Latinoamérica

Jaime Cedano Roldan
VOZ
Se ha conocido la intención de Álvaro Uribe Vélez de retomar la vieja y desprestigiada figura del Estado de Sitio"y ejercer mayores controles a la prensa como mecanismos para garantizar la gobernabilidad durante su mandato. Este propósito es concordante con las políticas autoritarias del futuro gobernante, con el gabinete de guerra que ha designado, con su nefasta propuesta de armar una hueste de un millón de informantes para involucrarlos en el conflicto mientras sus amigos intentar colar un proyecto en el Congreso para legalizar el porte de armas ofensivas por parte de los civiles y con la historia de su paso por la gobernación de Antioquia, época en la cual pacificaron a sangre y fuego la región de Urabá para entregarla a la voracidad de las empresas transnacionales del banano.
De esta manera buscan seguir enrumbando al país por el camino del autoritarismo neofascista para configurar un régimen político mucho más violento y excluyente donde la protesta popular no solo sea acallada mediante las amenazas y los atentados sino también con un total recorte constitucional de las libertades y los derechos. Proceso regresivo que tendrá como espadachín a un astuto y camorrero litigante colocado al frente del ministerio del Interior y de justicia y quien fuera oferente, junto a Uribe, en el sonado homenaje que la extrema derecha le brindó al General Rito Alejo del Río cuando la nación y el mundo lo señalaban por su complicidad con horrendas masacres del paramilitarismo.
Y no se trata solo del talante de Uribe, sino de la política del conjunto de la oligarquía que orientada por el pentágono buscar crear condiciones más adecuadas para la implementación general de todo el recetario neoliberal del Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo con quienes antes de posesionarse el nuevo mandatario ya ha asumido compromisos que significarán más sudor y sangre para el pueblo colombiano como lo ha anunciado el ministro designado para la cartera de hacienda.
Las políticas anunciadas van a oscurecer más el panorama de los derechos humanos en Colombia. Y para limitar o eliminar la incomoda presencia de las organizaciones defensoras de los derechos humanos pretende el bipartidismo colocar, mediante un proyecto de ley, un filtro con el cual el propio gobierno definirá a las Ongs que podrán recibir financiamiento desde el exterior. Simultáneamente avanzan campañas intimidatorias y procesos judiciales como las que afectan al Colectivo Alvear a Andas y a otras organizaciones populares víctimas de la macartización, los montajes y penalización de la acción y la protesta social.
Ante esta situación en la cual el gobierno Uribe no solo profundizará la guerra social contra los trabajadores y sus derechos sino que cercenará las limitadas garantías y libertades mediante la "dictadura constitucional", se impone la acción unificada de todas las expresiones políticas, sindicales, académicas y sociales de la democracia y el humanismo, para frenar la fascistización del país.