Por Héctor Mondragón / ZNet

Un proyecto de reforma laboral que suprime el pago de dominicales y horas nocturnas; uno de reforma pensional que aumenta por tercera vez la edad de jubilación y las cotizaciones; y un decreto que de la noche a la mañana redujo en un 30 por ciento los ingresos de los empleados oficiales, causaron la ira de los trabajadores y sus sindicatos, que decretaron ir a la jornada de protesta del 16 de septiembre y una huelga de 24 horas de los trabajadores del estado.
El programa del Gobierno es: más trabajo con menos salarios y menos plazas de empleo. Es llevar al extremo la política de los últimos 10 años, inaugurada con las leyes 50 y 100 de las cuales fue ponente el actual Presidente y que aprobadas con el pretexto de disminuir el desempleo, lo duplicaron.
Pararon las petroleras, los aeropuertos, los juzgados, la salud, los servicios domiciliarios, las administraciones, especialmente la del Distrito Capital. Los establecimientos de educación cerraron a las 10 de la mañana y profesores y estudiantes se sumaron a las marchas, primeros prohibidas luego permitidas, que solamente en Bogotá convocaron a 150 mil personas y fueron muy grandes en Cali, Barranquilla, Pereira, Pasto, Barrancabermeja y otras ciudades.
Apenas un mes antes la directiva de la Central Unitaria de Trabajadores había votado 32 a 30 en contra de secundar la movilización nacional campesina programada para ese día. El Consejo Nacional Campesino CNC analizaba que el nuevo gobierno continuaría la política neoliberal que ha destruido la agricultura nacional, multiplicado las importaciones de alimentos y concentrado la propiedad de la tierra en latifundios, mediante el desplazamiento forzado.
Los campesinos siguieron adelante con los preparativos de la movilización, al comprobar que el gobierno de Uribe insiste en el ingreso al Alca, amenazando aun más la producción agropecuaria nacional; propone eliminar la acción judicial de tutela para defender rápidamente los derechos colectivos, económicos, sociales, ambientales y culturales; adelanta una política de guerra que multiplicará el desplazamiento de campesinos; ordena fumigar los pequeños cultivos de coca y amapola y desea liquidar los institutos nacionales agropecuarios que han sobrevivido, comenzando por el de reforma agraria.
En el nivel nacional, únicamente los petroleros (Uso), los trabajadores de la salud (Anthoc) y los estudiantes, secundaron inicialmente el llamamiento del CNC, que fue acompañado también por la Asociación para la Salvación Agropecuaria, movimiento que agrupa campesinos, pequeños y medianos empresarios rurales y que llamó a una jornada de protesta. Regionalmente en cambió se perfiló lo que sería después una realidad en todo el país: en Cauca, Valle, Huila y el eje cafetero surgieron movimientos sindicales, estudiantiles y populares prepararon en conjunto con los campesinos la protesta desde el comienzo.
El 16 de septiembre el Consejo Nacional Campesino movilizó más de cien mil campesinos en 15 departamentos. En Cundinamarca la movilización prosiguió hasta el día siguiente; mientras en cuatro puntos del Tolima y la capital del Chocó se mantuvo 4 días y en Cauca seis y en el Huila siete. Pero los campesinos no estuvieron solos: tuvieron la masiva compañía del movimiento sindical que le cedió al CNC el primer lugar en la multitudinaria marcha de Bogotá. El gobierno de Uribe le había declarado la guerra a los trabajadores y la chispa de la protesta campesina prendió en toda la nación.
El gobierno recurrió a los métodos más sucios para impedir esta protesta. La ministra de Defensa Martha Lucía Ramírez declaró que los dirigentes sindicales y campesinos recibían "órdenes de la guerrilla". Acto seguido el Ejército recorrió casa por casa en zonas agrarias para advertir a los campesinos que no debían marchar y ofrecer recompensas por los líderes de la movilización y además detuvo a algunos de ellos. Los paramilitares amenazaron a las comunidades que se atrevieran a participar y procedieron a quitar los víveres a quienes marchaban, cosa que también hizo el Ejército, que además allanó casas en Espinal (Tolima), valiéndose de los decretos de "Conmoción Interior" para buscar "una peligrosa arma terrorista": la comida para sostener a los campesinos movilizados.
Veedores internacionales invitados por los campesinos pertenecientes a su organización internacional Vía Campesina, a sindicatos belgas y a organizaciones no gubernamentales llegaron a acompañar la movilización. Dos asturianos que estaban acompañando a los campesinos de Chalán (Sucre) fueron deportados, otro español que estuvo con los campesinos de Tolima fue expulsado. Los belgas fueron detenidos y después del escándalo internacional que causaron las deportaciones de los españoles fueron liberados.
La ira del gobierno se descargó contra los controladores aéreos, jueces y bomberos, cuya huelga fue declarada ilegal y objeto de sanciones. Pero la mayor saña fue demostrada contra los campesinos del Cauca a quienes se privó de agua potable, causando intoxicaciones, se atacó con cargas de antimotines causando 27 heridos, se les detuvo dirigentes que están desaparecidos y se les atemorizó con paramilitares.
El 20 de septiembre en Bogotá un encuentro popular reunió a todos los sindicatos, a organizaciones campesinas y a numerosas organizaciones barriales, de lucha por la vivienda y movimientos cívicos. Unánimemente decidieron presentar al gobierno un pliego único de peticiones y realizar, si no son atendidas, una huelga general o " paro cívico nacional". La exitosa y reprimida movilización campesina ha terminado y una oleada de movilizaciones populares se avecina.
Un estallido como el argentino se avizora en el horizonte debido a los anuncios de nuevos impuestos (ya se había decretado días antes uno especial de guerra), la crisis fiscal, el exceso intolerable de deuda pública y externa y de su servicio; indicadores todos de un país cuya economía, según el propio Director de Planeación Nacional, está "como el Titanic".
Sin siquiera atender el llamamiento preventivo de las organizaciones populares para que se corrija la fatal política económica, el Gobierno declaró las dos primeras zonas de dictadura militar, en las cuales el gobierno efectivo recaerá en un almirante y un general y se restringirá con permisos la entrada y salida de personas. Las dos zonas tienen sello petrolero y albergan los contratos de Chevron, Cepsa, Harken, Repsol y Occidental.
El Presidente Uribe, parodiando al Matatigres de Costaguana [Colombia en el Nostromo de Joseph Conrad], sin percatarse que el país está a punto de despedazarse gracias a la plata de los inversionistas transnacionales, "tranquiliza" a estos inversionistas y les dice: "No tengan cuidado. Sigan con sus pozos petroleros, su palma africana, sus privatizaciones, su libre comercio y sus megaproyectos, que en un santiamén derrotaremos a los subversivos, ¡Sí señores, hay que dejar el miedo, a desarrollar el país, a trabajar, a trabajar!".