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Decide el Congreso suspender ley de privatizaciones y evita una huelga general
Reprimen en Paraguay marcha campesina que se dirigía
a Asunción; un muerto y siete heridos
Enfrenta el gobierno de González Macchi tercera semana de movilizaciones
y tensión
STELLA CALLONI
Buenos Aires, 5 de junio. En un ambiente de extrema tensión, Paraguay
fue este miércoles virtualmente militarizada por el gobierno de Luis
González Macchi después del asesinato del campesino Calixto Cabral
a manos de las fuerzas policiales, que al reprimir una marcha que se dirigía
a la capital del país provocaron también siete heridos.
En este contexto el Congreso decidió suspender la ley 1615, que autorizaba
los procesos de licitación de la compañía telefónica
y la de agua potable y alcantarillado, así como el ferrocarril, ley a
la cual se llegó con procedimientos plagados de acusaciones de corrupción.
Con esta decisión, los legisladores evitaron una huelga general que habría
comenzado el jueves, y calmaron una movilización campesina que comenzó
desde hace diez días.
Estas organizaciones campesinas, unidas en la nueva convergencia de los movimientos
agrupados en el Congreso Democrático del Pueblo (CDP), bloqueaban rutas
y cortaban caminos, en la mayor protesta desde el comienzo de una larga transición
que comenzó con el derrocamiento del dictador Alfredo Stroessner en febrero
de 1989, después de 35 años de dictadura.
También es la mayor movilización después de los sucesos
de marzo de 1999, cuando fue asesinado el vicepresidente Luis María Argaña,
del gobernante Partido Colorado, y una rebelión estudiantil llevó
al derrocamiento de Raúl Cubas, un allegado del general Lino Oviedo.
"Hemos vivido varios días de serios incidentes y de persecución
policial, militar y judicial contra las organizaciones campesinas y populares
movilizadas en el CDP", denunció a La Jornada la dirigencia del
Movimiento Patria L:ibre (MPL).
Estos movimientos populares surgen cuando se divulgan cifras según las
cuales el desempleo y el subempleo alcanzan entre 34 y 40 por ciento, y la mayoría
de la población campesina vive en la extrema pobreza. Esta situación
se agrava ante la presión descarnada de Washington y el Fondo Monetario
Internacional (FMI), que ordenaron aplicar ajustes y privatizaciones en un país
prácticamente a la deriva y con una democracia víctima de golpes
y contragolpes de los juegos políticos de un pasado que intenta retornar.
El gobierno de González Macchi, quien asumió ante el vacío
de poder que dejó el alejamiento de Cubas, es percibido por muchos encuestados
como "incapaz y corrupto".
Y a todo esto se suman los efectos de la crisis argentina sobre este país,
el más pobre de los cuatro socios del Mercado Común del Sur (Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay).
Fue en Nueva Londres, departamento de Caaguazú, a unos 120 kilómetros
de la capital paraguaya y escenario de una larga historia de resistencias campesinas,
donde la policía reprimió a balazos una caravana de 50 camiones
de campesinos que buscaban llegar a la capital para protestar contra la ley
de privatizaciones, y murió Cabral. Otros siete campesinos resultaron
heridos, uno de ellos de gravedad, en enfrentamientos en
Coronel Oviedo, a unos 140 kilómetros al este de Asunción.
"Ante el crecimiento de la movilización popular, que ya logró
cuatro de los puntos reivindicados (retiro de la ley antiterrorista, de la privatización
de la banca pública, aplicación del IVA agropecuario y privatización
de rutas), el gobierno, por medio del fiscal general del Estado, Oscar Latorre,
empezó a dictar órdenes de detención contra líderes
campesinos. Por disposición del presidente, las fuerzas armadas fueron
acuarteladas e intervinieron en una brutal represión en el departamento
de Misiones (San Patricio) llevando detenidos a 120 campesinos, entre ellos
niños y mujeres, en la famosa cárcel Abraham Cue, que fue utilizada
por la dictadura de Stroessner como prisión política y centro
de tortura de líderes campesinos y políticos", denunció
un comunicado del MPL.
La represión del gobierno pareció fortalecer aún más
la decisión de los miles de campesinos, cuya presión junto con
la de los sindicalistas de dos centrales obreras que amenazaban con una huelga
general, logró que fuera suspendido el debate de la polémica ley
de privatizaciones.
El analista Adolfo Giménez destacaba que esta es la tercera semana de
movilizaciones "en contra de la política neoliberal del desgastado gobierno
de González Macchi", que finalmente lograron un acuerdo en los puntos
exigidos por el Congreso Democrático del Pueblo y en el asunto de las
privatizaciones, aunque queda pendiente la demanda de la liberación de
campesinos detenidos.
El CDP está integrado por dos fuertes bloques que surgieron al calor
de la crisis y con el concurso de varias fuerzas políticas: la Plenaria
Popular y el Frente Contra la Enajenación de los Bienes Públicos,
que comenzó su lucha contra la reforma de la banca pública. Y
en ambas fuerzas están las dos principales organizaciones campesinas
del país: la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas
(MCNOC) y la Federación Nacional Campesina (FNC).
Para Giménez, periodista y dirigente de Convergencia Popular Socialista,
"la profunda crisis económica y política que vive el país,
junto al descrédito del gobierno por su corrupción y su incapacidad,
rompieron los diques de contención de la protesta popular, encabezada
por el movimiento campesino organizado".
En este contexto, la crisis argentina agravó no sólo el panorama
económico, con la reducción en 80 por ciento del intercambio comercial
y una baja en general de 50 por ciento de las exportaciones paraguayas, sino
que además trajo de regreso al país a miles de familias paraguayas
que eran refugiadas económicas en Argentina. El impacto se refleja además
en el aumento de la cotización del dólar y el alza en los precios
de los combustibles".
Por lo pronto, el gobierno de González Macchi habló hoy de una
"conspiración oviedista", en alusión al militar Oviedo, quien
tiene pendiente una condena de 10 años por intento de golpe de Estado
y que desde su refugio en Brasil dirigiría a sus seguidores. Pero esto
fue rechazado por Eduardo Ojea, de la Central Nacional de Trabajadores, que
si bien dijo a la prensa en Paraguay -según se difundió aquí-
que había "grupos fascistas" que quieren aprovechar la crisis para hacerse
del poder, "no por eso vamos a dejar de luchar".