Equipo Nizkor - Derechos Human Rights - Serpaj Europa
i) MEMORANDO DE AI AL PRESIDENTE DUHALDE SOBRE LA SITUACION DE DERECHOS
HUMANOS
Amnistía Internacional se dirige al Sr. Presidente de la República
Argentina, Dr. Eduardo Duhalde y a los integrantes de su gobierno para presentarle
sus preocupaciones en materia de derechos humanos en la República Argentina
y se permite hacer un llamamiento para que las autoridades reexaminen los
serios problemas que se han venido manteniendo a través de los años
en materia de derechos humanos y para formular políticas e iniciar
reformas destinadas a la efectiva promoción y protección de
dichos derechos. La voluntad política de su gobierno sera crucial en
la reformulación a nivel nacional de políticas y normas para
abordar los desafíos que en materia de derechos humanos enfrenta Argentina.
Amnistía Internacional confía que el gobierno del Presidente
Duhalde emprenderá un Programa Nacional de Acción que permita
un progreso significativo dando prioridad a las reformas que sean necesarias
para la extensión de la protección de los derechos humanos a
todos los habitantes de Argentina. Con esta iniciativa, el gobierno cumpliría
con el compromiso adquirido durante la Conferencia Mundial de Derechos Humanos
en Viena en junio de 1993 con la Declaración y Programa de Acción
que recomienda que cada Estado "considere la conveniencia de la elaboración
de un plan nacional de acción que identifique etapas a través
de las cuales el Estado fomentaría la promoción y protección
de los derechos humanos". La Conferencia reafirmó tanto la universalidad
como la indivisibilidad de esos derechos. Amnistía Internacional
insta al gobierno argentino a preparar dicho plan como el marco inicial de
la implementación de la protección de los derechos humanos en
el país.
Durante los últimos 19 años de gobierno democrático en
Argentina, Amnistía Internacional ha repetidamente llamado la atención
a las autoridades sobre su preocupación respecto a las violaciones
cometidas durante los años de gobierno militar y a la imperiosa necesidad
de aclarar la suerte de las miles de personas victimas de desapariciones forzadas
durante esa época. Durante los años de gobierno civil, Amnistía
Internacional ha solicitado de las autoridades la investigación efectiva
y concluyente en un sinnúmero de denuncias de tortura y malos tratos
por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad a personas detenidas
en las que se incluyen menores de edad y miembros de minorías sexuales,
así como las denuncias de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por
miembros de la policía tanto federal como provincial y el aparente
uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes encargados de hacer cumplir
la ley en el contexto de manifestaciones públicas. Ha preocupado a
la organización durante este tiempo la falta de investigaciones exhaustivas,
independientes y concluyentes sobre tales denuncias; la falta de seguridad
de testigos en casos de violaciones de derechos humanos que han llegado hasta
los tribunales de justicia y las amenazas y hostigamientos que se han registrado
contra abogados, defensores de derechos humanos, jueces, periodistas y familiares
de victimas.
LOS OBSTÁCULOS A LA JUSTICIA
Amnistía Internacional ha seguido con interés los desarrollos
que se han producido en estos años de gobierno democrático con
relación a las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante
los años de gobierno militar. En el ultimo periodo ha registrado
la derogación de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida y la
iniciación de procesos judiciales a varios ex-militares respecto a
casos de secuestros de menores. Así mismo la organización ha
recibido con beneplácito la Resolución del Juez Federal Gabriel
Cavallo en marzo de 2001 declarando inconstitucionales y nulas las leyes 23.492
(Ley de Punto final) y 23.521 (Ley de Obediencia Debida) en el caso de desaparición
forzada de José Liborio Poblete Roa, su esposa Gertrudis Marta Hlaczik
y su hija Claudia Victoria ocurrida en 1978. Sin embargo, la suerte de miles
de victimas de desaparición forzada continua sin conocerse y la mayor
parte de las violaciones del periodo militar continúan en la impunidad.
La organización se ha dirigido continuamente a las autoridades pidiendo
que las amnistías, decretos presidenciales y otras medidas adoptadas
para dejar en la impunidad tan graves hechos sean anuladas. Ciertamente, esta
postura esta respaldada por la Declaración sobre la protección
de todas las personas contra las desapariciones forzadas de la Naciones Unidas,
que establece en su articulo 18 que los autores o presuntos autores de desapariciones
forzadas no se beneficiarán de ninguna ley de amnistía especial
u otras medidas análogas que tengan por efecto exonerarlos de cualquier
procedimiento o sanción penal. Aún más, en abril
de 1995 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señaló
que las leyes de Punto Final y Obediencia Debida niegan el remedio
efectivo a las personas que sufrieron violaciones de derechos humanos durante
el periodo militar, lo cual supone una violación de los artículos
2(2,3) y 9(5) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El Comité igualmente expresó su opinión de que el respeto
a los derechos humanos puede debilitarse si los perpetradores de violaciones
de derechos humanos gozan de impunidad. Igualmente, en la Declaración
y el Programa de Acción de Viena se reafirmó que *[l]os gobiernos
deben derogar la legislación que favorezca la impunidad de los responsables
de violaciones graves de los derechos humanos como la tortura, y castigar
esas violaciones, consolidando así las bases para el imperio de la
ley+.
A este respecto Amnistía Internacional exhorta a la administración
del Presidente Duhalde a que adopte las medidas necesarias para que leyes
de Punto final y Obediencia Debida sean anuladas dejando sin efecto la legislación
que obstruye la investigación a estas violaciones de derechos humanos
y que se someta a los responsables a la justicia.
LA COLABORACIÓN JUDICIAL
Amnistía Internacional ha reconocido el importante papel de Argentina
en la preparación del Estatuto de la Corte Penal Internacional adoptado
en Roma en 1998, y la ratificación del Estatuto en 2001. Sin
embargo, en este contexto de legislación internacional, ha preocupado
a la organización la falta de colaboración por parte de
las autoridades argentinas en las investigaciones judiciales que se adelantan
en otros países para esclarecer la suerte de los desaparecidos y llevar
a la justicia a los perpetradores. Amnistía Internacional hace un llamamiento
perentorio a la presente administración para que durante este periodo
presidencial se faciliten dichas actuaciones judiciales dirigidas a juzgar
actos inhumanos que han sido largamente reconocidos como crímenes contra
la humanidad.
INVESTIGACIONES PRONTAS E IMPARCIALES
La preocupación de Amnistía Internacional sobre las denuncias
de violaciones de derechos humanos por parte de miembros de la policía
a nivel federal y provincial en los últimos años, impulsa a
la organización a reiterar su llamado para que a todos los niveles
se reafirme el control sobre las fuerzas de seguridad asegurandose de que
las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de estas fuerzas
no queden en la impunidad.
Es vital que todas las denuncias sean pronta, total e imparcialmente investigadas
y que aquellos implicados sean suspendidos del servicio activo y llevados
ante la justicia. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, se pronunció al respecto en julio de 1996 indicando que es
" imperativo adoptar medidas estrictas para hacer frente a la cuestión
de la impunidad garantizando que las denuncias de las violaciones de derechos
humanos se investiguen de forma inmediata y completa, que se enjuicie a los
autores, que se impongan las penas apropiadas a los que sean declarados culpables
y que se indemnice en forma adecuada a las víctimas." El Comité
estableció que " los miembros de las fuerzas de seguridad a quienes
se haya declarado culpable de graves delitos sean destituidos permanentemente
de las fuerzas y que los miembros de éstas contra los cuales se estén
investigando denuncias de tales delitos sean suspendidos de sus funciones
hasta que termine la investigación.@
LA TORTURA Y LOS MALOS TRATOS
Amnistía Internacional ha visto con preocupación que las autoridades
argentinas no parecen haber tomado acción efectiva para erradicar la
práctica de la tortura y los malos tratos. Desde 1987, Argentina es
Estado parte de la Convención contra la Tortura, que prohíbe
el uso de la tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
El Articulo 18 de la Constitución argentina de 1994 establece "Quedan
abolidos para siempre ... toda especie de tormento y los azotes." Amnistía
Internacional considera que esta prohibición no cumple adecuadamente
los requisitos del artículo 1 de la Convención contra la tortura.
En este sentido, las medidas adecuadas deben ser tomadas para que la prohibición
sobre la tortura quede claramente estipulada en la legislación nacional.
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en sus observaciones
finales de noviembre de 2000, expresó su preocupación ante las
alegaciones [de tortura y del uso excesivo de la fuerza por los miembros de
la policía] Aque indican que se trata de un problema general y que
los mecanismos gubernamentales establecidos para resolverlo son inadecuados@.
Igualmente, en las mismas observaciones el Comité expresó su
honda preocupación sobre las condiciones reinantes en las cárceles
que no se ajustan a las previstas en los Artículos 7 y 10 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, considerando que A la
gran superpoblación y la mala calidad en la prestación de servicios
y la satisfacción de necesidades fundamentales, como la alimentación,
la ropa y la asistencia médica, son incompatibles con el derecho de
toda persona a un trato humano y con el respeto de la dignidad inherente al
ser humano@.
En este contexto, Amnistía Internacional se permite referirse
a la publicación de una declaración de cuatro jueces federales
en agosto de 2001, expresando su preocupación ante la evidencia de
Ala generalizada práctica de la tortura en todas sus formas de modo
sistemático en el ámbito de las investigaciones policiales y
el trato a los detenidos, muy especialmente en la Provincia de Buenos Aires@.
La declaración señalaba también la falta de acción
judicial en aplicar Alas normas penales destinadas a evitar y sancionar la
tortura@.
Igualmente, el Defensor del Tribunal de Casación Penal de la Provincia
de Buenos Aires, Dr. Mario Coriolano, ha elevado ante las autoridades
judiciales provinciales su Resolución 153/01 de julio de 2001, sobre
el hacinamiento y las condiciones en los lugares de reclusión en los
que Ala constatación de agravamientos ilegítimos en la forma
y las condiciones en que se cumplían ciertas privaciones de libertad
[son] constitutivas de tratos inhumanos@. En su resolución
el Defensor General indica tener registrados 602 casos de torturas detectados
en comisarias y cárceles entre marzo del 2000 y junio de 2001, en donde
los métodos de tortura y malos tratos incluyen golpizas, aplicación
de electricidad conocido como Apicana eléctrica@ y la práctica
de asfixia con bolsas de plástico conocido como el Asubmarino seco@.
En su resolución el Defensor del Tribunal de Casación también
registra el severo hacinamiento y pésimas condiciones de vida e higiene
de los detenidos, así como la obstaculización al adecuado ejercicio
de la defensa por parte de las autoridades del Servicio Penitenciario de la
Provincia de Buenos Aires.
EL USO EXCESIVO DE LA FUERZA
En reiteradas oportunidades Amnistía Internacional se ha dirigido a
las autoridades argentinas para expresar su preocupación ante denuncias
e informaciones sobre el aparente uso excesivo de la fuerza de forma reiterada
por parte de las fuerzas de seguridad durante manifestaciones públicas.
En el ultimo año se ha registrado muertos civiles y numerosos heridos
en varias provincias del país durante incidentes de esta naturaleza
en el que el accionar por parte de las fuerzas de seguridad como la Policía
y la Gendarmería Nacional, parece indicar el uso excesivo de la fuerza.
Amnistía Internacional reconoce que las autoridades argentinas
tienen el deber de mantener el orden público. Sin embargo, y merece
especial mención, los informes recibidos sobre el uso excesivo de la
fuerza por parte de miembros de la policía el pasado 20 de diciembre
en donde cinco civiles murieron por disparos de arma de fuego en el centro
de la Capital Federal. Un total de más de 30 muertos, al igual que
un número no confirmado de heridos, se registraron durante las manifestaciones
públicas que tuvieron lugar el mismo mes en todo el país.
Ante estos hechos y otros similares, Amnistía Internacional urge a
las autoridades argentinas que tome medidas para asegurar que cualquier acción
de las fuerzas de seguridad para controlar manifestaciones o disturbios se
realice dentro de los ámbitos prescritos por las normas internacionales.
En particular, quisiéramos respetuosamente poner de presente que los
Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza
y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley,
deben ser considerados y puestos en práctica en todas circunstancias.
LA PROTECCIÓN A VICTIMAS, TESTIGOS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
Medidas efectivas deben ser tomadas para una eficaz protección de las
victimas y los testigos de violaciones a los derechos humanos que permitan
a largo plazo un permanente progreso en la búsqueda y logro de la justicia.
En el mismo contexto se debe garantizar la labor y desempeño de los
defensores de derechos humanos. Para este efecto valdría la pena
recordar las recomendaciones de la Declaración y Programa de Acción
de Viena adoptada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en junio
de 1993 sobre la importancia de crear un Plan Nacional de Acción que
identifique los pasos para que un Estado mejore la promoción y protección
de los derechos humanos. Amnistía Internacional hace un llamamiento
para que dicho plan nacional de acción se realice durante este periodo
presidencial incluyendo la protección de abogados, testigos, victimas
y sus familiares en casos relacionados con violaciones de derechos humanos
y que las autoridades aseguren que todos aquellos que defienden los derechos
humanos reciban completa protección para continuar su labor. Asegurando
ademas, la mas completa y pronta investigación a denuncias de amenazas
de muerte y hostigamiento en su contra. Amnistía Internacional,
por consiguiente, insta a las autoridades argentinas a todo nivel, a que expresen
públicamente su respaldo a los sentimientos expresados en la resolución
de junio de 1999 de la Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos, para "promover y proteger los derechos fundamentales de los Defensores
de los Derechos Humanos".
La organización se permite recordar que los Estados Americanos, incluyendo
la República Argentina, cuando adoptaron en junio de 1999
la resolución en la Asamblea General de la Organización de los
Estados Americanos ADefensores de los derechos humanos en las Américas@,
expresaron su voluntad de aplicar la Declaración de los Defensores
de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En especial, resolvieron,
"Reconocer y respaldar la tarea que desarrollan los Defensores de los Derechos
Humanos y su valiosa contribución para la promoción, el respeto
y protección de los derechos y libertades fundamentales en las Américas."
La resolución exhorta a los Estados miembros a dar a "los Defensores
de los Derechos Humanos las garantías y facilidades necesarias a fin
de seguir ejerciendo libremente sus tareas de promoción y protección
de los derechos humanos," así como a adoptar, "las medidas necesarias
para garantizar la vida, la libertad e integridad de los mismos."
LOS DERECHOS DEL NIÑO
La organización espera que el actual programa presidencial refleje
de una manera concreta y sin restricciones los compromisos contraídos
por la República Argentina respecto a la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño. El cumplimiento
de estos dos Convenios será una señal más de la firme
voluntad del gobierno hacia el respeto de los derechos humanos de todos. Es
con especial preocupación que Amnistía Internacional pone de
presente ante el gobierno del Presidente Duhalde el Acuerdo No. 3012 de la
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, dado a conocer
en octubre de 2001, informando que entre los años de 1999 y 2000,
60 menores murieron en presuntos enfrentamientos policiales. Agrava
dicha circunstancia, que varias de las víctimas muertas bajo custodia,
habrían denunciado amenazas o malos tratos por parte del personal policial
de las comisarías bajo cuya jurisdicción se produjo luego
el enfrentamiento. La Suprema Corte igualmente ha informado sobre los malos
tratos a que son sometidos los menores en dependencias policiales incluyendo
las condiciones inhumanas de alojamiento en estos lugares.
NORMAS INTERNACIONALES
Como es de conocimiento del Sr. Presidente, Amnistía Internacional
basa su labor en normas internacionales de derechos humanos proclamadas por
la comunidad internacional a través de las Naciones Unidas y otros
órganos intergubernamentales, normas que los Estados se comprometen
a respetar. Nos dirigimos a los gobiernos debido a la obligación específica
que estos han contraído de asegurar que los agentes del Estado actúen
dentro del marco de la ley y respeten los derechos humanos fundamentales.
En este contexto Amnistía Internacional se permite enfatizar
que el Conjunto de principios para la protección de todas las personas
sometidas a cualquier forma de detención o prisión de las Naciones
Unidas, establece que "ninguna persona sometida a cualquier forma de
detención o prisión sera sometida a tortura o a tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes. No podrá invocarse circunstancia
alguna como justificación de la tortura o de otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes."
Igualmente, la organización se permite recordar que normas internacionales
como el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir
la Ley y los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo
de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer
Cumplir la Ley, adoptados por las Naciones Unidas, señalan límites
estrictos sobre el empleo de la fuerza por parte de los funcionarios encargados
de hacer cumplir la ley y establecen que la fuerza solo podrá ser usada
cuando sea estrictamente necesario y en proporción al objetivo o amenaza
que se presente, y que el uso de fuerza letal solo deberá emplearse
cuando sea inevitable con el fin de proteger vidas humanas.
Las preocupaciones de Amnistía Internacional que se han mencionado
en este memorándum, están encuadradas en el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos. Sin embargo, la organización
nota que la República Argentina es también Estado parte del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Este Pacto establece en su Artículo 2(1) que cada uno de los Estados
partes se comprometen a adoptar medidas Atanto por separado como mediante
la asistencia y la cooperación internacionales especialmente económicas
y técnicas@ para lograr por todos los medios apropiados, Ainclusive
en particular la adopción de medidas legislativas@, la plena efectividad
de los derechos reconocidos por el Pacto. Estos derechos incluyen, entre
otros, el derecho al trabajo, a un nivel de vida adecuado, a la salud
y a la educación.
Amnistía Internacional hace un llamamiento para que durante el actual
periodo presidencial y en la elaboración de sus futuras políticas
económicas se tomen en cuenta estos derechos y se adelanten las medidas
necesarias, como lo establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, para reconocer estos derechos reconociendo en esta
forma la indivisibilidad de los derechos humanos.
Amnistía Internacional respetuosamente se dirige en esta oportunidad
al gobierno federal para presentar sus preocupaciones sobre violaciones
de derechos humanos que abarcan varias provincias en el territorio nacional.
La organización reconoce que como estado federal las provincias argentinas
poseen su propia constitución sin embargo, el Artículo 31 de
la Constitución de la República establece que los compromisos
internacionales adoptados por el Estado son vinculantes para todas las autoridades
provinciales y corresponde a las autoridades federales el asegurar el cumplimiento
de las normas internacionales.
Amnistía Internacional confía que durante este periodo presidencial
se introduzcan y apliquen las reformas necesarias y se demuestre la voluntad
política requerida para que se establezca claramente que las violaciones
de derechos humanos no son toleradas en la República Argentina,
abriendo la puerta para un respeto completo de los derechos humanos de todos
sus ciudadanos en el futuro y apoyando la realización de la justicia
sin reservas para las victimas del pasado. Febrero de 2002
ii) LISTA PARCIAL DE CASOS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS CONOCIDOS
POR AMNISTÍA INTERNACIONAL
Amnistía Internacional ha recibido información sobre los casos
descritos a continuación, que forman una lista parcial de denuncias
públicas y judiciales sobre violaciones de derechos humanos. La organización
no está en condiciones de corroborar todos los detalles de los hechos
descritos. Amnistía Internacional ha solicitado y continúa
solicitando de las autoridades argentinas información completa
sobre el desarrollo de las investigaciones que se hayan iniciado, y confía
que las personas encontradas responsables sean llevadas ante la justicia.
AMENAZAS Y HOSTIGAMIENTOS A TESTIGOS Y FAMILIARES
Walter Yáñez
Provincia de Mendoza, 11 marzo 2001
El 11 de marzo del 2001, Walter Yáñez , de 19 años
, fue muerto por un miembro de la policía provincial en Bermejo,
provincia de Mendoza. La familia Yáñez presentó la denuncia
y un miembro de la policía fue puesto bajo arresto domiciliario durante
un mes. Según la información recibida el día del
funeral, unos 50 policías reprimieron a los familiares y asistentes
con balas de goma. Posteriormente se registraron amenazas por parte de la
policía a los amigos y familiares de la víctima, incluyendo
a su hermano, Nelson Forquera. La causa judicial sobre este caso continua
en trámite.
Pablo Ariel Castillo Palacios
Neuquén, septiembre 2001
Según la denuncia presentada por la Asamblea por los Derechos
Humanos de Neuquén ante el Presidente del Tribunal Superior de Justicia
de Neuquén en Septiembre de 2001, Pablo Ariel Castillo fue herido
en el abdomen por un disparo de bala efectuado por personal policial en marzo
de 1999. Un proceso penal por esta causa se tramitó ante el Juzgado
Correccional No. 2 de Neuquén y uno de los cinco policías que
fueron acusados de estar implicados en los hechos fue sentenciado
con el cargo de lesiones graves.
La denuncia de septiembre de 2001 indica que desde que se inició
la causa penal, tanto Pablo Ariel como su familia han sido objeto de repetidas
intimidaciones por parte de funcionarios policiales. Varias denuncias al respecto
se han presentado ante las fiscalías respectivas así como acciones
de Hábeas Corpus. Las intimidaciones han incluido disparos de armas
de fuego, hecho ocurrido en septiembre de 2001. La última denuncia
indica que se desconocen los trámites judiciales seguidos a las
denuncias anteriores.
Olga Lúquez
Tropero Sosa, Provincia de Mendoza, octubre 2001
El hijo de Olga Lúquez, Roberto Agustín Lúquez, murió
por los disparos de unos policías de la comisaría de Tropero
Sosa en octubre de 1999. Existe una causa abierta sobre este hecho. La Sra.
Lúquez ha denunciado repetidas amenazas por su trabajo para obtener
justicia. En septiembre de 2001 Olga Lúquez apareció en un programa
de televisión para conmemorar el aniversario de la muerte de su hijo,
ese mismo día un policía la amenazó. La Sra. Lúquez
ha denunciado amedrantamientos por parte de miembros de la policía,
incluso en el colegio de su hija pequeña.
Lidia Zarate
Tigre, Buenos Aires, marzo 2001
Según la información recibida, dos de los hijos de Lidia Zarate
murieron como consecuencia de disparos. El primero, Juan Marcelo, fue muerto
supuestamente a manos de la policía. Desde entonces, su madre ha estado
haciendo campaña para que los responsables sean llevados ante la justicia.
Esto le ha supuesto una larga serie de amenazas. Una de estas amenazas se
cumplió el 19 de marzo de 2001 cuando su hijo, Martín
González Zarate, fue muerto por disparos después
de haber sido amenazado por la policía. Se ha informado que un policía
fue detenido en relación con este homicidio.
Lidia Zarate es miembro de la Comisión de Familiares de Víctimas
de Gatillo Fácil, organización que hace campaña
para que se investiguen los casos de muertes, generalmente de jóvenes,
producidos por la policía. Los miembros de esta Comisión están
constantemente bajo amenaza y amedrantamiento que según la información,
podría provenir de funcionarios de la policía. Estos se intensificaron
después de que la Comisión publicó un informe que contiene
unos 800 casos de estas características que son conocidos como "gatillo
fácil".
Vanessa Piedrabuena (Roque Virgilio Piedrabuena)
Córdoba, agosto 2001
Vanessa Piedrabuena, cuyo nombre legal es Roque Virgilio Piedrabuena, es la
presidenta de la Asociación de Travestis Unidas de Córdoba.
Según informes, ha recibido lesiones y amenazas de muerte por parte
de la policía provincial. Vanessa está haciendo campaña
para que se haga justicia en el caso de Vanesa Ledesma, otra travesti quien
murió bajo custodia policial.
Carlos Varela , Diego Lavado y Alejandro Acosta (abogados)
Provincia de Mendoza, marzo 2001
Este grupo de abogados que representan a familiares de víctimas de
violaciones de derechos humanos de la provincia de Mendoza se ha visto
sometido a constantes amenazas e intimidaciones. En cada situación
se han realizado denuncias ante las autoridades provinciales y nacionales,
incluyendo la campaña de descredito, amenazas y ataques que los abogados
sufrieron en marzo de 2001 con relación a los procedimientos judiciales
iniciados en el caso de José Segundo Zambrano y Pablo Rodríguez
, quienes fueron desaparecidos y luego encontrados muertos en 1997.
VIOLENCIA POLICIAL
Lucas Mauricio Baigorria Anzorena
Uspallata, 19 mayo 2001
El 19 de mayo 2001, Lucas Mauricio Baigorria de 23 años, estaba celebrando
su cumpleaños en un bar cuando fue detenido por la policía
por averiguación de antecedentes. Según la denuncia presentada
por su madre ante la Segunda Fiscalía de Instrucción y ante
la Inspección General de Seguridad, Lucas Mauricio fue golpeado por
efectivos policiales en la Comisaría 23 de Uspallata. Cuando su madre
lo fue a recoger a la comisaría, lo encontró tirado en el piso
rodeado de agua y sangre. Según la información, un examen médico
indicó una lesión en una costilla. Según la versión
policial, el detenido se habría autolesionado y habría cometido
desacato con la policía.
Jorge Daniel Verón
Provincia de Buenos Aires, octubre 2001
Jorge Daniel Verón, Alberto Mariño, un menor de l6 años
y una jóven de 18 años de edad, embarazada, se encontraban el
7 de octubre en un kiosco tomando cerveza en la localidad de Claypole,
Barrio Don Orione, cuando fueron amenazados por un funcionario de la Policía
Federal vestido de civil. Luego de disparar, el policía hirió
de bala a tres jóvenes, incluyendo a la jóven embarazada.
Luego llegaron al lugar dos móviles de la Policía de la Provincia
de Buenos Aires a quienes solicitaronn ayuda médica, y refirieron lo
ocurrido. Después de que el Policía Federal se identificara
y explicara en su defensa que los jóvenes habrían intentado
asaltarlo, la policía arrestó a los jóvenes y trasladó
a los heridos al hospital. Jorge Daniel Verón y Alberto Mariño
se encuentran detenidos en el penal de Olmos, Provincia de Buenos Aires.
La familia de Jorge Daniel Verón ha presentado una denuncia judicial
contra el policía por abuso de arma , lesiones graves y falso testimonio
ante la Fiscalía No. 3 de Lomas de Zamora.
Roberto Rojas
Provincia de Tierra del Fuego - noviembre del 2001
En una denuncia pública en la ciudad de Ushuaia, Daniel Aguirre
relató como vio la madrugada del 3 de noviembre a un grupo de policías
golpeando a su hermano, Roberto Rojas, mientras este se encontraba en
el suelo. Denunció también que le habían disparado.
Aguirre preguntó a la policía porque lo habían hecho
y le respondieron que habían visto a Roberto Rojas correr en una actitud
sospechosa. Todo esto ocurrió bajo una lluvia intensa y como
la víctima sufre de asma, fue llevado en ambulancia al hospital sin
guardia policial. Dos días después Daniel Aguirre se presentó
ante un fiscal provincial a hacer la denuncia pero ésta no fue
aceptada.
Menores Mapuche en Neuquén
Neuquén, octubre 2001
La información indica que el 12 de octubre de 2001, un grupo de menores
Mapuche entre los 6 y 17 años hicieron una manifestación pública
pintando las paredes de la empresa petrolera REPSOL-YPF en la ciudad de Neuquén.
Unos 30 funcionarios de la policía antimotines trataron de impedirlo
deteniendo a los adolescentes y procediendo a golpear a los menores que trataban
de impedir el arresto. El jóven Mapuche, Kvrvf, de 16 años,
fue detenido en la Comisaría 10. a donde fue llevado a golpes y arrastrado
del pelo. Después de dos horas de estar incomunicado Kvrvf fue dejado
en libertad.
Daniel Celesia
Provincia de Buenos Aires, noviembre 2001
El 8 de noviembre del 2001 el chofer de carga Daniel Celesia y otros tres
hombres fueron detenidos por la policía pese a que la documentación
exigida por la policía para identificar la carga y el vehículo
había sido presentada y estaba en regla. La información recibida
indica que en la Comisaría de Billinghurst del partido de San Martín,
la policía le pidió a Daniel Celesia 15 mil pesos a cambio de
que no se le abriera una causa, amenazándole con dejar droga o un arma
en el vehículo. Cuando les informó que no tenía dinero
para pagar, lo amenazaron con torturarlo y empezaron a golpearlo mientras
estaba esposado. De acuerdo a la información, un llamado anónimo
avisó a la Fiscalía 50 de San Martín de lo que estaba
ocurriendo y agentes de esta institución se presentaron en la
comisaría y ordenaron la libertad de los hombres. Seis miembros
de la comisaría fueron detenidos a raíz de la investigación
de los hechos .
Según la información este no es un caso aislado. Otras denuncias
han sido presentadas por comportamientos similares de miembros de la policía
de la provincia.
Sebastián Ruiz
Provincia de Río Negro, noviembre 2001
El 11 de noviembre de 2001 miembros de la policía de la Comisaría
31 detuvieron a Sebastián Ruiz en la ciudad de General Roca,
golpeándolo brutalmente. Su madre denunció los apremios ilegales
públicamente y ante la Fiscalía número 3 y el juzgado
de turno número 2. Según información recibida,
antes de ser dejado en libertad Sebastián fue amenazado de muerte.
Mario Vargas
Mendoza, junio 2001
Mario Vargas fue arrestado el 30 de Junio de 2001 en el domicilio de su hermana
durante un allanamiento en el barrio San Martín, en el cual la policía
golpeó a varios vecinos. En su testimonio Mario Vargas denuncia que
fue detenido en la Comisaría 6a. junto con 18 personas en un calabozo
sin techo y con rejas electrificadas, de donde fueron trasladados a las instalaciones
de Contraventores, en donde fueron amenazados por agentes de la policía,
esposados y detenidos en un sótano. Mario Vargas fue dejado en libertad
después de ocho horas de detención.
Se han registrado allanamientos policiales masivos en varios barrios marginales
de la ciudad de Mendoza, en donde los habitantes han sido sometidos a golpes
y malos tratos. Según la información, estos allanamientos se
realizan con una orden judicial en la que no se menciona un domicilio en concreto,
permitiendo que la policía allane cualquier domicilio y realice detenciones.
Gastón Galván ( 14 años de edad )
Miguel Burgos (16 años de edad )
Provincia de Buenos Aires, abril 2001
Los dos adolescentes fueron detenidos por miembros de la policía el
24 de abril de 2001 y se presume que fueron llevados a la Comisaria 30 de
Don Torcuato, Provincia de Buenos Aires. El ingreso de los menores
no fue registrado en el libro de ingresos de la comisaría. Los cuerpos
de los dos jóvenes fueron encontrados el día siguiente en un
descampado. Los dos estaban atados de pies y manos, tenían heridas
de bala en el cuerpo y un disparo de gracia en la nuca, Gastón Galván
llevaba una bolsa de plástico en la cabeza. Según denuncia pública
de los familiares de Gastón Galván y Miguel Burgos, los dos
adolescentes estaban amenazados de muerte.
Cuatro policías de la Comisaria 30 de Don Torcuato están detenidos
a raíz de las investigaciones iniciadas sobre las dos muertes.
Claudio Rivera
Córdoba, diciembre 2001
Claudio Rivera de 23 años de edad fue muerto de un balazo en
la espalda cuando un policía que le había dado el alto
disparó el arma mientras el muchacho corría desarmado. Fuentes
policiales indican que al policía se le disparó el arma
por la tensión del momento. Información pública indica
que el comisario mayor de la policía provincial admitió que
los policías llevan las armas para usarlas cuando patrullan por zonas
de riesgo de la ciudad de Córdoba, como es el caso de la zona dónde
se produjo la muerte de Claudio Rivera. La información indica que se
ha iniciado una investigación.
Aparente uso excesivo de la fuerza
Daniel Ramos, copropietario del bar - herido
Daniel Grassano, copropietario del bar - muerto
La Plata, enero 2002
Según información de prensa, durante un asalto a un bar hubo
un tiroteo entre dos asaltantes y un funcionario de la policía quien,
según testigos presenciales, disparaba indiscriminadamente. Los dos
asaltantes resultaron muertos como también Daniel Grassano, copropietario
del bar. Dos personas resultaron heridas de bala incluyendo a Daniel Ramos.
Según la información el policía fue detenido.
María Emilia Lobo Herrera
Catamarca, diciembre 2001
Según información recibida, el 19 de diciembre del 2001 María
Emilia Lobo Herrera recibió un impacto de bala en la cara que le fracturo
la mandíbula, cuando miembros de la policía trataban de hacer
un arresto en un restaurante. En el enfrentamiento que se generó entre
un grupo de asistentes y la policía, otros jóvenes resultaron
heridos por balas de goma. Una investigación sobre el incidente
se ha iniciado en el juzgado de instrucción .
Carlos Santillán y José Barrios (16 años de edad)
General Mosconi, Provincia de Salta, junio 2001
En junio se llevó a cabo un corte de ruta en la Carretera Nacional
34. La Gendarmería Nacional acudió para dispersar a los manifestantes.
Inicialmente lanzaron balas de goma y gases lacrimógenos, pero posteriormente
se autorizó la utilización de armas de fuego. Carlos Santillán
y José Barrios murieron durante este incidente, víctimas de
disparos de arma de fuego. Amnistía Internacional entiende que se ha
iniciado una investigación sobre este hecho. Sin embargo, no es la
primera ocasión en la que se denuncia el abuso de la fuerza por parte
de las fuerzas de seguridad de la Provincia de Salta.
Muertos durante manifestaciones en el mes de diciembre 2001 Durante las manifestaciones
que se registraron alrededor del país a partir del 19 de diciembre
en protesta por la crisis económica, se ha denunciado la muerte de
seis personas en la Plaza de Mayo, ciudad de Buenos Aires. Amnistía
Internacional ha recibido información sobre las muertes de Gastón
Marcelo Riva, Rubén Darío Aredes, Gustavo Ariel Benedetto, Alberto
Márquez, Diego Lamagna y Carlos Almirón. Amnistía Internacional
está siguiendo con atención las investigaciones que se han iniciado
respecto a estos casos. Según la información recibida:
- Gastón Marcelo Riva : el 20 de diciembre de 2001 circulaba en moto
por la Avenida de Mayo cuando recibió un disparo en el pecho proveniente
de alguna de las armas de un grupo de cuatro policías que estaban disparando.
Poco después murió.
- Rubén Darío Aredes : Murió en el Hospital Santojanni
a consecuencia de disparos en el tórax.
- Gustavo Ariel Benedetto : Se encontraba en la esquina entre la Avenida de
Mayo y Chacabuco, donde se estaba llevando a cabo la manifestación.
Gustavo Ariel Benedetto recibió un balazo en la cabeza que le provocó
la muerte.
- Alberto Márquez: Durante la manifestación, de una camioneta
salieron civiles y uniformados que empezaron a disparar indiscriminadamente.
Alberto Márquez recibió dos balazos en el tórax a consecuencia
de los cuales murió.
- Diego Lamagna: Murió después de haber sido herido en el pecho
con un perdigón de plomo. Según testigos, le dispararon desde
un auto particular.
- Carlos Almirón : Información de testigos indica que Carlos
Almirón, miembro de la organización no gubernamental, Coordinadora
contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), recibió
un disparo de la policía. Fue operado en el Hospital Argerich pero
murió a consecuencia de una herida en el tórax.
Según la información recibida, durante estas manifestaciones
se registraron un total de más de 30 muertos incluyendo a los citados
anteriormente. Entre las víctimas también se encuentran :
Juan Delgado, Claudio Hugo Lepratti, Sandra Ríos, Graciela Acosta ,Yanina
García, Rubén Alejandro Pereyra, Miguel Pasini , Romina Iturain,
Eloisa Paniagua, Diego Avila, Mariela Rosales, Julio Hernán Flores,
Damian Vicente Ramírez , Ariel Maximiliano Salas, Pablo Marcelo Guías,
Roberto Agustín Gramajo, Víctor Ariel Enrique, Eduardo Legembre,
Elvira o Elida Avaca, David Ernesto Moreno, Ramón Alberto Arapi, Walter
Campos, Luis Alberto Fernández, Juan Alberto Torres, Ricardo Alvarez
TORTURAS Y MALOS TRATOS
Provincia de Buenos Aires, noviembre 2001
Información pública indica que el preso común Juan Ramón
González Sosa de 21 años, murió en noviembre de
2001, a consecuencia de quemaduras sufridas en una celda de castigo, en la
cárcel Unidad 28 de Magdalena, a donde había sido trasladado
de la Unidad 30 de General Alvear. Según la versión oficial
el preso se habría prendido fuego porque estaba deprimido y no recibía
visitas. Su familia ha negado esta versión de los hechos.
Juan Ramón González Sosa había declarado como testigo
sobre las torturas que había recibido otro preso, Daniel Alberto Chocobar
en la cárcel Unidad 30.
Daniel Alberto Chocobar había denunciado que lo golpeaban y le rociaban
agua con una manguera. En la investigación de su denuncia se
presentaron varios testigos, entre ellos Juan Ramón González
Sosa quien confirmó las denuncias de Chocobar indicando que había
estado detenido en el pabellón de castigo de la cárcel Unidad
30 y había escuchado los golpes y los quejidos de Chocobar quien estaba
en la celda contigua. Amnistía Internacional tiene entendido
que se han iniciado investigaciones sobre estos dos casos.
Walter Daniel Benítez
Provincia de Buenos Aires, noviembre 2001
Según la información Walter Daniel Benitez, días ante
de aparecer ahorcado en el Complejo Penitenciario No. 1 de Ezeiza el
7 de noviembre del 2001, había denunciado haber sido golpeado por los
guardias del Complejo Penitenciario No.1 de Ezeiza donde estaba detenido y
había pedido ser trasladado a otra cárcel. Su abogado había
presentado un hábeas corpus ante el Juzgado Federal de Lomas de Zamora,
por lo que se ordenó un examen medico. Según denuncia pública
de la familia, las palizas que recibía el recluso eran casi diarias.
La información indica que su muerte se está investigando judicialmente.
Mariano Savay, Fernando Esteche, Omar Couyeme, Ramón Burgos, Jorge
Campos, Miguel Ángel Quiroga, Joaquín Campos, Jorge Segovia,
Alberto Varela, Diego Rubaja, Héctor de la Cuadra, Federico Campos,
Marcelo Ruiz y María Alejandra Escalada.
La Plata, junio 2001
El grupo de personas fue detenido el 8 de junio del 2001 en la Ciudad de la
Plata durante un paro general. La organización no gubernamental Liga
Argentina por los Derechos del Hombre, denunció que los hombres fueron
llevados a la Comisaría 10 y María Alejandra Escalada a la Comisaría
de la Mujer de la ciudad de La Plata, donde fueron sometidos a malos tratos
y tortura obligados a permanecer más de cuatro horas de rodillas en
la celda, golpeados y no se les proporcionó ni alimentos ni mantas.
Carlos Fabián Ruiz
Provincia de Chubut, noviembre 2001
Carlos Fabián Ruiz denunció públicamente haber sido golpeado
por miembros de la comisaría Tercera de la policía de
Trelew mientras se encontraba detenido por estar en estado de ebriedad en
la vía pública. Recibió puntapiés en la
cabeza y en el ojo izquierdo. Presentó denuncia por esto hechos ante
el Juzgado de Instrucción número Tres.
F.A Rodríguez (travesti)
Buenos Aires, octubre 2001
En la madrugada del 19 de octubre 2001 F.A Rodríguez fue interceptada
por una patrulla de la policía bonaerense que le pidió la documentación.
Cuatro agentes de esta patrulla la golpearon, esta agresión continuó
cuando la trasladaron a la Comisaría 25 de Buenos Aires. El mal trato
recibido fue denunciado ante la Defensoría del Pueblo y ante el juzgado
de Instrucción 27 el 25 de octubre.
Nadia Echazú (travesti)
Buenos Aires , octubre 2001
Fue detenida el 7 de octubre por agentes de la Comisaría 25 de Buenos
Aires cuando participaba en una campaña callejera para la prevención
del Sida. La golpearon y la rociaron con gas lacrimógeno. Cuando fue
llevada a la comisaría la amenazaron con un arma. El 11 de octubre
de 2001 se presentó la denuncia ante la Defensoría del Pueblo.
Amnistía Internacional ha recibido información fidedigna que
indica que la violencia policial y los maltratos contra miembros de minorías
sexuales son frecuentes. Sin embargo, no todas las denuncias sobre estas violaciones
de derechos humanos son presentadas por temor a represalias.
Oscar Ariel López (23 años)
Provincia de Mendoza, junio, septiembre y octubre 2001
Según denuncia pública, el 16 de junio de 2001 un grupo
de policías armados entraron a la vivienda de la familia López,
y después de someter a golpes a Óscar Ariel López se
lo llevaron a la Dirección de Contraventores, donde estuvo detenido
ese fin de semana. A mediados de septiembre, Óscar Ariel fue detenido
en el centro de Maipú, Provincia de Mendoza, y llevado a la Comisaría
Décima acusado de un robo. En la Comisaría, miembros de la policía
le ordenaron desvestirse, orinaron en la ropa, lo sometieron a golpes y le
ordenaron vestirse con la misma ropa. Su padre relata que al regreso a casa
el joven tenia un corte en la cabeza y hematomas en todo el cuerpo. La denuncia
por apremios ilegales en contra de miembros de la Comisaría Décima
y del destacamento policial Tropero Sosa, se presentó ante el 41 Juzgado
de Instrucción. En Octubre, Antonio López, padre de Óscar
Ariel López presentó una ampliación de denuncia ante
la Inspección General de Seguridad del Departamento de Godoy Cruz,
por nuevas amenazas de la policía contra sus hijos, después
de que Antonio López hubiese denunciado en una entrevista con un diario
provincial la cadena de hostigamientos y amenazas de la cual es víctima
su familia.
TORTURA A MENORES
Provincia de Buenos Aires, noviembre 2001 El 22 de noviembre 2001, dos
jóvenes de 15 años de edad denunciaron ante el juez de menores
de San Isidro, haber sido torturados con corriente eléctrica, golpes
y patadas por la policía de la Provincia de Buenos Aires en el
partido de San Isidro, después de haber sido acusados de un robo.
Penal de Chimbas
Provincia de San Juan,
En este penal hubo un violento motín el 26 de Febrero del 2001 en el
que también hubo una fuerte represión policial según
se ha informado. La Comisión de Madres de Internos del Servicio
Penitenciario Provincial ha presentado una denuncia por los malos tratos y
tortura que se dan a los presos y la falta de atención medica
adecuada. La Comisión de madres ha enviado peticiones escritas a las
autoridades regionales y estatales sobre la situación de sus hijos
presos. La Sra. Juana Irma Jofré, ha informado de las torturas
que sufrió su hijo Maximiliano Montiveros a raíz del motín
en el penal de Cimbas. Alberto Naveda es otro preso que tuvo que ser hospitalizado
a causa del Motín, su madre presentó un Hábeas Corpus
para pedir que se restableciera el régimen de visitas que se le había
suspendido.
Unidad Penitenciaria Número 29, Cárcel de máxima seguridad
de Melchor Romero
Provincia de Buenos Aires, diciembre 2001
La información recibida indica que las condiciones de detención
en la Cárcel de máxima seguridad Melchor Romero, son crueles,
inhumanas y degradantes. En diciembre de 2001 un número de presos
se declararon en huelga de hambre como protesta por las condiciones de detención.
Información de prensa indica que la Sala III de la Cámara de
San Isidro recibió en menos de 10 días más de 15 denuncias
de tortura en esta prisión. Los presos son generalmente torturados
en el área de sanidad, donde no hay circuito de televisión.
Los tipos de torturas que se infligen a los presos son :
- obligar a los presos a desnudarse, esposarlos con las manos en la espalda
y someterlos a patadas y golpes con cachiporras y bastones ; -
sumergirles la cabeza en agua helada, tortura conocida como "el submarino";
- aplicación de corriente eléctrica después de
"el submarino";
- golpes con bastones de goma en las plantas de los pies.
También se ha recibido información de que se dificulta el ingreso
de los defensores al penal. La abogada de la defensoría General de
la Plata , Raquel Ponzinibrio, ha presentado ante la fiscalía las denuncias
recibidas.
Jorge Óscar Mareco
Provincia de Buenos Aires julio 2001
En julio 2001, la madre de Jorge Óscar Mareco, Argentina Benedicta
Maciel, denunció ante la Oficina de Denuncias de la Fiscalía
General Departamental la situación de su hijo, detenido en la Unidad
Penitenciaria Número 29, Cárcel de máxima seguridad Melchor
Romero. Según la denuncia, en repetidas ocasiones su hijo ha sido víctima
de tortura y malos tratos por parte de las autoridades penitenciarias. Se
le ha sometido a golpes y detenido en la celda de castigo, en donde según
su madre, su vida corría peligro. Durante visitas familiares su esposa
notó que se encontraba golpeado y maltratado. En fechas anteriores
Jorge Óscar Mareco había denunciado haber sido golpeado por
personal del servicio penitenciario indicando que el preso que le sirvió
de testigo apareció ahorcado en abril de 2001 .
MUERTES EN LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
En octubre de 2001 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió
información al gobierno argentino sobre los siguientes casos:
En Cipolletti, Verónica Villar, María Emilia y Paula Micaela
González aparecieron muertas y sexualmente abusadas en noviembre de
1997 . Dos personas fueron detenidas pero luego se comprobó que las
pruebas incriminatorias habían sido manipuladas. Posteriormente dos
sospechosos fueron detenidos por el secuestro de las jóvenes, pero
hasta ahora nadie ha sido detenido por el asesinato. Según información
pública, habría sospechas de participación policial.
Familiares de una de las víctimas presentaron el caso a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
En Río Colorado, los cadáveres de Raquel Lagunas (16)
y Sergio Sorbellini (18) aparecieron el 13 de marzo de 1989 con heridas de
bala. Se culpó a dos jóvenes de Río Colorado, pero
luego se comprobó que la pruebas habían sido manipuladas y nunca
se había hecho la autopsia a los cuerpos. Según información
pública habría sospechas de participación policial. La
causa judicial continua abierta.
Febrero de 2002
Latinoamérica