El Ministerio del Interior emitió medidas más drásticas para controlar la inseguridad en las zonas de rehabilitación de Sucre y Bolívar, y Arauca.
En la resolución 1219 del 17 de octubre, firmada por el ministro Fernando Londoño Hoyos, se restringe la circulación de personas hacia los corregimientos, así como la movilización de vehículos entre las 7 p.m. y las 4 a.m.
También se prohíbe el tránsito de motocicletas con parrilleros, y el transporte de escombros y cilindros de gas desde las 7 p.m. y hasta las 5 a.m.
El Ministerio les dio potestad a los comandantes militares de esas zonas para que les soliciten a los alcaldes la expedición de permisos especiales de tránsito para personas y vehículos, con el fin de garantizar el servicio de transporte público o particular.
De igual forma, se señala que todo residente en las zonas de rehabilitación que vaya a cambiar de domicilio deberá informar su nuevo domicilio a la autoridad civil o de policía, con dos días de antelación al trasteo.
Los gobernadores de Sucre, Bolívar y Arauca determinarán, de común acuerdo, los formatos que se deberán diligenciar para cambio de residencia o domicilio.
En el articulo noveno de la resolución se establece que "cuando en la aplicación de lo dispuesto no hubiese consenso entre los gobernadores de Bolívar y Sucre, la decisión la tomará el Ministro del Interior".

El escritor y periodista Alonso Salazar, autor de libros como 'No nacimos pa' semilla' y 'La parábola de Pablo', analiza los violentos hechos de esta semana en Medellín.
Vistas las cosas como estaban en la Comuna 13, quizá no había otra opción que desarrollar una acción militar para "recuperar la autoridad del Estado".
La zona se había convertido en un escenario de crueldades indecibles contra la población, por parte de la guerrilla y las autodefensas. Pero además, en un centro que irradiaba sobre la ciudad las secuelas de un conflicto sin principios.
Pero de lo que ha sucedido en este rincón occidental de Medellín se desprenden preguntas hacia el pasado y hacia el futuro, cuyas respuestas quizá ayuden a que la sociedad y el Estado puedan tener elementos para enfrentar la realidad avasalladora del conflicto urbano.
¿Por qué se deja que una situación llegue a niveles extremos para ser intervenida? ¿Por qué durante diez años las milicias populares controlaron los barrios altos de esta zona de San Javier sin que se aplicara aquel mandato que dice que no debe haber territorios vedados para la autoridad? Lo que allí sucedió refleja la incapacidad de la autoridad para actuar de manera preventiva y sistemática frente a los factores de violencia.
Algo aún más problemático es que las autoridades y la sociedad paisa han tenido un alto nivel de connivencia con poderes paralelos a los que, de manera absurda, se les han atribuido en algún momento cualidades positivas: de las milicias se decía que eran buenas porque mataban delincuentes; de la banda La Terraza, porque eliminaba comunistas, y de las autodefensas porque combaten las milicias. Es un juego perverso, de altos costos sociales, que tiene como resultado la fractura de las instituciones.
Aunque la ciudad presenta mas de tres mil homicidios al año, el común de la gente prefiere que se hable de las "cosas buenas" y las autoridades se irritan cuando alguien resalta esa mancha negra de la muerte. La pregunta que sigue es ¿por qué una ciudad con las ventajas que tiene Medellín no ha podido neutralizar la crisis de violencia que ya va para dos décadas? La actual administración de Medellín, con su insistencia de que solo 20 por ciento de los territorios tiene problemas graves de seguridad ha actuado con la misma lógica de los alcaldes que en los años ochentas decían que la violencia que se atribuía a la ciudad era un asunto de "mala prensa". Se hicieron los de la vista gorda hasta que el monstruo se salió de madre.
Ahora el ciclo se ha repetido: los conflictos de guerrilla y autodefensa no fueron un problema de Estado hasta que sus repercusiones trascendieron las fronteras.
El alcalde Luis Pérez insiste en que Medellín es una ciudad que tiene indicadores positivos de calidad de vida, y cita como ejemplo la cobertura de ciento por ciento de servicios públicos. Son ventajas estratégicas que la ciudad ha construido por décadas. Pero, cabe otra pregunta, si han contado con esa ventaja, ¿qué es lo que él y los alcaldes de los últimos años le han aportado a la ciudad? Creo que poco. Han puesto más cemento, que es casi lo único que entienden como desarrollo, sin que el más dramático dilema, la defensa de la vida y la cohesión social, haya sido un frente que de veras los preocupe.
Y si ha existido asomo de alguna política en este campo no ha tenido continuidad. Un indicador de esto es que el alcalde Luis Pérez desmontó la Asesoría de Paz y Convivencia y paró la ejecución del Plan de Convivencia Ciudadana, que ejecutaría 15 millones de dólares de un empréstito del Banco Interamericano de Desarrollo. Eran dos instrumentos heredados de la administración anterior. El problema no es solo que le hayan parecido inconvenientes, sino que no haya creado a tiempo otros instrumentos para enfrentar la conmoción de la ciudad.
El Alcalde hace unos meses lanzó su propuesta 'Compro la guerra'. Sin saber muy bien de que se trataba, el Concejo de la ciudad le aprobó facultades extraordinarias para el desarrollo del proyecto que -es lo único que se sabe- subsidiaría a quienes dejaran las armas, mientras se capacitaban y se les garantizaría trabajo por diez años. Esta semana a propósito de las nuevas operaciones de la Comuna 13, dijo que crearía cuatro mil empleos para gente de bien de la zona. No se sabe dónde, ni cuándo, ni con qué, pero eso dijo. En fin, hasta el momento no conocemos un plan que sea coherente con la gravedad de la situación.
El Alcalde no ha liderado a Medellín. En una ciudad donde escasea la organización social calificada se ha dado el lujo de excluir a gremios empresariales a organizaciones no gubernamentales y a sectores comunitarios que han estado comprometidos con la ciudad por largo tiempo. Y ha olvidado que la crítica es parte substancial del juego democrático.
Ahora que se retoma el control militar de la zona, con un alto número de víctimas, vienen las preguntas del futuro: ¿Cómo recuperará el Estado la legitimidad en esta y otras zonas, para que la autoridad sea acatada por la población? ¿Qué pasará con las autodefensas que hoy dominan partes importantes de la ciudad? Construir cuarteles y fortalecer la presencia armada es necesario pero insuficiente.
Hay de por medio años de exclusión, de marginamientos y de iniquidades que no se han asumido. El desafío, complejo y de mediano plazo, es lograr que los habitantes se sientan pertenecientes a un proyecto de ciudad y sean adherentes a un orden democrático.
Ahora que nuestra ancestral guerra merodea en las ciudades, no hay otra opción que jugarse enteros por la institucionalidad. No hacer esguinces a poderes paralelos. Pero para ello se necesita que el Estado sea funcional aun para el más anónimo de los ciudadanos.