23 de febrero del 2002 Colombia:
Resistencia civil ciudadana contra la guerra
Marlon
Carrión C Servicio Informativo "Alai-amlatina"
Horas antes de que fuerzas militares gubernamentales ingresen a San Vicente del
Caguán, considerada la "capital" de la zona de despeje, se hizo público
un comunicado oficial de las FARC firmado por sus portavoces en las negociaciones
con el gobierno. Mediante este mensaje los rebeldes rompieron el silencio al que
se acogieron luego de que el presidente Andrés Pastrana diera por terminado
el diálogo. El comunicado de 13 puntos afirma que están dispuestos
a dialogar nuevamente con el futuro gobierno, pero entorno a la "Agenda Común
para el Cambio hacia una Nueva Colombia", documento suscrito en mayo de 1999 y
que fue la base de las negociaciones fallidas. En el documento refutan cada una
de las afirmaciones del Presidente Pastrana y que sirvieron de base para que ordene
el rompimiento del diálogo. Señalaron que el mandatario uso viejas
imágenes, que las pistas de aterrizaje ya existían con licencia
de operación de la Aeronáutica y que solo las arreglaron, que no
puede ser usado como pretexto para la guerra la construcción de locales
comunales. También dijeron que el gobierno deliberadamente ignoró
la propuesta de las FARC sobre la sustitución de cultivos ilícitos
presentada en la audiencia internacional; y por último, que el arreglo
de calles, puentes y carreteras de los municipios de la zona de distensión,
y que estaban abandonados por el gobierno central, no son acciones terroristas
como lo asegura Pastrana. Mientras tanto, las reacciones de los sectores sociales
civiles de Colombia no se han hecho esperar. La Asamblea Permanente por la Paz
de Antioquia rechazó la ruptura del diálogo y expresó su
temor de que la nueva cruzada militar justifique la violación a los derechos
humanos y el incumplimiento de las recomendaciones sobre el caso elaboradas por
la ONU. La Asamblea se declara en emergencia humanitaria, invita a la Comunidad
Internacional para que se involucre en las tareas de acompañamiento y veeduría
humanitaria, principalmente a la población civil de la que fue zona de
distensión. Asimismo, llamó a los colombianos a permanecer en resistencia
civil ciudadana no violenta contra la legitimación de la guerra. Por su
parte el Consejo Regional Indígena del Cauca, reclamó a los grandes
medios de comunicación que no divulgan las propuestas y procesos sociales
de unidad, que se están desarrollando en varios puntos de Colombia, y que
son alternativos a la guerra. En todo caso, dijeron, tampoco promueven los medios
la solución política al conflicto y avivan la salida militarista.
El Consejo repudió el incremento de las incursiones armadas de las guerrillas,
el terrorismo implementado por los paramilitares de extrema derecha y la presencia
del Ejército Nacional que actúa como fuerza de ocupación
en las zonas rurales del país. El CRIC dijo también que es lamentable
que el gobierno implemente el Plan Colombia y la violencia que este genera. Frente
a esta situación de recrudecimiento de la violencia, el CRIC reclamó
para que a la sociedad civil tenga un espacio de participación real en
la búsqueda de soluciones al conflicto, a través de consensos sociales,
consultas y concertaciones. Por su parte, el Consejo Nacional Campesino para la
Acción Rural, CNC, y el Coordinador Nacional Agrario, CNA, de Colombia,
llamaron a los sectores populares y democráticos del país a proseguir
en la búsqueda de mecanismos que conduzcan a la solución negociada
del actual conflicto. En tanto estos pronunciamientos y propuestas se producen
desde la sociedad colombiana, el gobierno ha abierto las puertas a las iniciativas
estadounidenses. Bogotá aceptó que Washington envíe repuestos
de equipos militares, unos donados y otros a precio preferencial, para su uso
en contra de la guerrilla, además de información satelital de inteligencia,
"para ganar ventaja estratégica sobre los rebeldes". El portavoz del Departamento
de Estado, Richard Boucher, señaló que el presidente George Bush
está estudiando otros mecanismos militares y económicos para ayudar
al gobierno de Pastrana, aunque adelantó que probablemente el siguiente
paso sea el de cambiar la legislación estadounidense que restringe el uso
de la asistencia militar entregada para la lucha contra el narcotráfico,
y sea usada contra la guerrilla. Finalmente, sectores civiles colombianos denunciaron
que la guerra total estaba decidida por el gobierno desde antes del rompimiento
del diálogo. Una muestra clara de ello fue que Pastrana irrespeto las 48
horas que había señalado con anterioridad para el desalojo de la
guerrilla, y ordenó el inmediato ataque a la zona de despeje del Caguán.
Con ello el Presidente evitó una posible nueva mediación de los
"países amigos de Colombia", que en enero jugaron un importante papel a
favor de la paz. Señalan además que con la guerra se intenta no
solamente acabar con la guerrilla a cualquier costo, sino ocultar la profunda
crisis por la que atraviesa Colombia, basta recordar que 33 de los 40 millones
de colombianas y colombianos están en la pobreza, así como acallar
las voces que denuncian los casos de corrupción y saqueo al país
programados desde dentro de la presidencia en Bogotá.
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