Las propuestas para compensar a los miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) por su servicio como milicias civiles paramilitares durante el prolongado conflicto civil guatemalteco han vuelto a suscitar preocupaciones en Guatemala, tanto por la impunidad de la que han disfrutado estas milicias civiles respecto a los abusos cometidos durante el conflicto armado interno como por los informes que señalan que han reaparecido para cometer nuevos abusos.
Durante el conflicto, que convulsionó a Guatemala durante más de 30 años, las patrullas servían de auxiliares civiles para el ejército guatemalteco. Se formaron a instancias del ejército y operaban bajo órdenes militares. El servicio en ellas era obligatorio y algunos de los que cometieron los abusos fueron coaccionados para participar en ellos mediante amenazas de muerte a sus personas o a sus familias.
Las patrullas debían haber sido desmanteladas en virtud de los acuerdos de paz de 1996 que pusieron fin al conflicto, pero en realidad sus operaciones prosiguieron en diversas zonas del país y al parecer han sido responsables de nuevos abusos. En el apéndice de este documento se enumeran algunos de ellos. En el curso del año 2002, ex miembros de las patrullas han reclamado con especial vehemencia una compensación por los servicios prestados durante su actividad en las patrullas.
Amnistía Internacional ve con preocupación la impunidad de la que han disfrutado los miembros de las patrullas respecto a los abusos en los que participaron durante los años de conflicto, así como los informes que apuntan a nuevos abusos. La organización considera que todas las víctimas de abusos contra los derechos humanos deben recibir reparaciones por los abusos sufridos y que todos los autores de tales abusos deben comparecer ante la justicia. AI considera que las actuales movilizaciones de ex patrulleros que reclaman pagos por sus servicios en las patrullas y las intenciones aparentes del gobierno actual de satisfacer dichas demandas contradicen los principios de los acuerdos de paz y pueden apuntar a una aceptación oficial de la reaparición de las patrullas y de los nuevos abusos que se les atribuyen.
AI siente también preocupación por las posibles implicaciones sociales y políticas de la reaparición de las patrullas: observadores guatemaltecos de los derechos humanos han señalado que la aparente tolerancia oficial respecto a la reanudación de las actividades ilegales de las patrullas refleja los vínculos de éstas con el partido en el gobierno, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), y puede estar relacionado con el deseo del FRG de contar con el apoyo de ex patrulleros en las próximas elecciones, previstas para el año 2003.

ANTECEDENTES FORMACIÓN DE LAS PATRULLAS DE AUTODEFENSA CIVIL

Las PAC se crearon en 1981 durante la presidencia del general Romeo Lucas García (1978-1982). Se componían de campesinos de sexo masculino procedentes principalmente de las zonas rurales a los que el ejército les encargó actuar como auxiliares civiles y «proteger» a sus comunidades de la oposición armada, agrupada con el nombre de Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). En teoría las patrullas se formaron de forma espontánea y voluntaria pero, en realidad, en muchas zonas rurales de Guatemala, el servicio era obligatorio para todos los hombres de entre 16 y 60 años de edad aproximadamente, a menudo bajo amenazas de duros castigos o muerte. Entrenadas y armadas en diverso grado por los militares, las patrullas tenían el cometido de localizar y enfrentarse a las fuerzas de la oposición armada, lo que involucraba inevitablemente a la población civil en el conflicto armado interno. Las patrullas funcionaban también como sistema alternativo de autoridad y control dirigido por el ejército (existente aún en la actualidad) y como una forma de trabajo forzoso que permitía a las fuerzas regulares del ejército concentrar sus esfuerzos en la contrainsurgencia. En algunas zonas, la autoridad lograda gracias al apoyo militar permitió a las patrullas ajustar viejas cuentas y eliminar a sus enemigos tradicionales por motivos totalmente ajenos al conflicto civil.
Entre 1981, cuando surgieron las PAC, y 1995, fecha en la que el gobierno del presidente Ramiro de León Carpio hizo un llamamiento para que fueran desmanteladas -declaración que, sin embargo, no constituía un marco legal para la disolución de las PAC-, las patrullas estaban integradas por entre 500.000 y un millón de individuos.

ABUSOS COMETIDOS POR LAS PATRULLAS DURANTE EL CONFLICTO CIVIL

Durante su existencia, las patrullas fueron responsables de muchos miles de abusos: el informe de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) sobre el proyecto Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), que trata del conflicto armado interno de Guatemala, atribuye más del 90% de los casos documentados de abusos contra los derechos humanos a las fuerzas armadas guatemaltecas y a sus auxiliares civiles, los comisionados militares Pese a ser civiles, los comisionados militares servían a las órdenes del ejército. Durante el conflicto desempeñaban funciones de orden público y de información y actuaban como los «ojos y oídos» del ejército en las comunidades rurales, y muchas veces de intermediarios entre el ejército y las comunidades.
Con frecuencia también dirigían las patrullas civiles. y las patrullas civiles El ejército estuvo implicado en el 90,52% de las matanzas registradas, actuando por sí solo en el 55% de estos sucesos. El resto de las matanzas fueron perpetradas con el respaldo de las PAC y los comisionados militares (ODHAG 1999: 134-135). Los estudios realizados por la CEH revelan que las PAC habían cometido el 12% del total de abusos contra los derechos humanos ocurridos durante el conflicto (1999). De los incidentes registrados por el REMHI, las PAC estuvieron implicadas por sí solas en 1.731 casos de abusos contra los derechos humanos (un total de 3.424 víctimas) y, conjuntamente con el ejército, en 1.799 casos (un total de 10.602 víctimas), lo que incluye la participación en 342 matanzas.
[Fuente: Roddy Brett de Amnistía Internacional, Agencia Latinoamericana de Informacion, Ecuador, 24sep02]

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ii) EN CAMINO EMISIÓN DE BONOS, PESE A OPOSICIÓN REGISTRADA, CON LOS QUE PAGAR LAS COMPENSACIONES A LOS PARAMILITARES.

El martes 17 de septiembre, se conoció en el Congreso la iniciativa de ley por la que se autorizaría al Ejecutivo que emita eurobonos por 700 millones de dólares, lo que significaría un aumento de 25% en el endeudamiento externo del país.
En la exposición de motivos se refiere que el dinero se utilizará en programas de atención a población en estado de pobreza afectada durante el conflicto armado, reconversión agropecuaria, desmovilización de miembros del ejército y para dar acceso a la tierra. No se menciona la compensación prometida por el presidente Alfonso Portillo a ex paramilitares, después que se había dicho que con parte de los recursos obtenidos de la colocación de los eurobonos se les pagaría.
El mismo día, el gobierno de Guatemala formalizó en Washington cinco préstamos por 246 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que serán destinados a apoyar las reformas financieras y la integración energética, y a fomentar acuerdos de comercio.
Tras haber adquirido mayor endeudamiento, el jueves 19 el presidente del Congreso, Efraín Ríos Montt se reunió con Carlos Barbery, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y Eduardo Somensato, del Banco Mundial (BM), para encaminar la aprobación de la emisión de 700 millones de dólares en eurobonos que ha solicitado el Ejecutivo.
Ambos funcionarios abogaron porque el gobierno respete los límites impuestos al gasto y al endeudamiento públicos en el acuerdo stand by que suscribió con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en abril pasado.
El dinero que el gobierno pretende captar con los eurobonos estaría destinado a pagar una compensación a ex paramilitares ex miembros de las Patrulleros de Autodefensa Civil (PAC); indemnizar a miembros del ejército que serán desmovilizados el año entrante, cubrir deudas del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI), y atender a víctimas del conflicto armado interno.
La propaganda para justificar el endeudamiento externo, la efectuó el presidente Alfonso Portillo en una gira en Escuintla y Retalhuleu, en cuyo discurso el mandatario ratificó que la emisión se efectuará aunque se opongan a quienes llamó "clases poderosas". "Están enojados, porque no van a los mismos de siempre, cuando son 200 millones para la banca, 100 millones para la caficultura, 100 millones para la producción agropecuaria, ahí no alegan", expresó el gobernante.
No obstante, Lizardo Sosa, presidente del Banco de Guatemala, se reunió el mismo día con los diputados de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) para explicar el destino de los eurobonos. El funcionario expresó que avaló la emisión porque aproximadamente 500 millones quedarían como blindaje para el año próximo, para los comicios y alguna emergencia. Sosa aclaró que en ningún momento dijo que serían destinados al combate de la pobreza o a los ex patrulleros de Autodefensa Civil. "El único monto asignado son 50 millones para este año, para pagar la deuda del Ministerio de Comunicaciones y promover la reactivación económica de la construcción", agregó.
Explicó que otros 180 millones serán usados el año próximo para el pago de indemnización de personal militar, por la reducción del Ejército que desea hacer el presidente Alfonso Portillo. "Utilizar lo destinado para la reserva sería contraproducente. Considero que el Gobierno no lo hará", afirmó Sosa.
La razón para contar con una reserva es porque en un año electoral siempre hay desequilibrio económico, señaló Sosa. Según el presidente del BANGUAT, el Congreso está obligado a mencionar en el dictamen de aprobación el destino de esos recursos.
La colocación de eurobonos costará más de Q350 millones anuales al Estado y los guatemaltecos, si se cotizan a una tasa del 9 por ciento anual. Además, se debe sumar el pago de comisiones a los bancos de inversión y abogados, dijo Sosa.
Ante el alto costo de esta deuda, la cual será de casi Q5,000 millones en 2003, Sosa reconoció que en 2004 habría que hablar de una reforma fiscal.
[Fuente: Semana de Guatemala, 16 al 22sep02]

iii) PRESIDENTE PORTILLO AFIRMA QUE COMPENSACIÓN A EX PAC SERÁ DE Q150 MENSUALES; NO DE Q12

Tras calificar como "ridículo" el anunciado monto de 12 quetzales por cada mes de servicio que su gobierno pagaría a ex integrantes de Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), el presidente Alfonso Portillo dijo el domingo 22 que la cantidad será incrementada a por lo menos 150 quetzales.
Esta fue la respuesta tras una semana de rechazo y protestas tras haber presentado la fórmula de 12 quetzales mensuales por "salarios causados" durante el tiempo que prestaron servicio al ejército y llevar a cabo proyectos de desarrollo en las comunidades.
El mandatario informó que en la reunión que el jueves 19 sostuvo con los gobernadores de los 22 departamentos les dio instrucciones para que el 19 de octubre entreguen los listados de personas que acudan a solicitar la indemnización.
El pago para cada ex patrullero dependería de la forma que cada cual escoja, mensual o a plazos, y el mismo se haría efectivo cuando se recaude el producto de la colocación en el mercado internacional de 700 millones dólares en eurobonos, emisión que aún debe aprobar el Congreso de la República.
El jueves 19, los ex paramilitares Sayaxché, Petén, y de San Marcos, realizaron manifestaciones de rechazo a la propuesta del gobierno, dada a conocer el miércoles 18. Los primeros bloquearon la carretera de la aldea Las Pozas a Cobán, Alta Verapaz, mientras que los segundos llevaron a cabo una marcha en la cabecera departamental. Unos 500 ex patrulleros pertenecientes al comité de ex patrulleros de la aldea Las Pozas, Sayaxché, obstaculizaron el tránsito de vehículos, con pancartas en las que exigían el pago de 20 mil quetzales por persona y no una cantidad calculada con base en el salario de la época, como pretende el que gobierno.
Al mismo tiempo, en San Marcos, mil 500 ex paramilitares efectuaron una manifestación en la cabecera departamental. Elías Barrios, uno de los dirigentes del movimiento, dijo que los 12 quetzales por cada mes de servicio que ofrece el gobierno son una farsa y una humillación.
El viernes 20, miles de ex patrulleros civiles (3 mil) organizados en el departamento de Petén manifestaron frente al edificio de la Gobernación Departamental y dieron un plazo de 72 horas al presidente Alfonso Portillo, para que les haga efectivo el pago de Q20 mil.
Los ex paramilitares entregaron un memorial al gobernador petenero José Adán Regalado Salguero, en el que fijan a Portillo un plazo de 72 horas para que informe sobre la fecha en que recibirán los cheques por Q20 mil. Advirtieron que si no reciben el dinero en un plazo de 30 días, tomarán medidas más drásticas.
En el kilómetro 96, aldea Las Pozas, unos 500 ex paramilitares obstaculizaron la ruta de Sayaxché en donde decenas de vehículos quedaron varados por varias horas.
Similar situación se vivió en Cobán, Alta Verapaz, donde aproximadamente cien ex patrulleros manifestaron su rechazo a la propuesta gubernamental de indemnizarlos con Q12 por cada mes de servicio.
Ya para el fin de semana, el Gobierno decidió pagar más dinero a las ex Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), asumiendo un pago superior a los Q100 mensuales, más bonificaciones. Según el Gobernador de Peten, ese anuncio permitió que los ex PAC calmaran sus ánimos y dejaran de lado otras medidas de hecho.
Salguero expone que con los Q150 mensuales, un ex integrante de las PAC que sirvió al Ejército por cinco años, podría tener un resarcimiento de Q9 mil. 'No es la última palabra, pero nosotros ya afinamos que se pagará un promedio de Q150 mensuales', subraya.
En la capital, la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA) congregó en el Club de Oficiales de la zona 13 a representantes de 60 mil ex miembros de las Patrulleros de Autodefensa Civil (PAC) que la Asociación respalda; y en conferencia de prensa señalaron que este grupo no violentará la constitución con medidas de hecho, pues esperan continuar con las negociaciones y el diálogo que mantienen con el gobierno.
El vocero de AVEMILGUA, coronel retirado Héctor Rosales Salaverría, indicó que están preocupados por el incumplimiento de la promesa hecha por el Presidente de la República en el sentido de dar a conocer su decisión sobre la forma de compensación ya que hasta la fecha permanece en silencio.
De esta manera indican que los proyectos de desarrollo podrían estar bien como cumplimiento de una obligación del Estado, pero, por su pobreza, necesitan un resarcimiento directo.
La noticia del cambio en la manera de indemnizar habría calmado los ánimos entre los ex patrulleros, pues un recorrido por varios de los municipios del suroccidente y norte del país, donde había amenazas de violencia, reveló que la situación estaba controlada.
Por su parte los diputados de la Unidad Nacional Revolucionario Guatemalteca (URNG) Gregorio Chay y Carlos Mejía, señalaron que AVEMILGUA está utilizando a los ex patrulleros como un grupo de choque para el gobierno, ya sea a favor o en contra del mismo, quedando abajo los puros intereses oscuros de los ex comisionados militares y ex jefes de Patrullas.
[Fuente: Centro de Estudios de Guatemal, 16 al 22sep02]

iv) EL GAM RECHAZA CUALQUIER TIPO DE INDEMNIZACION A LAS EX PAC

Un Estado en el que se respeten y se cumplan las leyes jamás pretendería premiar a quienes cometieron todo tipo de delitos, abusando del poder que les brindaban las armas. Esas personas debieran de haber sido capturadas, procesadas y castigadas de acuerdo a lo establecido en las normas legales.
El anuncio hecho por el señor Edgar Gutiérrez de que se garantizaba la indemnización a quienes formaron parte de esas bandas paramilitares, constituye una bofetada a la dignidad, al dolor y al sufrimiento de decenas de miles de víctimas de violaciones de los derechos humanos.
El GAM rechaza cualquier tipo de indemnización a las PAC, sin importar sí se trata de una cantidad significativa o no, consideramos que el hecho de premiarles constituye un hecho anómalo.
Desconocemos que tipo de intereses funestos existen en funcionarios que se han convertido en defensores de quienes sembraron el terror en el campo hasta hace muy pocos años, pero de lo que sí estamos convencidos es que están provocando que la herencia que reciban las futuras generaciones de guatemaltecos, sea de violencia, de terrorismo y de descomposición sin precedentes.
Demandamos además que no se vincule la indemnización a las PAC con el resarcimiento que se le debe brindar a las víctimas de violación a los derechos humanos, porque no se puede mezclar a víctimas y a victimarios en un mismo programa.

Guatemala 20 de septiembre de 2002

v) A LA FECHA HAY 311 DEMANDAS DE COMPENSACIÓN PLANTEADAS POR EX PARAMILITARES

Hasta el lunes 9, la Secretaría de Análisis Estratégico de la Presidencia (SAE) había recibido 311 demandas de compensación de ex integrantes de Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), de las cuales 7 son individuales.
Édgar Gutiérrez, jefe de la SAE, declaró que se dará respuesta sólo a los paramilitares que no tengan responsabilidad en violaciones a los derechos humanos, y que se ha fijado el 30 de septiembre próximo como fecha límite para elaborar los listados de los beneficiarios.
El funcionario reiteró que la forma de compensación será por medio de proyectos de desarrollo, con lo que descartó nuevamente la posibilidad de que el gobierno pague los 20 mil quetzales para cada ex PAC, como se ha planteado.
Informó que se ha determinado, por lo menos, tres formas de identificar a quienes son responsables de violaciones a los derechos humanos: contra quienes existan denuncias de violaciones a los derechos humanos en los tribunales de justicia; quienes estén incluidos en los listados que los gobernadores, junto a la población, identifiquen como violadores; y quienes estén incluidos en los informes de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) y el proyecto Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI).
[Fuente: La Semana en Guatemala, 9 al 15sep02]

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vi) DENUNCIAN EL GRAVE INCLUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE PAZ POR PARTE DEL GOBIERNO EN LA ADJUDICACION DE FRECUENCIAS DE RADIO.

El Consejo Guatemalteco de Comunicación Comunitaria rechaza, ante la opinión pública nacional e internacional, el acuerdo gubernativo 316-2002, publicado en el Diario de Centroamérica el día 13 de septiembre de 2002, en relación a la autorización al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y el Ministerio de Cultura y Deportes, para que cedan el uso de sus frecuencias a entidades de la sociedad civil.
Rechazamos el mismo por: 1. Constituir una grave violación a los Acuerdos de Paz, especialmente al Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, que establece en el numeral "H" que el acceso a las frecuencias es por la vía del Organismo Legislativo, por lo tanto constituye un serio retroceso en el cumplimiento del mismo.
2. Por ser una burla al espíritu de conciliación demostrado por el Consejo Guatemalteco de Comunicación Comunitaria que por varios años ha estado formulando propuestas de solución justa para regular el uso de frecuencias radioeléctricas a favor de las radios comunitarias y ciudadanas.
3. Por desconocer el esfuerzo realizado por varias entidades del estado e instituciones relacionadas con el proceso de paz en la búsqueda de soluciones adecuadas a las demandas de las radios comunitarias, tales como el Congreso de la República, SEPAZ, Comisión de Acompañamiento y MINUGUA.
4. Son de nuevo un claro desacato a las recomendaciones del Relator Especial para la Libertad de Expresión, entidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien recomendó al gobierno revisar la legislación y someter al Congreso iniciativa de leyes para corregir prácticas monopólicas que afectan el derecho a la libre expresión.
5. Porque en el fondo, dicho acuerdo busca confrontar a la sociedad civil con el movimiento de radios comunitarias agrupadas en el Consejo Guatemalteco de Comunicación Comunitaria.
6. Por tratar nuevamente de despojar al Estado de las frecuencias radioeléctricas para uso el oficial.
7. Por desconocer las recomendaciones del Grupo Consultivo celebrado en Washington en febrero del presente año, en cuanto al cumplimiento de los Acuerdos de Paz.
8. Porque permite a la Superintendencia de Telecomunicaciones continuar subastando las pocas frecuencias radioeléctricas disponibles en AM y FM, acción con la cual se obstaculiza el acceso de los pueblos indígenas a las mismas y la de democratización de la comunicación.
Por lo que exigimos: 1. La inmediata derogación del acuerdo en mención 2. Al Congreso de la República agilizar la aprobación del anteproyecto de Ley de Radiodifusión Comunitaria, ingresado al pleno el 7 de febrero del presente año.
3. La suspensión inmediata de las subastas de frecuencias radioeléctricas, hasta que exista una legislación que garantice el acceso a las frecuencias por parte de las comunidades indígenas.
Solicitamos: 1. A la Sociedad Civil le hacemos un llamado a no dejarse sorprender por esta nueva maniobra que pretende dividir al movimiento social, por lo que solicitamos solidarizarse con las demandas de las radios comunitarias.
2. A las entidades garantes del cumplimiento de los Acuerdos de Paz, como MINUGUA, SEPAZ, Comisiones Paritarias, Comisión de Acompañamiento, etc. a que asuman una postura clara ante este nuevo retroceso 3. A la comunidad internacional vigile de cerca las actuaciones del Gobierno, en cuanto que transgreden los compromisos asumidos en el Grupo Consultivo relativo al cumplimiento de los Acuerdos de Paz.
4. A las y los trabajadores de las radios estatales, no permitir la privatización de los medios que son propiedad del Estado que cumplen con la legítima misión de informar y formar desde el estado mismo, y a sumarse a la lucha de las radios comunitarias para la democratización de la comunicación.
5. A la sociedad en general, mantenerse atenta a las acciones que las radios comunitarias emprenderemos de aquí en adelante.
Guatemala, 24 de septiembre de 2002 Consejo Guatemalteco de Comunicación Comunitaria
(ACCG, ACECSOGUA, AMECOS, ARCG, MUJB' AB' L YOL)