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Ajuste fiscal, ajuste de cuentas
Fiscalazo, pero con orden
Nelson Cesin
El trance es sumamente amargo y sus efectos se habrán de medir en términos
de "costos políticos" para los socios de gobierno y de mayores penurias
para el grueso de la población. Pero todo indica que el costado más
antipopular del ajuste fiscal, ése que alude a la creación y
aumento de impuestos, será sancionado la semana próxima en los
montos y la orientación que pretendía el equipo económico
del gobierno, muy a pesar del prolongado suspenso que introdujo a la negociación
el intento de rebelión del Partido Nacional. El contenido del paquete
fiscal es en sí mismo revelador de las prioridades y objetivos del
gobierno, pues está destinado a evitar que el pozo de la crisis se
profundice ("debemos sacrificarnos un poco más para no caer en las
calamidades de nuestro vecino", justifican los voceros del gobierno), pero
no contempla ninguna medida que contribuya a salir del pozo. Esta evidencia,
denunciada con insistencia por la oposición, también es advertida
por los socios blancos de la coalición, y de allí su reclamo
de que el ajuste esté acompañado de "señales" a favor
de una reactivación productiva, especialmente para el sector exportador
(aunque al hacer estas demandas incurran en la paradoja de plantear la adopción
de un conjunto de medidas de corte netamente proteccionista).
HUMO ROSADO. El presidente Jorge Batlle pudo ufanarse durante sus primeros
21 meses de gestión de un "beneficio" que lo diferenciaba de sus antecesores
Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle: no haber iniciado su
mandato con la imposición de un ajuste fiscal. Luego, claro, sobrevino
una serie de "garrones", sobre todo el argentino, que lo obligaron a renunciar
a aquella distinción. Esto ocurrió el 24 de enero último,
el mismo día y casi a la misma hora en que se registraba la mayor manifestación
sindical en años contra su orientación económica, cuando
su ministro de Economía y Finanzas, Alberto Bensión, anunciaba
la implementación de un "plan de responsabilidad fiscal". El paquete
consistía en una reducción de gastos del Estado, pero buena
parte de su peso descansaba en el incremento de tarifas públicas, el
aumento de algunos impuestos (como el del aporte salarial de los funcionarios
públicos, y el de tarifas a las llamadas internacionales, interurbanas
y celulares) y la creación de otros (como la aplicación de iva
a frutas, verduras y productos lácteos). Las medidas apuntaban a reducir
el déficit fiscal en unos 450 millones de dólares (o, en otras
palabras, a bajar el déficit del 4,4 al 2,5 por ciento del pbi), en
momentos en que una misión del Fondo Monetario Internacional (fmi)
estaba llegando al país para negociar con el gobierno una nueva "carta
de intención".
Los emisarios del fmi aterrizaban en un país con estabilidad política,
pero no tenían por qué saber que el mandatario, en tren de aprobar
el ajuste, tendría que lidiar con otros "garrones" domésticos,
que lo obligarían a mantener en suspenso, a dos semanas de los anuncios,
la parte sustancial del paquete de "responsabilidad fiscal", y a poner en
entredicho la tan cotizada imagen de seriedad del gobierno. En efecto, los
socios blancos del presidente manifestaban su descontento con las medidas,
quizá no tanto por razones de contenido como de estrategia política,
mientras sus correligionarios del Foro Batllista optaban por un silencio distante,
muy parecido al "toda tuya, Jorge". Era imperioso destrabar el nudo por algún
extremo, sobre todo emitir una señal de acuerdo de cara a los visitantes,
y se lo empezó a desatar por el lado más redituable en materia
de imagen, pero quizá más efímero en el plano de los
resultados.
Así fue que, al cabo de algunas jornadas de sesudas negociaciones,
operadores blancos y colorados llegaron a la conclusión de que casi
300 millones de dólares de los 450 millones a reducir era posible ahorrarlos
mediante el recorte de gastos e inversiones del Estado.* El ahorro podría
ser aun mayor de prosperar la iniciativa de algunos anónimos dirigentes
blancos, que pretenden suprimir ministerios o bien fusionar reparticiones
públicas. El riesgo a que se exponen estas medidas e iniciativas es
evidente, pues más de un ciudadano desprevenido, e indignado, podría
advertir: "recién ahora descubrieron que era posible ahorrar 300 millones
en el presupuesto del Estado", o bien, "los blancos proponen suprimir ministerios
cuando un año y pico atrás forzaron la creación del de
Deporte y Juventud". Al margen de estas consideraciones obvias, quizá
convenga recordar el carácter volátil de los ahorros anunciados,
puesto que nadie desconoce que la burocracia estatal tiene un poder y una
inercia propias capaces de sustituir por otras vías los ahorros que
le impone su jerarquía política.
HUMO GRIS. Si la reducción en materia de funcionamiento del Estado
demandaba esfuerzos aritméticos y de persuasión para convencer
a algún que otro jerarca rebelde, la implementación del paquete
impositivo requería un especial arrojo político, por varios
motivos. El carácter eminentemente antipopular de las medidas (nadie
desconocía que los rubros gravables habrían de afectar el consumo
masivo, haciendo cada vez más prohibitiva la compra de productos básicos,
precisamente los que consume Juan Pueblo) provocaba un fuerte escozor entre
los liderados por Sanguinetti y Lacalle, pues ni uno ni otro se encuentran
en la Estación Carnelli. Los blancos, además, no estaban dispuestos
a cargar sobre sus espaldas el peso político de un ajuste cuyo "rendimiento"
económico en el tiempo desconocían, y que estaba desprovisto
de cualquier medida complementaria en el plano productivo y social.
En filas blancas, con todo, coexistieron respecto del tema al menos dos estrategias
políticas antagónicas, que se expresaron en las negociaciones
paralelas con el presidente Batlle. Por un lado, la de Lacalle y su esposa,
la senadora Julia Pou, el senador Carlos Garat y el intendente Juan Chiruchi,
entre otros dirigentes herreristas, quien se expresó en términos
de "no negociamos con el gobierno ni queremos escuchar hablar de impuestos".
Por otro, la de los senadores Jorge Larrañaga, Francisco Gallinal y
Luis Alberto Heber, dispuestos a "considerar" las necesidades impositivas
del gobierno pero introduciendo algunas variantes en los tributos. Así,
por ejemplo, plantearon la sustitución del iva al agua, las frutas
y verduras por impuestos que graven la venta de automóviles usados
y la tevé para abonados, y demandaron que el aumento del impuesto a
los sueldos de funcionarios públicos se aplique a partir de un tope
mayor al estipulado por el Ejecutivo. Las diferencias entre ambas posturas
blancas estriba, a juicio del senador Gallinal, en la asunción de responsabilidades:
"Hay un sector del Herrerismo que prefiere jugar a la oposición. En
realidad se trata de un juego muy fácil, que consiste en poner el grito
en el cielo y a la vez usufructuar cargos de gobierno. El otro sector del
partido, en el que me incluyo, apuesta a la responsabilidad política,
y por eso estamos negociando este paquete", indicó a BRECHA. Con todo,
el senador Larrañaga mantiene un perfil propio, anunciando que no acompañará
el gravamen a frutas, verduras y el agua, y reclamando que estos recursos
se extraigan del "sistema bancario".
Ambas estrategias, sin embargo, confluyeron en un punto central: el reclamo
de que "todo" el Partido Colorado asuma "su responsabilidad" por la aplicación
del paquete impositivo. Así, pues, el debate de los últimos
días entre los socios de gobierno trasladó su eje desde el ajuste
fiscal hacia el ajuste de cuentas político. No había aún
ni rastros del acuerdo, pero era necesario que alguien asumiera su costo político.
El Directorio blanco, en su reunión del lunes 4, supeditó el
análisis del paquete impositivo a un pronunciamiento público
del presidente Batlle sobre la "gravedad de la situación económica
que justifica las medidas", y al respaldo "explícito" del ajuste por
parte de Sanguinetti. "El planteo sobre el Foro lo hizo Lacalle, pero en realidad
a todos nos molesta la actitud de algunos de sus dirigentes, como el caso
del ministro de Defensa, Luis Brezzo, quien protestó por los recortes
que se planteaban en su ministerio. No puede ser que el Foro ni siquiera aporte
una idea, y encima proteste", dijo Gallinal a BRECHA. A su turno, el diputado
forista Washington Abdala acusó a los blancos de practicar una "marcación
electoral", y sostuvo que Sanguinetti hablaba -y apoyaba las medidas- a través
de sus voceros, aunque coincidió con los blancos en un aspecto nada
casual: "Acierta el Partido Nacional en pedirle al presidente que, en una
hora de emergencia nacional del dramatismo que se está viviendo, nos
comunique el sendero en el que estamos", remató (El Espectador, martes
5).
Es posible que éstos y otros escollos (como el malestar de varios ministros
por los recortes de gastos en sus carteras, o la resistencia de los intendentes
blancos a que se posterguen las partidas destinadas a los municipios del Interior,
que ascienden a los 12 millones de dólares) no impidan la aprobación
del ajuste en la dirección que pretende el Ejecutivo. Habrá
que ver, en cambio, si los efectos de este ajuste no plantean otros escollos
mucho más profundos a nivel social, y en el sentido de los cambios
que promueve la oposición de izquierda. n
* Tanto la cifra como el concepto de estos "ahorros" deben ser tomados con
cuidado. En el primer caso, porque el monto varía según el socio
de la coalición que saque los cálculos (los blancos anunciaron
un "ahorro" mayor al estipulado por el Ejecutivo). Por el lado de los conceptos,
el gobierno se refiere a los ahorros en términos de "abatimiento del
gasto público". Pero los recortes no sólo alcanzan a los gastos
de funcionamiento de organismos y reparticiones públicas; sobre todo
afectan el rubro "inversiones" de otras tantas, incluyendo las de los ministerios
encargados de problemáticas sociales urgentes (como el de Vivienda
y Trabajo) o de contribuir al dinamismo en épocas de recesión
(como el de Transporte). En el concepto de "rebaja del gasto", por lo demás,
también se incluyeron las concesiones en el Aeropuerto de Carrasco
y de las bandas de telefonía celular, lo cual reportaría unos
45 millones de dólares.