Equipo Nizkor

Las Fuerzas Armadas asumirán el control de Arequipa por decisión del Ejecutivo, que declaró en emergencia la Ciudad Blanca por 30 días, periodo durante el cual el comandante de la Tercera Región Militar, general EP Oscar Gómez de la Torre Ovalle, asumirá funciones de jefe político-militar para reestablecer el orden, la seguridad y la tranquilidad pública. El toque de queda de diez de la noche a cinco de la mañana fue la primera medida que dictó el general Gómez de la Torre.
El ministro de Defensa, Aurelio Loret de Mola Böhme, viajó de urgencia en la noche hasta Arequipa para realizar las coordinaciones con la finalidad de apoyar a las fuerzas de la Policía Nacional que tratan infructuosamente de contener las protestas por la privatización de Egasa y Egesur.
Los derechos constitucionales de inviolabilidad de domicilio y las libertades de tránsito, de reunión y de seguridad personalfueron suspendidos en aplicación del artículo 137º de la Constitución, que contempla la aplicación del Estado de Emergencia en caso de la perturbación de la paz y el orden interno. "Se tomó la decisión considerando que los hechos de violencia se han traducido en cerca de 100 personas heridas, algunas de las cuales están en delicado estado de salud, incluyendo dos miembros de la Policía Nacional heridos con armas de fuego", dijo el primervicepresidente, Raúl Diez Canseco Terry, al anunciar la aplicación de la drástica medida.

RAZONES DE FUERZA

Diez Canseco afirmó que la decisión está justificada porque los actos de violencia y vandalismo están fuera de control de los dirigentes que convocaron a las protestas, y que es necesario impedir que continúen dichos actos que desestabilizan la democracia. El ministro del Interior, Fernando Rospigliosi Capurro, manifestó que el propósito de los grupos violentistas y extremistas de extender las protestas en otras ciudades se está cumpliendo debido a la irresponsabilidad de algunas autoridades que dieron pie a que se cometan destrozos sistemáticos. "La cantidad de daños que han causado es inconmensurable. El aeropuerto fue asaltado varias veces, se destruyó buena parte del Centro Histórico, fueron saqueados locales de la Sunat, Serpost, de bancos, comercios, empresas, y se arrasó con las cabinas de teléfono. Y en algunos casos, ciertas bandas han pretendido incendiar locales comerciales", refirió.
"Han intentado convocar a los dirigentes de otro frentes para provocar la misma violencia enotras zonas, han llamado a la población a guardar víveres y atrincherarse 15 días más", relató el ministro. "Este es un gobierno democrático que respeta las protesta pacíficas, pero no toleramos ni permitiremos la violencia", afirmó.

PÉRDIDAS POR MILLONES

Resaltó la conducta de la Policía Nacional, que actuó con ponderación, pero dijo que todo "tiene un límite, y estos sucesos están rebasando largamente el límite de lo tolerable". El titular del despacho de Salud, Fernando Carbone Campoverde, indicó que el presidente Alejandro Toledo y él mismo se comunicaron con los familiares de los heridos. Carbone denunció que los manifestantes impiden que las ambulancias atiendan las emergencias; por eso, un anciano con hemorragia cerebral y otro con severas fracturas en el tobillo tuvieron que ser trasladados hasta Camaná.
Ayer, por segundo día consecutivo, el Consejo de Ministros en pleno se mantuvo en reuniónpermanente para evaluar los sucesos en Arequipa.

LA MANO FUERTE DE LA CIUDAD BLANCA

El jefe del Comando Político-Militar, general de división EP Oscar Gómez de la Torre Ovalle, es un arequipeño de nacimiento que asumió funciones en la Tercera Región Militar (TRM) el pasado 17 de enero del 2002.
Anteriormente ocupó en Arequipa la jefatura de planeamiento en la misma dependencia del Ejército que hoy dirige. Tiene en su trayectoria la jefatura de la IV región militar con sede en Cusco y la de la VI Región con sede en Bagua. En 1999 se desempeñó como comandante general del Destacamento Halcón y comandante general de la 32ª División de Infantería en Trujillo, donde permaneció 42 días, pues fue relevado por orden directa del entonces presidente Alberto Fujimori Fujimori.
La orden fue dada porque Gómez de la Torre se negó a cumplir las exigencias políticas de Fujimori, quien pretendía obligarlo a proporcionar apoyo con maquinaria del Ejército sólo a los municipios cuyos alcaldes pertenecían a las filas de Vamos Vecino. En represalia fue asignado durante dos años al SEDENA (Secretaría de Defensa Nacional) en Lima, repartición conocida por el personal militar como la refrigeradora. Debió haber pasado al retiro en el 2000; sin embargo, en el 2001 se desempeñó como jefe de la región militar con sede en Cusco.

EL ALCALDE GUILLÉN, TRAS 25 DE HUELGA DE HAMBRE, INSISTE EN QUE SE REALICE UNA CONSULTA POPULAR

El pueblo de Arequipa reclama la realización de una consulta popular para resolver definitivamente el destino de las empresas Egasa y Egesur, cuya inminente privatización ha desatado la violencia en el sur, manifestó el alcalde de la Ciudad Blanca, Juan Manuel Guillén. "Nosotros votamos por el doctor Toledo por sus promesas de no privatizar, pero si cambió de opinión debió explicar al pueblo por qué lo hizo. Nos parece deplorable que el doctor Toledo haya escogido las medidas mediante las cuales se trata de imponer por la fuerza una decisión que ha sido cuestionada", afirmó el burgomaestre arequipeño.
Precisó que él no se siente responsable por la violencia generada en Arequipa y que él personalmente ha demandado a la policía para que identifique, capture y sean entregados los responsables al Ministerio Público. "Nosotros hemos hablado con la población para que no se deje llevar por la violencia, y ésta se ha generado porque la población se siente engañada. Se le promete una cosa, se toman los votos de esa población y luego se hace otra cosa", manifestó.
Para explicar la ola de protesta, expresó: "El engaño genera violencia". Juan Manuel Guillén exigió al gobierno respetar el Estado de Derecho, las decisiones del Poder Judicial y abstenerse de continuar con el proceso de privatización de las dos empresas en cuestión.
El alcalde de Arequipa Juan Manuel Guillén rechazó las declaraciones del ministro del Interior Fernando Rospigliosi Capurro que lo consideró el principal responsable de los actos violentos en esa ciudad, tras la venta de las empresas eléctricas Egasa y Egesur. "Pensar que el alcalde de Arequipa está organizando el vandalismo contra su propia ciudad es absurdo. La tarea policial consiste no sólo en reprimir sino en ubicar a los responsables de los daños registrados en la ciudad, sumamente identificables", sostuvo.
El burgomaestre arequipeño, quien se mantiene en huelga de hambre, emplazó a Rospigliosi a acudir a Arequipa a constatar quiénes son los verdaderos responsables de los disturbios y daños causados. Ratificó que la protesta arequipeña es ciudadana y pacífica y más bien el ministro Rospigliosi está agitando a la población con sus permanentes e inopinadas declaraciones.

CENSURA VANDALISMO

Guillén y los 25 alcaldes distritales que cumplieron ayer su quinto día de huelga de hambre, izaron la bandera de Arequipa en la ceremonia dominical y recorrieron, junto a dirigentes del Frente Amplio, el perímetro de la Plaza de Armas, algunos de ellos levantados en hombros.
Tras cumplir con este acto ofrecieron una rueda de prensa en la que reiteraron la censura a todo acto de vandalismo que desvirtúe la protesta pacífica. Dio cuenta de las coordinaciones entre alcaldes y dirigentes para designar a las brigadas de reservistas la función especial de contrarrestar toda acción delincuencial y vandálica. De manera enérgica, Guillén pidió a la población que cuando observe hechos vandálicos los denuncien para detener, procesar y sentenciar de manera drástica a los responsables.

EL FRENTE AMPLIO CONVOCA A PARO INDEFINIDO

El Frente Amplio Cívico de Arequipa desconoció la venta de las empresas eléctricas Egasa y Egesur, las que, según los dirigentes, fueron entregadas ilegalmente en concesión a la compañía belga Tractebel. A través de un pronunciamiento público, el referido frente se reafirmó en la convocatoria a un paro indefinido en Arequipa y la resistencia «a la represión» que ejerza el gobierno hasta que el Ejecutivo retroceda en las privatizaciones.
Igualmente dieron cuenta de su decisión de denunciar al ministro del Interior Fernando Rospigliosi Capurro, al prefecto de Arequipa Luis Gutiérrez y al presidente del CTAR Arequipa Edgar Gallegos Melgar. Los puntos de este pronunciamiento fueron dados a conocer en una rueda de prensa por el presidente colegiado del Frente Amplio, Leonardo Maquera, quien informó que éstos fueron adoptados en una asamblea.
"Desde hoy se ha convocado a un paro indefinido para resistir la represión toledista y para desconocer la venta de las empresas eléctricas Etesur, Etecen, Egasa y Egesur", dijo. Señaló además que no permitirán el ingreso de los nuevos dueños a dichas empresas, e implementarán la desobediencia civil que se traduciría en el no pago de los recibos de agua, luz y teléfono.

MOVILIZACIONES CONSTANTES

El Frente Amplio convocó a movilizaciones constantes y la organización de la gente a través de los comités de lucha, de barrios, distritos y provincias para que participen activa pero pacíficamente en este paro indefinido.
Demandó además la organización permanente para identificar y controlar las acciones de los que consideran «infiltrados» en las manifestaciones de protesta.
Mediante el comunicado, se adhirieron a la huelga de hambre llevada a cabo por los alcaldes distritales y provinciales de Arequipa, liderados por el alcalde provincial Juan Manuel Guillén, quienes ratificaron su medida de fuerza por tiempo indefinido.

DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS CUESTIONAN MANDO POLÍTICO MILITAR EN CIUDAD BLANCA.

El secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos Francisco Soberón advirtió que los organismos defensores de los libertades fundamentales de las personas mantendrán una actitud "vigilante" de todo lo que ocurra en Arequipa en los próximos días, y estarán listos para intervenir y denunciar cualquier violación a los derechos humanos que se produzca. Soberón lamentó la decisión del gobierno de decretar el Estado de Emergencia en Arequipa como respuesta a las violentas protestas callejeras, y sostuvo que habría sido preferible insistir con más fuerza en el diálogo antes de ejecutar la medida.
Cuestionó duramente que el mando político militar del departamento de Arequipa haya sido entregado al Ejército. Según explicó, se han dado casos en que estados de emergencia han sido dirigidos por autoridades civiles. "Esperamos que esta decisión del gobierno no afecte y no limite derechos fundamentales como el hábeas corpus, y que los encargados de la conducción del Estado de Emergencia sepan llevarlo adecuadamente respetando los derechos de las personas", subrayó.
Recordó que cuando los militares recibieron el encargo de dirigir el estado de emergencia en Ayacucho por causa de la guerra contra el terrorismo, se produjeron miles de violaciones a los derechos humanos en la población civil.
En ese sentido, Soberón dijo que en los próximos días la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos decidirá si envía una delegación a Arequipa para verificar in situ las condiciones en que se desarrollan las protestas contra la privatización de las empresas públicas.
Consideró que el tema de fondo en este caso es un problema ético, ya que es una promesa electoral incumplida la que ha originado las movilizaciones del pueblo arequipeño.

LOS ENFRENTAMIENTOS EN AEROPUERTO DE AREQUIPA DURARON CASI TRES HORAS

Las protestas por la privatización de las empresas eléctricas Egasa y Egesur -que han dejado un saldo de 100 heridos y pérdidas por más de 350 millones de soles- continuaron ayer en Arequipa. Los enfrentamientos se produjeron dentro y fuera del aeropuerto internacional "Alfredo Rodríguez Ballón". Una batalla campal se desató entre piquetes de manifestantes, compuestos por centenares de pobladores del Cono Norte que desde el viernes permanecen cerca de la pista de aterrizaje del terminal aéreo, y un contingente militar que acordonó el lugar para impedirles el ingreso. Pese a esta medida, los huelguistas ingresaron a la pista de aterrizaje y destrozaron el sistema de balizaje.
Los enfrentamientos duraron unas tres horas y sólo se detuvieron cuando efectivos de la Policía Nacional realizaron varios disparos al aire en señal de advertencia. El contingente militar destacado en la zona estaba fuertemente armado y tenía la orden de actuar ante cualquier desborde.
Los manifestantes que lograron avanzar unos 300 metros hacia la zona de vuelo denunciaron que los policías dispararon al cuerpo bombas lacrimógenas causando heridas a varias personas. Los manifestantes se defendieron con palos, piedras y botellas, mientras que los policías lo hicieron lanzando a discreción decenas de bombas lacrimógenas.
Uno de los pobladores denunció que una bala disparada por un efectivo de la DINOES rozó en el rostro de uno de los revoltosos, pero hasta el cierre de esta edición no pudo corroborarse la información.

HOY SE REANUDAN VUELOS

La avenida Aviación, vía principal que conduce al aeropuerto, fue bloqueada totalmente, lo que impidió la reanudación de los vuelos prevista para el mediodía. Cerca de 100 pasajeros nacionales y extranjeros que se encontraban varados en el terminal aéreo hace dos días, fueron trasladados a la Joya en helicópteros de la Policía Nacional. Otros que pretendían salir de la ciudad se vieron obligados a desistir del viaje y caminaron varios kilómetros para retornar al centro.
El director regional de Transportes y Comunicaciones Marcos Hinojosa Requena aseguró que en las próximas horas se reanudarían los vuelos asegurando que el aeropuerto cuenta con un balizaje de emergencia que se pondrá en marcha.
En horas de la noche, cerca de 50 pasajeros que permanecían en el local aéreo a la espera de ser trasladados a sus destinos, realizaban un empadronamiento que sería entregado a las autoridades respectivas para ubicarlos en aeronaves que llegarían hoy a este aeropuerto, a fin de que los referidos afectados puedan continuar con sus viajes.

RECUENTO DE DAÑOS TRAS LA VENTA DE EGASA Y EGESUR A LA EMPRESA BELGA TRACTEBEL

Desde el día que se iniciaron las protestas en Arequipa, tras la venta de Egasa y Egesur a la empresa belga Tractebel en Lima, se han registrado actos vandálicos que han ocasionado numerosos daños a locales públicos y privados, así como bienes de servicios y daños al patrimonio cultural de la Ciudad Blanca.
El primer día de violencia vándalos e infiltrados ocasionaron graves destrozos en las instalaciones de la prefectura, subprefectura, Consejo Transitorio de Administración Regional, Sunat y Reniec.
También en los locales de los bancos Continental, de la Nación, de Crédito y entidades como la Financiera Solución y otros, así como arrasaron con los cajeros automáticos y dejaron fuera de servicio 150 teléfonos públicos, además de levantarse barricadas con adoquines en las inmediaciones de la plaza de armas, donde se ubica la Catedral y la Municipalidad de Arequipa. Se destruyeron también las luces de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Arequipa valorizadas en miles de dólares, al igual que el sistema de balizaje.
[Fuente: Diario La República, Lima, Perú, 17jun02.]