Latinoamérica

¿Por qué la urgencia de los golpistas venezolanos?
Heinz Dieterich Steffan
Rebelión

El gobierno constitucional de Hugo Chávez enfrenta el cuarto asalto al poder en ocho meses. El golpe de Estado del 11 de abril inició la cadena de asonadas que posteriormente se repitieron bajo la figura de los "paros laborales" o "cívicos", todos ellos programados con altos ingredientes de violencia física y manipulación mediática.
Esta alta intensidad golpista contra la democracia venezolana entraña una profunda paradoja. La constitución bolivariana de 1999, que nació del seno de una Asamblea Constituyente y que fue aprobada mediante referendo constituyente por los ciudadanos, es, sin duda, la más democrática de América Latina. Como tal prevé la revocabilidad del mandato de los funcionarios públicos elegidos. Su artículo 72 estipula, que "todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables", transcurrida la mitad del periodo para el cual los funcionarios fueron elegidos.
Aplicándose este artículo al presidente Chávez, se presenta en el mes de agosto del 2003 la posibilidad de removerlo de su investidura, por medio de un referendo revocatorio, dentro de los términos de la Magna Carta. Es decir, existe una vía institucional para el cambio del mandatario - --que, según los opositores es el objetivo de sus acciones callejeras--- cuya utilización protegería la vida de los ciudadanos, fortalecería el régimen democrático y el ejercicio cívico del poder y mejoraría la situación de la economía nacional.
El presidente Chávez ha afirmado públicamente que se someterá a ese instrumento constitucional y los mediadores internacionales del conflicto, como el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), César Gaviria, han insistido en que el mecanismo adecuado para resolver los problemas del país es la vía institucional. Sin embargo, los "paristas" hacen caso omiso a la constitución y al instituto político hemisférico, insistiendo en una solución extraconstitucional y de violencia callejera.
La interrogante que se deriva de esta situación es la siguiente: ¿Por qué los "paristas" no pueden esperar ocho meses, para alcanzar su objetivo por vías pacificas e institucionales? Es decir, ¿cuál es la urgencia que les hace actuar desesperadamente en pos del caos, de la ingobernabilidad y del golpe militar, para no llegar a la fecha de agosto?
Las razones de este comportamiento son obvias y pueden sintetizarse en tres. Desde el golpe de Estado del 11 de abril, que fue el punto máximo de su poder, los conspiradores se han debilitado en dos aspectos: a) han perdido unidad interna al luchar entre sí por el protagonismo y el poder y, más importante, b) han perdido una parte fundamental de su base social que son sectores de las clases medias. Las 24 horas que estuvieron en el poder, durante el coup d´ état del 11 de abril, bastaron para demostrar a las clases medias que habían sido utilizadas como carne de cañón en un proyecto dictatorial transnacional. Y las asonadas posteriores mediante "paros cívicos" sólo profundizaron la erosión de legitimidad de la camarilla golpista, apoyada desde el exterior por Otto "Tercer" Reich y el franquismo reciclado.
La segunda razón de la premura golpista es la entrada en vigor de varias leyes importantes, el 1 de enero del 2003, que tocan intereses vitales de la elite económica. Entre ellas, la Ley de Tierras que afecta no sólo a los grandes latifundistas del campo, sino también a los especuladores inmobiliarios y los terrenos baldíos de las zonas urbanas. La Ley de Hidrocarburos es aún más importante porque permitiría desmantelar al Metaestado de la empresa petrolera PdVSA, es decir, la nomenclatura corrupta del petróleo que controla la vida económica del país y que es parte integral del proyecto del Nuevo Orden Energético Mundial de George Bush.
Hoy día, sólo el veinte por ciento de los ingresos de esta megaempresa son integrados a las arcas del Estado; el ochenta por ciento figura como "costos operativos" que enriquecen las cuentas secretas de los beneficiarios de este cáncer económico. El poder de esta robocracia petrolera se ha venido afianzando progresivamente durante las últimas décadas. En 1974, entregó el 80 por ciento de los ingresos al Estado y se quedó con el 20 por ciento ("costos operativos"). En 1990, la relación se emparejó en un 50 a 50 por ciento, y en 1998 había alcanzado ya la proporción del 80 por 20 por ciento. Es lógico, que van a luchar hasta la muerte -- -de la nación--- para defender "su" oro negro.
La tercera razón del apremio de los golpistas radica en su duda de poder ganar un referendo revocatorio. El Artículo 72 prevé tres condiciones para revocar el mandato del presidente. 1. Un número no menor del veinte por ciento de los electores en la correspondiente circunscripción es necesario para solicitar la convocatoria del referendo. 2. La concurrencia al referendo tiene que ser igual o superior al veinticinco por ciento de los electores inscritos. 3. El número de electores que voten a favor de la revocación tiene que ser igual o mayor al número de electores que mandataron al funcionario. Como Chávez fue elegido con el 57 por ciento de los electores, los "paristas" tendrían que igualar o superar esa votación en el referendo de agosto.
Existe un cuarto agravante para los golpistas. Durante el período para el cual fue elegido el funcionario "no podrá hacerse más de una solicitud de revocación de su mandato", establece la Carta Magna, de tal manera que un eventual fracaso del referendo agotaría toda posibilidad institucional de destituir al gobierno bolivariano.
En la fase actual del conflicto, la nomenclatura de PdVSA y los medios de comunicación masiva venezolanos son los dos frentes de batalla internos en que se decide el destino del experimento bolivariano. Habiendo perdido los conspiradores su núcleo golpista en las Fuerzas Armadas y partes de sus bases sociales en las clases medias, la batalla decisiva de esta asonada se libra en lo que la subversión llama, "un paro activo con un ingrediente de gasolina", es decir, el control de la robocracia petrolera.
Derrotar el intento de estrangulación energética de la subversión abre el camino a la destitución de la dirección de PdVSA y la recuperación de la empresa para la nación. Esta será la medida del triunfo o del fracaso del gobierno. Toda contemporización con los conspiradores en este punto mantendrá vivo el centro económico-sindical de la contrarrevolución y debilitará al proceso popular.
Vencer a la conspiración con medidas legales, pero firmes, oportunas y audaces, reducirá la hidra interna a una sola cabeza: el pulpo mediático. La política de este pulpo se explica por múltiples intereses económico-políticos de gran envergadura, entre los cuales merecería particular atención el cuarteto de Carlos Andrés Pérez, Gustavo Cisneros (Venevisión), Jesús Polanco (El País) y Felipe González. Pero, este tema será materia de otro análisis.