Alexis Ponce
El Plan Colombia: cumbia made in USA

El Plan Colombia, exhibido por Washington y Bogotá como "plan integral para el fortalecimiento del Estado, la justicia, la democracia, los DDHH y la paz de Colombia", despertó desde los inicios del 2000 la justa inquietud y el entendible cuestionamiento de amplios sectores de la región y la comunidad internacional, debido a que su mutación de plan desarrollista a plan antidrogas, y de éste a plan contrainsurgente, alentó el privilegio a una errada resolución militar y de fuerza al complejo conflicto social y armado de Colombia; y porque narcotizó totalmente la agenda colombiana y, más aún, de toda la región andina, como si la producción y el tráfico de drogas fueran el único y principal problema del país hermano, de los Andes, e incluso de Sudamérica.

Como solución de eficacia dudosa, el Plan Colombia priorizó, y prioriza aún, su componente militar, cuyas aristas llegan a tocar un territorio que, alguna vez fue, ecuatoriano -Manta-, especialmente a través de transferencia de tecnología de punta en inteligencia electrónica y rastreo satelital, que posibilitarían el éxito del nuevo instrumento que garantice la hegemonía estadounidense en Sudamérica: la Reconversión Militar Latinoamericana hacia la lucha antidrogas y las "nuevas" concepciones estratégicas -nada novedosas, por cierto, si recordamos la historia del continente- de neutralización militar y policial de la llamada "nueva amenaza interna", es decir la difusa "insurgencia civil" de la región, en la que se pretende incluir a los indígenas, ONGs, movimientos sociales, ecologistas, defensores de DDHH, entre otros; y no sólo la vieja insurgencia armada colombiana.

El Plan Colombia puso en marcha dos componentes prioritarios de acción operativa: las fumigaciones masivas de cultivos ilícitos dentro del territorio colombiano, a través de la utilización intensiva del ROUNDUP ULTRA, y las operaciones militares selectivas, mediante ofensivas sustentadas en el uso de Inteligencia en tiempo real, tecnología de punta y batallones elite.

Tales componentes, y sus magros resultados en lo formal, presentaron y presentan características que permiten diagnosticar al Plan Colombia, no solo en Ecuador, sino en toda Latinoamérica, como una estrategia belicista cuyo primer objetivo político-militar fue conseguido: la erosión y final aniquilación de las opciones negociadas y dialogales al conflicto armado colombiano .

Es necesario anotar algunas de las características principales del mal llamado Plan Colombia:

Primero, si bien Bogotá y Washington destacaron, como argumentos justificativos de la ‘necesidad’ del Plan Colombia, a la precariedad estatal del país vecino y al componente territorial que explicarían, históricamente, pero en parte, su larga conflictividad; el Plan Colombia nunca dio cuenta de la enorme diversidad y la profunda complejidad de toda la realidad social, económica y política de Colombia y, aún más, de la región andina.

En efecto, igual que en Ecuador se comportara el gobierno en el tema Base de EEUU en Manta, Bogotá impuso el Plan Colombia bajo el signo del secretismo y sin consultar la opinión de la sociedad civil, sobre todo, sus poblaciones y poderes de frontera, que reclamaran por dicha omisión y se opusieran casi desde los inicios a la puesta en marcha del citado plan.

Segundo, el Plan Colombia no respondió ni responderá a la complejidad estructural del conflicto interno colombiano. La profunda visión militarista exhibida por el Plan Colombia contribuyó y continúa contribuyendo a escalar la salida militar o de fuerza como opción mítica para acabar con el conflicto más largo del continente; también contribuyó a narcotizar la temática de la guerra colombiana, que tiene otras aristas, intocadas por el Plan Colombia, como la injusta concentración de tierras en el campo colombiano, por ejemplo. Es decir, el Plan Colombia disminuyó y cercó las posibilidades de una salida negociada que los seres racionales del mundo exigimos a todos los actores del conflicto. Finalmente, el Plan Colombia contribuyó a profundizar la de por sí grave crisis de DDHH, cuanto la tragedia humanitaria en Colombia, una de las más graves del planeta.

Tercero, el Plan Colombia coadyuvó al desbordamiento extra-territorial del conflicto interno, propiciando su regionalización en los hechos y generando efectos visibles en los países vecinos, pero muy especialmente en Ecuador, que siempre fue, como lo alertáramos desde fines de 1999, el país más vulnerable de todos los de la región andina, a los impactos del Plan Colombia, a los efectos del conflicto armado colombiano y a las consecuencias de la errática injerencia estadounidense en Colombia y los Andes.

Cuarto, el Plan Colombia, lejos de presentar alternativas integrales que promuevan compromisos mundiales de acción mancomunada en contra del narcotráfico, omitió los componentes esenciales de éste, a saber: la demanda de drogas, debido al masivo y no decreciente consumo en los países industrializados, especialmente en EEUU; la "industria empresarial globalizada" en que este negocio ilícito ha devenido, y el narcolavado, una de cuyas áreas de infiltración es el intocado sector financiero del mundo. El Plan Colombia solo responde, militarmente, contra el primer eslabón del narcotráfico: los cultivos ilícitos de coca y amapola, de los que no solamente viven los grupos narcotraficantes, sino miles de campesinos pobres de Colombia y hasta de Ecuador y otros países vecinos, arrastrados a esa dinámica por el atraso y la marginación social. Sin olvidar que la hoja de coca, criminalizada en los hechos por el Plan Colombia, es un elemento cultural ancestral de las comunidades indígenas de Colombia y la región andina, que hoy son vulneradas por las consecuencias de su puesta en marcha.

El Plan Colombia, exhibido como "panacea interna de solución" a los graves y muy diversos problemas de Colombia, ya en su primera fase de aplicación, presentó un rosario de consecuencias en Ecuador y la región, cuyas aristas esenciales se resumen en el siguiente capítulo:

Los desconocidos impactos del Plan Colombia y del conflicto colombiano en el Ecuador
Impactos Humanos
- Éxodo de población, fundamentalmente colona, campesina e indígena, en calidad de refugiados, desde el Bajo Putumayo y Nariño, hacia el Ecuador.

- Imprevisión en la atención a esa población humana, y tratamiento insatisfactorio de esta realidad a la luz de las normas del Derecho Internacional Humanitario. Al respecto, el "Plan de Contingencia" estatal, tratado en reserva a mediados del 2000 y elaborado para vertebrar la política de atención a los refugiados de Colombia, presentaba doce vacíos estructurales, registrados por el CSMM-Grupo de Monitreo.

- Por primera vez en el Ecuador se registró el éxodo de poblaciones ecuatorianas, en su mayoría indígenas de zonas de frontera, como desplazados hacia otras regiones de la amazonía ecuatoriana.

La fenomenología del desplazamiento fue alertada meses antes a funcionarios del Estado ecuatoriano por parte de varios sectores del país.

- Incertidumbre generalizada, inseguridad y visible temor ciudadano en el conjunto del país, fundamentalmente en las zonas de frontera: Sucumbíos, Orellana, Carchi, Imbabura y Esmeraldas, donde se han presentado casos de vacunas, ajustes de cuentas, boleteo, sicariato, secuestros, narcotráfico, etc.

Impactos Económicos:

- Caída del comercio en las zonas de frontera, con énfasis en las provincias de Sucumbíos y Carchi (del 70 al 85% respectivamente) y probable rearticulación de algunos sectores periféricos, sociales y económicos, a la economía subterránea marcada por el traslado de cultivos ilícitos y laboratorios de procesamiento de droga al Ecuador.

Impactos Ambientales:

- Denuncias en las provincias fronterizas de Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas, de comunidades indígenas y gobiernos locales, sobre los efectos de la fumigación aérea en el deterioro ambiental, el daño a sus cosechas, y en la salud de mujeres y niños, así como a los animales de cría y plantíos, a lo largo de 15 kilómetros frontera adentro en el corredor de Sucumbíos.

- El 100% de la población de este sector de frontera en Sucumbíos, según estudios de una comisión investigadora de Acción Ecológica, presentó cuadros de deterioro médico agudo.

- Aunque la presión de la comunidad internacional consiguiera un desconocido triunfo al lograr que los gobiernos del área andina se comprometan oficialmente a no usar ni dejar usar el hongo fusarium oxisporum en nuestros territorios, el uso del glifosato (ROUNDUP-ULTRA) sí despertó las primeras denuncias de organismos ambientalistas y las comunidades fronterizas de Colombia y Ecuador, e incluso determinó la primera demanda judicial interpuesta por campesinos ecuatorianos de frontera, apoyados por Acción Ecológica, en una corte estadounidense contra la empresa mercenaria Dyncorp.

- A propósito, vale la pena informar que el gobierno norteamericano respondió en el juzgado donde se ventila este caso que la demanda de los campesinos ecuatorianos es una amenaza a la Seguridad Nacional de los EEUU.

- Finalmente, no se conoce que existan políticas estatales de investigación y seguimiento técnico, que impidan la experimentación clandestina o el uso reservado del hongo patógeno fusarium oxisporum en zonas apartadas de nuestra región.

Impactos Militares:

- Visos de un desequilibrio militar en Sudamérica, tanto por la presencia de la base militar de EEUU en Manta cuanto por el reforzamiento militar inusitado de Colombia y de los países limítrofes. Algunos analistas no descartan la posibilidad de un reinicio de la carrera armamentista en la región.

- Recrudecimiento de la presencia de la insurgencia (FARC y ELN) en la región fronteriza y aparecimiento de los primeros brotes de paramilitarismo (AUC) en la zona de frontera. Denuncias de amenazas a entidades sociales, de frontera, poderes locales, jueces, DDHH y medios de prensa.

- Denuncias de adquisición de tierras por parte de presuntos paramilitares en las provincias de Sucumbíos y Carchi; y -a la vez- ausencia de políticas integrales de seguridad y de registro catastral de propiedades y tierras por parte del Estado ecuatoriano en estas regiones.

- Denuncias de reclutamiento paramilitar a ciudadanos ecuatorianos en algunas ciudades del país. No ha sido investigada hasta hoy la denuncia de incorporación de 75 ecuatorianos a los paramilitares, públicamente admitida en agosto de 1999 por el jefe de las AUC, Carlos Castaño.

- Recrudecimiento de la violencia delincuencial y crecientes casos de ajuste de cuentas en Sucumbíos, Esmeraldas y Carchi. Multiplicación de casos de atentados al oleoducto y de secuestros, sin que se conozcan sus orígenes y autorías.

- Tres denuncias de invasión del espacio aéreo por parte de aviones del Ejército colombiano en territorio ecuatoriano, que incluso lanzaron volantes de las fumigaciones en Colombia.

- Denuncias sin respuesta sobre abuso de funciones por parte de miembros de las FFAA norteamericanas acantonadas en Manta, respecto de la captura de barcos ecuatorianos que transportaban emigrantes ilegales.

- Militarización creciente de la frontera norte, cuyo pie de fuerza militar llegaba hasta fines del pasado año a 12 mil hombres, la más alta cifra de concentración de tropas en la historia del país. El "centro gravitacional estratégico" de las FFAA fue desplazado hacia la frontera con Colombia, dejó de ser la frontera con el Perú, debido a la firma de paz y las presiones de EEUU.

Estos impactos, cruzados también por la creciente trans-territorialidad de los actores del conflicto, así como la buscada regionalización militar vía Iniciativa Andina, afectan sobre todo a los grupos humanos más vulnerables de la sociedad ecuatoriana y de la región andina. Pero, desafortunadamente, son desconocidos totalmente o casi, en la comunidad internacional. El Ecuador no existe, y varios analistas latinoamericanos dicen que solo es una cuestión de tiempo para que los ecuatorianos tomemos conciencia de que dejamos de ser una nación hace rato, y que somos una triste colonia satelital de tercera.

Por eso, sostenemos que debemos actuar regional y colectivamente en el estudio de todos los impactos, en el análisis de la estrategia geopolítica en ciernes y en las propuestas para afrontarla. En definitiva, en la resistencia a la imposición y en el rescate de eso que antes se conocía con el nombre de dignidad.

Inútiles recomendaciones a la señora sociedad civil para afrontar la guerra del tercer milenio:

Observamos con inquietud la falta de visión estratégica de muchos sectores sociales, ONGs, organizaciones populares en Ecuador y sus provincias fronterizas. Hay duplicación de esfuerzos, iniciativas y proyectos que han empezado a surgir en el país a propósito del tema, sin que cuenten con sólidos procesos y argumentos, sin relaciones en la base social ni eslabones con un sector esencial para empujar este tema: el movimiento de paz, DDHH y social de Colombia, es decir el inevitable actor de toda propuesta de paz, DDHH y alianza regional, para superar los dramas que viviremos con mayor intensidad en el futuro.

Vivimos la época de las "sustituciones": no de los cultivos ilícitos, sino de las representaciones. La sustitución que de la nación y la democracia hacen los gobiernos y gerontocracias partidarias, es la misma sustitución que del pueblo hacen las autodenominadas "vanguardias" armadas. Y, finalmente, es la misma sustitución que de la "sociedad civil" han hecho las ONGs y dirigencias sociales totémicas de nuestro continente. "Hemos padecido demasiadas vanguardias políticas como para padecer ahora vanguardias sociales" decía el Subcomandante Marcos de México, para advertir que el derecho a la democracia desde abajo, también es la democracia hacia abajo.

Europa, que ha mantenido una posición un tanto distinta a la de EEUU en la apreciación de la problemática regional, podría jugar un papel importante esta vez con relación a la IRA y sus efectos militares y policíacos de regionalización. América Latina y los Andes deben mirar a Europa como necia y lúcidamente la miraron nuestros antecesores libertarios a finales del siglo XIX. La sociedad civil de los países andinos, -y por supuesto- la ecuatoriana, deben trabajar más a fondo y multilateralmente por una alianza estratégica con Europa, que se fortalezca a nivel político ante la Unión Europea como un todo heterogéneo. El trabajo y prioridad que las organizaciones de DDHH de Colombia han dinamizado en los países europeos, la UE en conjunto y los EEUU, debe servirnos de ejemplo a los demás movimientos de DDHH, democracia y paz de los países de la región.

Sin mezquindades ni cortoplacismos, debemos construir alianzas con la sociedad civil y sectores democráticos de EEUU, a los que hay que sensibilizar sobre los efectos que tiene y tendrá su actual visión del mundo en su "zona regional de influencia", pues a la luz de las consecuencias registradas después del 11 de Septiembre, el andamiaje doctrinal, e incluso jurídico, de los derechos humanos y de la democracia liberal, corren peligro, debido a la visión imperial de su elite gobernante.

Luego del 11, el paisaje no se pinta lo más optimista como para insistir al G-7 en la democratización económica y social del mundo y la aplicabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Incluso los propios derechos civiles y políticos, pilares constructivos del discurso "occidental" de los DDHH, están en mayor riesgo hoy. Tres banderas resultarán esenciales para afrontar las veleidades justicieramente infinitas del nuevo orden surgido del 11 de Septiembre, y las adecuaciones del Plan Colombia y la IRA: la defensa de la vida, la paz y los DDHH, que serán durante todo el tiempo restante de ejecución del Plan Colombia, de aplicación de la IRA y las estrategias de Seguridad antiterrorista en la región, los más importantes escudos de protección a la población civil y de búsqueda real de una paz regional. Por ello es necesario preservar y consolidar los espacios que en la región propongan alternativas innovadoras, realistas y dignas en todas estas temáticas.

Debemos forjar una alianza entre las sociedades civiles de la región andina, y con los gobiernos de Venezuela y Brasil, que han mantenido una conducta discursiva distinta a la de Ecuador, Colombia, Panamá, Perú y Bolivia. Se debe profundizar los espacios de coordinación estratégica entre los movimientos sociales, de DDHH y de paz en Ecuador, la región andina y apostar a salidas regionales de paz, pues sin la acción de esa pluralidad será difícil que cada país logre salidas propias a sus dramas.

Por todo lo citado, nuestras actividades están enfocadas a "construir, organizar y consolidar sociedad civil"; a difundir el rostro oculto y las implicaciones del Plan Colombia y la IRA, así como a configurar alternativas estratégicas de las ciudadanías, con énfasis en la ampliación de las redes de actores locales, sujetos sociales, personalidades y poderes seccionales de Ecuador y la región, que puedan ser los potenciales dinamizadores de un embrionario proceso de paz y justicia regional ante la internacionalización de un conflicto de mediana intensidad y la tan anhelada regionalización belicista anhelada por el imperio unipolar.

DESPEDIDA TIJERETEADA: El papel de los medios en el futuro antiterrorista de la IRA
Sería importante fortalecer en nuestras bárbaras sociedades pre-occidentales, aunque sea los principales signos de una democracia realmente liberal, la institucionalización formativa del debido proceso y la apertura cierta a las disidencias pacíficas, en torno a estos temas que, en los escenarios del futuro, serán orden del día.

¿Puede una democracia limitar las libertades civiles y coartar los derechos de su población, aún a nombre de su seguridad? ¿Puede sostenerse esta democracia pre-occidental por más tiempo si no genera espacios a la disidencia pacífica? ¿Puede develarse la relación peligrosa de la libertad de prensa y la creciente concentración monopólica del cuarto poder? ¿Puede creerse que las voces disidentes, en países como Colombia, Perú o Ecuador, para citar un probable escenario de la "estrategia global antiterrorista", sean tomadas en cuenta?

Los escenarios futuros son harto negativos. De la mano de un orden internacional totalmente injusto en lo económico, excluyente en lo político y deshumanizado en lo cultural, junto a la "globalización" neoliberal y la supremacía unipolar, se erige ahora el peligro de la gendarmización occidental del planeta, con la visible hegemonía estadounidense y la miope política seguidista de una buena parte de Europa.

Por todo ello cabe preguntarse: ¿Podemos hacerlo solos? Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia, Panamá y Brasil, somos pueblos condenados a la vida. Por eso, a estos tiempos de guerra global, debemos responder, ya, coordinada y cómplicemente, los amantes de la vida y de los sueños.

Alexis Ponce

Asamblea Permanente de Derechos Humanos, APDH del Ecuador

Grupo de Monitoreo de los Impactos del Plan Colombia en el Ecuador

e-mail: quijote@punto.net.ec