La tortura en España preocupa a la CDH de Naciones Unidas
La Jornada La tortura y los malos tratos en España preocupan a la Comisión
de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), instancia
que entregó al gobierno presidido por el conservador José María
Aznar un informe que detalla centenares de abusos perpetrados por agentes de seguridad
del Estado español.
El relator para la tortura del organismo hizo hincapié en casos relacionados
con detenidos de los movimientos antiglobalización y por el conflicto vasco,
como el de cinco presuntos miembros del grupo armado vasco ETA expulsados de México,
quienes tras ser entregados a la policía española sufrieron tormentos.
Los excesos de las fuerzas de seguridad en España son frecuentes, según
quedó reflejado no sólo en el informe de la ONU, sino también
en otro de Amnistía Internacional divulgado ayer, que reveló los
abusos contra inmigrantes y la persecución por razones como "el color de
la piel".
En relación con el País Vasco, Theo van Boven, relator para la tortura
que presentó el informe, fechado el 15 de abril en Ginebra, señala
que los malos tratos "habrían sido perpetrados por la Guardia Civil, la
Policía Nacional y la Ertzaintza, policía autonómica vasca.
"Gran número de los individuos detenidos bajo la sospecha de colaboración
o pertenencia a la banda armada y mantenidos en situación de incomunicación
de acuerdo con la legislación antiterrorista habrían sido sometidos
a malos tratos durante su detención, su traslado a la comisaría
y su estancia en ella, así como durante el traslado a la Audiencia Nacional
de Madrid. Los tormentos
Entre los malos tratos destacan prácticas como la bolsa (asfixia al detenido
con una bolsa de plástico) y la picota (toques eléctricos); además,
amenazas de muerte "como tirar al detenido por la ventana de la comisaría
o por la puerta del furgón policial y simular un accidente o indicarle
'te llevamos al monte y allí te matamos sin que nadie se entere'".
Los detenidos también denunciaron haber sido amenazados "con agresiones
sexuales, con ser entregados a la Guardia Civil (cuerpo policial conocido entre
los presos por tener fama de ser especialmente violento con este tipo de detenidos)
o sometidos a nuevas palizas.
Algunos detenidos habrían sido obligados a escuchar los gritos de sus compañeros
supuestamente detenidos y golpeados en habitaciones contiguas.
Otros habrían sido obligados a desnudarse en varias ocasiones y "estando
desnudos habrían sido objeto de golpes, de vejaciones sexuales o de simulación
de violación por parte de miembros del cuerpo policial", relata el documento,
según el cual la mayoría de los detenidos vascos que sufren torturas
tienen entre 16 y 30 años.
Los casos de cinco presuntos etarras que México expulsó vía
Ley General de Población, lo que permitió la entrega de policía
a policía, son parte de los 58 descritos en el informe.
Este procedimiento, implementado por primera vez por el anterior gobierno de Ernesto
Zedillo, se ha utilizado en 24 ocasiones. En la mayoría se denunciaron
malos tratos y torturas a los detenidos una vez entregados a las fuerzas españolas.
Mikel Izpura y Josu Gotzon Larrea Elorriaga fueron aprehendidos por agentes mexicanos
el 14 de enero de 2000 y entregados a España dos días después.
El primero denunció "torturas, malos tratos y vejaciones en la comisaría",
mientras el segundo "habría tenido que desnudarse, colocarse de pie contra
una pared y con los ojos vendados los policías le habrían retorcido
los testículos. Uno de los policías habría escupido en el
suelo y después le habrían hecho tumbarse boca arriba y con las
piernas abiertas, mientras le habrían colocado un objeto encima de los
testículos". Otro casos similares fueron los de Mikel Arrieta Llopis, José
Angel Otxoa de Eribe y Leire Martínez Pérez.
El Grupo contra la Tortura en Euskal Herria señaló en un comunicado
que las expulsiones practicadas por México "suponen una flagrante contravención
del articulo 3.1 de la Convención contra la Tortura de la ONU, por la que
se prevé que ningún Estado parte procederá a la expulsión,
devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya
razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometido a tortura.
"Esperamos que, teniendo en cuenta este informe (de la ONU), se valore en otros
términos la posible extradición y sobre todo la expulsión
de ciudadanos vascos al Estado español", señaló el grupo,
junto con el Observatorio de Derechos Humanos del País Vasco.
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