La situación que se viene presentando en la Plaza Altamira desde el martes 22 de octubre está colocando al Gobierno Nacional ante una trascendental disyuntiva. Es evidente que en Altamira se está violando flagrantemente el orden constitucional. Una serie de elementos ratifican esta afirmación:

1. El llamado público a la insubordinación de los miembros de la Fuerza Armada Nacional.
2. El desconocimiento del gobierno legal, legítima y constitucionalmente constituido.
3. La declaratoria de territorio liberado a la plaza Altamira, que implica desconocer a todo tipo de autoridad constituida en el país.
4. La participación en apoyo a estos actos de miembros del poder público como el propio alcalde de Chacao, del alcalde metropolitano y del gobernador de Miranda. Además del apoyo brindado por las policías de Chacao, Miranda y Metropolitana.
5. La participación de organizaciones como la CTV, Fedecámaras, algunas ONG's y diversos partidos políticos que tienen representación en los órganos parlamentarios nacionales y regionales.
Hasta hoy ha predominado en el gobierno la estrategia de no actuar ante los acontecimientos que se suscitan en Altamira. Pero las situaciones no se mantienen estáticas. Lo que no avanza, retrocede. Ciertamente existe un desgaste notorio del apoyo de calle que en el pasado recibieron los sectores que buscan derrocar al gobierno de Hugo Chávez y aplastar al mismo tiempo a todo el proceso de cambios que vive Venezuela desde 1999. Es verdad que la conspiración fascista está gastando los últimos cartuchos de la fuerza que acumuló desde fines del año pasado y que logró articular de hecho por 48 horas el pasado 11 de abril.
Pero si algo no debe hacer el gobierno es subestimar al enemigo, como ocurrió en abril y como creemos que sigue ocurriendo. La razón de fondo que mueve a los conspiradores no es el repudio de una clase media exquisita que no traga el estilo popular de nuestro presidente. La causa última que financia y promueve la estrategia fascista son las contradicciones que se presentan entre el programa de cambios nacionalistas y populares que intenta llevar a cabo el gobierno de Chávez, y los intereses económicos y geopolíticos que el gobierno de los Estados Unidos mantiene sobre Venezuela y toda la América Latina. Por tanto, podemos estar seguros que mientras exista imperio del norte existirán conspiraciones de todo tipo para derrocar y aplastar cualquier intento de autodeterminación de parte de los pueblos latinoamericanos.
Una vez entendida esta realidad, comprendiendo que las contradicciones con el imperialismo nunca serán resueltas, pues ninguna clase dominante abandona el poder y sus privilegios por medios pacíficos, llegamos al punto de la necesidad de usar la legítima represión que nos confiere el carácter constitucional y democrático del gobierno, para desarticular todo el movimiento conspirativo que se desenvuelve en el país desde hace un año y que mantiene en una tensión y terror permanente a la población, conspiración que atenta a la vez contra el desenvolvimiento normal de las instituciones y entraba el cumplimiento de los planes socioeconómicos del gobierno.
Más aún cuando el propio presidente ha denunciado de manera pública la existencia de planes específicos para acabar con su vida y con la de otros altos funcionarios del gobierno, y que detrás de los actos de la plaza Altamira se está gestando un nuevo golpe de estado.
La ausencia de represión contra el golpismo ha permitido la total impunidad de los responsables de la masacre cometida en los alrededores de Miraflores el 11 de abril. El gobierno del presidente Chávez ha demostrado en estos meses posteriores al golpe de abril que no controla al poder judicial venezolano. La situación ha llegado al extremo no sólo de que el Tribunal Supremo absolvió a los militares golpistas, desconociendo hasta la misma existencia de un golpe de estado, sino que los ciudadanos que valientemente salieron de manera espontánea en defensa del Palacio de Miraflores, cuando éste intentaba ser asaltado por la Policía Metropolitana como punta de lanza de la movilización opositora del 11 de abril, están detenidos y acusados de crímenes que no cometieron.
Así como el 11-A miles de venezolanos intentaron solventar la ausencia de planes de contingencia gubernamentales que hicieran frente al movimiento subversivo fascista, arriesgando y ofrendando sus vidas combatiendo en una lucha desigual contra la policía metropolitana, los francotiradores colocados por los golpistas, y otros cuerpos policiales municipales de Caracas, hoy vemos como la falta de medidas represivas contra los golpistas lleva a que algunas individuales se lancen a medidas desesperadas (como el juez de control que acaba de dictar unos autos de detención contra los alzados de Altamira) tratando de ejecutar lo que el gobierno debería hacer como política de Estado.
Ante toda esta realidad consideramos que el gobierno debe modificar urgentemente su línea de conducta ante el movimiento conspirativo que se desarrolla en el este de Caracas. En ese sentido proponemos lo siguiente:

1) Promover desde las diversas instituciones vinculadas al poder judicial, la inmediata y absoluta reorganización del mismo, sacando de allí a todos los jueces y fiscales comprometidos en el movimiento conspirador, y colocando a ciudadanos que garanticen el fiel cumplimiento de las leyes y la defensa irrestricta del proceso de cambios.
2) La Fiscalía debe solicitar la apertura inmediata de juicios contra los militares y las autoridades civiles que en Altamira proclaman desconocer al gobierno de Hugo Chávez.
3) La Asamblea Nacional debe abrir una averiguación, que conduzca a allanar la inmunidad parlamentaria y a un juicio, contra los diputados que se han solidarizado con los insurrectos.
4) Intervención inmediata de los cuerpos policiales municipales y estadales que colaboran con los alzados de la plaza Altamira.
5) Preparar planes de contingencia para responder militarmente ante cualquier intento de los golpistas por asaltar nuevamente las instituciones democráticas. Estos planes deben incluir la creación de milicias voluntarias y de reservistas que permitan canalizar la participación de la población civil en la defensa armada del proceso, sobre todo para evitar que el pueblo inerme vuelva a ser masacrado por las fuerzas fascistas.