Propuesta para enfrentar la emergencia en Argentina

Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos

Estamos transitando un momento histórico caracterizado por el llamado "pensamiento único" fomentado desde el poder dominante, mediante el cual se han trastocado los valores esenciales de la sociedad. El culto a la maximización del lucro y el individualismo extremo que éste promueve, conjuntamente con el descreimiento en las teorías de liberación nacional, han fomentado la destrucción del entramado social, tendiendo a disgregar a la comunidad y evitar la concreción de proyectos convocantes del cambio.
La voracidad rentística, identificada con metáforas tales como "seguridad jurídica para las inversiones externas", "la voluntad del mercado", y el más novedoso "riesgo país", ha logrado avanzar por sobre la seguridad jurídica y social de grandes masas de la población, invirtiendo las prioridades y colocando la rentabilidad extrema por encima de los valores humanos esenciales, como el derecho a la vida, al trabajo, a la libre expresión, a una alimentación conveniente, seguridad económica y otros tantos derechos humanos.
Es sin duda el triunfo de una ideología política que coloca el funcionamiento de todas las instituciones del Estado para el beneficio del gran capital trasnacionalizado; muy por el contrario a lo que parecen pregonar, el Estado ha tomado un rol fundamental para concretar en los hechos esta subversión de valores.
Los sectores más humildes de la ciudadanía han pasado a ser la variable de ajuste para obtener los equilibrios macroeconómicos que necesitan los grandes capitales financieros, descargando en forma despiadada el costo de las políticas en los sectores de menores recursos de la población.
El "pensamiento único", que excede ampliamente la esfera económica, está muy lejos de llamarse a retirada, no obstante los grandes costos que ha generado su aplicación en todos los países.
La pobreza se ha instalado por doquier, a pesar que estamos transitando una realidad histórica representada por el amplio desarrollo y difusión de las tecnologías que están cambiando el mundo, y que han impulsado el proceso denominado "globalización", un proceso que podría convertirse en un gran salto cualitativo para el desarrollo de las personas, pero que en realidad está afirmando nuevas y más fuertes formas de dependencia y sojuzgamiento de los pueblos.
El mejor ejemplo de este capitalismo depredador, es la intención de cobrar patentes a los medicamentos contra el SIDA, que implican su inaccesibilidad para las grandes masas de población africana que sufren uno de los males más atroces de la humanidad, peor aún que las hambrunas de las décadas pasadas. Donde más solidaridad se necesita, allí está el capital trasnacionalizado queriendo cobrar un canon, aprovechándose de la desgracia social.
Los recientes cambios económicos, con la derogación de la Ley de Convertibilidad y la devaluación, no cambian el panorama presentado, puesto que no se modifican los ejes esenciales de este pensamiento único. El propio presidente Duhalde expresó en una carta al presidente estadounidense Bush el 29 de Enero que "Mi Gobierno está firmemente comprometido con dejar de lado, lo más rápido posible, medidas transitorias, de corte dirigista, que hemos heredado o nos hemos visto obligados a tomar" como exculpándose por apartarse parcialmente del camino de la ortodoxia libremercadista. Es por ello que el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos decidió no participar del Diálogo Argentino convocado por Eduardo Duhalde, pues considera que "está hegemonizado por un reducido grupo de entidades de gran poder económico, muchas de ellas responsables de la política que llevó a nuestro país a la actual situación"(1)
La solidaridad, uno de los pilares fundamentales del cooperativismo, se ha convertido en una de las herramientas más potentes para el cambio, una actitud refractaria del mundo individualista y egoísta que nos quieren imponer. La solidaridad, un preciado bien que está al alcance de todos, debe ser cultivado, desarrollado, a través de la participación de los individuos en la sociedad. Uno de los fertilizantes más potentes es la educación, la discusión de los proyectos de cambio y el involucramiento desde las distintas instancias de lo social, lo político, lo institucional, lo productivo, especialmente desde la economía social.
Es por ello que la propuesta de nuestro Instituto apuesta a esta herramienta: fomentar la discusión y la participación de los individuos en los asuntos de la Nación, porque sólo se podrá cambiar el actual modelo que asfixia todo lo popular, con un profundo convencimiento del cambio necesario. Esta propuesta es el aporte de nuestro Instituto, que posee una historia de intenso compromiso con las luchas populares, para el cambio de la correlación de fuerzas que estructura actualmente a la sociedad argentina.

El País está pasando por una situación de Emergencia

La situación generalizada en la Argentina es de CRISIS.
Esta se deriva de las políticas económicas que se implementaron en los últimos veinticinco años, a partir de la instauración de la dictadura genocida, con su plan de exterminio de valiosos luchadores sociales, para instalar un régimen de represión política y de ortodoxia neoliberal en lo económico, abriendo los caminos para el fortalecimiento del gran capital a costas del bienestar popular. Esta lógica económica fue continuada por los gobiernos elegidos por las urnas. Durante el gobierno de Raúl Alfonsín se produjo una concentración económica nunca antes conocida; durante la gestión de Carlos Menem se establecieron las bases que cambiaron la estructura económica de la Nación, entregando el patrimonio público al capital extranjero a precios de remate, y estableciendo políticas desreguladoras que fueron cercenando cada vez más la posibilidad del gobierno de tomar medidas en forma autónoma. Entre estos cambios económicos, el crecimiento de la deuda externa cumplió y cumple un papel esencial en el disciplinamiento de los actores económicos internos y del propio gobierno hacia los intereses del capital internacional. La concentración y extranjerización de la economía durante el período de Carlos Menem, dejaron un país a merced de un modelo económico agotado, pero que fue retomado por Fernando De la Rúa y continuado sin ningún tipo de diferenciación, llevando al país a una crisis nunca antes vivida. La política de Eduardo Duhalde no escapa a las líneas esenciales de las anteriores administraciones, tales como la sujeción al FMI, privilegiar al gran capital, continuar el ajuste en el gasto público y convalidar e intensificar la injusta estructura de distribución del ingreso.
Estamos asistiendo en estos dos últimos años al chantaje de los "mercados", que asignan toda la culpa de la crisis al gobierno, que la tiene, pero absuelven a los grandes capitales financieros y a los bancos extranjeros, incluidos los radicados en nuestro país, de la responsabilidad de las políticas aplicadas, cuando estos últimos son los titiriteros que manejan esa entelequia llamada "mercado". Los multimedios de su propiedad acompañan este sometimiento ideológico, anunciando minuto a minuto el nivel del "riesgo país" o la cotización del dólar, e informando los sucesos económicos con titulares del estilo "hoy el plan rinde examen ante los mercados" .
El propio FMI ha abonado esta tesis, tratando de diluir su responsabilidad en los últimos años, negando cínicamente su participación directa en la elaboración de los planes económicos argentinos.
No podemos desvincular la crisis nacional de la situación económica internacional, que hace tiempo viene mostrando una marcada desaceleración del crecimiento a nivel mundial, impulsado en gran parte por la situación en la principal potencia, Estados Unidos. El atentado perpetrado contra la ciudad de Nueva York y su población instala definitivamente una situación de crisis internacional, tanto a nivel económico como a nivel político. Si bien aún no podemos definir el nuevo contexto como una guerra mundial al estilo de las anteriores conflagraciones del siglo XX, no cabe duda que se ha creado un estado de guerra generalizado que engloba a todo el mundo, extendiendo por doquier los costos de esta nueva situación internacional, de los que no escapa nuestro país, que enfrentará condiciones económicas internacionales mas duras aún que las soportadas hasta el momento.
La situación de crisis en Argentina es múltiple, y abarca no sólo los aspectos económicos, sino los sociales, políticos y culturales, lo que nos lleva a caracterizar la fase por la cual está atravesando actualmente el país como una situación de emergencia generalizada, que inevitablemente se agudizará si no se cambia el sistema.

Hay crisis en la economía

Sólo unas pocas cifras alcanzan para dimensionar el drama: más del cuarenta por ciento de la población bajo la línea de pobreza, cerca de 16 millones de personas. La población con problemas de trabajo se extiende cada vez más, alcanzando a 4.400.000 desocupados y subocupados, un 31% de la Población Económicamente Activa y se encuentra en ascenso.
Llevamos cuatro años de recesión continua, que impacta a todos los niveles de la economía, en especial al mercado interno. La inversión disminuyó un 43% en estos cuatro años, las pymes vienen cerrando en forma ininterrumpida y se extienden sus problemas financieros, comerciales y fiscales; del mismo modo ocurre con los sectores pequeños y medianos del campo.
La fragilidad fiscal es preocupante, se crean nuevos impuestos que traban la actividad económica, y reducen la recaudación. Eso lleva a la profundización de un régimen tributario regresivo, donde la evasión y elusión impositiva resultan alarmantes, consolidando una estructura de poder económico que sólo tiene en consideración los intereses del capital más concentrado.
La Cuenta Corriente del Balance de Pagos ha mostrado continuamente fuertes déficits, fomentados por una debilidad de las exportaciones, una gran dependencia de las importaciones (fruto de la destruccción doméstica de cadenas productivas enteras) y esencialmente una fuerte sangría de fondos a través de los pagos de intereses de la deuda externa (más de U$S 12.500 millones anuales en los últimos años) y de la remisión de utilidades y dividendos al exterior (cerca de U$S 2.700 millones).
Ello significa que la estructura de la economía argentina es potencialmente generadora de déficits persistentes en la Cuenta Corriente, que con la Convertibilidad sólo se han podido resolver tomando crédito en el exterior. Bajo un régimen de control de cambios y un tipo de cambio flexible, toman especial importancia las decisiones sobre el pago de la deuda externa y la remisión de utilidades al exterior.
El Gasto del gobierno nacional se ubicó en torno al 22% de un PIB encogido por la recesión, cuando en los países de altos ingresos el gasto asciende en promedio al 30.2%, con casos como Francia, Bélgica, Italia y los Países Bajos, entre otros, cuyo ratio supera el 45 por ciento. En los últimos años, el gasto Primario(2) se ha venido achicando, mientras que el otro componente del gasto total, los intereses de la deuda, han venido incrementándose aceleradamente. Ello derivó en una asignación cada vez menor de recursos para el funcionamiento esencial del Estado (administración, salud, educación, seguridad social), y no obstante un incremento en el déficit público que debe financiarse, a causa de los crecientes pagos de la deuda pública que asfixiaron al país.
Las tibias soluciones intentadas al problema de la deuda, como el blindaje financiero (diciembre 2000), el megacanje de deuda (junio 2001) y el canje de noviembre del 2001 beneficiaron exclusivamente a los acreedores y a los sectores especulativos que fugaron capitales a costa de generar una crisis financiera de una magnitud desconocida, haciendo recaer los costos en los pequeños y medianos depositantes, con la implementación del llamado "corralito financiero" que congeló los depósitos de los particulares, e impuso una bancarización instantánea y obligada, asestando un fuerte golpe a la economía informal, gracias a la cual subsistía un elevado porcentaje de la población.

Hay crisis social

La extensión de la pobreza y el desempleo generan sucesivas rebeliones populares expresadas en cortes de ruta, toma de fábricas, protestas estudiantiles, asaltos a supermercados, cacerolazos, etcétera. La presión de los mercados y los Organismos Financieros Internacionales, obliga a una obediencia propia de los regímenes de facto, y es inaplicable en un Estado de derecho sin una escalada de fuerza y de chantaje. La actitud del Estado pasa por la represión física de los manifestantes y la persecución judicial de los dirigentes sociales más activos, con un saldo actual de más de dos mil quinientos luchadores sociales en prisión o sometidos a juicio por ejercer sus derechos de protesta.
El estado altamente deficitario de la atención médica, la educación pública y la justicia, con pronósticos de mayores recortes a estos servicios agudizan la difícil situación social. Al mismo tiempo, la demanda de reducción del gasto público constituye el principal reclamo de los sectores más concentrados de la economía y figura en todos los compromisos asumidos por el gobierno con los Organismos Financieros Internacionales, quienes empujan la materialización de las reformas de segunda generación: privatización de la educación, de la salud pública, de la recaudación fiscal, reforma de la justicia y de las relaciones laborales.

Hay crisis política

Los tres poderes del Estado enfrentan una crisis de credibilidad, ya que la corrupción invade todas las instancias de los poderes públicos. Los cacerolazos contra la Corte Suprema de Justicia y contra el Poder Ejecutivo, muestran la opinión de la sociedad sobre dos instituciones esenciales del actual orden político. Las denuncias afectan también a los partidos políticos mayoritarios, los que se encuentran en una continua disputa, con realineamientos y fragmentaciones y sin acertar con posturas viables para la solución de la crisis. Como desprendimiento de estas fuerzas mayoritarias que se alternan en el poder, aparecen nuevos grupos políticos, que la sociedad no alcanza aún a percibir si son reales expresiones de un nuevo proyecto o reciclajes del sistema, tal como vienen sucediéndose en los últimos tiempos. Por su parte los partidos de izquierda, muy divididos, no alcanzan a instalar su discurso en la sociedad con la amplitud necesaria. La imagen que percibe la sociedad es que todo es más de lo mismo.
Esta realidad se vio reflejada en las elecciones a través del alto porcentaje de votos en blanco, nulos y ausentismo, el llamado "voto bronca", que en importantes distritos electorales superó al partido más votado. Esta actitud de la población marca un repudio total a la política imperante y a los políticos que la avalan.
El descontento con la política y la conformación del Poder Legislativo derivada del voto en blanco, otorgó mayoría parlamentaria a un Justicialismo que obtuvo menos votos que en la anterior elección, instalaron una inestabilidad política que fue desencadenante esencial, junto a la crisis económica, de la huida del ex presidente De la Rúa, del fallido intento de demagogia populista por parte de Adolfo Rodríguez Saá y de la posterior entronización de un presidente constitucional, pero no votado por la ciudadanía, como lo es Eduardo Duhalde.
La instalación del descreimiento de la política en el seno de la sociedad y la posibilidad de que se convierta en una conducta habitual, resulta preocupante y constituye un grave peligro para el desarrollo de la democracia, pues la calidad de la política está íntimamente vinculada a la intensidad y potencialidad de las prácticas democráticas y al ejercicio de las mismas.
Ante esta crisis en la política, se genera una gran demanda de parte de sectores políticos y de los movimientos sociales y asambleas barriales, muchos de ellos con fuerte radicalización, para plantear alternativas de organización y de propuestas. Alternativas que no pueden plasmarse por la falta de generalización de un debate consensuado en torno a los temas esenciales. Surge así la necesidad de fomentar debates en torno a la "representación política" y a experiencias de convocatorias a "consultas populares" y otras formas de democracia semidirecta.
El cacerolazo podría ser interpretado como una conducta que adoptó una parte importante de la sociedad para expresarse e intentar ejercer presión sobre el gobierno, y puede entenderse como un intento de ejercicio espontáneo de democracia directa, fruto del trabajo que las organizaciones sociales vienen abonando desde la implementación del modelo neoliberal, generándose así un fuerte estado de politización en quienes, paradójicamente, "rechazan la política". Ello plantea la necesidad y perentoriedad de establecer mecanismos que permitan el desarrollo de la democracia participativa.

Hay crisis cultural

Son los propios valores de la sociedad argentina los que están puestos en discusión. La concepción del sálvese quién pueda es el resultado que se deriva de años de terrorismo de Estado, sumado a la disgregación social.
Los grandes medios masivos de comunicación instalan cada vez con más fuerza el discurso dominante, y ocultan la información sobre las distintas expresiones populares, ya sean de protesta como de crítica y propuesta. Los espacios informativos han sido acaparados por una excesiva notoriedad de los hechos delictivos, que magnifican y distorsionan el verdadero problema de la seguridad.
La solidaridad, la cooperación, constituyen valores que anidan en la historia y en una parte de la sociedad. Encuentran serios obstáculos en un escenario que instaló un sentido común generalizado de individualismo y pérdida de proyecto común para el conjunto del pueblo.
El principal efecto de las políticas neoliberales y del denominado pensamiento único se puede medir en la confusión ideológica y la consecuente neutralización de sujetos sociales para el cambio.

Enfrentar la emergencia

La solución de tan grave crisis no puede encararse con discursos ni con acciones o planes individuales, sino que se requiere crear un consenso de cambio que sea aceptado por la mayoría de la sociedad. Sin esta condición, toda propuesta aislada resultará ineficaz, conclusión que resulta convalidada por el resultado electoral.
Crear ese importante consenso en la sociedad requiere tiempo: se deben instalar nuevos paradigmas, perder los miedos (que astutamente instaló el modelo) a las modificaciones estructurales de carácter progresista y popular y recrear la vocación de la población para implementar un verdadero cambio.
Nuestra propuesta como cooperadores se basa en un cambio del modelo económico y social para terminar con el individualismo, la desigualdad distributiva y la explotación desmedida de los recursos humanos y naturales e instalar una sociedad que se apoye en los principios de la solidaridad, la equidad distributiva, la justicia social, la democracia participativa y que establezca la primacía de la sociedad por sobre el mercado.
Admitiendo que nuestro país está en emergencia por todo lo expresado, nuestra propuesta comprende dos instancias:
A. Una de ellas es proponer la adopción de medidas de emergencia para aplicar en forma inmediata.
Ante tal magnitud de la emergencia, se debe actuar sin demora, implementando una serie de medidas excepcionales, de carácter amplio, que puedan ser compartidas por un gran abanico social y político, con historia plural y tradición cultural, pero que coincidan en la defensa de los intereses populares y nacionales y de los valores de solidaridad y justicia social. Queda claro que tal propuesta confrontará con aquellos sectores que hoy se benefician con la política hegemónica, quienes trabajarán para desacreditar cualquier proposición de carácter alternativo.
B. Someter a Consulta Popular los temas esenciales que hagan a la transformación del modelo. Esta propuesta se basa en la necesidad de respetar la voluntad del pueblo, habida cuenta que históricamente los representantes políticos han violado sistemáticamente las propuestas hechas al electorado y defraudado sus esperanzas.
La implementación de una democracia participativa que utilice como herramienta fundamental la Consulta Popular es un tema prioritario, para dar un cauce institucional concreto a la participación democrática que revele la verdadera voluntad del pueblo.
Estas dos instancias tienen que ser nutridas por un Gran Debate Nacional. La discusión de las medidas de emergencia ayudará al proceso de acumulación de consenso social y político necesario, que permitirá a más largo plazo, y con la emergencia acotada, definir un nuevo paradigma de desarrollo para nuestra Nación, el cual debiera pasar por una reforma de nuestra Constitución Nacional para dar paso a las instituciones de una verdadera democracia participativa, permitiendo una representatividad amplia de la ciudadanía, y de los distintos movimientos sociales y tendencias en la Asamblea Constituyente.
Citando a José Saramago(3), "Todos sabemos que así y todo, por una especie de automatismo verbal y mental que no nos deja ver la cruda desnudez de los hechos, seguimos hablando de la democracia como si se tratase de algo vivo y actuante, cuando de ella nos queda poco más que un conjunto de formas ritualizadas, los inocuos pasos y los gestos de una especie de misa laica", queda magistralmente expresada la necesidad de producir un profundo cambio cultural, y estamos convencidos que la metodología propuesta por nuestro Instituto, el Gran Debate Nacional, resulta esencial para lograr las transformaciones que nuestro país requiere.

Declaración de la Emergencia Social y Económica

Nuestra propuesta se basa en la "Declaración de la Emergencia Social y Económica" y consta de las siguientes medidas:

Defensa del trabajo

Ø El trabajo es una de las actividades principales a través de la cual las personas dignifican su existencia y participan de la sociedad, por lo cual resultará prioritario defender la fuente laboral y la remuneración del mismo, el salario, que es el combustible que pone en marcha al mercado interno.
Ø Se eliminará la flexibilización laboral que se ha instalado en nuestra economía tanto de jure como de facto, a través de nuevas normas laborales que contrarresten la precarización de los contratos laborales, y faciliten a las empresas la contratación de trabajadores.
Ø Como primer paso, debe establecerse el efectivo cumplimiento de la jornada de 8 horas diarias, para luego debatir a través de la consulta popular, la implementación de la jornada laboral de 35 horas semanales sin afectar el salario, de forma de distribuir más ampliamente la demanda de trabajo existente.
Ø Todos los beneficios otorgados a las empresas, ya sean exenciones impositivas, beneficios derivados del régimen de tipo de cambio y todo otro tipo de beneficios directos e indirectos, tendrán que estar asociados a un compromiso de creación de nuevas fuentes de trabajo y a un control efectivo del cumplimiento de este compromiso.

Shock Redistributivo: Seguro de empleo y formación y subsidio por hijo

Ø Es esencial para el crecimiento productivo el fortalecimiento de la demanda interna, sin el cual no hay posibilidad alguna de crecimiento económico. Este incremento en la demanda sólo puede estar asociado a un incremento en los ingresos populares y al poder de consumo de la misma. La eliminación del IVA para los consumos populares y otros impuestos ayudarán a aumentar el poder adquisitivo de la población pero no es un efecto suficiente.
Ø Por ello creemos que es indispensable apoyar la propuesta del "Frente Nacional contra la Pobreza, por el Trabajo y la Producción" a través de un Seguro de Empleo y Formación, que fue sometido al voto popular en forma extraoficial y que llegó a obtener 3.150.000 votos afirmativos. La efectiva implementación de este seguro de empleo y formación para todo jefe/a de hogar desempleado de $ 380 mensuales y asignación universal de $ 60 mensuales para cada menor de 18 años, y la asignación universal de $ 150 a toda persona en edad jubilatoria sin cobertura previsional, será una herramienta indispensable en el plan para enfrentar la emergencia económica y social. Además de la justicia distributiva que supone la misma, generará un fuerte incremento de la demanda en sectores que actualmente vienen consumiendo por debajo del nivel de subsistencia, lo cual permitirá, con la implementación del conjunto de medidas de emergencia sugeridas, generar un crecimiento económico importante y más equitativo.

Auxilio a las pymes

Ø Se debe recomponer la estructura productiva que ha sido fuertemente dañada, generando políticas activas que privilegien a las pequeñas y medianas empresas y a la actividad regional. La promoción para estas empresas estará orientada a la creación de puestos de trabajo y a posibilitar un proceso de acumulación de capital genuinamente argentino, que reemplace el volátil capital extranjero que, aun en la forma de inversión directa, se retrae en los momentos de crisis.
Ø En pos de estos objetivos, entre otros aspectos, se cerrará la importación de todas las mercancías que se producen en nuestro país durante el tiempo que dure la emergencia. Para evitar desabastecimiento de determinados bienes, o un incremento sustancial de precios, se colocarán cupos de importación para regular la oferta interna en los casos en que sea necesario.
De esta forma se evitará que el cierre de las importaciones proteja la ineficiencia o el abuso por parte de algunas empresas.
Ø Establecer un único tipo de cambio fijo a través del cual se cursarán todas las operaciones vinculadas con el comercio exterior, y un control de cambios que asegure que las divisas generadas por el intercambio comercial lleguen al Banco Central.
Ø Se deberá captar la renta excepcional que obtienen determinadas exportaciones (vg hidrocarburos) para destinarlas al plan de auxilio a las pymes.
Ø Respecto a los bienes comercializados en el Mercosur, la imposición no será unilateral sino que se tenderá a establecer mecanismos de comercio consensuado, y cuyo resultado contemple la situación de emergencia social y económica de la Argentina y la necesidad de recomponer su producción y elevar temporalmente los aranceles a la importación o cupificar las mismas.
Ø De esa forma se proveerá una protección especial a la industria nacional que será temporal, y que se irá desarmando en la medida que se supere la emergencia y con plazos que les permitan a las empresas reconvertirse y competir con el exterior.
Estas medidas deberán acompañarse con una eficaz acción contra el contrabando y el dumping.
Ø Se deberá aplicar el Compre Argentino en todos los niveles del gobierno, juntamente con la fijación de un cupo obligatorio para las PyMEs en las licitaciones del gobierno y de las empresas privatizadas.
Ø Se impulsarán normativas que impidan la concentración de la economía, desalentando las formas de producción y comercialización concentradas, como el caso de los hipermercados, entre otros, en beneficio de las pequeñas y medianas empresas productivas y de servicios. Habrá que perfeccionar la Ley Antimonopolio para que sea realmente efectiva.
Ø Se fomentaran los procesos de generación de valor local en las esferas de la producción, la distribución y el financiamiento, promoviendo la asignación prioritariamente municipal de lo producido por la recaudación tributaria en cada zona para el desarrollo de la misma.

Revisión política impositiva:

Ø Se fomentará la disminución de los impuestos indirectos como el IVA y su utilización como elemento de distribución, la supresión de éste a los consumos populares esenciales y a la salud, la imposición de tasas significativas a los consumos suntuarios, y una tasa general baja que permita recaudar fondos al Estado sin entorpecer la actividad económica. Este esquema tiene que estar asociado a subsidios para aquellas actividades y sectores productivos que los necesiten para recomponer su producción, dentro de un programa global de apoyo a la pequeña y mediana empresa.
Ø Toda empresa con participación de capitales extranjeros no podrá recibir subsidios de ningún tipo, dado que tienen fluido acceso al financiamiento con fondos del exterior.
Ø Se incrementarán los impuestos sobre las grandes ganancias personales y de empresas, sobre la propiedad terrateniente, sobre la herencia y sobre las expresiones de riqueza física y financiera. Las rentas del trabajo tributarán impuestos progresivos, con tasas menores a las que tributarían las ganancias del capital (ingresos por intereses, ganancias por compraventa de títulos públicos, privados y acciones, renta de la tierra, etc)
Ø El problema de la evasión fiscal es un nudo esencial a la hora de cambiar el sistema impositivo. Se deberán tomar medidas efectivas para combatir la evasión fiscal, incorporando personal altamente capacitado en los organismos de contralor, así como también agilizar los flujos de información entre los distintos organismos públicos.
Ø Se deberá fomentar la instancia local o municipal como centro de toma de decisiones respecto a las políticas fiscales, a través de la discusión de los presupuestos en forma participativa, extendiendo también la participación popular a las decisiones sobre ingresos fiscales.

· Financiamiento del Sistema Previsional

Ø El Sistema Previsional viene mostrando durante años una situación de crisis que no ha disminuido con el régimen mixto de reparto estatal y capitalización privada. Al desfinanciamiento que sufre el sistema por el deterioro de la relación aportantes / jubilados, se ha sumado el desfinanciamiento de la primera etapa del régimen mixto, descargando todo su peso en magras jubilaciones y pensiones, presionando además hacia la consolidación de un fuerte déficit fiscal.
Ø Resulta prioritario cambiar la situación de desprotección en que se encuentra la tercera edad, asegurando un ingreso mínimo que garantice la subsistencia para todas las personas mayores de 65 años, jubiladas o no, lo cual está contemplado en las propuestas del "Frente Nacional contra la Pobreza, por el Trabajo y la Producción".
Ø En la emergencia deberán mejorarse los ingresos del sistema previsional, asegurando que la totalidad de aportes aumenten los ingresos de la seguridad social, evitando tomarlos a cuenta del pago de otros impuestos. Se deberá anular la reducción en los aportes personales dictada por el ex ministro Cavallo.
Ø Las AFJP serán consideradas empresas concesionarias prestadoras de un servicio público, y se establecerán regulaciones que aseguren la competencia, entre ellas limitaciones a las comisiones cobradas y a la concentración, no permitiendo que ningún fondo privado posea más del 10% del mercado.
Ø Durante la emergencia, se canalizarán los fondos de las mismas en una elevada proporción al financiamiento del Estado, a bajas tasas, con destino exclusivo al sistema previsional de reparto. El resto de los fondos deberán reorientarse hacia instrumentos financieros seguros y rentables, destinados a financiar obras de infraestructura que posean un fuerte efecto multiplicador de la producción y generador de empleo. Todos estos cambios estarán orientados a dar más seguridad a los fondos de los trabajadores, y esencialmente recuperar la fuerte caída en su valor proveniente de las últimas disposiciones de la gestión Cavallo. Sólo se podrán asegurar los beneficios de los actuales y los futuros jubilados y pensionados si se preserva el poder adquisitivo del ahorro previsional.
Ø A mediano plazo, se fomentará la transformación de las AFJPs en entidades cooperativas dirigidas por los aportantes y los empleados de las mismas, para que ellos decidan la administración de los fondos, en los temas esenciales como rentabilidad y seguridad, dentro del marco de contralor ejercido por el gobierno.

Moratoria de los pagos de la deuda externa

Ø La deuda externa pública ha demostrado ser impagable, no sólo por su volumen, sino por los altos intereses que se han aplicado, establecidos discriminatoriamente hacia los países de la periferia por los capitales especulativos internacionales. Hemos llegado a un punto en que el sólo pago de intereses asfixió a la economía; aunque existía una extremada voluntad en el gobierno de De la Rúa de pagarlos, la asfixia producida determinó una economía cada vez más recesiva, impidiendo generar los recursos necesarios para pagar esa deuda, aún a costa de fuertes sacrificios de la población. Es decir, aunque se quiso, la deuda no se pudo pagar.
Ø Esta explicación indica que sería impracticable la eventual salida de una recesión, de continuar en alguna forma con los pagos de intereses de la deuda pública externa e interna a los grandes capitales.
Ø La moratoria se deberá realizar tratando de no perjudicar a los pequeños tenedores de deuda, ya sea los trabajadores a través de sus fondos de ahorro previsional, como a otros sectores de la población que se vieron forzados a tomar títulos de deuda del gobierno.
Ø Se exhortará al resto de los países deudores a tomar medidas similares, y se fomentará el establecimiento de una estrategia conjunta de renegociación de la deuda, con el apoyo de los movimientos sociales que coinciden con este tipo de medidas, como el Foro Social Mundial entre muchos otros.
Ø También deberá prohibirse, por el período que dure la emergencia, la remisión de utilidades y dividendos al exterior, cuyo pago tiende a generar un grave desfinanciamiento a la economía.
Ø Se deberá rechazar cualquier tipo de exigencias y condicionamientos por parte de los organismos financieros internacionales, ratificando la independencia económica de nuestro país como una condición esencial para salir de la crisis. Ya está suficientemente comprobado, incluso por economistas del establisment, que la acción del FMI fue en gran parte la causante de los desequilibrios y empobrecimiento en las economías periféricas.

Reforma del Sistema Financiero

Ø Resulta indispensable resolver la salida del llamado "corralito" financiero, que determinó la inmovilización de depósitos en los bancos y una bancarización forzosa. Ello ha llevado a la desaparición de la intermediación financiera, y la consiguiente inexistencia de crédito productivo y el congelamiento de los medios de pago
Ø Se requieren fuertes medidas para salir del corralito y recuperar al sector financiero, que permitan destrabar los pagos de la economía y otorgar préstamos a la producción; dichas medidas deberán estar orientadas a pesificar los activos y pasivos bancarios, permitiendo un equilibrio financiero autónomo a largo plazo, reforzando el valor del peso y protegiendo a los pequeños y medianos ahorristas y tomadores de crédito. Para reforzar nuestra moneda nacional, deben tomarse medidas como la prohibición de constituir nuevos activos y pasivos en moneda extranjera, restringir las ventas de dólares y circunscribir el uso de la moneda extranjera a las transacciones del comercio exterior.
Ø Para que la pesificación no implique solamente una transferencia de recursos entre sectores, y en cambio permita revalorizar nuestra moneda, debe estar asociada con el establecimiento de un régimen de centralización de los depósitos en el Banco Central. De hecho, los depósitos actualmente se encuentran inmovilizados en poder de los bancos, sólo restaría pasarlos al Banco Central, el cual dispondría de los mismos para dar redescuentos a los bancos, con el objetivo de dedicarlos a préstamos para el desarrollo de la actividad productiva.
Ø La garantía implícita del Banco Central generaría la confianza necesaria que debe poseer todo sistema financiero para funcionar, y la posibilidad de ir desarmando el corralito.
Ø Con la centralización de depósitos, los bancos toman depósitos, no por sí mismos sino por cuenta y orden de la autoridad monetaria, recibiendo una comisión por tal tarea. El Banco Central, a su vez, otorgará redescuentos a los bancos, para orientar los fondos prestables hacia determinadas actividades y sectores, fomentando esencialmente a las pymes.
Ø Esta distribución de redescuentos deberá ser orientada por un Consejo Productivo, integrado por representantes del Banco Central, el Poder Ejecutivo, de los empresarios y de los trabajadores.
Ø Además de estas medidas de emergencia, creemos que resulta indispensable sancionar un nuevo texto legal que reemplace a la Ley de Entidades Financieras 21.526 que tuvo su origen en el período de la dictadura militar. La nueva ley deberá reconocer el carácter de servicio de la actividad financiera y su importancia en el desarrollo económico.
Ø Teniendo en cuenta la situación financiera actual por la que pasan los distintos sectores de la producción, se promoverán medidas que permitan a los bancos refinanciar las deudas de los sectores afectados por la crisis, en especial el campo y las pymes, con garantías de repago suficientes. En esta refinanciación jugará un papel especial el Banco Central, a través del otorgamiento de redescuentos.
Ø Se impulsará la adopción de medidas fundamentales que permitan al sistema financiero ser una herramienta eficiente de financiamiento productivo, entre otras:
Ø Fomentar la banca nacional en general y la cooperativa en particular a través de regulaciones tales como política de apertura de sucursales, redescuentos, política de encajes, subsidios de tasas para pymes, entre otros.
Ø Promover el reconocimiento de las características de solidaridad y servicio no lucrativo inherentes a la actividad financiera cooperativa, en especial por su naturaleza de entidades minoristas y de servicio público, favoreciendo el surgimiento de nuevas entidades de este tipo.
Ø Preservar la propiedad pública de los bancos oficiales, orientándolos hacia las pymes y evitando el financiamiento a las grandes empresas, a través de la fijación de un monto máximo a los préstamos otorgados por estas entidades.
Ø Limitar y tender a revertir la extranjerización y concentración bancaria a través de la aplicación de la legislación antimonopolista. Prohibir el ingreso de nuevos bancos extranjeros. Prohibir la captación de depósitos de residentes por parte de los bancos extranjeros, limitando sus operaciones activas al fondeo que consigan en el exterior.
Ø Fomentar la aplicación de la Tasa Tobin a las transacciones financieras internacionales y otras medidas que limiten el flujo de capitales especulativos, tanto desde nuestro país como desde el Mercado Común del Sur.

Reconsideración de tarifas de las privatizadas

Ø Mas allá del mantenimiento de las tarifas en pesos, sin indexación por la evolución del dólar, deberán establecerse tarifas de las empresas privatizadas compatibles con los costos empresarios. Se promoverá la mayor competencia en los mercados de servicios públicos, para romper los mercados oligopólicos que se han creado con las privatizaciones. Esta competencia se impulsará fomentando la creación de organizaciones no lucrativas, en especial cooperativas, para la provisión de los servicios públicos, a la vez de fortalecer a las cooperativas ya existentes. Se impulsará una normativa que privilegie esta forma institucional.
Ø Se tenderá a reforzar los organismos de control de los servicios públicos, incluyendo la representatividad y poder de decisión de las organizaciones de usuarios y de distintos sectores de la administración pública.
Ø En el caso de empresas privatizadas que se encuentren incapacitadas de brindar los servicios con la calidad y la frecuencia indispensable, se reestatizará su propiedad o se cancelará la concesión, para ser administrada en forma cooperativa con la participación de representantes del Estado, de los trabajadores y de los consumidores.

Convocatoria a Consulta Popular

A partir de la aplicación de las medidas propuestas para enfrentar la emergencia social y económica, se fomentará el Debate Nacional entre la ciudadanía, sus organizaciones intermedias y los partidos políticos, para consensuar el modelo económico y social que se aplicará para finalizar con la emergencia y comenzar un período de desarrollo económico sostenido.
Una herramienta privilegiada para el debate será la Consulta Popular en temas tales como:
a) Reforma Constitucional
b) Política a adoptar sobre la deuda externa.
c) Aceptación o rechazo del ALCA.
d) Reducción de la jornada laboral.
Proponemos que los mencionados temas sean tratados a través del mecanismo de Consulta Popular, ya que los resultados de las políticas adoptadas afectarán aspectos esenciales del bienestar de la población y de los equilibrios macroeconómicos, como también necesitarán un fuerte apoyo popular para contrarrestar las múltiples formas de ejercer presión por parte de los intereses externos que pueden resultar afectados, en el contexto de un mundo globalizado con hegemonía del gran capital financiero internacional.
En las convocatorias a Consulta Popular el Congreso debería receptar las distintas propuestas que formulen las organizaciones sociales, partidos políticos, universidades, sindicatos y otras entidades, y establecer los mecanismos necesarios para que la Consulta se realice a través de los cauces institucionales. Si esta instancia parlamentaria no prosperara, se demorara o el tema no fuese contemplado por la ley de Consulta Popular, las organizaciones sociales y políticas deberán llamar por su cuenta a la ciudadanía a la consulta popular.
Con el objetivo puesto en este plan, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos fomentará los distintos temas a someter a Consulta Popular e irá fijando su posición hacia los mismos con el debate de sus asociados. Esta política ya se encuentra en marcha, con el amplio apoyo concedido por nuestra institución al "Frente Nacional contra la Pobreza, por el trabajo y la producción".

Debate Nacional

El cambio es indispensable, pero el mismo requiere de consenso político y social. Las tareas a encarar son muy profundas, pues como hemos dicho, deben llegar a todas las manifestaciones de la cultura de nuestra sociedad.
Sólo se podrá realizar este cambio a través de un debate doblemente amplio, por la vastedad de sectores e individuos abarcados en el mismo, como así también por la variedad de temas a discutir, que replantearán las formas de construcción política, el rol de los partidos políticos, las nuevas formas de expresión de una genuina democracia. Este camino permitirá ir sentando las bases de una democracia participativa que es condición indispensable para el involucramiento de la ciudadanía en la política y para revertir el mal concepto que se tiene de ésta.
La discusión ya ha comenzado en las asambleas barriales y en diversas organizaciones sociales y a ella contribuimos con esta propuesta. El debate se debe continuar y reforzar, y en ese sentido, creemos que la convocatoria a una reforma sin condicionamientos de la Constitución Nacional será el ámbito adecuado para plantear la nueva forma de hacer política, y sentar los mecanismos de una democracia participativa, austera, con gran involucramiento de la sociedad. En punto a ello, por el mecanismo que proponemos, el Congreso debiera someter a consulta popular vinculante un proyecto de ley de necesidad de la reforma constitucional, en el marco de lo dispuesto en los arts. 30 y 40 de la Constitución. La voluntad participativa y de cambio que se advierte en distintos actores sociales debe favorecer una convocatoria amplia, sin condicionar la soberanía del pueblo ni predeterminar una agenda de temas a reformar. En tal sentido la ley deberá limitarse a declarar la necesidad de la reforma, adecuándose así al mejor sentido que pretende el alcance del art. 30 de la Constitución. El debate de fondo sobre los alcances de la reforma debe darse en el ámbito de la propia Convención Constituyente que surja de la decisión soberana del pueblo.
Queremos más políticos y mejor calidad de la democracia, con canales institucionales de expresión y actuación de los ciudadanos, es decir, una reforma opuesta en su esencia a las fomentadas desde el neoliberalismo y los sectores de poder económico. Para encarar esta reforma constitucional, será imprescindible dotar de representación a la mayor cantidad de organizaciones sociales. Por ello será conveniente posibilitar la participación de todos los partidos políticos, cualquiera sea su dimensión, mediante una legislación electoral que garantice la participación de toda la ciudadanía, y sus diversos puntos de vista; creemos que el sistema proporcional directo para la elección de los representantes es el método más adecuado para lograrlo.
Tenemos el desafío de trabajar para construir un modelo de desarrollo que se diferenciará diametralmente del pensamiento económico neoliberal y su concepción filosófica. Se debe partir de colocar a la satisfacción de las necesidades humanas, al cumplimiento de los derechos humanos, y a la solidaridad y justicia social como el eje principal de los problemas a resolver, y sobre el cual girarán las políticas económicas y sociales a desarrollar.
Debemos trabajar para instalar una cultura de la solidaridad, un dar para recibir, fomentando las formas asociativas solidarias, no lucrativas, que tendrán que jugar un papel sustancial en el nuevo diseño de la sociedad.
En el proceso descripto, el movimiento cooperativo tendrá un rol esencial para cumplir, pues nuestra doctrina sigue siendo una de las alternativas más eficientes y democráticas para construir una nueva sociedad que vaya eliminando la desigualdad, rescatando la dignidad de la persona humana, y posibilitando que ésta se exprese en todos sus aspectos.
Febrero 2002

Notas

1- Párrafo extractado de la nota enviada por el IMFC a Cooperar el 25 de enero del 2002.
2- Gasto Primario: Incluye la totalidad de los gastos del gobierno con excepción del pago de intereses de la deuda.
3- José Saramago es premio Nobel de Literatura. Extractado del discurso leído el 6 de febrero del 2002 en la clausura del Foro Social Mundial reunido en Porto Alegre, Brasil.