La intervención norteamericana en Guatemala en 1954, para derrocar al gobierno democrático de Jacobo Árbenz ha sido ampliamente documentada. Está probada hasta la saciedad la participación directa de la CIA en la planificación de los actos para desestabilizar aquel gobierno y su responsabilidad en la organización, entrenamiento y financiamiento del grupo de mercenarios que, con el flamante nombre de "Ejército de Liberación" sirvió para encubrir la traición del alto mando del Ejército Nacional. Han sido publicados abundantes documentos con el detalle del papel desempeñado en la intervención por los hermanos John Foster Dulles y Allen Dulles, uno como Secretario del Departamento de Estado y otro como alto funcionario de la United Fruit Company. Los pormenores de la historia están registrados, entre muchos otros, en los libros de Luis Cardoza y Aragón ("La revolución guatemalteca", Edit. del Pensativo, Guatemala 1994), Manuel Galich ("Por qué lucha Guatemala", Edit. Cultura, Guatemala 1994) y Guillermo Toriello Garrido ("La batalla de Guatemala", Edit. Cuadernos Americanos, México 1955). Uno de los estudios recientes mejor documentados, es el libro de Piero Gleijeses "Shatered Hope. The Guatemala Revolution and the United States", publicado por la Princeton Universitary Press en 1991.
La desclasificación en años recientes de documentos del Pentágono, el Congreso, la CIA y el FBI de los Estados Unidos, ha servido para hilar fino en la reconstrucción de los hechos. Y por si algo hacía falta, ahí está la "petición de disculpas" por aquella intervención política, financiera y militar, formulada públicamente por el propio presidente William Clinton en los últimos años de su administración. Al respecto, en su libro "De Centauros y Palomas: El Proceso de Paz Guatemalteco" (FLACSO-Guatemala, 2000), la investigadora estadounidense Susanne Jonas expresa lo siguiente: "MARZO DE 1999: LAS DISCULPAS DE CLINTON". "Para estados Unidos es muy importante que yo declare sin ambages que el apoyo a las fuerzas militares o las unidades de inteligencia que participaron en esa clase de represión violenta y generalizada descrita en el informe (de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico ) fue una equivocación y estados Unidos no debe repetir ese error. En cambio, debemos, y lo haremos, seguir apoyando el proceso de paz y reconciliación de Guatemala"..(Presidente William Clinton, 11 de marzo de 1999)"" Continua diciendo Susanne Jonas: "Esas son palabras que nadie se hubiera imaginado oír de un presidente estadounidense. No obstante, el Presidente Clinton las dijo en un histórico encuentro con los representantes de sociedad civil guatemalteca (durante su visita a Guatemala los días 10 y 11 de marzo de 1999, apenas dos semanas después de la publicación del Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico CEH)..."
Hay dos razones para mencionar estas referencias tan generales. La primera, recordar que desde 1954, hace 47 años, la intervención estadounidense en Guatemala ha sido activa y permanente, principalmente para asesorar, entrenar, financiar y equipar al ejército de este país. La segunda, aclarar que los delitos de genocidio y terrorismo de Estado cometidos en Guatemala, se inician con esa intervención imperialista hace casi medio siglo, y no como reacción "desproporcionada" del Estado frente a la resistencia y rebelión popular. Esta aclaración es vital para dejar establecidos el papel y la responsabilidad de los Estados Unidos en los crímenes de lesa humanidad cometidos en Guatemala.

EL TENEBROSO AÑO 1966

Aunque en algunos círculos se debate si se puede hablar de la Guatemala de los años sesenta como un antecedente directo de lo que ocurrió en la década siguiente en el Cono Sur y en particular de la "Operación Cóndor", es indiscutible que se trata de un precedente muy importante. Más aún, habría que revisar si no se trata de una referencia ineludible e incluso vinculante entre aquella realidad y lo que vino después. Tal como lo han documentado varios autores, en 1966 aparecen por primera vez en Guatemala y en América Latina los escuadrones de la muerte, el secuestro político masivo, la tortura sin límites y la desaparición definitiva de los prisioneros políticos, lanzándolos "vivos o muertos" al mar o al cráter de un volcán activo.
Los grupos paramilitares existieron siempre en el mundo, lo mismo que el empleo de esbirros y matones a sueldo por parte de los militares de numerosos países. El papel que como torturadores cumplieron en Guatemala los "Bernabé Linares" o los "Siete Litros" fue terrible y tenebroso, pero de alguna manera siempre fue oficial. Lo novedoso del método iniciado por el ejército de Guatemala en 1966 con la aparición de la Mano Blanca, es la creación de una estructura secreta e ilegal, pero al mismo tiempo orgánica, disciplinada y vertical, encargada de realizar el trabajo sucio de la represión. Eso incluye el discurso público de "condena y persecución a los grupos armados ilegales y clandestinos, vengan de donde vengan y sin importar su signo ideológico", para aparentar deslindes e inocencia oficial. Implica también la extensión acelerada del terror y la absoluta falta de límites para su actuación. La represión ya no tiene obstáculos, no se detiene ante formalismos, leyes o estructuras de ninguna naturaleza, pues el Estado y en particular el ejército y los demás cuerpos de seguridad son aparentemente ajenos a esos "actos y excesos extremistas".
En Guatemala inicialmente ensayaron poner una cara visible al frente de los escuadrones de la muerte. Raúl Lorenzana fue el más conocido de ellos, pero ante sus intentos por lograr cierto margen de autonomía, lo asesinaron y nunca más volvieron a insistir en la fórmula. El mando directo sobre ese tipo de estructuras, lo asumieron oficiales con mucha autoridad como los coroneles Rafael Arriaga Bosque, Carlos Arana Osorio, Maximiliano Serrano y Máximo Zepeda, entre otros. Los escuadrones de la muerte se fueron perfeccionando, cambiándoles de nombre periódicamente y ampliando o reduciendo el número de unidades, en dependencia de los planes represivos. Las detenciones ilegales y los prisioneros políticos también existieron desde siempre. Sin embargo, por lo general, tarde o temprano el Estado aceptaba los hechos y los opositores aparecían, en la mayoría de los casos maltrechos a causa de las torturas. Cuando los prisioneros aparecían muertos, por lo general se justificaba con la aplicación de la "Ley Fuga". La diferencia sustancial con el método del "secuestro político" iniciado por el ejército guatemalteco en 1966, radica en la decisión política previa de desaparecer definitivamente al detenido. Con la implantación de este método de represión política, el terrorismo de Estado experimentó una escalada tan grande, que permite hablar en América Latina de un antes y un después del 1966 guatemalteco.
Apareada al hecho del "secuestro político", la práctica de la tortura sufre también una escalada espantosa. Con la determinación explícita de que el secuestrado nunca aparecerá con vida, se abre para los torturadores la posibilidad de atormentar al reo hasta extremos inimaginables. El límite de la tortura llega solamente con la muerte del secuestrado. Para arrancar la información deseada por los represores, los verdugos pueden incluso matar frente al reo a otros secuestrados, para terminar de quebrar su voluntad. En esas condiciones, se multiplicaron y proyectaron a niveles indecibles las patologías y desviaciones de todo tipo en los torturadores.
La desaparición definitiva de los secuestrados tiene múltiples implicaciones que han sido estudiadas en varios países de América Latina. A los represores les deja por lo menos dos opciones para multiplicar el efecto aterrador. En unos casos no dejando rastro alguno, mediante el lanzamiento de los cuerpos de los secuestrados, vivos, moribundos o muertos, a las fosas clandestinas, el mar o el cráter de un volcán activo. En otros casos, mediante la cobertura nominal de los escuadrones de la muerte, haciendo aparecer los cuerpos torturados y mutilados, en lugares públicos escogidos para ampliar el mensaje de terror.
El caso emblemático del inicio de la aplicación en Guatemala de este conjunto de métodos, es el secuestro masivo, la tortura, la muerte y desaparición de un grupo de más de 30 mujeres y hombres, opositores políticos del gobierno militar. Se le conoce desde entonces como el caso de los "28 desaparecidos", secuestrados todos durante los primeros días del mes de marzo de 1966. Los datos más precisos sobre este caso, en el que el número de víctimas pudo llegar hasta 35, se encuentran en el libro "LOS QUE SIEMPRE ESTARÁN EN NINGUNA PARTE, La desaparición forzada en Guatemala", del investigador guatemalteco Carlos Figueroa Ibarra (México, D.F. 1999, pp 46-61). El escritor uruguayo Eduardo Galeano también se refiere detalladamente a este caso en su libro "GUATEMALA PAÍS OCUPADO" (1967, pp 60-61). Los cuerpos de varios de estos líderes opositores fueron arrojados al mar, en aguas territoriales del océano pacífico, desde un avión de la Fuerza Aérea Guatemalteca piloteado por el coronel de aviación Octavio Zea Carrascosa. Algunos de los secuestrados que lograron sobrevivir, aparecieron meses después en cárceles de Nicaragua y El Salvador, víctimas de los planes secretos de cooperación establecidos entre los gobiernos militares y los ejércitos de Centro América.
El empleo de ese conjunto de métodos significó, necesariamente, una abierta opción por la ilegalidad por parte del Estado. Se trató de una decisión política, producto del análisis y la planificación, para privilegiar la violación sistemática del aparato legal existente. No es que al incrementarse la represión se haya desoído el mandato legal; todas las atrocidades se cometieron, desde el principio, a sabiendas de que el Estado optaba de ahí en adelante por la vía de la ilegalidad.

LA MANO DE LA "EMBAJADA"

Aunque la intervención de la Embajada de los Estados Unidos siempre estuvo presente desde 1954, este conjunto de métodos se fueron afinando en Guatemala entre 1966 y 1970, con la participación directa de asesores norteamericanos de la CIA y el Pentágono. Podemos afirmar, en ese sentido, que Guatemala fue una especie de "laboratorio del terror" que sirvió para perfeccionar nuevos métodos de represión y experiencias de terror oficial, que los asesores estadounidenses transmitieron posteriormente a los demás ejércitos del continente. La Escuela de las Américas, Fort Gulick, Fort Benning y Fort Leavenwort fueron algunos de los centros de adiestramiento del ejército de los Estados Unidos, en donde en los años siguientes se entrenó en esos sistemas de terror a miles de jóvenes oficiales latinoamericanos. Una forma complementaria para la transmisión de las experiencias acumuladas en ese "laboratorio del terror", financiado y asesorado por los Estados Unidos, pudo ser el envío de oficiales militares guatemaltecos en calidad de "becados" a las escuelas militares de Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. Aunque este extremo debe investigarse a fondo, hay numerosos indicios en esa dirección.
La aplicación casi calcada y sistemática de esos métodos en la década de los años 70 en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil, entre otros países, y su "enriquecimiento" sobre la base a la asesoría francesa e italiana, permite reafirmar la importancia de la experiencia de terrorismo de Estado que, bajo la asesoría estadounidense, aportó el ejército de Guatemala desde la segunda mitad de la década de los sesenta. Lo anterior nos lleva, necesariamente, a la interrogante sobre las razones de fondo y "el fin último" de los Estados Unidos al expandir el uso de esas metodologías e incrementar su intervención en América Latina. Mucho se ha escrito sobre la estrategia estadounidense tendente a disciplinar la economía y la política de los países del sub continente, al nuevo orden producto de los resultados de la segunda guerra mundial y la "guerra fría". Hoy se puede apreciar con más claridad la relación secuencial entre la aplicación de la "Doctrina de Seguridad Nacional", la expansión del neo liberalismo y la pregonada globalización conseguida hacia el final del siglo XX.

LOS ALBORES DEL CÓNDOR

En el libro de Stella Calloni "Operación Cóndor, pacto criminal" (Ediciones La Jornada, Ciudad de México 2001) se registran algunos datos interesantes en la línea de las presentes notas. En las páginas 77 y 78 de su libro, Calloni refiere que durante la última parte del exilio de Perón en España, su secretario particular, el tenebroso José López Rega, trabó amistad con el agregado militar de la Embajada de Guatemala en Madrid. Se trataba del coronel Máximo Zepeda, quien había jugado un papel de primera línea en la creación de los escuadrones de la muerte a partir de 1966 en Guatemala. Apoyándose en las investigaciones del periodista y escritor argentino Ignacio González Janzen, contenidas en su libro "La Triple A", Stella Calloni dice textualmente: "Entre los contactos que López Rega trajo desde Madrid, uno es clave: su amistad con el embajador estadounidense en España Robert Hill, quien fue uno de los políticos-empresarios que durante la administración del presidente Dwigth Eisenhower participó activamente en la invasión contra Guatemala para derrocar al gobierno popular del presidente Jacobo Arbenz. Esto explica también las buenas relaciones de los jefes de los Escuadrones de la Muerte guatemaltecos con sus pares de la región. Con Hill tenían un contacto de primera. Hill designó a uno de sus asistentes para mantener una relación permanente con López Rega y eran usuales los encuentros de ambos en el bar del hotel Ritz. Fue allí donde fueron presentados López Rega y el coronel guatemalteco Máximo Zepeda, fundador y jefe del escuadrón de la muerte Nueva Organización Anticomunista (NOA), que dejó miles de víctimas en ese país. Los intereses de ambos coincidían, por distintos caminos, en la lucha contra lo que llamaban la "infiltración marxista" en el peronismo, cuando surgió al interior de ese partido un vasto movimiento progresista y la guerrilla de Los Montoneros. Zepeda era uno de los más conocidos criminales de la región centroamericana. Fue en los años sesenta que en Guatemala se produjeron las primeras desapariciones masivas en América Latina cuando un grupo de disidentes fue secuestrado en ese país... Guatemala "fue el laboratorio de la CIA en materia de terrorismo derechista" con un saldo de miles de muertos y desaparecidos. Un registro elemental de las bandas guatemaltecas que actuaron durante un cuarto de siglo, desde la famosa Mano Blanca..., da cuenta del buen laboratorio que tuvieron allí los hombres de la CIA. Los escuadrones al "estilo Guatemala" fueron reproducidos en diversos países, como El Salvador, donde proliferaron en los años setenta y ochenta. En Madrid, en esas noches... se podía comparar a la Argentina con Indonesia, clave, como hemos visto, en los antecedentes de las acciones masivas criminales, como fue el golpe contra Sukarno, quien desde el punto de vista "ideologista" de los halcones estadounidenses tenía similitudes con Perón. Es Lógico suponer que la CIA y sus amigos pensaron que había que "limpiar" el entorno de Perón. El coronel Zepeda "no solo entregó a López Rega algunos informes sobre el Plan Yakarta", sino que lo puso al corriente de los apoyos que podría recibir de la CIA para organizar a sus fuerzas de choque y para coordinar un levantamiento de militares anticomunistas".
Según los manuales que López Rega trajo era necesario eliminar uno por uno a los dirigentes políticos sindicales, a los religiosos progresistas, a los periodistas opositores, a los cuadros medios destacados en tareas de movilización, agitación y propaganda, e indiscriminadamente al activismo para aterrorizar al conjunto. "En Argentina no vamos a necesitar un millón de muertos como en Indonesia porque con diez mil se resuelve el problema", le dijo López Rega al coronel Jorge Osinde en una reunión en la que se discutía la creación de una fuerza de choque como la que recomendó Zepeda" Pero la tarea de la CIA no concluyó entonces sino que, en 1973, la agencia propuso que el "amigo americano" de López Rega, el embajador Robert Hill, fuera trasladado a Buenos Aires. Así, los republicanos de Nixon enviaron a la Argentina a un hombre que estaba al día en los entramados de las redes criminales. A través de López Rega y otros amigos tenían las puertas abiertas para las "operaciones" en Argentina".
En la página 79 de su libro, Stella Calloni agrega: "...El escritor y periodista Rodolfo J. Walsh llevaba adelante una minuciosa investigación sobre la historia de López Rega, la CIA y la Triple A que quedó inconclusa por su desaparición y muerte durante la dictadura..." Al escribir sobre esta investigación inconclusa de Walsh, el periodista Horacio Verbitsky recuerda que, en referencia a América Latina, mencionaba a la organización Mano Blanca, "creada en 1966 por la estación de la CIA en Guatemala, que luego de asesinar a tres mil personas se extendió a Santo Domingo" y ya en 1970 se realizó en Argentina un primer intento por implementar la metodología de la Mano Blanca, cuando se produjo el secuestro de un cónsul paraguayo y, como contrapartida, el mismo intento con un diplomático soviético.
En la página 223 de su libro, Calloni señala: "Guanaes Serrano y, especialmente, Campos Alum (represores uruguayos) por sus vínculos con la Liga Anticomunista Mundial, tenían excelentes relaciones con los dirigentes de los Escuadrones de la Muerte, los paramilitares y los ejércitos represivos de Centroamérica. En Guatemala, los servicios de inteligencia argentinos tenían una sede muy particular y desde allí trabajaban en toda la región, muchas veces bajo el disfraz de agencias periodísticas como fue el caso de una llamada BAIPRESS. Algunos de sus agentes llegaron a infiltrarse en las filas de los refugiados de los distintos países del área para realizar espionaje".
Respecto a las extensiones del Cóndor, en la página 239 del mismo libro leemos: "La modalidad se extendió a El Salvador. A cualquier hora, en cualquier momento los asesinos sacaban de su casa a los disidentes. En 1980, Francisco Peña Gómez, líder de la socialdemocracia de la República Dominicana, denunció, junto a los políticos salvadoreños de su misma línea: Guillermo Manuel Ungo y Héctor Oquelí, que tenían pruebas de la preparación de un atentado en su contra y que grupos cubanos de Miami que habían entrado a su país, lo estaban vigilando. "Son los mismos que participaron en el asesinato de Orlando Letelier en Washington y esto es parte de la Operación Cóndor", dijo Peña Gómez, quien tenía los datos y los nombres de quienes habían llegado a preparar su muerte".
Al respecto abunda Valentín Mahskin en su libro "Operación Cóndor" (Editorial Cartago, Buenos Aires 1985). Por su parte Stella Calloni agrega: "Guillermo Ungo denunció allí mismo que las investigaciones realizadas y algunos datos que él traía desde Washington determinaban que esos mismos grupos habían actuado en el asesinato de los jefes políticos de Guatemala". Ungo se refería a la ejecución extrajudicial, entre otros, de los líderes socialdemócratas Manuel Colom Argueta y Alberto Fuentes Morh.

EL PROYECTO POLÍTICO DE LOS MILITARES GUATEMALTECOS

Existe un libro de gran valor e importancia, titulado "Las intimidades del proyecto político de los militares en Guatemala". Fue escrito por Jennifer Schirmer, profesora de estudios sociales en la Universidad de Harvard, asociada al Centro para Asuntos Internacionales en Harvard. Dicho libro fue publicado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales -FLACSO-Guatemala, en 1999. El estudio está construido sobre la base de entrevistas con 50 oficiales del ejército (entre ellos seis ministros de la Defensa y Jefes de Estado), entre enero de 1986 y noviembre de 1996. En la página 265, citando una entrevista con el General Héctor Gramajo, alto oficial contrainsurgente y exministro de la Defensa, la investigadora escribe: "Según Gramajo, "Quien nos entrenó mucho en Inteligencia, fue Argentina"" Como parte de este nuevo "manejo" de la situación, desde 1980 por lo menos, se incluyó el control del uso del agua y de la electricidad en las casas de sospechosos en la ciudad de Guatemala, mediante un sistema computarizado israelí situado dentro del Estado Mayor Presidencial, en el anexo que está detrás del Palacio Nacional. Este sistema se combinaba con una sofisticada red computarizada de análisis, desarrollada durante la "guerra sucia" en Argentina. Podía localizar al mismo tiempo que proporcionar direcciones de los edificios que tenían cuentas altas por consumo de electricidad y agua o que aumentaban su uso durante la noche, por lo que se suponía que se llevaban a cabo reuniones clandestinas, o que estaba funcionando una imprenta ilegal.
En la página 300, en la nota de referencia número 8, se lee: "En este mismo periodo, agosto de 1981, la CIA y el asesor especial del Secretario de Estado de los Estados Unidos (y ex Subdirector de la CIA), el Embajador Plenipotenciario Vernon Walters, arregló una reunión en la ciudad de Guatemala con el fin de integrar a la antigua Guardia de Somoza con los Contras y para que oficiales del ejército de Argentina sirvieran de asesores y capacitadores (quienes fueron luego reemplazados por personal de la CIA). (Declaración jurada de Edgar Chamorro, desertor de la Contra, en el juicio Nicaragua versus EEUU, Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, 5 de septiembre de 1985). Además, según varios informes, a finales de septiembre de 1981, Walters se reunió con el General Lucas García mientras que el Capitán de Navío de los Estados Unidos Jean Thurber se reunía con el Jefe del Estado Mayor, Benedicto Lucas García -Televisión Nacional, 28 de septiembre de 1981-.
En la página 279 se lee: "Al pedirle a un director de la D-2 (Inteligencia Militar) que describiera brevemente las estructuras de Inteligencia durante los últimos treinta años dijo: "Es sencillo. De los años 60 a 90 era una estructura de la CIA. Por supuesto, estamos hablando de la CIA, después DEA, pero definitivamente, era porque el ejército guatemalteco tenía que servir a los intereses norteamericanos. Nosotros, en realidad, no teníamos por qué pelear esta guerra"" (Capitán de Navío Julio Alberto Yon Rivera, entrevista de 1996.)
En la página 296 se lee: "El informe de la Junta de Supervisión de los Servicios de Inteligencia de los Estados Unidos. La Junta de Supervisión de los Servicios de Inteligencia de los EEUU (Intelligence Oversight Board, IOB), que en 1996 investigaba las actividades desarrolladas por la CIA en Guatemala entre los años 1984 y 1995, confirma que la CIA no sólo mantuvo una "estrecha relación" con los servicios de seguridad guatemaltecos, especialmente la G2 y "El Archivo", sino que la Dirección de Operaciones (Directatorate for Operations, DO) en la sede de la CIA, estaba consciente de que "se podía dar credibilidad a las acusaciones contra sus informantes y enlaces por haber ordenado, planificado o participado en graves violaciones de los derechos humanos, tales como asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, tortura o secuestros, mientras servían como informantes" y que la Agencia encubría esos crímenes. De hecho, "continuaban las atroces violaciones", y "algunos de los contactos más cercanos de la CIA en los servicios de seguridad continúan siendo parte del problema""(IOB Report, 1996:20). No sólo se nos dice que la DO "intencionalmente no le dio" esa información a las Comisiones de Supervisión del Congreso (página 3 y 20), sino que también se nos informa que los jefes de la estación de la CIA no respetaban la obligación de presentar informes semestrales sobre derechos humanos ante el Congreso (P.27). Asimismo, los jefes de la Estación "seguían considerando que los insurgentes comunistas.era el principal enemigo", y al gobierno guatemalteco y los servicios de seguridad como "socios en la lucha contra este enemigo común"" (p.20). Por lo tanto, los Jefes de la Estación de la CIA en Guatemala y de la DO en Washington, por lo menos durante diez años, sino desde 1966, cuando se estableció la G-2, actuaron bajo el supuesto de que miles y miles de guatemaltecos y varios estadounidenses y europeos, seguirían siendo torturados, desaparecidos, y asesinados por sus propios "informantes", mientras que en sus informes al Congreso manifestaban "estar apoyando la transición y el fortalecimiento del gobierno democrático civil, estimulando el respeto de los derechos humanos y del Estado de Derecho, luchando contra la insurgencia comunista y, en años recientes, acompañando el proceso de paz""

LA MEMORIA DEL SILENCIO

Como parte de los acuerdos de paz establecidos entre el gobierno de Guatemala y las fuerzas insurgentes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca -URNG-, se constituyó la Comisión para el Esclarecimiento Histórico -CEH- encargada de investigar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el periodo del enfrentamiento armado interno. Las partes acordaron dejar en manos del Secretario General de la ONU la integración de dicha comisión y el suministro de los recursos humanos, materiales y financieros para el desarrollo de su actividad. El Secretario General nombró al académico alemán Profesor Christian Tomuschat para encabezar la Comisión. El Profesor Tomuschat escogió a su vez a dos destacados ciudadanos guatemaltecos, el abogado Alfredo Balsells Tojo y la pedagoga Maya Otilia Lux de Cotí para completar la Comisión. Esta versión guatemalteca de "comisión de la verdad" tuvo como principal peculiaridad contar con el respaldo, asesoría y seguimiento de las Naciones Unidas, lo que le dio mayor independencia para el cumplimiento de su misión. En febrero de 1999, la Comisión entregó los doce tomos del informe "Guatemala Memoria del Silencio" al Secretario General de la ONU, a las partes signatarias de los acuerdos de paz, al pueblo de Guatemala y a la Comunidad Internacional. Internamente en Guatemala y en el ámbito internacional, se ha valorado dicho informe como uno de los mejores productos que han arrojado las distintas comisiones de la verdad establecidas en diversos países que han sufrido graves conflictos internos. Se ha ponderado reiteradamente el carácter objetivo y el rigor científico del trabajo realizado por la CEH.
El Tomo V del Informe contiene las conclusiones y recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Todas ellas son importantes y constituyen un todo articulado. Por su relación con el tema que se aborda en estas notas, resulta oportuno citar algunas de dichas conclusiones:
Con el estallido del enfrentamiento armado interno en 1962, Guatemala entró en una etapa sumamente trágica y devastadora de su historia, de enormes costos en términos humanos, materiales, institucionales y morales. En su labor de documentación de las violaciones de los derechos humanos y hechos de violencia vinculados al enfrentamiento armado, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) registró un total de 42.275 víctimas, incluyendo hombres, mujeres y niños. De ellas, 23.671 corresponden a víctimas de ejecuciones arbitrarias y 6.159 a víctimas de desaparición forzada. De las víctimas plenamente identificadas, el 83% eran mayas y el 17% eran ladinos.
2. Combinando estos datos con otros estudios realizados sobre la violencia política en Guatemala, la CEH estima que el saldo en muertos y desaparecidos del enfrentamiento fratricida llegó a más de doscientas mil personas.
13. La CEH reconoce que el avance de la sociedad y del Estado hacia la polarización, la militarización y la guerra intestina no sólo fueron efectos procedentes de la historia nacional. La Guerra Fría tuvo también influencia especial. La política anticomunista promovida por los Estados Unidos en el marco de sus relaciones exteriores recibió un decidido apoyo de los partidos políticos de derecha y los diversos sectores de poder guatemaltecos, mientras aquel país se mostró dispuesto a brindar su respaldo a regímenes militares fuertes en su traspatio estratégico. En el caso guatemalteco se concretó en el plano militar mediante asistencia destinada a reforzar los aparatos de Inteligencia nacionales y entrenar a la oficialidad en la guerra contrainsurgente, factores claves que incidieron en las violaciones de los derechos humanos durante el enfrentamiento armado.
15. Durante el período del enfrentamiento armado la noción de "enemigo interno", intrínseca a la Doctrina de Seguridad Nacional, se volvió cada vez más amplia para el Estado. Esta doctrina se convirtió, a la vez, en razón de ser del Ejército y en política de Estado durante varias décadas. Mediante su investigación, la CEH recogió uno de los efectos más devastadores de esta política: las fuerzas del Estado y grupos paramilitares afines fueron responsables del 93% de las violaciones documentadas por la CEH, incluyendo el 92% de las ejecuciones arbitrarias y el 91% de las desapariciones forzadas. Las víctimas comprenden a hombres, mujeres y niños de todos los estratos del país: obreros, profesionales, religiosos, políticos, campesinos, estudiantes y académicos; la gran mayoría en términos étnicos, pertenecientes al pueblo maya.
86. Mediante las masacres y denominadas operaciones de tierra arrasada, planificadas por las fuerzas del Estado, se exterminaron por completo comunidades mayas, así como destruyeron sus viviendas, ganado, cosechas y otros elementos de sobrevivencia. La CEH registró 626 masacres atribuibles a estas fuerzas.
108. El marco jurídico adoptado por la CEH para analizar la eventual comisión de actos de genocidio en Guatemala durante el enfrentamiento armado interno es la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948 y ratificada por el Estado de Guatemala en virtud del Decreto 704, el 30 de noviembre de 1949.
109. El artículo II de dicho instrumento jurídico define el delito de genocidio y sus requisitos en los términos siguientes: "Se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:
a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo".
Sobre esta base, se definen dos elementos fundamentales constitutivos del delito: la intencionalidad y que los hechos cometidos sean al menos uno de los cinco citados en el anterior artículo.
Si bien en el Informe de la CEH no hay referencias directas y explícitas respecto de la "Operación Cóndor", sí aparecen diversos temas que están directamente relacionados. El acápite 13, del capítulo III "La Inteligencia", del Tomo II "Las violaciones de los derechos humanos y los hechos de violencia", del Informe de la CEH dice:
1032. Al igual que sucedió en otros países latinoamericanos, diversos gobiernos de los Estados Unidos fueron quienes transmitieron la Doctrina de Seguridad Nacional, apoyando de esta manera la reestructuración de la Inteligencia en Guatemala. La instrucción de oficiales en asuntos de Inteligencia y la creación del Centro Regional de Telecomunicaciones en la Presidencia de la República son dos de los ejemplos más ilustrativos sobre el particular.
1033. Algunos oficiales y suboficiales guatemaltecos asistieron a cursos básicos y avanzados de Inteligencia y Contrainteligencia en la Escuela de las Américas del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos. Además, en la formación de algunos oficiales se utilizaron manuales de las escuelas estadounidenses. La CEH tuvo acceso a algunos de ellos, escritos en español. Como ejemplo, el manual Terrorismo y guerrilla urbana dice que "otra función de los agentes de CI [contrainteligencia] es recomendarblancos de CI para ser neutralizados ... ejemplos de estos blancos son oficiales de gobierno, líderes políticos..."
1034. El Centro Regional de Telecomunicaciones, posteriormente conocido como La Regional, fue creado en 1964 en el marco de la Conferencia de Ejércitos de Centroamérica (CONDECA) con el apoyo del programa de Public Safety Division USAID Guatemala, de los Estados Unidos, que pretendía la coordinación de los sistemas de seguridad a través de la conexión de telecomunicaciones de los países centroamericanos para supervisar y restringir las actividades de circulación, financiación y propaganda de personas sospechosas de ser comunistas. 1035. La Regional fue una unidad que no solo facilitó las comunicaciones entre las diversas unidades policiales y militares, sino que fue todo un sistema que coordinó y unificó el registro y la circulación de información de las personas enemigas de los intereses políticos dominantes, para que a partir de su análisis, se realizaran operaciones policiales o militares tanto de carácter convencional como clandestino. Como ya se indicó, la Regional se convirtió en una de las principales unidades de Inteligencia durante el enfrentamiento armado. Esta unidad también recibió asesoría técnica de Israel y Argentina en el período de Romeo Lucas García.
1037. A finales de la década de los setenta, a partir de la suspensión de la ayuda militar por parte del Gobierno estadounidense de Jimmy Carter, los gobiernos de Argentina, Colombia, Chile y Taiwán otorgaron asesoría al Ejército de Guatemala en instrucción a los oficiales de Inteligencia. De manera más particular, en Taiwan se formaron oficiales en Inteligencia estratégica; en Colombia oficiales asistieron a cursos de analistas e interrogadores y Argentina, en colaboración con militares chilenos e israelíes, asesoró a cuerpos armados guatemaltecos en Inteligencia. Hacia 1981 alrededor de 200 miembros de la Policía y el Ejército fueron enviados a Buenos Aires, donde recibieron entrenamiento en técnicas avanzadas de Inteligencia, incluyendo el uso de técnicas de interrogación.
"La asesoría argentina a la Dirección de Inteligencia fue decisiva en la ofensiva del Ejército contra la estructura de la guerrilla. Los argentinos introdujeron el rastreo computarizado de llamadas telefónicas y revisión de facturas de luz y otras cuentas de servicios. Esta técnica ayudó en identificar casas de seguridad de la guerrilla basada, por ejemplo, en un alto grado de consumo de energía eléctrica". En el mismo Tomo II del Informe "Memoria del Silencio", bajo el subtítuto "La Labor de Inteligencia" y en clara referencia a la asesoría militar argentina, dice:
2088. La desaparición forzada formó parte de las operaciones de Inteligencia y por lo tanto, en su implementación también se perseguía un objetivo de esta naturaleza. Este objetivo, que supone la obtención de informaciones sobre las actividades y planes del "enemigo", halló en la tortura sistemática su principal fuente de suministro. Sin embargo, antes de efectuar el apresamiento de la víctima, ya se había desplegado sobre ella, su familia, la comunidad o la organización a la que pertenecía, un control de las actividades y rutinas que podían facilitar y asegurar su detención. Esta labor de Inteligencia previa, quedó al descubierto en el manejo habitual de listados de nombres por parte de los agentes del Estado, en la intimidación de prisioneros para conseguir que denunciaran a otras personas y en las actuaciones de delatores encapuchados conducidos hasta aldeas y comunidades.
2089. La labor de Inteligencia continuaba recayendo sobre la familia o la organización a las que pertenecía la víctima, incluso una vez verificada la captura de ésta última. El control de los lugares habituales que frecuentaba el detenido desaparecido, junto a la información que se lograba extraer de la víctima mediante torturas, permitía que los agentes del Estado apresaran a otras víctimas. El resultado: nuevas ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
2091. La obtención de informaciones sobre los planes del "enemigo interno" no se dirigió únicamente contra las organizaciones insurgentes de Guatemala, asimismo abarcó a los partidos políticos, sindicatos, organizaciones estudiantiles, gremiales, populares, de derechos humanos, catequistas, cooperativistas, promotores de educación, de salud y a la población maya. Sin embargo, la captura de algún miembro de la guerrilla era valorada de forma distinta.
2092. Un documento desclasificado de la CIA, titulado "Comentarios sobre el proceso" utilizado por el Ejército guatemalteco para explotar el valor de la Inteligencia de guerrilleros capturados, expresa textualmente: "Que el Ejército guatemalteco y la Inteligencia militar (G-2) han empleado un sistema para explotar la Inteligencia táctica de guerrilleros capturados, lo que fue adaptado de los métodos utilizados por los militares argentinos durante los años de la guerra civil argentina".

LOS ASESORES MILITARES ARGENTINOS

El excelente libro de Ariel C. Armony de la Universidad de Pittsburgh, "La Argentina, los Estados Unidos y la Cruzada Anti-Comunista en América Central, 1977-1984" (Editorial Universidad Nacional de Quilmes, 1999), aporta datos fundamentales sobre este tema. Afirma que "desde el nacimiento de la contrainsurgencia promovida por los Estados Unidos en los años sesenta hasta la guerra de tierra arrasada de principios de los años ochenta, Guatemala había aparecido como un "campo de pruebas ideal" para la contrarrevolución".
Agrega que "la Argentina se convirtió en uno de los principales proveedores de instrucción para las unidades de elite del ejército guatemalteco. En octubre de 1981, las autoridades militares de ambos países firmaron un convenio secreto por el que aumentaba la participación argentina en la empresa antiinsurgente. Como parte de este programa de asistencia, unos doscientos oficiales del ejército y la policía de Guatemala se trasladaron a Buenos Aires para recibir un entrenamiento avanzado en Inteligencia, incluido el uso de "técnicas de interrogatorio"."
Señala que "a principios de 1980, en respuesta a una solicitud de asesoramiento en guerra contrainsurgente hecha por el régimen de Lucas García, llegó a Guatemala una misión militar argentina compuesta por oficiales del ejército y la Armada. En colaboración con asesores militares de Israel y Chile, los argentinos instruyeron a las fuerzas de elite guatemaltecas en técnicas de Inteligencia avanzadas. El personal militar argentino trabajó con escuadrones de la muerte apañados por el gobierno, especialmente con el Ejército Secreto Anticomunista (ESA)". Concretamente afirma que "conducido por un teniente coronel retirado, Santiago Hoya, el grupo de tareas argentino tuvo una responsabilidad directa en el asesinato y desaparición de campesinos y disidentes políticos guatemaltecos. La misión central del escuadrón era el secuestro de argentinos acusados de subversivos que estaban exiliados en América Central. Entre sus miembros, que eran veteranos de la guerra sucia en la Argentina, se encontraban Juan Martín Ciga Correa, ex asesor de la EEBI nicaragüense, y Zarattini, enlace con las fuerzas de seguridad salvadoreñas e integrante del grupo Comando Argentino que operó en Nicaragua durante los últimos meses de Somoza". "Uno de los lugartenientes de Hoya era Héctor Francés, que a fines de 1982, tras ser capturado por los Sandinistas, reveló detalles claves de las operaciones clandestinas argentinas. Haciéndose pasar por empleados de las empresas Bridas y El Ganadero, los agentes del Batallón 601 permanecieron en Guatemala hasta fines de 1981".
Esos mismos oficiales argentinos actuaron también en Honduras, cumpliendo tareas similares. En su libro Ariel C. Armony asienta que "uno de esos asesores que trabajó con grupos paramilitares hondureños fue el agente del Batallón 601 Ciga Correa. Este, ex integrante de la Triple A, había colaborado con la Dirección de Información Nacional (DINA) de Chile en el asesinato del General Carlos Prats, Comandante en Jefe del ejército chileno durante el gobierno de Salvador Allende, cometido en Buenos Aires en septiembre de 1974. También actuó como instructor en la EEBI de Somoza y más tarde como tesorero del Batallón 601 en América Central. Era miembro del grupo de tareas argentino que operaba desde la Ciudad de Guatemala con el objetivo de capturar a presuntos guerrilleros argentinos en el así llamado Triángulo de Hierro (Guatemala, El Salvador y Honduras). Más adelante se le identificó como uno de los oficiales del ejército argentino que adiestró a una unidad paramilitar hondureña conocida como Grupo de los 14, predecesora (junto con el Grupo de los 10) del Batallón 3-16".
Señala que "la descripción de Ciga Correa se basa en estas fuentes: Uno Más Uno, 19 de agosto de 1980; transcripción de la declaración de Héctor Francés, pág. 5; Declaración jurada de Barrera Martínez, págs. 189 y 191; Andersen, Dossier Secreto..., pág. 119 y 284; Pauletti, Cómo los nazis..., pág. 405. Véase también Verbitsky, La Posguerra sucia..., 127-130 y 132-140" Armony afirma que "Héctor Francés, el agente del Batallón 601 que actuó como asesor de Inteligencia en Costa Rica con la misión de organizar una red de apoyo a la operación antisandinista, identificó a Ciga Correa como uno de los pagadores de los asesores argentinos en Honduras". El autor del libro conserva en sus archivos la transcripción del testimonio video grabado de Héctor Francés ante autoridades sandinistas, el 6 de diciembre de 1982. Sin duda, las raíces y las ramificaciones de la "Operación Cóndor" son más profundas y extendidas de lo que hasta ahora sabemos e imaginamos. Está claro que apenas estamos atisbando una parte de esa conspiración terrorista de proporciones gigantescas. Esa deberá ser también la medida de los esfuerzos en la lucha para que no queden impunes esos crímenes contra la humanidad.

Gustavo Meoño Brenner Director Fundador FUNDACIÓN RIGOBERTA MENCHÚ TUM Tepoztlán, Morelos, febrero del 2002

REDH (Red Solidaria por los Derechos Humanos)