Gobierno, bancos y empresas de España
promueven golpe de estado en Argentina

Víctor Ego Ducrot
La Otra Aldea

El 21 de enero pasado, el diario El Mundo, de Madrid, publicó un artículo firmado por Casimiro Garcia Abadillo en el que, entre otras cosas se afirma lo siguiente:
Sin remedio, la crisis argentina se pudre. (....) Y ahora, la gente se echa a la calle(...)Nadie confía en el Gobierno. (...) "Las medidas adoptadas por el Gobierno argentino son una confiscación de hecho de toda la banca", comentaba esta semana en privado un financiero español, buen conocedor de la realidad argentina(...).
Tanto el BBVA como el SCH dan ya por perdida su inversión en Argentina. El banco que preside Emilio Botín ha hecho provisiones por valor de 1.200 millones de euros con cargo al ejercicio 2001 y destinará otros 400 millones contra reservas para cubrir el coste de la devaluación también con cargo al ejercicio. El impacto en la cuenta de resultados será anunciado mañana por el presidente del mayor banco español: los beneficios crecerán sólo un 10,5% (es decir, 60.000 millones de pesetas menos de lo presupuestado). Algún consejero ya había advertido hace más de un año de la conveniencia de reducir los riesgos, pero Francisco Luzón mantuvo durante algunos meses la tesis contraria, basándose en los sesudos pronósticos de su amigo Carlos Solchaga, a la sazón asesor del todopoderoso Domingo Cavallo.
Los grandes bancos españoles han decidido no meter más dinero en Argentina. Al menos hasta que la situación se estabilice y el Gobierno ponga en marcha un plan creíble y con posibilidades de poner las cosas en orden. El Banco de España, por su parte, permitirá que las entidades españolas no estén obligadas a hacer provisiones por líneas para evitar así una catástrofe (...).
La idea del golpe blando («ahora se necesita más a un Onganía que a un Videla», se comenta en ciertos círculos capitalinos), se extiende entre la élite de grandes capitalistas, terratenientes y burócratas. Uno de los hombres que figuran en la lista de sospechosos de difundir esas ideas desestabilizadoras es Ricardo López Murphy, al que algunos llaman el efímero, dado que su estancia al frente del Ministerio de Economía, en pleno auge del cavallismo, tan sólo duró tres semanas(...).
Algunos periódicos argentinos han vinculado maliciosamente a los intereses españoles con esa balbuceante conspiración contra Duhalde.
En esa situación de confusión, donde los rumores se encarnan en verdades indiscutibles en función del interés de quien los difunde, España, sus empresas y sus bancos tienen la obligación de ser claros en su compromiso.
El Fondo Monetario Internacional, EEUU y España deben poner en marcha una acción concertada que ayude a Argentina a salir del atolladero en el que se encuentra. El riesgo de contagio a Brasil (que representa casi el 50% de toda la economía del Sur de América) ya no es sólo una hipótesis, sino un hecho, según ha reconocido en los últimos días el gobernador del Banco de Brasil, Arminio Fraga. La recuperación económica mundial que todos los analistas auguran para el último trimestre de este año se vería frustrada si el sistema financiero se hunde en Argentina.
Podría interpretarse que se trata de un comentario más que hace la prensa española sobre la crisis argentina, y el mismo no debería provocar ninguna suspicacia, puesto que tanto los principales bancos de España como sus empresas de telecomunicaciones, petroleras y energéticas en general -por sólo nombrar las estratégicas- tienen en este país sudamericano grandes inversiones, cuyos rendimientos subsidian a los consumidores españoles.
Sin embargo, no se trata de un análisis periodístico más, ni siquiera es un artículo periodístico en el estricto sentido de la expresión. Cuando su autor fue interrogado por distintos medios argentinos acerca de donde provenían las especulaciones golpistas locales, la respuesta fue un simple "silencio de radio".
Lo que sucedió fue muy simple. Como bien se sabe en España, Casimiro Garcia Abadillo es la voz oficial, "el lobbista" del gobierno de José María Aznar en la dirección y en la redacción de El Mundo. Su "artículo" entonces no fue otra cosa que la expresión de una muy convencional técnica de inteligencia y desinformación: poner en boca de otro un discurso que en realidad es propio.

Los zares de la conspiración golpista

Hasta dónde será propio del gobierno español el discurso golpista que pocos días después, en una emisión internacional de Televisión Española, el ministro de Relaciones Exteriores de Aznar, el catalán Josep Piqué, y el jefe de Estudios Económicos del gobierno, Juan Iranzo, no ahorraron críticas a los partidos políticos mayoritarios de Argentina (peronismo y radicalismo), pero no para respaldar una salida democrática, sino para destacar que la alternativa podría estar en la persona de Ricardo López Murphy.
López Murphy es un economista ultraortodoxo del ajuste fondomonetarista. Fue ministro de Defensa y fugaz ministro de Economía del ex presidente Fernando de la Rúa, y ahora utiliza expresiones militares para definir su accionar político. Fue reiteradamente señalado como "el hombre" de la muy cierta conspiración antidemocrática que han puesto en marcha las distintas facciones del corporativismo financiero global.
Como se señaló en un artículo anterior, también divulgado por La Otra Aldea, las corporaciones financieras globalizadas con intereses en Argentina tienen delineada una estrategia de corto y mediano plazo, consistente en la dolarización de la economía y en la fragmentación política de la República, y para ello necesitan de un giro político autoritario.
Los propios pasos de López Murphy son los que se encargan de confirmar hasta dónde ese argentino de los bancos ha convencido al gobierno de Aznar de una alternativa autoritaria.
El 4 de febrero viajó a España. Después de un vuelo accidentado, porque un grupo de pasajeros argentinos lo insultó y lo acusó de corrupto -hecho que en Argentina sucede a diario, cada vez que un dirigente de la corporación política en el poder se atreve a asomar las narices y a salir de sus escondrijos-, López Murphy se entrevistó con el ministro de economía español Rodrigo Rato.
En esa reunión no sólo repitió la falacia de que los bancos españoles perdieron aquí mucho dinero -en un artículo anterior se demostró como la banca extranjera extrajo de Argentina unos 70.000 millones de dólares en concepto de "ganancias excepcionales- sino que pidió apoyo político porque le aseguró al gobierno español que "en 90 días Argentina colapsa".
Cuando la crisis argentina estaba por estallar, casi el mismo día que el pueblo echó con sus movilizaciones en la calle a Fernando de La Rua, el ex jefe del gobierno español Felipe González visitaba la Casa Rosada para hacer gestiones ante el gobierno que se caía en nombre de los bancos y de las empresas de su país.
En el marco del corporativismo global financiero un descendiente del franquismo, Jose María Aznar, y un supuesto socialdemócrata, Felipe González, defienden los mismos intereses. Esa ecuación permite incluso que, como sucedió en Argentina, uno (Felipe González) actúe como emisario del otro (José María Aznar).
Pero los acontecimientos de diciembre fueron tan vertiginosos que el pobre González tuvo que adecuarse en cuestión de horas al cambio de interlocutores. Fue él quien le pidió al efímero presidente Adolfo Rodríguez Saá que frene toda devaluación del peso argentino hasta después del 1 de enero, porque si no las empresas españolas se verían en problemas a la hora de cerrar su ejercicios contables.
Rodríguez Saá se salvó de cumplir o no con el pedido de tan ilustre visitante porque no tuvo tiempo de seguir siendo presidente. La devaluación finalmente llegó en enero, pero de la mano del actual presidente, el peronista de la provincia de Buenos Aires Eduardo Duhalde.
Con la llegada de éste al gobierno Aznar prefirió ser más directo; Duhalde pasó las primeras horas de su gobierno tratando de esquivar las insistentes llamadas telefónicas del jefe del gobierno español. El presidente argentino es hábil para esos menesteres pero no pudo con las presiones de novia despechada que ejercía Aznar: alguna vez tuvo que atenderlo. Y Aznar fue claro: hay que garantizar las rentabilidades oligopólicas de Repsol-YPF, de Telefónica y de otras empresas y bancos que se enriquecieron con el proceso de privatización registrado en Argentina durante la década del ´90.
Para muestra sirve un botón, dice el dicho popular: Repsol-YPF posee el 58,8 por ciento de las reservas comprobables de petróleo; el 49 por ciento de las reservas de gas natural; el 50 por ciento de la producción de petróleo; el 65 por ciento de las disponibilidades de gas natural; el 54 por ciento de las capacidades de refinamiento; el 50 por ciento de las estaciones de expendio minorista de combustibles; el 56 por ciento de las ventas de gasoil y 55 por ciento de la comercialización de motonaftas. El resto de mercado petrolero está en manos de la holandesa Shell y de la norteamericano Esso.
El gobierno, los bancos y las empresas de España auspician un régimen autoritario -aunque prefieran llamarlo "confiable y sustentable"- porque no están dispuestos a ceder nada: quieren que se les garanticen sus negocios financieros, que las empresas sigan obteniendo beneficios sobredimensionados respecto de las condiciones generales del mercado internacional: por ejemplo, que la telefonía siga percibiendo ganancias en dólares por encima de las tarifas mundiales y que la actividad petrolera esté prácticamente al margen de las obligaciones impositivas.
Los empresarios y los gobernantes españoles se quejan del régimen de corrupción política que impera en Argentina. Así como mienten cuando afirman que España tiene invertidos aquí unos 40.000 millones de dólares (el 75 por ciento de esas inversiones no fueron directas sino hechas con títulos depreciados de la deuda), también faltan a la verdad respecto de la verdadera naturaleza de la corrupción local.
El gobierno de Madrid y sus bancos y empresas representadas fueron activos y principales protagonistas en el desarrollo del régimen corrupto y "cleptócrata" que se impuso en este país.
Como dijimos antes, para muestra un botón: el 21 de febrero el juez español Baltasar Garzón pasó a la Fiscalía Anticorrupción de su país el caso de los sobornos de Telefónica en Argentina.
La Fiscalía Anticorrupción de España investigará a Telefónica para determinar si la compañía, durante la presidencia de Juan Villalonga, pagó o no sobornos en Argentina a cambio de obtener una subida de las tarifas. El caso llega ahora a manos del fiscal anticorrupción Carlos Giménez Villarejo.
El escándalo de los supuestas comisiones de Telefónica en Argentina comprometió seriamente al Gobierno de Carlos Menem (1989/99), al punto que por ello está siendo juzgada la mismísima Corte Suprema de Justicia, entre otros motivos. Sus señorías son muy cuestionadas por su amistad con Menem y afinidad a los negociados.
Entre otros chanchullos de los que las acusan, habrían recibido dinero en metálico en recompensa por haber resuelto a favor de las telefónicas y en contra de los usuarios. En la causa judicial tramitada en la Audiencia Nacional se investiga la presunta comisión del delito "estafa" y como imputados figuran Juan Villalonga y Luis Martín de Bustamante de Telefónica; José Concejo Alvarez (del banco BBVA); José María Millet; José Javier Echenique Landiriver, y Javier Revuelta del Real. También está imputada la consultora Arthur Andersen, en calidad de supuesto responsable civil subsidiario.
EL diario español El Mundo destapó este asunto en marzo de 2001. Al menos 870 millones de pesetas habría pagado Telefónica Argentina durante 1997 y 1998, bajo la presidencia de Villalonga, a las sociedades de su accionista Raúl Moneta, un financiero argentino que estuvo procesado por diversos delitos económicos y es conocido como "El Banquero de Menem". Los pagos se habrían hecho para que el dinero terminara en manos de jueces y políticos argentinos a cambio de conseguir el llamado "rebalanceo de tarifas".
Telefónica, tras efectuar fuertes inversiones, consiguió en 1997 de Menem un cambio en el sistema de tarifas muy favorable a sus intereses económicos. Pero las organizaciones de consumidores locales pusieron el grito en el cielo por la subida y llenaron los juzgados de demandas contra Telefónica. Muchos incluso se negaron a pagar los nuevos recibos y hasta los incendiaban en actos realizados en plazas públicas.
Moneta era entonces accionista de Telefónica Argentina a través de la sociedad CEI y participaba en un holding de empresas controladas por el grupo bancario norteamericano Citibank. Su abogado personal era Alberto Federico Petracchi, justamente primo de uno de los jueces de la Corte Suprema: Enrique Petracchi.
En la acusación analizada ahora por la Comisión de Juicio Político del congreso argentino consta que el juez Petracchi cobró 580.000 dólares en una cuenta suya del Citibank Nueva York, a través del banco off shore Federal Bank, propiedad de Moneta. El dinero ingresó poco antes del cuestionado fallo y provenía de la cuenta de una ignota cuenta del banco de Santander número 26007692.
En Buenos Aires, la Justicia también sustancia una causa penal por supuesto "cohecho" contra Villalonga y Luis Martín de Bustamante -su hombre en Argentina-, además de Petracchi y Moneta.

Pero Washington está atrás, agazapado

La conexión española de la conspiración antidemocrática contra los argentinos quedó demostrada, pero demonizar a España, creer que ese país es el único que juega sobre este tablero sería un grave error.
El 21 de febrero último, el secretario del Tesoro norteamericano Paul O´Neill dijo que "los argentinos se metieron solos en la crisis y que también deberán salir solos" y que ni el gobierno de Washington ni el FMI ni el sistema financiero mundial pondrán un solo dólar en esta economía sudamericana hasta que Buenos Aires no ofrezca resultados. Subrayó que Argentina debe presentar un plan sustentable, recortes fiscales serios y ofrecer un plan de pagos "serio" para salir de su "default".
En realidad, Washington miente cuando dice que si Argentina cumple con sus solicitudes entonces sí aparecería el tan deseado apoyo financiero internacional para salir de la crisis. Si Argentina recibiese el dinero fresco que le está solicitando a Estados Unidos y al FMI, el mismo debería ser aplicado al pago de las cuentas atrasadas con ese organismo internacional.
Los vencimientos pendientes de pago al FMI, al Banco Mundial, al BID, al Club de París y a otros acreedores bilaterales suman 9.800 millones de dólares. Las promesas de auxilio comprometidas pero aún no desembolsadas por el FMI, el Banco Mundial y el BID representan 12.000 millones de dólares. Una vez pagadas sus cuentas vencidas, de ese dinero le quedarían a Argentina unos 2.400 millones de dólares.
Los objetivos a corto y mediano plazo de la facción norteamericana del corporativismo financiero mundial (el Imperio Global Privatizado, según lo analizamos en un artículo anterior difundido por La Otra Aldea), son dolarizar la economía de este país y modificar su actual conformación política de acuerdo a los intereses de ese corporativismo, entre ellos conquistar la propiedad y la administración directa de su territorio y de sus recursos naturales.
Pero primero quieren cumplir con una meta inmediata: que Argentina pague su deuda, es decir que siga alimentando de dólares al sistema financiero globalizado, que siga siendo agente de colocaciones de dólares en bancos del Imperio Global Privatizado.
Logrado ello, Washington se lanzará en pos de sus metas a corto y mediano plazo, lo que para Argentina significa fundamentalmente dos cosas: primero, haberse convertido en el teatro de operaciones de una batalla entre los intereses corporativos de Washington y los de la Unión Europea, que tiene aquí como punta de lanza al Estado y a los grupos financieros y oligopólicos de España; y segundo verse sometida a una compleja conspiración golpista.
Por mandato de su padre Bush I, el presidente George.W. Bush no le perdona a Buenos Aires haber enderezado el proceso de privatizaciones de la década del ´90 a favor de las corporaciones de la Unión Europea, especialmente representadas por las españolas.
A través de mensajes enviados desde Washington y mediante conciliábulos sostenidos en Buenos Aires entre sus representantes locales y los grupos económicos afines, Estados Unidos le ha hecho saber al gobierno Argentino que debe buscar los métodos adecuados para que los sectores estratégicos (petróleo, energía y telecomunicaciones entre otros) dejen de estar en manos españolas para pasar a manos norteamericanas.
Madrid y Bruselas están al tanto de la jugada estadounidense y por eso la semana pasada estuvieron en Buenos Aires destacadas representaciones políticas del viejo mundo, especialmente alemanas, para decirle al presidente Duhalde que los intereses europeos no se tocan. Ambas facciones chantajean con lo mismo: si se cumple con nuestros requerimientos haremos todos lo necesario apara que el sistema financiero internacional concurra con su ayuda para salir de la crisis.
Como ya vimos esa supuesta ayuda serviría para poco más que para poner al día los vencimientos impagos que Argentina tiene con ese mismo sistema financiero global.
Los norteamericanos, con mayor experiencia que los españoles en estas lides golpistas en el mundo en desarrollo, están haciendo que Madrid caiga en la trampa: que fomenten el golpe de estado que terminará llevando agua para el molino de Washington.

Un golpe de estado siglo XXI

En primer lugar cabe destacar lo que ya adelantamos en nuestro artículo anterior en el sentido de que, en principio, el golpe de estado que se está gestando en Argentina no debería tener las mismas características de los golpes que durante el siglo XX y en el marco de la Guerra Fría Estados Unidos organizó y financió en América Latina.
América Latina y el mundo transitan una etapa distinta. En Argentina, por ejemplo, el cuadro esta definido por algunas situaciones novedosas.
Es cierto que la crisis acabó con la corporación política (radicales-peronistas) funcionales a los intereses del corporativismo financiero global en tiempos de democracias formales, pero por el otro lado no existe una fuerza social y política identificada y organizada que esté poniendo en peligro el esquema esencial del dominio corporativo.
Las transformaciones de la década pasada acabaron con el sistema productivo local por lo que las luchas sindicales prácticamente se circunscriben al sector estatal, debilitado ante la licuación de las funciones del Estado y por la destrucción de los sistemas públicos de educación y salud.
El crecimiento geométrico del desempleo dio a luz un movimiento de desocupados (los piqueteros) enérgico pero desarticulado desde el punto de vista político, y muy sujeto aún a la cultura clientelista de los partidos mayoritarios.
Los sectores medios, urbanos y empobrecidos, están cumpliendo una experiencia inédita. Después de descubrirse a sí mismos como protagonistas políticos en las jornadas del 19 y el 20 de diciembre pasado, cuando con su movilización espontánea desalojaron del gobierno a la dupla que conformaban De la Rúa y su ministro de economía Domingo Cavallo, esos sectores medios se han organizado en entidades barriales y vecinales desde las cuales incluso hablan de democracia directa.
Sin embargo, y fundamentalmente por falta de una izquierda renovada que pueda generar nuevos liderazgos, esas experiencias populares se encuentran en una encrucijada que no pueden superar: ponen en jaque al sistema al punto tal que los bancos deben funcionar con sus edificios tapiados con maderas y láminas de acero para protegerse de la protestas cotidianas pero no pueden articular un eje de poder alternativo.
El gobierno de Duhalde, prohijado por una corporación política repudiada por el pueblo, no logra ni siquiera el apoyo de su propio partido. Gobierna con el acuerdo peronista-radical de la provincia de Buenos Aires, especialmente con el respaldo del ex presidente radical Raúl Alfonsín, quien no puede circular por las calles sin ser blanco del desprecio de una mayoría de ciudadanos que lo consideran corresponsable de la actual crisis que vive el país.
Duhalde vive asediado por los gobernadores peronistas de las otras provincias y fuertemente jaqueado por el entorno de su archienemigo partidario, el ex presidente Carlos Menem, quizá el dirigente político más repudiado por los argentinos.
En ese contexto, una ex miembro del entorno de Alfonsín, la diputada Elisa Carrió aparece como vértice de un partido (el ARI) que convoca a buena parte de los llamados "progresistas", al estilo del ex vicepresidente Chacho Alvarez, que en Argentina, por un motivo u otro, terminaron siendo cómplices voluntarios o involuntarios de la corporación política corrupta encabezada por Alfonsín, Menem, De la Rúa y Duhalde.
La diputada Carrió fue diferenciándose de su anterior líder y el año pasado, desde una comisión investigadora del Congreso sobre lavado de dinero, se deslizó hacia posiciones de enfrentamiento abierto con el entonces ministro Cavallo y con algunas de las facciones del corporativismo financiero.
Lo que queda de la corporación política - incluida en ella al llamado "progresismo"- debaten en estos días sobre la conveniencia o no de un llamado a elecciones inmediatas, pero sobre sus cabezas pende una verdadera espada de Damocles: una reciente encuesta ordenada por el gobierno concluye que si los argentinos concurriesen hoy a las urnas el absoluto ganador, con casi el 40 por ciento de los votos, sería el sufragio en blanco.
Una de las pocas figuras políticas que circula por la calles, despertando simpatía incluso entre quienes no piensan como él, es el diputado Luís Zamora, un abogado que se dedicó a la defensa de los derechos humanos durante la pasada dictadura militar y que en la década del ´90 había ganado una banca parlamentaria, siendo dirigente entonces del denominado Movimiento al Socialismo.
Cuando dejó su banca, Zamora se ganó la vida como vendedor de libros y en octubre del año pasado, sin dinero y con apenas un mes de campaña electoral, volvió a la cámara de diputados como representante de la ciudad de Buenos Aires y con votos recogidos mayoritariamente entre la izquierda independiente.
Con intervenciones parlamentarias que no ahorran denuncias fundadas contra los intereses financieros corporativos y contra los dirigentes de los partidos mayoritarios, Zamora proponía una suerte de renovación política basada en sistemas de representación directa y en la revocación de los mandatos electorales. Propuso entonces buena parte del discurso que dos meses después hizo suyo el movimiento de asambleas vecinales que surgió con los cacerolazos masivos del 19 y el 20 de diciembre pasado.
Sin embargo, y sin descontar que podría llegar a obtener un caudal de votos inimaginado por todo dirigente de izquierda en este país, el de Zamora es aún un fenómeno político urbano, particularmente de la ciudad de Buenos Aires, y sólo enraizado en un segmento de los sectores medios.
El conglomerado de grupos financieros y empresarios, que por cierto mantienen diferencias de intereses parciales entre ellos, quedó atrapado entre la falta de figuras de recambio y la movilización popular que, más allá de su falta de claridad y conducción política, le ha dado jaque mate al sistema de representación política tradicional.
Esas corporaciones están trabajando "contra reloj" para encontrar una fórmula golpista potable, que, en principio, reiteramos, no consistiría en un golpe tradicional, con las fuerzas armadas haciéndose cargo de la conducción formal del Estado, sino en una salida seudoinstitucional y autoritaria. Esas deliberaciones son arduas porque, gente de experiencia en estos menesteres, saben que la situación argentina es altamente volátil y no descartan reacciones populares por fuera del libreto previsto.
En medios vinculados a los organismos de seguridad dicen, por ejemplo, que si sólo un 5 o un 10 por ciento de los pobres y marginados que habitan alrededor de la ciudad de Buenos Aires se lanzasen a las calles en forma descontrolada, las fuerzas policiales no podrían controlarlas.
Las fuerzas armadas están impedidas por ley para actuar en materia de seguridad interior, pero esa situación podría ser modificada por una simple decisión del Congreso, en manos de radicales y peronistas.
Los altos mandos militares dicen en público que ellos responden al poder de la Constitución pero es imposible creer que no estén deliberando y conversando con los más conspicuos representantes del poder económico y financiero y con miembros de la corporación política tradicional, en la que figuran también los líderes sindicales de la dos centrales obreras peronistas.
El domingo pasado, el diario local Página 12 -con discurso progresista pero miembro del holding mediático del Grupo Clarín, subsidiario de los intereses financieros en pugna- informó que el jefe del ejército, el teniente general Ricardo Brinzoni mantuvo una serie de reuniones reservadas con distinguidos dirigentes del stablishment empresario, entre ellos con ejecutivos del Grupo Werthein, ex propietario del Banco Mercantil y principal accionista de La Caja de Ahorros y Seguros.
Según ese diario el militar habría calificado al presidente Duhalde de "inutil" y habría asegurado que las fuerzas armadas "harán lo que deban hacer", pero que cualquier paso a seguir debería contar con la luz verde de Washington. Un días después, Pagina 12 informo que el general Brinzoni reconoció haber mantenido un encuentro con representantes del Grupo Werthein, como lo viene haciendo con otros sectores de la sociedad, pero que negó haberse expresado en duros términos para con el presidente Duhalde. "La fuerza va a hacer lo que disponga su comandante en jefe (el presidente de la República), actuando siempre dentro de lo que dispone la Constitución", dijo el militar.
El presidente Duhalde reitera cada vez que puede que no piensa renunciar pero algunos de sus allegados más íntimos también hablan de conspiraciones y no descartan que entre los conspiradores figuren algunos dirigentes de su propio partido.
La situación argentina se muestra cada día mas explosiva y detrás de cada discurso hay que adivinar que jugada de inteligencia subterránea tiene lugar, incluso cuando esos discursos provienen de ciertos sectores supuestamente "progresistas". Pero más allá, de las realidades y de las apariencias, es difícil imaginar mucha paciencia más entre los dueños del poder, quienes ni siquiera pueden mostrar sus bancos a la luz del día.
(laotraaldea@hotmail.com)