Por León Roldós Aguilera

Los acontecimientos recientes de Colombia parece que alejan la posibilidad de una paz negociada, cuando las Fuerzas Armadas del país del Norte ya han ingresado a lo que se declaraba zona neutral, que por lo mismo permitía la movilización y asentamientos de las FARC.
La guerra civil lleva ya más de medio siglo, no se inicia con el tráfico de marihuana ni con la cocaína, sino que tiene sus raíces en la crisis del sistema político de ese país y en la pérdida de representatividad de los sectores sociales para diálogos y soluciones, parte responsabilidad de los mismos sectores, parte de la sordera de quienes creían que la democracia podía funcionar basada en de la imposición, de modo que el fusil se convirtió en la expresión de rechazo a una realidad política y económica sin alternativas.
El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, líder liberal carismático, y la represión al pueblo colombiano en el trágico bogotazo de 1948, marca el inicio de la violencia sistematizada que luego se alimenta con los dineros de la marihuana y la cocaína que prostituyen a la economía del país del Norte, los traficantes se aprovechan de las contradicciones sociales y políticas y se vinculan con los actores de las partes en conflicto.
¿Cuánto el tráfico de la droga o de sustancias estupefacientes se vincula con la guerrilla revolucionaria, con los paramilitares, con la policía colombiana o con el propio Gobierno? Puede ser lo que se afirma que está en todas las partes, lo que no significa que sus líderes o dirigentes o los militantes de las diversas causas y organizaciones mencionadas necesariamente responden a los que manejan el dinero de mal origen.
Solamente un recuerdo. En los años ochenta, en Colombia existió, a vista y paciencia de los organismos internacionales, la llamada ventanilla siniestra, la gran lavandería del dinero sucio, en tiempos en que recién comenzaba la escalada de producción de la cocaína para reemplazar a la marihuana que entraba en decadencia.
Los vínculos de los financistas de campañas electorales con la droga también han sido demostrados en Colombia. Me tocó estar de observador internacional, en la zona de Villavicencio, en las elecciones legislativas y municipales de 1991, luego en Bogotá. Entonces sentí cuál era el peso de la droga en la clase política y en la violencia de ese país. Por todo lo expresado, llega un momento en que es difícil establecer los niveles de responsabilidad de los actores de la realidad colombiana, en cuanto a la corrupción, el narcotráfico y la violencia. Evidentemente merece rechazo el crimen, el terrorismo y el plagio, no hay explicación posible que los justifique, pero la visión no puede estar limitada a hechos aislados sino que debe extenderse al conjunto de los problemas de su sociedad y economía.
El mismo hecho de que Colombia arrinconó a sectores alzados en armas sobre la frontera con el Ecuador, nos debe llevar a preocupación. Hay que recordar que cuando Estados Unidos resolvió financiar a los contra revolucionarios nicaragüenses, contra el gobierno de Daniel Ortega, usó a Honduras como la base para la movilización, lo que llevó a la afectación social y económica de dicho país. El Ecuador no puede convertirse en Honduras respecto al conflicto colombiano, a ningún precio, peor por solo hacer méritos.

Miércoles, 27 de Febrero del 2002