del Banco Montevideo, la virtual intervención del Banco Comercial, y el "retorno" de La Caja Obrera, el Estado concentra casi el 70 por ciento de la actividad bancaria. Esos salvatajes han costado al Estado por lo menos 600 millones de dólares (aunque la cifra exacta se mantiene en estricto secreto), para los cuales se ha pactado con el fmi una ampliación de los préstamos con la condición expresa de devolver dichos bancos al sistema privado y extranjero en un plazo no superior a los seis meses.
Esa condición impuesta al país para incrementar la deuda externa revela que el gobierno de coalición, aun después de la sangría que implica "salvar" a la plaza financiera, se adscribe a una estrategia de concentración bancaria. Las informaciones circulantes en la Ciudad Vieja dicen que, una vez superada la "corrida", surgirá de las cenizas un sistema bancario compuesto apenas por cuatro bancos extranjeros y un sistema oficial reducido con la defunción del Banco Hipotecario.
El indiscutible control que el Foro Batllista asume de la conducción económica (con la permanencia de Davrieux en la OPP, el ascenso de Isaac Alfie a la subsecretaría de Economía y con la presidencia del Banco Central de Julio de Brun) no modifica esencialmente el esquema, pero cambia el centro de las prioridades. Hoy, el objetivo de Davrieux y Alfie en Estados Unidos es la renegociación de ciertas pautas y metas económicas, el adelanto de ciertas partidas de préstamos y la autorización para desviar ciertos dineros a otros destinos, una práctica que los organismos internacionales no permiten salvo decisión expresa.
Un destacado economista del Frente Amplio aventuraba la hipótesis de que, en el muy corto plazo, el gobierno podría hacer frente a las obligaciones presupuestales en materia de salarios y jubilaciones, "haciendo funcionar la maquinita de los billetes", pero el recurso de la emisión para sustituir la ausencia de recaudación es muy limitado. De ahí que el fantasma del no pago de salarios y jubilaciones se corporiza cada vez más, aun en el supuesto de que no estalle para este fin de mes.
De hecho, el Estado ha entrado en una cesación de pagos, en una ruptura de la cadena de pagos que afecta, por el momento, a todas las partidas presupuestales para el funcionamiento en los ministerios, en la administración central y en los organismos descentralizados, y también en el pago a los acreedores.
Las semanas anteriores el fantasma del no pago alcanzó incluso a los senadores, que estuvieron a un tris de no cobrar la cuota del aguinaldo. El caso del Hospital de Clínicas, que ha dejado de percibir unos 110 millones de pesos, es el más notorio; pero es parte del no pago a la Universidad en su conjunto, por un total de 250 millones de pesos. Los recortes en las partidas ponen en situación similar a la sanidad policial, que reclama urgentemente 25 millones de pesos para mantener el funcionamiento elemental, y en un plano más amplio al Ministerio del Interior que, si se mantiene la no entrega de las asignaciones y el no pago a proveedores, no tendrá, en treinta días, ni municiones ni combustible, con lo que los patrulleros quedarán detenidos y los policías inermes.
A menos que los negociadores uruguayos logren que el fmi, el Banco Mundial, el bid y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos se apiaden de Uruguay y acepten que algunos de los dólares que tienen como destino pagar los intereses de la deuda externa vayan a Rentas Generales para "blindar" el presupuesto nacional, la ruptura de la cadena de pagos del Estado se generalizará y el país entrará en bancarrota; y entonces poco importará si existe o no un sistema bancario. Quizás veremos a las intendencias del Interior accionando las fotocopiadoras para emitir papel moneda, que no se llamarán patacones, sino charrúas, guanaes, guenoas o tupacamarus.
Después de un esfuerzo que incrementa en tres mil millones de dólares la deuda externa estamos como al comienzo, con el Jesús en la boca por un eventual default, palabreja poco acertada para describir el relajo total. Lo curioso es que este fracaso en el rescate de la confianza financiera y en el incremento de la recaudación, que fueron los dos objetivos prioritarios, fue impulsado por los organismos internacionales y por Estados Unidos. El fracaso parece premeditado y, como sugieren algunos economistas, es el preámbulo para doblegar toda la resistencia a las privatizaciones. A Estados Unidos le interesa que Uruguay no pueda pagar los intereses de la deuda y trata de provocar esa situación: de ese modo estará en condiciones de reclamar que se le pague con activos, es decir, con las empresas del Estado, que la ciudadanía tanto se ha empeñado en salvar, a pesar de los esfuerzos en el sentido contrario de los malinches charrúas.