Al Sur del Sur

La sentencia emitida ayer por el Tribunal Tercero de Sentencia en el juicio seguido contra tres oficiales militares acusados de haber planificado y ordenado el asesinato de mi hermana, la antropóloga Myrna Mack, constituye un hecho histórico que refleja la existencia de avances, aunque mínimos y frágiles, en la administración de justicia en Guatemala.
Estoy satisfecha con la condena de 30 años de prisión dictada contra el coronel Juan Valencia Osorio, porque se demostró fehacientemente que él fue autor de un crimen institucional, de una operación especial de inteligencia, que culminó con el asesinato de mi hermana.
No estoy satisfecha con la absolución dictada a favor del general Edgar Godoy Gaitán y del coronel Juan Guillermo Oliva Carrera, pues presentamos pruebas suficientes que confirman su participación como autores de este crimen institucional. Vamos a analizar la sentencia para definir las acciones judiciales a seguir. Con esto quiero decir que estamos a las puertas de una apelación especial.
Independientemente de la absolución de Godoy y de Oliva, la condena del coronel Valencia y el hecho de que hayamos asistido a un juicio como el celebrado del tres de septiembre al tres de octubre del 2002, reafirma mi convicción de que es posible visualizar justicia en Guatemala, aun cuando esto implique una lucha sostenida por doce años o más.
Esta condena define la magnitud histórica de este juicio, porque el producto de este proceso judicial no se reduce a la condena o absolución de los acusados. Para fortuna de todos los guatemaltecos, representa la constatación judicial del terrible sufrimiento humano que provocaron la Doctrina de Seguridad Nacional, la política contrainsurgente, el concepto del enemigo interno y la desnaturalización de los órganos de inteligencia.
De este juicio, yo rescato, en primer lugar, la reparación moral que se ha hecho a la memoria y a la dignidad de Myrna. El tribunal estableció el carácter institucional del crimen, la naturaleza política del hecho, el móvil vinculado a su trabajo científico con los desplazados que tuvo como escenario las zonas con mayor conflictividad, la vinculación perversa que se hizo entre sus investigaciones y las reivindicaciones de los desplazados agrupados en las Comunidades de Población en Resistencia.
El tribunal dio valor probatorio a testimonios, peritajes y otro tipo de prueba que establece lo anterior; también dio validez a la tesis de que mi hermana fue ejecutada por habérsele considerado un enemigo interno, una amenaza para el Estado, según el perfil definido por la Doctrina de Seguridad Nacional; y quedó probado que hubo un plan de seguimiento y vigilancia que culminó con su asesinato, plan en el cual se utilizaron recursos humanos y materiales procedentes del Estado Mayor Presidencial. De la misma manera se estableció que el Departamento de Seguridad Presidencial era la G-2 del EMP y que el ahora condenado, Valencia Osorio, también estuvo vinculado al espionaje postal.
En segundo lugar, a través de este juicio, hemos desnudado las prácticas criminales impulsadas por el Estado y que tienen su evidencia irrefutable en los casos de genocidio, masacres, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas, persecuciones, desarraigo y exilio, entre muchas otras formas de represión que nos convirtieron en un país de victimas.
Yo estoy segura de que las víctimas y sus familiares se sienten representados en los logros obtenidos y que de alguna manera se sienten reivindicados, porque en este debate no sólo se enjuició a los responsables del asesinato de Myrna.
También se enjuició el comportamiento criminal del Estado y de algunas de sus instituciones. Se enjuició la Doctrina de Seguridad Nacional fomentada por Estados Unidos y su aplicación en Guatemala, así como sus componentes más relevantes: el concepto del enemigo interno, las prácticas contrainsurgentes, la potenciación de los servicios de inteligencia, el extremo carácter inhumano que se imprimió a los conflictos internos y a los regímenes militares que -por décadas- operaron en casi toda América Latina.
Quiero denunciar la actitud maliciosa de los oficiales del Ejército y de las personas que defendieron la inocencia de los acusados, pues pretendieron convertir la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia en un nuevo centro de conflicto. Yo respeto el sentimiento de los familiares de los acusados, de sus amigos y colegas, pero me causa repudio ver que ellos siguen proclives a la violencia. Intentaron provocarnos con insultos y agresiones físicas menores, quizá esperando un comportamiento similar de nuestra parte. Trasladé mi preocupación al Ministro de Gobernación y a la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República.
Quiero agradecer y reconocer el apoyo que en materia de seguridad nos ha prestado el Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil, desde el 21 de agosto, en cumplimiento de las medidas provisionales que a favor nuestro emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos; así como el servicio que en esta materia nos presta desde ayer la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República.
FUNDACIÓN MIRNA MACK
Guatemala 5 de octubre de 2002