Latinoamérica

Carlos Montemayor
La Jornada

Los recientes sucesos de San Salvador Atenco son una llamada de atención importante y oportuna. Ante todo, muestran que la resistencia social no es una serie de acontecimientos aislados y aislables, sino un proceso que puede irse tornando cada vez más complejo; también, que el acercamiento con otros sectores no surge como un frente previsto con antelación, sino como producto de errores de gobierno: falta de negociación y diálogo.
Esta falta de negociación no siempre se debe a un obstinado rechazo gubernamental, sino a una cerrazón que se presenta con matices positivos. Tales matices nacen de un peculiar concepto de la ley y lo legal y de cierta idea que desde hace cuatro sexenios tienen los presidentes sobre el progreso y la modernización del país.
Dicho en el lenguaje del gobierno actual: si el decreto de expropiación de los terrenos necesarios para el nuevo aeropuerto en Texcoco es legal y la construcción del aeropuerto es útil para el progreso y modernización de México, entonces no hay razón verdadera, de fondo, para que los campesinos se opongan al proyecto y cuestionen la legalidad del decreto expropiatorio. El error de gobierno provendría, pues, no de su decisión de cerrarse al diálogo, sino del convencimiento de que, como es necesario y es legal, no sólo debe hacerse, sino que tiene que hacerse.
Desde esta perspectiva la resistencia social aparece como algo irrazonable y muy pronto, si ella crece, como algo motivado por intereses ajenos. Así se reafirma en los actos de gobierno la idea de que más que diálogo o negociación debe imponerse la ley por encima de la violencia creciente de la resistencia social.
Durante meses no se quiso atender ni creer en la protesta pública de los ejidatarios afectados por el decreto de expropiación. Pero la semana pasada la violencia llegó a un punto grave que hizo necesario un cambio de estrategia política, porque a mayor crecimiento y edurecimiento de un proceso de resistencia social, mayor atención y alianzas sostendrán los grupos que resisten con otros sectores sociales. Algunos dirigentes panistas saben que los procesos de resistencia social se fortalecen no por la persuasión de líderes carismáticos, sino por los gobiernos que prefieren imponerse en lugar de negociar.
Planteo las cosas así porque es un buen momento para que el equipo de Vicente Fox decida cuál será su modus operandi con el Plan Puebla-Panamá: crear innumerables San Salvadores Atenco que se resistan violentamente, o partir del conocimiento y la negociación con la realidad social que se proponen afectar o "beneficiar". La forma en que se resuelva hoy este conflicto puede ser un anticipo de los procesos de resistencia social o de negociación política que presenciaremos en los próximos años.
El actual gobierno federal está enviando, por otra parte, una señal peligrosa: un constante reduccionismo de la frase "actuar conforme a la ley". La "ley" no es algo que funcione mecánicamente. No es una cajita de música que con un mecanismo único resuelva una y otra vez un mismo conflicto. La "ley" es sólo una parte de un sistema más amplio que se entiende mejor mediante conceptos como justicia, equidad y bien común. No ponemos en duda que la libertad de El Divino o de Carlos Cabal Peniche haya sido obtenida "conforme a la ley". Es legal su libertad, sí, pero no justa. No dudo que sea legal y conforme a la ley el caso ganado por el despacho de Diego Fernández de Cevallos a favor de los herederos de Ramos Millán, pero ante el caso de los ejidatarios de San Salvador Atenco, ante los miles de casos rezagados y de indemnizaciones pendientes a comunidades indígenas en todo el país, lo legal aquí no es equitativo, ni favorece al bien común, ni es justo para la masa de pobres extremos del campo mexicano. Los fraudes del Fobaproa e IPAB fueron legalizados en algún momento y los delitos han prescrito "conforme a la ley" en muchos casos, pero esta "legalidad" no es justa, ni equitativa, ni fortalece el bien común, ni el "estado de derecho". La "conformidad con la ley" no asegura que sea ético el fraude, el robo, la desigualdad, la iniquidad. Pueden cederse al extranjero los sectores energéticos del país mediante contratos de servicios múltiples redactados "conforme a la ley" y sin embargo debilitar la soberanía del país, su seguridad laboral y económica, su integridad política.
Respetar y aplicar la ley requiere de otras muchas cosas que debe cubrir el ejercicio de la política: requiere de inteligencia y de cordura para entender que sin justicia, sin equidad, sin fortalecimiento del bien común, sin ética, la aplicación de la ley se convierte en legalismo, en un instrumento más apto para la dictadura que para el desarrollo del estado de derecho, más apto para la simulación que para la democracia.
Si el decreto expropiatorio en Texcoco fuera considerado "legal" por la Suprema Corte de Justicia, ¿qué haría el gobierno de Vicente Fox? ¿Arrasar "con la ley en la mano" toda resistencia social? La pregunta rebasa los límites estrechos de "la aplicación de la ley". Estamos más bien en la antesala de la estrategia legal y política (o de los brotes de resistencia social creciente y compleja) que puede entrañar la ejecución del Plan Puebla-Panamá.