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Una comisión de las asambleas
por las muertes de las privatizaciones
Las asambleas barriales formaron una comisión para investigar y denunciar casos de muertes ocurridas por "privatizaciones mal hechas". Ayer marcharon por la nena que murió en All Boys.
Por Carlos Rodríguez
Anoche, como expresión del apoyo de las asambleas barriales que han
ido incorporando a su temario reclamos que exceden al "corralito",
un grupo de vecinos se reunió frente a la sede del Club All Boys, en
Floresta, para acompañar a la familia de Florencia Möller Rombolá,
la nena de 9 años que hace exactamente un año murió ahogada
en la pileta de esa entidad deportiva. "¿Cómo sobrellevamos el
dolor? Lo hacemos tratando de pensar que nuestra misión es ahora luchar
por la vida y por la justicia." Marisa Rombolá, mamá de
Florencia, encabezó el acto donde se recordó el triste primer
aniversario. "Hoy tendría diez años", dijo la mamá,
y ese simple dato cronológico ensombreció su rostro. El reclamo
incluyó un escrache en la casa del presidente de All Boys, Roberto
Bugallo, custodiada por barrabravas del club. En las asambleas barriales se
están creando comisiones para pedir justicia "por las muertes
que provocaron las privatizaciones", aludiendo a una serie de actos de
negligencia gravísimos ocurridos en los últimos años.
Florencia Möller murió ahogada en la pileta de All Boys, el día
en que concurría a su cuarta clase práctica de natación.
La entidad había contratado los servicios de la Red de Clubes Megatlón,
una empresa privada cuyo presidente es Fernando Martín Storchi. La
firma es responsable, o debería serlo, por la labor de los profesionales
que están a cargo de los cursos de natación, desde los instructores
hasta los guardavidas, pasando por el personal médico encargado de
atender cualquier emergencia. El día que murió Florencia, las
personas autorizadas eran la profesora María Privato y la única
guardavidas –las ordenanzas establecen que en toda pileta debe haber un mínimo
de dos–, Giselle Kamenetzky.
Tanto Privato como Kamenetzky están procesadas por homicidio culposo,
un delito excarcelable, mientras que Storchi, el coordinador deportivo de
Megatlón, Julio César Giraldi, y el presidente de All Boys fueron
sobreseídos en primera instancia. La Sala I de la Cámara Nacional
de Apelaciones de la Capital Federal revocó la medida y ordenó
que se amplíe la investigación sobre la responsabilidad que
les cabe. Un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos
Aires recordó que la pileta de All Boys había sido inspeccionada
el 7 de junio de 2000 y no cumplía con los requisitos para su habilitación.
Marisa Rombolá recordó que el 28 de noviembre de 2000 la Dirección
de Habilitaciones del Gobierno porteño le había dado al club
All Boys un plazo de 30 días hábiles para la compra de un equipo
salvavidas, el señalamiento de la profundidad en cada sector y el cumplimiento
de otros requisitos ineludibles. El plazo estaba vencido cuando Florencia
murió y las normas seguían sin ser cumplidas. El abogado de
la familia, el ex juez Juan Ramos Padilla, viene reclamando ante el juez Mariano
Bergés que se disponga el procesamiento de Storchi, Giraldi y Bugallo
por "homicidio por dolo eventual", una figura equivalente al homicidio
simple.
La marcha de ayer contó con el apoyo de la Interbarrial de Parque Centenario
y las asambleas de vecinos de Floresta, Floresta-Monte Castro, Flores Norte,
Parque Avellaneda, Villa Luro y Mataderos. En esas reuniones se viene analizando
la posibilidad de crear una comisión interbarrial para seguir "los
casos de homicidios ocurridos desde las privatizaciones, como resultado de
negligencias graves cometidas por las empresas concesionarias y por la falta
de control del Estado". También se ha dado apoyo a la familia
de Rodolfo Denegris, el hombre que murió en Villa del Parque al explotar
una caja de la empresa Edesur. Podrían sumarse otros casos como la
contaminación provocada por las torres de alta tensión en Ezeiza.