Equipo Nizkor - Derechos Human Rights - Serpaj Europa

i) DECLARACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA ANTE LA RUPTURA DEL DIÁLOGO GOBIERNO-FARC.

Los pueblos indígenas del Cauca, al observar la crisis del proceso de diálogo Gobierno-FARC, consideramos que continua en juego el querer de los defensores de la vida, que planteamos la posibilidad de la convivencia sin violencia contra el de los impulsores de la guerra, que insisten en demostrar a los ciudadanos de Colombia y del mundo que es inevitable la continuación del proceso de invasión y muerte establecido en el territorio americano desde hace mas de 500 años.
Por eso los pueblos indígenas del Cauca le decimos al país y al mundo:
- Que continua el clamor de nuestra gente, expresado durante varias décadas, en el sentido de insistir en la solución política a los conflictos y el desarrollo de políticas de defensa de los derechos fundamentales.
- Que los sectores sociales requieren de voceros que entiendan por qué las gentes de las zonas rurales y selváticas del país repudiamos la guerra, así como la repudian los habitantes de las ciudades que viven en los cordones de miseria como víctimas del desplazamiento generado por otras guerras silenciosas que ha vivido el territorio nacional.
- Que no se entiende por qué los medios de información no divulgan las iniciativas y los procesos sociales de unidad que se están viviendo en lugares distantes del centro del país como alternativa a la guerra, a la corrupción y a otros males que sufre la sociedad colombiana, ni se promueven las propuestas de solución política al conflicto social, político y armado que vive la sociedad de nuestro país así como de cambios hacia el desarrollo de políticas sociales y de defensa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
- Que tampoco el gobierno nacional se ha preocupado por divulgar las iniciativas sociales frente al Proceso de diálogo y se niega a implementar acciones concretas y políticas económicas que ayuden a cerrar la brecha entre pobres y ricos ni garantiza que sus Fuerzas armadas implementen una actitud de respeto sobre la población desarmada.
- Que entendemos que la decisión tomada por los voceros del proceso de paz de terminar los diálogos y endurecer las acciones de guerra propiciará el escalamiento de las acciones armadas de los grupos insurgentes y el fortalecimiento de los paramilitares en contra de la población civil.
- Que continuamos nuestra insistencia de cesar la impunidad en Colombia y nuestro rechazo al incremento de las acciones armadas de los grupos insurgentes a nuestros poblados, al fortalecimiento de los grupos paramilitares y sus acciones terroristas, así como a la presencia de las Fuerzas Armadas del Estado como ejércitos de ocupación en las zonas rurales del país.
- Que para nosotros las razones de los pueblos y comunidades no han sido tenidas en cuenta por el gobierno Nacional pero si escucha los consejos de las empresas multinacionales que apoyan la política del Plan Colombia y que exigen expulsar a las gentes pobres de las zonas geoestratégicas y polos de desarrollo del país.
- Que requerimos de la comunidad nacional e internacional su comprensión sobre la situación vívida por las comunidades rurales del territorio colombiano, víctimas de dos guerras igualmente inhumanas:
La guerra de las armas y aquella guerra agenciada por el abandono institucional, el desarrollo de normas contrarias a las aspiraciones sociales y las políticas económicas que responden mas a los intereses internacionales que a las necesidades de las mayorías del país.
Por ello, en este momento histórico consideramos que quienes se asuman como verdaderos voceros del pueblo colombiano deben apropiar una actitud inteligente que les permita trabajar por el fortalecimiento de la imagen del país resaltando sus potencialidades, fortaleciendo la diversidad cultural existente, permitiendo la participación real de la sociedad civil para encontrar consensos sociales a través de jornadas de consulta y concertación que fortalecerían la autodeterminación el Estado en el contexto internacional.
Por último, los pueblos indígenas del Cauca le decimos al Presidente de Colombia y al Secretariado de las FARC que lamentamos el rompimiento de los diálogos, hechos en contra de la gestión adelantada por la comunidad internacional, especialmente del delegado de las naciones unidas, ONU, que interpretando las aspiraciones de la sociedad civil colombiana, incidió como parte fundamental para el mantenimiento del proceso, sin embargo ante la situación actual, como pueblos activos en la busca de la convivencia, insistimos en nuestra sugerencia de evitar la intensificación de la confrontación armada y retomar las razones de paz expuestas por quienes somos las verdaderas víctimas de la guerra.
Por nuestra parte, llamamos a las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas y la comunidad en general para que se mantengan alerta frente a cualquier novedad de agresión externa, y asuman medidas de control interno con asambleas permanentes que permitan continuar con nuestra autonomía territorial y nuestro proceso de resistencia milenaria.
Atentamente
CONSEJEROS INDÍGENAS CRIC
Popayán, febrero 21 de 2002


ii) COMUNICADO ANDAS: LOS COLOMBIANOS RECHAZAMOS EL ROMPIMIENTO DE LOS DIÁLOGOS.

Nuevamente ganaron los enemigos de la paz con justicia social. Una vez más se ha impuesto en el país el lenguaje y las acciones de guerra. En contravía de los acuerdos logrados con la participación de la comunidad internacional y los buenos oficios de Naciones Unidas que permitieron prorrogar la zona de despeje, el presidente Andrés Pastrana, ha optado por el peor camino, ponerle término al proceso de diálogo entre el gobierno y la insurgencia de las FARC. Contrariamente en momentos que las partes anunciaban acercamientos en torno a la posibilidad de un acuerdo de cese al fuego y hostilidades.
Es la reiteración del mismo inútil remedio para el mal endémico que padece el país desde hace más de cincuenta años. Desde ya los colombianos sabemos que va a suceder: bombardeos indiscriminados, destrucción de importantes reservas ecológicas, éxodo masivo de miles de campesinos, desbordamiento de la autoridad de las fuerzas armadas, las cuales cuentan hoy con mayores instrumentos represivos como es el caso de la nefasta ley de seguridad nacional, recientemente promulgada; nueva crisis humanitaria a partir del recrudecimiento de la confrontación armada, así como masacres por la acción genocida de las bandas paramilitares.
Entre tanto, y de manera irresponsable los candidatos presidenciales del establecimiento nos convocan a una cruzada antiterrorista y en una verdadera maratón retórica, se disputan a cual más, con claros propósitos electoreros, iniciativas que van desde la promulgación de nuevas leyes antiterroristas, hasta la implantación inmediata por parte del ejecutivo, de la conmoción interior.
Todo ello con la evidente intención de crear una cortina de humo sobre los verdaderos males que vive la patria, como son entre otros, desempleo galopante, incremento de la pauperización de millones de colombianos e implementación de un modelo económico que excluye a las inmensas mayorías de una vida y existencia dignas.
Las miles de bombas con que se va a sembrar el campo colombiano no van a producir otra cosa que más miseria y dolor para los excluidos de siempre: los campesinos y sus familias. Ello es lo que en la práctica viene sucediendo en los últimos días en Arauca, el Catatumbo y el Alto Naya, con lo que lamentablemente se vienen haciendo realidad los designios del Plan Colombia.
Reiteramos hoy, frente a la hecatombe que vive la nación, que existe un camino necesario y útil que debemos recorrer: el del diálogo y la reconciliación entre los colombianos.
Junta Directiva Nacional Asociación Nacional de Ayuda Solidaria - ANDAS
Febrero 21 de 2.002

iii) COMUNICADO COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DDHH: EL GOBIERNO TERMINÓ LOS DIALOGOS Y DECRETÓ LA GUERRA.

En el día de ayer el presidente Pastrana anuncio al país la terminación del proceso de diálogos con las FARC y de la zona de distensión; argumentando el desvío de un avión comercial y el secuestro del congresista Jorge Gechem por parte de este grupo insurgente.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos considera que esta ruptura del dialogo no corresponde a un hecho aislado, es el resultado fatal de un largo proceso de inconsecuencias y errores, que comenzaron con la imposición del Plan Colombia y la intervención estadounidense, la campaña sistemática de los medios de comunicación y tres candidatos presidenciales contra la zona de distensión, la creciente actividad paramilitar tolerada por las autoridades, la negociación en medio de la guerra, la ausencia de avances en los temas de la agenda y, las acciones militares de la guerrilla, muchas de las cuales afectaron a sectores de la población civil.
Indudablemente a la guerrilla le asiste una parte de la responsabilidad por este desafortunado hecho; sin embargo desde un comienzo se había advertido que la paz tenia que ser una política permanente de Estado y que ninguna de las partes se levantaría de la mesa argumentando algún incidente militar o político propio del desarrollo de la confrontación. Los hechos de ayer son graves, sin embargo asombra que el gobierno no suspendió las conversaciones ante hechos mas graves, como las sucesivas masacres cometidas por paramilitares, que costaron la vida a miles de ciudadanos durante el 2001.
Nos preocupan los actuales desarrollos de la Ley de Seguridad Nacional, caracterizada por allanamientos y detenciones indiscriminadas. El anuncio de que una tercera parte del parlamento estará compuesto por representantes del paramilitarismo hace aun mas ilegitimo el Estado. Llamamos a la comunidad nacional e internacional a exigir el cese de los bombardeos generalizados que afectan a la población civil del área rural de la zona de distensión clausurada. Consideramos que el camino no puede ser involucrar un millón de civiles para la guerra, sino comprometer a los 40 millones de Colombianos para el logro de la paz con justicia social.
El Comité Permanente llama a la mas amplia alianza de todos los sectores democráticos para persistir en la solución negociada del conflicto, defender la soberanía nacional y construir la resistencia civil contra la guerra y por la paz. Ahora mas que nunca se hace necesario el CONGRESO NACIONAL POR LA PAZ que permita encontrar nuevas alternativas para avanzar en la solución del conflicto y vislumbrar los caminos hacia un nuevo país.
Bogotá, Febrero 21 de 2002
Junta Directiva Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos


iv) COMUNICADO DE LA FIDH: PASTRANA ROMPE EL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA.

1) La FIDH lamenta la ruptura del proceso de diálogo entre el gobierno de Colombia y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), anunciada por Andrés Pastrana a las nueve de la noche del miércoles 20 de diciembre. Un día después, se han iniciado las operaciones militares en el Caguán con el desplazamiento de alrededor de 13.000 soldados y bombardeos en 85 lugares estratégicos de la zona.
2) En especial, la FIDH lamenta que no se haya cumplido el cronograma acordado el pasado mes de Enero, en el que se acordaban las reglas para pactar un cese al fuego y de hostilidades a partir del próximo 7 de abril, fecha tope para realizar avances en los acuerdos y proceder a la prórroga de la zona de distensión.
3.) Debe señalarse que la FIDH repudia todo recurso a la violencia y toda violación al derecho internacional humanitario, en particular las acciones llevadas a cabo por las FARC en las últimas semanas que han alimentado la extrema derecha en Colombia en pleno debate electoral.
4.) La FIDH reitera su advertencia de que el rompimiento definitivo del diálogo no puede más que contribuir al agravamiento de la crisis humanitaria en Colombia, que ya constituye de por sí, una de las más graves del planeta. Durante los 40 meses y 17 días que duró el proceso de diálogo con las FARC hubo más de mil masacres, más de un millón de desplazados, un promedio de 20 muertes diarias por razones políticas; cifras imputables en sus tres terceras partes al Estado y su proyecto paramilitar. Así mismo se produjeron en el mismo periodo más de diez mil secuestros, imputables más de un 30 % de ellos a los grupos guerrilleros. Sin contar las innumerables tomas de pueblos, destrucción de la infraestructura eléctrica, de oleoductos y vías de comunicación.
5.) Del mismo modo, es de advertir que la escalada de la violencia tendrá consecuencias muy negativas para la estabilidad de toda la región andina.
6.) Manifestamos nuestra preocupación especial por los habitantes de la zona de despeje ya que hasta el momento no se ha hecho público ningún instrumento concreto que permita asegurar su protección y la garantía de todos sus derechos fundamentales. Urgimos una veeduría nacional e internacional sobre la zona que acompañe a la población civil.
7.) Igualmente, se acoge con preocupación el hecho de que el aumento de la violencia puede afectar negativamente el desarrollo de las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales. Un cese al fuego, habría permitido que pudiese desarrollarse un debate más democrático y la participación libre de todas las colombianas y colombianos. Sin embargo la voluntad popular parece estar sometida más que nunca a los candidatos del proyecto paramilitar.
8.) La FIDH señala que el aumento de la violencia producido por la ruptura del proceso de negociación y diálogo es susceptible de perjudicar significativamente a todas las organizaciones de la sociedad civil colombiana, y en particular a los defensores de derechos humanos, ya se trate de derechos civiles y políticos, como de derechos económicos, sociales y culturales.
9.) Por todo lo arriba señalado, la FIDH urge a las partes implicadas en el conflicto a respectar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario de toda la población civil no combatiente. A este fin, les insta a firmar cuanto antes un Acuerdo Global de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario tal y como ha sido recomendado por la Comisión de Derechos Humanos y por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
10) Igualmente, la FIDH insta a la comunidad internacional y en particular a los diez embajadores del "grupo de países amigos" y al delegado del Secretario General de Naciones Unidas, a que no renuncien a sus esfuerzos para seguir buscando una salida política negociada al conflicto armado.
Firma:
Sidiki Kaba
Presidente
FIDH
Persona de contacto: Antoine Bernard Director Ejecutivo, Alirio Uribe Muñóz Vicepresidente, Luis Guillermo Pérez Casas, Secretario General Adjunto.


v) EL CICR HACE UN LLAMAMIENTO A LAS PARTES EN CONFLICTO PARA QUE RESPETEN EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.

Ginebra (CICR) - Habida cuenta de que el conflicto armado amenaza intensificarse a causa del rompimiento del diálogo entre las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo) y el Gobierno, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), de conformidad con su cometido, desea recordar a todas las partes en conflicto su obligación de respetar los principios y normas del derecho internacional humanitario (DIH) aplicables a los conflictos armados sin carácter internacional.
En ese sentido, el CICR se permite recordar que, en cualquier situación de conflicto armado, las partes siempre deben hacer distinción entre población civil y combatientes, así como entre bienes de carácter civil y objetivos militares. No deben ser objeto de ataque la población civil como tal ni las personas civiles. Asimismo, se prohíben los ataques indiscriminados. Se consideran indiscriminados los ataques, cuando sea de prever que causarán incidentalmente muertos o heridos entre la población civil, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa.
Las personas que no participan directamente en las hostilidades, así como las que están fuera de combate a causa de heridas, detención o enfermedad tienen derecho a que se les respete la vida y se las trate con humanidad en todas las circunstancias. Esta protección se extiende asimismo al personal, a los establecimientos y a los medios de transporte sanitarios. Los mandos deberán velar por la disciplina de sus hombres, de manera que el comportamiento de éstos con la población civil se avenga, en todo momento, con los principios antes mencionados.
Las últimas horas, el CICR ha enviado a 4 equipos de expertos en situaciones de emergencia a la zona, a fin de seguir de cerca la situación, y de intervenir en caso de comprobar necesidades de índole humanitaria.
[Fuente: Comité Internacional de la Cruz Roja - Comunicado de prensa 02/16 - 21feb02]



vi) ANTE EL ROMPIMIENTO DEL PROCESO DE PAZ: RESISTENCIA CIVIL A LA GUERRA

Se impuso el peor escenario para el país: la guerra. Quienes proclamaron con entusiasmo una salida militar a este prolongado conflicto tienen ahora una inmensa responsabilidad frente a los costos de una guerra que no va a resolver los graves problemas del país. Quienes asumieron desde la insurgencia la decisión de profundizar y agudizar el conflicto con sus ataques a la población civil tienen una inmensa cuota de responsabilidad.
Es necesario promover la resistencia civil a la guerra y reafirmar la construcción democrática de paz y país. No podemos sucumbir ante un triunfalismo efímero de un establecimiento que no comprendió que una negociación se hace entre dos partes ni ante la intransigencia de una guerrilla cuyo compromiso político con la paz fue desmentido por sus propios hechos de guerra.
Demandamos de las partes enfrentadas respeto y protección de la población civil tanto en la que fuera la zona de distensión como en las regiones del país en las que hay miles de campesinos atrapados en medio del asedio paramilitar y de la confrontación armada, como Arauca, Catatumbo, Cauca, Nariño y Putumayo.
Convocamos a la comunidad internacional a acompañar los esfuerzos de la sociedad colombiana para insistir en el diálogo y la negociación que serán inevitables aún después del desastre de una guerra inútil y prolongada que multiplicará la pobreza y la crisis humanitaria y de derechos humanos en Colombia.
Convocamos a un CONGRESO NACIONAL DE PAZ que evalúe este fracasado proceso y establezca un mandato al nuevo gobierno para el reestablecimiento del diálogo y en la perspectiva de diseñar estrategias de la sociedad colombiana para construir un nuevo país.
Iniciativas de Paz (Paz Colombia, Redepaz, Mandato por la Paz, Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, Ong de Derechos Humanos: minga-codhes-Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Organizaciones Sociales: C.U.T. ONIC, Proceso de Comunidades Negras. FSP.)
Bogotá, Febrero 21 de 2002


vii) COMUNICADO DEL COMITÉ CÍVICO POR LOS DDHH DEL DEPARTAMENTO DEL META.

Apreciada/os amiga/os:
A doce horas de haberse roto los diálogos del proceso de paz, hemos recibido algunas llamadas de personas que habitan en los municipios de la zona de despeje en el Departamento del Meta que aseguran que las tropas del Ejército están bombardenado en esa zona y que les asiste el temor por lo que les pueda suceder. Al parecer, no hay ódenes específicas en el Ejército para diferenciar a la población civil desarmada de los grupos armados.
Como de costumbre, los éxodos hacia Villavicencio (capital del Meta) ya se están gestando nuevamente. Los petardos y asesinatos en esta capital han sido permanentes. Estamos sintiendo la guerra cruda y arrasadora junto a nosotros, sin obtener consideración o protección de los Organismos gubernamentales garantes de los Derechos Fundamentales.
Las agradezco su solidaridad y fraternidad en cuanto a la comunicación y divulgación de esta realidad que los habitantes del Meta estamos padeciendo. Es muy importante tener en cuenta que la información que conocemos es muy poca comparada con las vivencias de estos pobladores en el casco urbano y rural de los mencionados municipios. Sólo se tienen las versiones oficiales de algunos medios de comunicación cuyas lecturas sesgadas son enviadas por los comandantes y autoridades respectivas.
Villavicencio, 21 de febrero de 2002.
Fraternalmente,
Islena Rey Rodríguez
Comité Derechos Humanos Meta
Secr. Derechos Humanos CUT Meta.


viii) COMUNICADO OIDHACO: SOS POR LA POBLACIÓN CIVIL COLOMBIANA.

La ruptura del proceso de paz en Colombia conduce a una devastación de derechos humanos.
La Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia (OIDHACO), que coordina su trabajo con 35 ONGs europeas de derechos humanos, de cooperación al desarrollo, de iglesias y de solidadridad, expresa su profunda preocupación por la ruptura del diálogo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Condenamos las continuas violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por ambas partes que han contribuido a deteriorar gravemente el proceso de conversaciones.
Nuestra preocupación central es el drástico aumento de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, en el contexto de una confrontación militar sin precedentes, que pueda provocar miles de desplazamientos y con un alto costo en vidas humanas en la población civil. El presente escalamiento militar igualmente pone en peligro el bienestar y la actuación de organismos humanitarios, colombianos e internacionales, que juegan un papel crucial en la protección y asistencia a las poblaciones en necesidad y contribuye a una devastación irreversible de los derechos humanos y una catástrofe humanitaria.
La situación se ve particularmente agravada por la impune y criminal acción de grupos paramilitares que reiteradamente anunciaron su apoyo y participación en la recuperación de la anterior zona de distensión y la existencia de la Ley 684 sobre Defensa y Seguridad Nacional que según las Naciones Unidas facilita a las fuerzas militares actuaciones incompatibles con tratados internacionales de derechos humanos y la Constitución Colombiana.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional y en partícular a la Unión Europea para que aumente significativamente su presencia y monitoreo en el país y haga todos los esfuerzos posibles para respaldar la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con el fin de asegurar que la Oficina siga con las plenas garantías para implementar su mandato y tener acceso a las zonas y poblaciones que requieren su presencia. Solicitamos que el respaldo y el acompañamiento de la comunidad internacional a todas las gestiones de la Oficina sea constante y visible.
Pedimos a la Unión Europea que siga insistiendo en el cumplimiento de las recomendaciones de las Naciones Unidas. Entendemos que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de responder a través de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas al reto que impone esta catástrofe humanitaria y de derechos humanos y de tomar las decisiones correspondientes como son una resolución y el nombramiento de un relator especial como mecanismos complementarios a la Oficina.
Hacemos un llamado al gobierno de los Estados Unidos recordando primero, que la ayuda militar del Plan Colombia tiene unos condicionamientos de derechos humanos que las fuerzas militares colombianas no cumplen, y segundo que dicha ayuda militar no debe ser útilizada en la confrontación militar entre el ejército colombiano y los grupos armados de oposición. En este sentido el gobierno de los Estados Unidos ha puesto serios obstáculos para el proceso de paz y ha contribuido al escalamiento que resultó en la ruptura del diálogo. El gobierno de los Estados Unidos tiene una responsabilidad directa en la catástrofe humanitaria y de derechos humanos que afronta la población civil colombiana y debe por lo tanto expresarse claramente en favor de una solución política negociada en coherencia con otros actores de la comunidad internacional.
Llamamos a la comunidad internacional y en particular a los países facilitadores, los países vecinos de Colombia y las Naciones Unidas a que hagan todas las gestiones necesarias en coordinación con los sectores de la sociedad civil colombiana e internacional para que sea posible una solución política negociada, que es la única alternativa viable y sostenible para superar los problemas estructurales que condujeron a la confrontación armada más antigua de Latinoamérica. Solicitamos que la comunidad internacional rodee de garantías el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional.
Hacemos un llamado a los movimientos por la paz y los derechos humanos, a los intelectuales, los académicos y las Iglesias, en particular en Estados Unidos y en Europa, para que se expresen contra la ruptura de las conversaciones y sumen su voz a la defensa de los derechos humanos, que demanda legítimamente unos diálogos en la perspectiva de un proceso de paz con justicia social en Colombia.
Bruselas, 21 de febrero de 2002
OIDHACO
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