Equipo Nizkor

El Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, ha recibido, con profunda preocupación, informes de la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala -CHDG- relacionados al allanamiento y saqueo de que fue objeto la sede de la Coordinadora de Asociaciones y Organizaciones de Desarrollo Integral (CASODI), ubicadas en el municipio de Chichicastenango, El Quiché, el 20 de mayo del 2002.
De acuerdo con las informaciones recibidas, ese día, cuando el personal de la institución se presentó para desarrollar sus labores habituales encontró que la entidad había sido allanada y violentada.
Según los informes, del lugar desaparecieron numerosos materiales y equipo de oficina, específicamente dos computadoras con información importante sobre el trabajo que realizan en la localidad. Los informes agregan que este es el segundo allanamiento, ya que el 31 de diciembre del 2001, la sede de la institución fue violentada, aunque en esa ocasión no se perdieron equipo ni materiales ya que los agresores únicamente revisaron documentos.
Es importante señalar que la CASODI es una entidad que durante los últimos cuatro años ha venido impulsando la implementación del contenido de los Acuerdos de Paz, trabajando especialmente sobre el tema de organización comunitaria para el fortalecimiento del Poder Local en las comunidades y apoyando la conformación de los Consejos Comunitarios de Desarrollo.
El Observatorio comparte la preocupación de la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala por la seguridad y la integridad física y psicológica de los miembros de la dirección, y demás trabajadores de la Coordinadora de Asociaciones y Organizaciones de Desarrollo Integral (CASODI), y expresa también su preocupación por el reciente deterioro de la situación de los defensores de los derechos humanos en Guatemala y el clima de inseguridad en el que desempeñan su labor e insta a las autoridades tomen las medidas necesarias para asegurar su protección.
En particular, el Observatorio permanece seriamente preocupado por el hostigamiento de que son objeto las organizaciones Casa Alianza y la Fundación Rigoberta Menchú Tum (FRMT). Según los informes recibidos, el 16 de mayo del 2002, pocas horas después de publicarse la noticia de que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala falló, en una decisión histórica, a favor de las mencionadas organizaciones, el Sr. Manacer Salazar, Educador en el Refugio de Niñas de Casa Alianza fue amenazado por dos hombres a punta de pistola. Al parecer, los dos hombres le habían estado esperando fuera de su oficina y le dieron el mensaje siguiente : "Y dígales a los que dirigen a Casa Alianza que se callen".
Los informes señalan el ataque similar el 8 de mayo del 2002, contra la Sra. Mirza Juárez, Coordinadora del Programa de Reintegración Familiar, y el asesinato del Sr. Guillermo Ovalle de León, trabajador administrativo de la Fundación Rigoberta Menchú Tum el 29 de abril del 2002 (ver llamado GTM 003 / 0502 / OBS 031). El Observatorio recuerda que conforme al artículo 12.2 de la declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores : " El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración."