Latinoamérica

Aporrea / Rebelión

El diputado Nestor León Heredia (MVR), miembro de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional, reiteró este jueves que el Gobierno Nacional está preparado "para mantener el orden interno del país".
Heredia dijo que él conoce el contenido de esta estrategia gubernamental. "No hay que ser muy inteligente, ni tener muchos agentes para saber que vuelven los mismos momentos del pasado abril", explicó.
El Gobierno, según Heredia, podría activar dicho plan de contingencia antes de la marcha del próximo 10 de octubre. "Es mejor prevenir que lamentar. Prevenir es estar preparado, en un momento tener ya movilizado todo el contingente".
Por ello, el asambleísta aseguró que Miraflores "está preparado para cualquier contingencia", y no para decretar "un Estado de Excepción" como salió publicado ayer miércoles en la prensa nacional.
No obstante, Heredia no descartó que se decrete el Estado de Excepción "parcial o totalmente". "Ante las amenazas de una conmoción interior, el Presidente puede decretarlo (...) y eso está reglamentado, salvaguardando derechos constitucionales como el derecho a la vida, a la informacióin".
Heredia expresó que dichos planes serán "para velar por la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas (...) así mismo como de las instalaciones militares y las empresas del Estado".
Por su parte, el diputado Darío Vivas indicó que el 10 de octubre los seguidores del Presidente de la República no estarán en las cercanías del Palacio de Miraflores para evitar enfrentamientos, pero ese día asistirán a asambleas populares en los diferentes barrios capitalinos.
Refirió Vivas que al menos se realizarán de 50 a 60 asambleas populares ese día y de la misma manera tratarán que esta acción se repita en todo el país.
Destacó el parlamentario que el día de la marcha evitarán a toda costa que se produzcan actos de violencia, "aunque sabemos que la población tiene su libre albedrío, pero hacemos un llamado para que ese día todo transcurra con normalidad y con paz".
Pagaron 8 millones para matar a líder agrario
Los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas detuvieron y someten a intensos interrogatorios a uno de los posibles autores materiales de la muerte del médico y dirigente agrario del MVR, Pedro Doria, quien fue acribillado a tiros el 25 de agosto, en la avenida Bolívar, de San José de Perijá, estado Zulia.
La persona detenida fue apresada en la ciudad de Maracaibo, sitio donde se presume que fue planificado el crimen por los autores intelectuales y materiales de este hecho que mantiene en emergencia a los cuerpos policiales del Zulia.
Esta detención fue confirmada por el teniente coronel de la Guardia Nacional, Juan Ramón Rodríguez Navarro, comandante del Destacamento de Fronteras 32, quien integra el Comité de Seguridad Regional que fue activado en la ciudad de Santa Bárbara el viernes pasado.
Según confirmó el comandante Rodríguez Navarro, el hombre detenido confesó que había recibido ocho millones de bolívares de parte de un ganadero para cometer el homicidio del médico Doria. El jefe militar se abstuvo de dar mayores informaciones sobre el caso, pero sí adelantó que esta información la maneja el jefe de la Región Zulia de la antigua PTJ, comisario Ildefonso Urdaneta, quien fue designado por el comité de seguridad como el vocero del caso.
El jefe de la PTJ en Zulia, por su parte, se abstuvo de dar declaraciones en torno al preso para no entorpecer las investigaciones, pero dijo que si el comandante Rodríguez Navarro dio esta información, "entonces es totalmente cierta".
El comisario Ildefonso Urdaneta precisó que el homicidio del médico Doria está en vías de ser esclarecido, pero todavía no se puede hacer oficial nada porque quedan algunas diligencias por realizar.
El comisario Urdaneta adelantó que las investigaciones de este crimen se centraron en la ciudad de Maracaibo porque todas las pistas del crimen y sus autores condujeron hacia la capital del estado.
Explicó que todavía no ha sido interrogado el ganadero Omar Contreras Barboza porque no ha sido localizado, pero aseguró que las pesquisas para encontrar a los sospechosos continúan.
Sobre la muerte de los dirigentes agrarios Armando García y Carlos Parra, el comisario Urdaneta dijo que ya fueron reactivadas las huellas que estaban en el vehículo Corsa que fue usado por los homicidas. No obstante, aclaró que esta experticia está en los laboratorios de Criminalística y hay que esperar los resultados.
Los residentes de San José de Perijá saben que desde hace tres días la PTJ tiene a uno de los autores materiales del asesinato del médico Pedro Doria. Uno de los vecinos del dirigente dijo que la policía supo quien era uno de los autores de este hecho, porque un hombre contó en un bar que su jefe había dicho que la única persona que le hacía peso en estos momentos era un médico de Perijá llamado Doria. El hombre, que reveló este importante detalle, estaba borracho. Este sujeto es empleado del ganadero Omar Contreras Barboza.
La versión del borracho se corrió en la ciudad de Maracaibo y los pesquisas de la Seccional Machiques realizaron una serie de interrogatorios y detenciones y fue así como ubicaron al sospechoso, según informó una fuente no oficial del caso.
Extraoficialmente se supo que las muertes de los dirigentes agrarios del Zulia mantienen preocupados a los altos jefes del Gobierno, entre ellos al presidente de la República Hugo Chávez Frías. Debido a esta preocupación el jefe de la PTJ de Zulia ordenó que fuera realizado un video con las declaraciones del detenido por la muerte de Pedro Doria. Este video fue enviado al Palacio de Miraflores, según indicó un funcionario ligado a la investigación.
Los familiares de Doria están al tanto de esta situación, pues ya se reunieron con el vicepresidente José Vicente Rangel, el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello y otros funcionarios del Gobierno.
LIBERADOS Presos por error La investigación que adelanta el Comando Unificado de Seguridad Regional por la muerte de los dirigentes agrarios Armando García y Carlos Parra, se complicó ayer luego de que José Luis Molina, ordenó liberar a las personas que eran interrogadas en la PTJ y la Dirección de los Servicios de Inteligencias y Prevención (Disip), debido a que no existían elementos para investigarlos.
El juez, según dijo una fuente en medios judiciales, podría tomar medidas disciplinarias contra los funcionarios que hicieron las capturas porque aparentemente las detenciones se realizaron sin tomar en cuenta lo que expresa el Código Orgánico Procesal Penal. Aunque las 11 personas estuvieron aportando datos importantes para la investigación, la policía nunca los reportó como detenidos, ni imputados y por eso hubo una denuncia sobre abuso de poder de parte de un abogado que representó a los sospechosos.
Los detenidos, que fueron pasados a tribunales y puestos en libertad, eran empleados de la finca Monte Cristo, propiedad de Fernando Contreras Barboza, hermano de Omar Contreras Barboza. Uno de ellos es Carlos Pirela, quien reveló que otros hombres fueron contratados en Cujicito, Maracaibo, para que trabajaran como vigilantes y jornaleros en la finca de Contreras Barboza. Según habían informado el comandante Rodríguez Navarro; el jefe de la Disip, Pedro Cubillán; y el jefe de la PTJ, Ildefonso Urdaneta, "las personas nunca estuvieron detenidas. Lo que hacían era colaborar con los cuerpos de seguridad con sus informaciones".
También es probable que sea puesto en libertad el sospechoso que dijo que un ganadero pagó ocho millones por matar a Doria.
Bolivariano apuñalado en Puente Llaguno mientras dormía
El sábado 21 de septiembre en la madrugada, un grupo de bolivarianos pasaban la noche en el Puente Llaguno, labor que acostumbraban a hacer algunos miembros del sindicato allí radicado para proteger el toldo y las carteleras allí ubicadas. Los bolivarianos no podían costear el alquiler de un depósito, y no había ningún lugar cercano donde guardar todo el material que estamos acostumbrados a ver quienes acostumbramos visitar el puente durante el día.
Entre quienes dormían se encontraba un compañero, César García, quien se estaban moviendo bastante entre sus diversos contactos recabando información bastante delicada sobre el líder ultraderechista Alejandro Peña Esclusa.
En un momento en el que el cansancio absorbió a César y sus otros amigos, un automóvil pequeño color blanco, sin placas y con una banderita de Venezuela se detuvo frente al puente. De él bajaron tres individuos, quienes luego de reconocer al compañero le infringieron siete puñaladas, abordaron su automóvil y se marcharon.
César, quien vive sólo en Caracas (su familia está en un pueblito del interior bastante alejada de aquí) fue llevado con prontitud a un hospital público, donde se determinó que tenía un pulón perforado y además debió recibir más de 200 puntos de sutura. En dicho hospital en dos ocasiones intentaron matarlo nuevamente, cerrando las válvulas y apagando los aparatos de sustentación (se cree que fue un enfermero), por lo que ha tenido que ser trasladado a otros centros de salud pública.
Posiblemente hoy sea trasladado por compañeros bolivarianos a un centro de salud de Barquisimeto, donde estará más cerca de su familia.
César lucha poco a poco por recuperarse, mientras que sus compañeros de Llaguno y la Esquina Caliente observan con decepción que ningún medio de comunicación, ni siquiera los nacionales, han reseñado esta noticia que sucedió casi dos semanas atrás. César, además, necesita protección.
Peor aún, la principal noticia que esgrimen los medios terroristas desde hace tres días tiene que ver con una actriz que supuestamente fue secuestrada por unos encapuchados en un conocido centro comercial caraqueño. ¿Y nuestros campesinos asesinados? Bien, gracias. ¿Y los otros bolivarianos heridos recientemente? Tampoco aparecen. Ni tampoco se reseña la huelga que mantiene un buen contingente de Policías Metropolitanos, quienes también han sido amenazados.
Por otra parte, hace unos días 35 personas acudieron ante la Fiscalía General de la República ante las amenazas de muerte que han recibido por parte de las llamadas Autodefensas Unidas de Venezuela, en busca de protección, reveló el coordinador general de Defensores Bolivarianos, Oswaldo Cancino.
Recordó que la semana pasada en la Universidad Central de Venezuela estalló una caja sonora de panfletos firmados por las Autodefensas Unidas de Venezuela con amenazas de muerte contra miembros de Defensores Bolivarianos.
Las amenazas habrían sido hechas "específicamente contra 35 personas señaladas como objetivos militares, entre las cuales se mencionan a José Ángel Rodríguez, director de Mediación de la Defensoría del Pueblo", dijo a Venpres.
Cancino dijo que se ha solicitado al Ministerio Público la designación de un fiscal especial para un tribunal de Control, a objeto de pedir medidas de protección para los amenazados.
Precisó que también fueron amenazados Juan Barreto, Reinaldo García, así como dirigentes de Los Tupamaros, los motorizados bolivarianos y el periodista Ernesto Villegas.
Cancino explicó que se presentó ante el Ministerio Público un escrito donde se denuncia al coronel (r) Hidalgo Valero por haber mencionado a miembros de Defensores Bolivarianos de estar presuntamente involucrados en la muerte de Luis Alcalá.
Afirmó que Valero señaló al abogado Carlos Durán, defensor de Lina Ron, de haberlo amenazado de muerte por teléfono.
Calificó la posición de Valero de irresponsable al haberlo señalado como presuntamente relacionados con la muerte de Alcalá.
Gobernador de Táchira encabeza lista de amenazados de muerte en Táchira
El alto grado de conflictividad que hay en todo el país ha llegado a extremos nunca antes imaginados en la historia política regional, hasta el punto que ahora -al igual que en Colombia- hay una lista de personas "liquidables", declaradas objetivos militares o lo que es lo mismo, amenazadas de muerte, según denunció el diputado Henry Armando Parra, representante del Partido Comunista de Venezuela.
El diputado rechazó los señalamientos de Genaro Méndez, presidente de Asogata, quien habría dicho que un parlamentario regional era el responsable del artefacto explosivo del pasado sábado 28.
Parra acusó directamente a Genaro Méndez de estar detrás de toda esa campaña conspirativa y por ende, de las amenazas de muerte e incluso de avalar con fuerzas paramilitares o sicariatos la lista de "liquidables".
Fuentes de los cuerpos de seguridad fueron contactadas, afirmando la versión de Parra e incluso señalaron que el propio Gobernador aparece en la lista de "liquidables" que hay en el Táchira, lo que complica más la situación.
En sus declaraciones en rueda de prensa, el parlamentario del PCV nunca quiso revelar la supuesta lista alegando que sólo tenía conocimiento de que él estaba incluido en la misma.
Responsabilizan a Genaro.
Henry Parra califica de irresponsable a Genaro Méndez, "porque si tiene los nombres de quienes colocaron los supuestos artefactos explosivos, ha debido denunciarlos ante los cuerpos de seguridad, a menos que pretenda montar un show publicitario".
Indicó que quizás harán como en el caso de Juan Barreto, que le pagaron a un supuesto chofer para que mintiera, "y nosotros no seremos tan estúpidos o tan toches -como dijo Chávez-, para pagarle a alguien y decirle que cometa un atentado, y es que sabemos que quien puso esos artefactos explosivos fue la misma oposición para buscar resonancia publicitaria".
---Yo responsabilizo directamente al presidente de Asogata por cualquier cosa que me pueda suceder, porque está propiciando el convertirnos en objetivos militares, y como nosotros creemos que hay grupos paramilitares que pudieran estar siendo financiados por algunos ganaderos y no sabemos si por el propio presidente de Asogata.
Afirma que siempre ha manifestado su enemistad con algunos ganaderos, "y nada de raro tiene que de allí salga que me hayan incluido en esa lista de objetivos militares "liquidables", como lo han hecho con otra larga lista de quienes estamos en el proyecto revolucionario".
"No seremos tan toches".
-¿Quiénes están en esa lista? ---Yo me responsabilizo de indicar que me han incluido porque me lo han hecho saber, no tengo conocimiento de quiénes son, pero por lo que he sabido, son funcionarios del Gobierno que defienden el proceso de cambio de Hugo Chávez Frías, acotó, negándose rotundamente a revelar quiénes son los "liquidables".
Volvió a repetir la palabra que según él ya popularizó el Presidente: "no seremos tan toches para pagarle a alguien para que cometa un atentado, cuando somos nosotros los que estamos contra la violencia y trabajando para sacar al país adelante", afirmó.
---Alerto a todos los tachirenses, porque algunos ganaderos estarían detrás de autodefensas que ya elaboraron la lista de "eliminables".
Extraoficialmente se conoció, por otra fuente, que efectivamente al Gobernador se le había reforzado la seguridad personal con sus guardaespaldas y siempre se toman las previsiones pertinentes en cada movimiento que da, en cualquier punto del estado Táchira, porque se ratifica que encabeza la lista de los declarados objetivo militar.
Un supuesto plan conspirativo de la oposición para enlodar la gestión que vienen adelantando los alcaldes de los municipios Torbes, Independencia, Córdoba, Junín, Pedro María Ureña y Jáuregui, vienen propiciando los sectores golpistas del Táchira, denunciaron los burgomaestres: Manuel Peñaloza, Luis Mendoza, Richard Barrera, Luis Valladares, Jesús Mendoza y Macario Sandoval, en rueda de prensa desde la Residencia Oficial de Gobernadores. Estos seis alcaldes que apoyan el proceso revolucionario, con la gestión del presidente Hugo Chávez y del gobernador Ronald Blanco La Cruz, están alertando a las diferentes comunidades para que no se dejen manipular "por estos politiqueros de oficio, conocidos ampliamente en el ámbito regional por sus características golpistas".
Los gerentes municipales subrayaron que detrás de este complot está la gente de la Coordinadora Democrática, Copei y varios sectores de la tolda blanca, que han montado toda una estrategia que impulsarán hasta el mes de enero, en contra de los alcaldes del Polo identificados con el proceso revolucionario.
Consideran los voceros municipales que la ubicación estratégica y el nivel poblacional que caracteriza a estos municipios del Estado, los convierten en blanco de ataque, con el ánimo de debilitar la acción que en procura del bienestar colectivo han venido impulsando en cada uno de estos espacios geográficos.
En este sentido, aseguran que ya en diferentes medios de comunicación han aparecido "testaferros emitiendo señalamientos contra varios alcaldes del Polo, sin ningún tipo de veracidad y orientados a confundir a la opinión pública".
La campaña, según puntualizan, busca atacar al gobierno nacional y a los regionales, debido a la efectiva labor que desde nuestras jurisdicciones hemos venido consolidando con el apoyo de la Gobernación del Táchira, la Asamblea Nacional y los diferentes entes de financiamiento.
Este tipo de acciones, para los alcaldes, no debe ser motivo de frenar su misión como servidores públicos, "porque por encima de todos fuimos electos por la votación popular y democrática, por lo que el compromiso con nuestras comunidades cobra mayor vigencia y seguiremos sin pausa trabajando por mejorar el nivel de vida de nuestras comunidades", señalaron Manuel Peñaloza, Luis Mendoza, Richard Barrera, Luis Valladares, Jesús María Mendoza y Macario Sandoval.
Con estas denuncias de los alcaldes del Polo, se incrementa el clima de incertidumbre que se vive en el Táchira, producto de la violencia nacional y más aún por lo conocido ayer de manera extraoficial, en el sentido de que el gobernador Ronald Blanco encabeza la lista de personas "eliminables", por ser objetivo militar, al igual que otra larga lista en donde también aparecen el diputado Henry Parra y otros funcionarios y dirigentes del gobierno regional, entre otros que están directamente comprometidos con la gestión del presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías, lo que seguramente debe ser motivo de investigación de los cuerpos de seguridad.