Lagos participó en el denominado encuentro de "Lídes Progresistas. En sus actividades en Suecia destacan su rol de "lobbysta" de los grupos económicos chilenos y sus concepciones económicas socialdemócratas-neoliberales. Además, la exhaltación de controvertidos logros de su gobierno, dejaron en la penumbra aspectos significativos de la realidad chilena. Este singular estado amnésico, fue una forma falaz de ocultar la negación de derechos fundamentales después de 11 años de gobiernos civiles pos-dictadura.
La realidad no desaparece en forma mágica por la amnesia oportunista o por la intensión de disfrazar la verdad o el intento demagógico de escamotearla. Como un especie de ayuda- memoria a la amnesia política inconsecuente, brota la verdad de esa realidad negada.
Transcurrido más de un año del informe de la Mesa de Diálogo, las agrupaciones de familiares de ejecutados políticos (AFEP) y de los detenidos-desaparecidos (AFDD) se manifiestan satisfechas de no haber creído en ella. "A un año de la entrega del informe, nos sentimos respaldadas en nuestra posición. Nunca creímos en las FF.AA", dice Patricia Silva, presidenta de la AFEP. Declaración expresada después de nuevas comprobaciones del genocidio dictatorial. En efecto, el 9 de febrero fue la sepultación de Jorge Torres Aránguiz, detenido y ejecutado el 29.09.73 en la base aérea El Bosque, y que permaneció hasta 1990 sepultado en una fosa del Patio 29 del Cementerio General. Además, dos días antes se produjo el hallazgo de una nueva fosa con osamentas en el Cerro Chena (terrenos del Cuartel Nº2 de la Escuela de Infantería de San Bernardo), y el misterioso desaparecimiento de un cráneo.
Las organizaciones de DD.HH no apoyaron la Mesa de Diá logo. A un año se comprueba que tenían razón. No creyeron en las FF.AA y en el gobierno. Cuando se conoció el informe, se constató que eran cínicas mentiras. Por lo cual, produjo indignación que Lagos entregara esa información falaz. Porque afirmar, por ejemplo, que 17 campesinos de Chihuío fueron lanzados al mar el día que los detuvieron, cuando ellos fueron inhumados y exhumados ilegalmente y los fragmentos óseos estaban en poder del juez Guzmán mucho antes de que Lagos lo diera a conocer y alabara a las FF.AA asesinas, demuestra que la Mesa Diálogo fue un instrumento del gobierno para facilitar el retorno de Pinochet y revela el verdadero carácter del gobierno de protector de los genocidas.
Ha provocado impacto lo sucedido en el cerro Chena. Accidentalmente unos ciclistas cayeron en una fosa donde habían restos humanos. Al excavar encuentran una osamenta, con incluso su cráneo. Se dirigieron a informar a organizaciones de DD.HH. A las dos horas se constituyó la jueza en el lugar. En ese lapso, el cráneo había desaparecido. Una de las primeras personas que lo vió fue un periodista que lo fotografió. La fosa no estaba ubicada en el lugar señalado por la Mesa de Diálogo. Su hallazgo fue accidental. Los culpables de la desaparición del cráneo son conocidos. Estaba en un recinto castrense. Además, todos los ejecutados y desaparecidos que permanecieron en ese lugar, tuvieron como cancerberos a integrantes del Ejército. "Vemos en esta acción una maniobra de encubrimiento, de dificultar más la identificación, y eso también podría ser expresión de un desesperado intento de impunidad", dice la presidenta de la AFEP.
LA GRAN MENTIRA INSTITUCIONALIZADA
A un año del informe y de 11 años de gobiernos de la Concertación, se continúa ubicando osamentas, se inician proceso y se nombran jueces especiales. Se trata de dar la impresión de que este gobierno está haciendo algo importante. Pero, un un análisis realista establece que es un engaño. A pesar de los jueces especiales, que permiten avanzar un poco en la verdad, se van ubicando algunos cuerpos, pero ninguno, salvo el de Juan Rivera Matus, ha sido hallazgo real posible de identificar. Lo que se ha encontrado han sido fosas, donde hay fragmentos óseos que permiten asegurar que hubo asesinados que fueron inhumados ilegalmente y, posteriormente exhumados. Pero no se sabe ni dónde están ahora, ni quiénes los removieron, ni quiénes los torturaron y asesinaron. No ha habido justicia. Hablar de justicia es hablar de condenas, no de que están sometidos a proceso. Sólo uno de los procesados, Manuel Contreras, estaba en prisión preventiva. Todos los otros están en libertad bajo fianza. Mientras que a los jueces especiales se les ha dado un plazo. En materia de verdad y justicia no puede haber plazos. Se van a producir dos situaciones: Una, se podrá determinar responsabilidades, pero serán amnistiados. Y la otra, serán sobreseídos porque no se puede avanzar "por falta de méritos". Los crímenes quedarán en la impunidad. Los avances en la búsqueda de la verdad son absolutamente insuficiente si no van a acompañados de la justicia. Al respecto, el caso Pinochet señala que en Chile es imposible hacer justicia. Existen, a parte de la complicidad y carencia de voluntad política del gobierno de Lagos, dos grandes trabas legales: Ley de Amnistía y competencia de tribunales militares. Mientras no se anulen es imposible la justicia. Esta realidad no estuvo presente en las palabras del "líder progresista" visitante.
Al cumplirse más de un año del informe, el gobierno reconoció que lo datos castrenses han sido "insuficientes" para dar con el paradero de las víctimas de la dictadura. El secretario ejecutivo del Programa de DD.HH del Ministerio del Interior, Luciano Fouillioux (DC), reconoció que la mayor parte de los restos óseos habían sido removidos. La realidad de que las osamentas fueron hechas desaparecer dos veces se conocía desde hace años en las organizaciones de DD.HH, en el gobierno y en en ámbitos judiciales. Incluso fuentes del Ejército admitieron que la remoción de restos durante 80 fue una práctica real. Esto lo ratificó Fouillioux: "Hay convicción empírica y jurídica de que los restos fueron removidos…", por lo cual es imposible su hallazgo. A pesar de ello, para enfrentar la crítica de la AFDD, su equipo, por encargo de Lagos, elaboró un informe de los resultados de la mesa de diálogo. El indica que durante 2001 se logró identificar a 7 personas. Lo que omite es que ninguno de ellas fue identificado como consecuencia de la información castrense. Incluso el caso Rivera Matus demostró la mentira de los datos, luego que éstos indicaran que había sido lanzado al mar, al igual que otras 112 personas.
Antes de las ridículas explicaciones de Fouillioux, la AFDD había manifestado su opinión. Su presidenta, Viviana Díaz, recordó que desde la mesa de diálogo hasta el presente no se ha hallado ningún desaparecido como consecuencia directa de ella y calificó el informe como "la gran mentira institucionalizada". Sobre la justicia reiteró el temor de que muchas causas a cargo de jueces especiales sean sobreseídas sin agotar las investigaciones. Por lo cual, tanto ella como Mireya García (PS), resumieron el balance de la mesa como un hecho que, más que ayudar a buscar a sus familiares, causó "más impotencia, dolor y desesperanza" a las víctimas. "¿Dónde quedaron los logros que exhibieron ante el país y el mundo con sendos apretones de mano?", preguntaron a los integrantes de la mesa. Mientras tanto, Gladys Marín (PC), se refirió a la maniobra para alcanzar la impunidad. Expresó que "lo que se intentó fue salvar a Pinochet de la cárcel y parar el desfile de uniformado por los tribunales". Responsabilizó a Lagos de entregar datos poco serios, que sólo contribuyeron a revivir el dolor en los familiares de las víctimas En cuanto a las FF.AA, las calificó de estafadoras y de realizado una "grosera manipulación del dolor no sólo de las víctimas sino de la mayoría de los chilenos".
NO HABLO DE LA NEGACION DE ESTOS DERECHOS
La negación de derechos fundamentales ha sido una constante de los gobiernos de la Concertación. Lagos no habló de ello en Suecia. De acuerdo a un informe de CODEPU, en los primeros 10 años de esos gobiernos persisten leyes autoritarias, organismos y normas antidemocráticas impuestas por la dictadura. En el documento se señala que "la Democracia de Transición, durante el período 1990-2000, no ha conseguido garantizar y respetar los derechos fundamentales. La permanencia de institucionales y poderes fácticos antidemocráticos y la ausencia de voluntad política impiden la plena vigencia y realización de los DD.HH". Además, si bien reconocen que "en el país impera un Estado de Derecho que superó la política sistemática de violaciones a los DD.HH instaurada por la dictadura militar", agregan que "contrariando el mandato constitucional, no existe el pleno ejercicio del derecho a la igualdad ante la ley, especialmente en los casos de exigencia de justicia ante las violaciones de los DD.HH ocurridas durante la dictadura militar; tampoco en el caso de presos políticos afectados por extensos procesos y drásticas condenas, dictadas por tribunales militares… Todo ello da cuenta de las deficiencias de nuestro sistema democratico y la real vigencia de los DD.HH".
Se señalan como consecuencias de tales violaciones la existencia de mecanismos y normas "antidemocráticas" como la de los senadores designados que significa que el 20% del poder legislativo "se origina por fórmulas ajenas a la soberanía popular", al igual que los senadores vitalicios, que junto al sistema electoral binominal "sobredimensiona una falsa mayoría" y "no permite una adecuada representacion proporcional de mayorías y minorías"; los quorum para reformar la Constitución, del orden del 60 y el 67%, lo que "en los hechos hace inmodificable (la Carta Magna) porque entre los senadores designados y los vitalicios", más los de derecha, no se podría alcanzar dichos quorum para cambiar la Constitución impuesta por la dictadura militar; existencia del Consejo de Seguridad Nacional, que por estar integrado mayoritariamente por los mandos castrenses "tutela todo el andamiaje institucional del Estado y constituye una evidente subordinación del poder civil al poder militar"; existencia del Tribunal Constitucional, instancia "antidemocratica que puede eliminar y/o modificar las resoluciones o leyes aprobadas por el Parlamento al calificarlas de inconstitucionales": la "inamovilidad de los Comandantes en Jefe de las FF.AA y Carabineros" "que no permite el ejercicio de la facultad presidencial de remover" a los jefes militares y policiales "generando otra clara subordinación del poder civil al militar".
IMPUNIDAD, PRESOS POLITICOS Y LIBERTAD DE EXPRESION
Durante los años de gobiernos de la Concertación llegaron a haber más de 80 presos politicos. Varios de ellos fueron condenados a pena de muerte, cinco están condenados a cadena perpetua y muchos a 15, 20 o 30 años de cárcel. Al respecto, CODEPU señala que "la legislacion chilena no contiene una definición de delito politico ni un tratamiento o reglamentacion a su respecto". Los presos políticos son "diferenciados" por el Estado "mediante los siguientes factores": reclusión en régimen carcelario especial (Alta Seguridad), rígido y segregado; intervención de Tribunales Militares en el procesamiento y condena; aplicación de las leyes especiales de Seguridad del Estado, Control de Armas y Antiterroristas; negacion sistemática del derecho a la libertad provisional; condenas desproporcionadas a los hechos, y denegación del acceso a los beneficios carcelarios y aplicación torturas físicas o psicológicas.
En el Informe de CODEPU se sintetizan varias de las medidas de los gobiernos civiles en materia de DD.HH que ratifican que no ha existido la voluntad de hacer prevalecer la justicia en vez de la impunidad en las violaciones a los DD.HH. Se constata que más se pudo avanzar en lo referido a "verdad" y no en justicia. Primero se creó la Comisión de Verdad y Reconciliacion que "se caracterizó por la falta de facultades judiciales". Luego, la formación de la Corporación de Reparación y Reconciliación y en el gobierno de Lagos, se materializó la Mesa de Diálogo, que no sólo no pudo avanzar sino que resultaron falsas sus informaciones. Y, como consecuencia directa de una política subordinada a los dictados de la cúpula militar, apenas durante estos años fueron procesados sólo 84 miembros de las FF.AA, Carabineros, Policía de Investigaciones, Gendarmería, integrantes civiles de la DINA y CNI, entre ellos el ex dictador Pinochet, Sergio Arellano, Marcelo Morén, el ex jefe de la DINA Manuel Contreras, Gerhard Mücke y Paul Schaeffer, líderes de Colonia Dignidad, Edgar Ceballos, Fernando Torres, Alvaro Corbalán y Miguel Hernández. Pero, entre los uniformados y civiles condenados sólo están Pedro Espinoza, José Fuentes, Claudio Salazar, Guillermo González, Miguel Estay, Pedro Fernández y Osvaldo Pincetti.
A pesar de que la libertad de expresión representa "el derecho a opinar, expresar ideas y transmitir informacion es el pilar de una sociedad democrática. En nuestro país existen una serie de normas que consagran y protegen los derechos de los ciudadanos; a pesar de ello, estos derechos se han visto vulnerados", afirma consecuentemente CODEPU. Además cita las "normas legales" que impiden su total expresión: el delito de injuria y calumnia regulado por el Codigo Penal; el delito de desacato, referido a las injurias y calumnias dirigidas en contra de ciertas autoridades publicas, también regulada por el Código Penal; la Ley de Seguridad Interior del Estado, que permite procesar a civiles por injurias dirigidas en contra de autoridades militares y civiles; la Ley de Abuso de Publicidad, que regula la informacion entregada por los medios de comunicación.
La razón de la singular amnesia de Lagos está determinada por la inconsecuencia de su concepción de DD.HH. En el Chile de hoy, imitando tiempos de dictadura, su gobierno aconseja a los familiares de las víctimas: recojan sus muertos, sepúltelos y olvídense. Pongan paz en su corazón y reconcíliense con asesinos y torturadores. Tenemos que mirar juntos al futuro. Sean positivo, no sean antipatriotas.
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