Marlon Carrión C.

Servicio Informativo "Alai-amlatina"
El 20 y 21 de febrero se reeditarán las jornadas de protestas populares en contra de la anunciada privatización de las empresas distribuidoras de energía eléctrica del Ecuador.
En las principales ciudades del país, los trabajadores eléctricos, los sindicatos petroleros y los movimientos sociales saldrán a exigir que las empresas energéticas no sean privatizadas por considerarlas empresas estratégicas del Estado.
El Gobierno del Presidente Gustavo Noboa, amparado en los estudios realizados por el Consejo Nacional de Modernización, CONAM, dirigido por Ricardo Noboa, hermano del mandatario, asegura que al momento las empresas distribuidoras de energía eléctrica constituyen una pesada carga para el Estado pues solo arroja pérdidas. Además, señala, el gobierno no tiene los recursos necesarios para invertir en este sector y modernizarlo.
Ante esto, se establece como "prioridad nacional" el venderlas al sector privado de capital nacional o de preferencia internacional, "por su capacidad de inversión", según Noboa. El Gobierno ha puesto en la subasta el 51% de las acciones de dichas empresas. Al momento las interesadas en adquirir dicho porcentaje son la española Unión Fenosa, la estadounidense AES y la argentina Pérez Companc.
Ante pedido de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, de la Coordinadora de Movimientos Sociales y otros espacios organizativos populares, el Tribunal Constitucional estudió en diciembre del 200 la inconstitucionalidad del artículo 30 de la Ley de Promoción para la Inversión y Participación Ciudadana, que impulsa las privatizaciones del sector eléctrico. El TC resolvió favorablemente dicho petitorio, el cual fue ratificado en octubre del 2001.
Por su parte, la empresa estadounidense Salomon Smith Barney, encargada de valorar las empresas eléctricas del Ecuador para su venta, señaló en agosto del 2001 que el gobierno debe buscar otra figura legal para la "modernización" de las eléctricas, pues de continuar con la subasta pese a la resolución del Tribunal Constitucional, puede generar un vacío legal que indudablemente afectaría al proceso de venta.
Los hermanos Noboa, el Presidente y el director del CONAM, se han cerrado a los diferentes pareceres en torno a estas privatizaciones. "se vende, o se vende", han dicho. Esto ya ha traído rumores y sospechas, de que en medio de todo esto hay una serie de actos reñidos con la ley y la moral, en definitiva, sería un proceso viciado de corrupción. La Comisión Anticorrupción dice estar haciendo el seguimiento respectivo pues la cerrazón de las autoridades por "deshacerse" de las empresas es por demás sospechoso.
Y es que dichas sospechas van de la mano con los postergados anuncios gubernamentales de entregar la valoración de las empresas a privatizarse, realizada por la empresa Salomon. Así, dicha valoración es hasta el momento un secreto.

Posible desacato

En rueda de prensa, el presidente del Tribunal Constitucional, Marco Morales, expresó claramente que según la Constitución Política del Estado, "lo que se puede hacer es concesionar, asociar o capitalizar las empresas, pero no venderlas".
Esto dio pie a que los movimientos sociales presionen nuevamente a este organismo y le soliciten la declaratoria de desacato en contra de las autoridades que impulsan la privatización de las empresas eléctricas. Para ello se amparan en las mismas resoluciones del TC emitidas anteriormente sobre el tema.
Sin embargo, al interior del mismo Tribunal no hay los votos suficientes para declarar el desacato. Se debe recordar que éste es un año electoral en Ecuador, y los intereses partidarios hacen que nadie tome resoluciones de peso, para evitarse compromisos con las diferentes tiendas políticas.