La Jornada

La conjura contra Hugo Chávez sigue en pie. Tras el fracaso del golpe de Estado de abril, en el cual la poderosa empresa estatal Petróleos de Venezuela fue utilizada como "caballo de Troya", la estrategia es derribar al presidente de Venezuela "con base constitucional", señalan Luis Acuña y Juan Barreto, legisladores del oficialista Movimiento V República.
El 14 de abril, el ex paracaidista Chávez retorna triunfante, tras un golpe de Estado que apenas duró 48 horas, ofreciendo un mensaje de paz, unidad y reconociliación.
Barreto reconoce que para muchos de aquellos cientos de miles de venezolanos que salieron a la calle a exigir el retorno de su presidente, no es fácil entender que los militares golpistas estén libres mientras se les investiga, o que los medios de comunicación que nunca reportaron sobre las multitudinarias manifestaciones chavistas sigan abiertos.
Pero esto no es un signo de debilidad, sostiene el legislador, quien hace unos días estuvo en México. Chávez "sale fortalecido luego del golpe de Estado, si nos atenemos a los resultados de algunas encuestas (...) su popularidad y su liderazgo se encuentran intactos y alcanzan 75 por ciento. Para un político latinoamericano luego de un golpe y una arremetida mediática casi unánime, durante más de dos años, creo que es un hecho milagroso".
Los golpistas "se mantienen en libertad porque así son nuestras leyes. Nosotros no vamos a hacer lo mismo que hizo (el líder empresarial que asumió de facto) Pedro Carmona, que sin juicio previo, sin autorización de un fiscal, sin una orden de captura, comenzó una persecución bestial de carácter neofascista contra dirigentes populares y revolucionarios".
El contrataque La popularidad de Chávez no significa que el peligro haya pasado. Ahora es la saga dos, la de El imperio contrataca, agrega el legislador. Lo que existe es un cambio de estrategia de los opositores, que apuntan ahora al fiscal general, Isaías Rodríguez.
"¿Qué le están cobrando al fiscal? La lealtad al sistema democrático", pues éste, en pleno golpe, convocó a los medios a una rueda de prensa para anunciar su renuncia. En cambio, ya ante los medios, dijo que el presidente no había renunciado, por lo cual el gobierno de Carmona era de facto, y "lo sacaron del aire".
"Punzar al fiscal", señala Luis Acuña, obedece a que sería remplazado por otro dispuesto a abrir un juicio al presidente Chávez. Por su parte, "la Asamblea Nacional tiene la potestad de destituir al fiscal, aunque ahí la relación de fuerzas está muy pareja: 86 a 79", pero aún con la oposición en minoría.
En cuanto a la vía militar, "está abierta también, pero va a tomar más tiempo, porque se tienen que reconstruir cuadros, y entienden que por ahora hay vías menos dolorosas", sostiene Acuña.
Barreto precisa que con la primera vía, la de lograr la renuncia de Rodríguez, ocuparía su puesto el más antiguo en la fiscalía, que "es una fiscal adeca (opositora). Esa fiscal abriría algunos de esos juicios al presidente (hay 18) y mandaría el expediente al Tribunal Supremo de Justicia, y ahí hay una proporción de 11 a nueve en favor de la oposición".
La segunda vía es la de la Asamblea Nacional, y la tercera "es que Chávez renuncie". Pero para Acuña, no hay chavismo sin Chávez, "porque él ha sido pivote" del proyecto bolivariano, y su liderazgo "no es remplazable en este momento por nadie".
Barreto subraya, a su vez, que Chávez llegó al poder "como solución, no como el problema, el problema son otros, en un país que se viene desmoronando, donde una oligarquía plutocrática gobernó de espaldas a un pueblo, siendo uno de los países con mayores riquezas posibles, y hoy tiene 86 por ciento de pobreza".
Chávez no es "producto de un accidente histórico, o construido en laboratorios trasnacionales de publicidad (...) Salir de Chávez con una maniobra política, eso es prácticamente declarar la guerra civil. ¿O es que esos millones de venezolanos y decenas de oficiales progresistas y democráticos van a aceptar que una minoría utilice las instituciones para maniobrar desde ellas?" El momento es de todas maneras peligroso, porque la oposición continúa apostando "al desgaste político, al quiebre económico", con apoyo de una clase media vinculada a cierto tipo de negocios revisados por la actual gestión, como los de "la banca o el petróleo, que eran espacios intocables".
Acuña reconoce que "también en estos dos años pudimos haber descuidado a la clase media. Hubo leyes muy dirigidas a sectores que nunca han tenido nada, la ley de microsectores está destinada a aquellos que no tienen nada para pedir un préstamo, porque implica tener algo con qué respaldarlo; lo mismo ocurre con la ley de tierras que permite un proceso de redistribución de tierras la de pesca y la de hidrocarburos".
Precisamente estas leyes, recuerda Barreto, fueron el detonante de la huelga opositora de diciembre pasado.
Pero para la del 11 de abril la oposición dejó esas leyes de lado y se montó en el conflicto desatado en el gigante estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). "¿Por qué no mantuvieron las banderas? Nos parece que venían buscando excusas para desestabilizar".
El debate petrolero está en el tapete desde hace años, cuando varios sectores hablaban sobre la conveniencia de privatizar el estratégico sector. Cuando Chávez asume, encuentra que los costos operativos de PDVSA son los más altos, explica el legislador.
"El barril de petróleo estaba a siete dólares con 30 y los costos operativos eran de seis con 50 (...) Era la política Giusti, por un presidente de la petrolera llamado Luis Giusti, que tenía una política de descapitalización para PDVSA. De hecho, hoy Giusti preside la comisión de energía de Estados Unidos y es asesor personal del presidente Bush".
Ante este panorama, Chávez decide, como dicen los venezolanos, "sacudir la mata. Y eso sigifica que comenzamos a tocar intereses muy sensibles dentro de la industria. Una casta burocrática que es la que maneja el secreto de la industria, gana salarios inimaginables en cuaquier parte del mundo. Pongo un ejemplo, el presidente de PDVSA que fue despedido por Chávez, Guacaipuro Lameda, que participó en el golpe de Estado, percibió tras 11 meses de gestión 500 millones de bolívares como liquidación, o sea millones de dólares".
En febrero, Chávez nombra nueva directiva que pide los libros de la empresa, pero un gerente de operaciones se niega a entregarlos, en lo que constituye "un chantaje al Estado. La industria petrolera se transformó en un caballo de Troya dentro del propio Estado", sostiene Acuña.
La oposición y la nómina mayor argumentaban que con la nueva directiva se politizaba el sector, y que los designados no estaban capacitados para el puesto, cuando "ha habido -dice Barreto- presidentes de PDVSA que, por ejemplo, uno venía de una industria de mantequilla y nadie protestó.
Lameda venía del ejército". En abril Chávez nombró a Alí Rodríguez, pero "ahí no pueden decir nada... es el presidente de la OPEP, nada más y nada menos".
Lo que sucedió en PDVSA "nunca lo revelan los medios, lo que dicen es que Chávez arremete contra una industria que es de todos", cuando ha sido el gobierno el que ha luchado por mantener PDVSA en manos de los venezolanos, coinciden.
En esta campaña opositora también se habló de que a Cuba se le regalaba petróleo, cuando - aclara Barreto - ese país se ve beneficiado por un acuerdo con países de América Latina y el Caribe en el que una parte del petróleo se vende a precios de mercado y otra a precios de costo, y que fue suscrito durante el gobierno de Carlos Andres Pérez.
Por lo pronto, a poco más de dos meses del frustrado golpe de las cúpulas empresariales y militares, para los legisladores continúa la esperanza, pero "entre la incertidumbre, y va a depender mucho de la comprensión de los pueblos de América Latina, de la solidaridad internacional, de la construcción de espacios democráticos mucho más allá de nuestras fronteras. Lo que está en juego en Venezuela no es solamente un gobierno más, es un camino distinto para América Latina".