VOZ

El trazado de la zona de rehabilitación está en el trayecto del oleoducto Caño Limón Coveñas. Fue el regalo de Uribe Vélez a Bush, antes de encontrarse en Washington, cuya familia tiene intereses en la concesión petrolera de la OXY

El trazado de las zonas de rehabilitación decretadas por el Gobierno Nacional, entre Arauca, el sur de Bolívar y el departamento de Sucre, no es caprichoso, está en la línea del trayecto del oleoducto Caño Limón-Coveñas, en el cual tiene intereses la familia del presidente de los Estados Unidos, George W. Bush. Fue el regalo de Uribe Vélez al mandatario norteamericano, cuatro días antes de encontrarse en Washington para recabar más apoyo para la guerra y el escalonamiento del conflicto colombiano. Es la única explicación a que primero se hayan decretado estas zonas de rehabilitación y no las de sur de Colombia, como se creía.
En las zonas de rehabilitación, que son los antiguos "teatros de operaciones" establecidos en la Ley de Defensa y Seguridad Nacional del anterior gobierno, declarada inexequible por la Corte Constitucional, están incluidos buena parte del territorio de los departamentos de Arauca, Sucre y Bolívar. De ellas hacen parte Sincelejo y Arauca, dos capitales, y los municipios de San Onofre, Colosó, Chalán, Ovejas, Tolú Viejo, Sincé, Galeras, El Roble, San Pedro, Corozal, San Juan de Bertulia, Los Palmitos, Morroa y Bellavista, en Sucre; Mahates, María la Baja, Calamar, El Guamo, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, Carmen de Bolívar, en Bolívar; y Arauquita y Saravena, además de la capital, en Arauca. Son 15 de los 24 municipios de Sucre; 9 de los 45 de Bolívar y 3 de los 9 de Arauca.
De hecho, todo este territorio es declarado zona de guerra, en donde no rigen los derechos fundamentales, consagrados en la Constitución Política. Sin establecerlo directamente para no exponer la legalidad del decreto, la autoridad serán los militares designados para unificar el mando de la Fuerza Pública: en Sucre y Bolívar, el capitán de navío Luis Alejandro Parra Rivera; y en Arauca el brigadier general Carlos Lemus Pedraza. Prácticamente las autoridades departamentales y municipales civiles quedarán sometidas a los designios de estos dos oficiales, ungidos como jefes civiles y militares.
La declaratoria de las zonas de rehabilitación, en el criterio de destacados juristas, no solo son ilegales, porque contradicen la Constitución Política, sino también significan un desafío a la Corte Constitucional que tiene jurisprudencia al respecto. Es un prevaricato, porque el Gobierno Nacional conoce de la ilegalidad de estas normas. Igual hay una presión sobre la Corte, incluyendo a los medios de comunicación y empresarios, para que permita la arbitrariedad y la quiebra del llamado Estado Social de Derecho.
Las facultades alcanzan para limitar y controlar la circulación de personas en el territorio de las zonas de rehabilitación, sus habitantes serán carnetizados y los extranjeros deberán solicitar permiso para ingresar a ella. En los retenes se controlará la circulación de alimentos y víveres lo cual trae como consecuencia el desabastecimiento y la especulación. Se realizará el censo de la población y se ejercerá control en la circulación de personas y vehículos. Estos territorios, por gracia de la Conmoción Interior, han sido convertidos en verdaderos ghettos de discriminación y de otras calidades ciudadanas. En el pasado, este tipo de medidas se habían adoptado, inclusive la de nombrar militares como gobernadores y alcaldes, y se prestaron para los atropellos de la Fuerza Pública y la violación de los derechos humanos. Es sobre lo que han alertado los representantes de ONG nacionales e internacionales.
Monseñor Nel Beltrán, obispo de Sincelejo, y el gobernador de Bolívar, Luis Daniel Vargas, han criticado la determinación porque "puede prestarse para abusos y para suplantar a la autoridad civil". Los mandatarios de Arauca y Sucre han respaldado la determinación presidencial. De otra parte, las fuerzas democráticas y de izquierda de Arauca la han criticado, porque desde hace varios meses irrumpieron en el departamento los grupos paramilitares, que han contado con la colaboración del Ejército. En la nueva condición de militarización se extenderán más estos grupos irregulares, que actúan en connivencia con la Fuerza Pública.
Seis batallones de contraguerrilla y de la Armada Nacional, con casi 4.000 hombres, han sido trasladados a la zona, lo cual creará un clima de guerra y de pánico, que afectará el comercio y los negocios. La situación económica y social se deteriorará aún más, con el agravante que no está prevista ninguna inversión social. Todos los recursos van para la guerra delirante del gobierno de Uribe Vélez. Es la realidad.