Internacional

Juan F. Martín Seco
Estrella Digital

Cada vez a uno le sorprende más el lenguaje político. Lo blanco aparece como negro y lo negro como blanco. Todos los gobiernos son benefactores y todas las reformas están cargadas de buenas intenciones. El documento que el Gobierno ha entregado a los sindicatos, como proyecto de reforma laboral, es un buen exponente de doble lenguaje. Todas las medidas parecen encaminadas a conseguir mayores cotas de bienestar para el país y para los trabajadores. En esto, desde luego, no es original. También la reforma fiscal presentada por el ministro de Hacienda beneficia, principalmente, según él, a las familias y a las rentas bajas. Vamos, una reforma de inspiración marxista y franciscana.
En las reformas hay que hacer como en las novelas o películas policíacas, que con la intención de remedar las investigaciones criminales se preguntan siempre por el motivo, ¿a quién beneficia el asesinato? Con la reforma laboral deberemos hacer algo similar. Si deseamos conocer su auténtica naturaleza tendremos que abstraer de las intenciones explícitamente declaradas, e interrogarnos acerca de su verdadera finalidad, el motivo último.
El motivo, desde luego, no puede ser el excesivo gasto público dedicado a la prestación del seguro de desempleo. Las restricciones presupuestarias pudieron ser, sí, la causa de aquel famoso "decretazo" aprobado por el Gobierno de González en la primera parte de los noventa. Entonces, un nivel de paro muy elevado, unido a una enorme precariedad en el empleo, que sometía a una buena parte de los trabajadores a entradas y salidas continuas del mercado laboral, dispararon el coste de esta prestación, hasta el extremo de que en 1993 sólo el 42% pudo ser sufragado con cotizaciones, debiendo el presupuesto del Estado financiar el 58% restante con una aportación al Inem de 1.642,6 miles de millones de pesetas.
La situación actual es muy diferente. Primero, el nivel de paro se ha reducido sustancialmente y, segundo, los resultados restrictivos de la anterior reforma han surtido ya efecto. En los momentos presentes no sólo es que la totalidad de las prestaciones se financie con cotizaciones, es que se genera anualmente un excedente de alrededor de 600.000 millones de pesetas que se orienta a primar a los empresarios con lo que se denomina eufemísticamente "políticas activas de empleo", que en nuestro país no son otra cosa que reducciones de las cotizaciones sociales.
Tampoco cabe aducir, aunque eso es lo que hace el Gobierno, que el objetivo de la reforma sea impedir que el seguro de desempleo desincentive la búsqueda de un puesto de trabajo. En la actualidad, el número de parados en nuestro país se eleva, según la EPA, a algo más de dos millones doscientos mil, de los cuales poco más de quinientos mil perciben una prestación contributiva, y escasamente otros quinientos mil, un subsidio. Teniendo en cuenta que más de la mitad de los parados no están cubiertos y que las cuantías medias de prestación y subsidio son más bien reducidas, 102.000 y 54.000 pesetas, respectivamente, resulta bastante difícil de creer que alguien se instale en el paro confortablemente. La permanencia en el paro se inserta más bien en el orden de la tragedia.
Todo ello aparece aún más claro cuando se constatan los períodos de percepción de los beneficiarios. El período medio es de seis meses y medio, todo un dispendio, y más de la mitad de los beneficiarios no sobrepasan los cuatro meses. Sólo el 30% agota el tiempo al que tiene derecho, y únicamente el 4,5% del total de preceptores cobran el subsidio entre 22 y 24 meses.
Todas las comparaciones internacionales, a las que tan aficionados son los neoliberales, muestran que nuestro país se encuentra a la cola de Europa y de la OCDE en la intensidad de esta prestación y en los recursos que dedica por desempleado para cubrirla. En fin, que resulta bastante irónico plantear en España que la miseria que perciben los parados del Inem puede desincentivar la búsqueda de empleo.
Entonces, ¿con qué finalidad se plantea la reforma? No es difícil de averiguar. El objetivo último es abaratar los costes laborales. Forzar a los trabajadores a que acepten cualquier trabajo por muy exigua que sea la retribución, por draconianas que sean las condiciones laborales. Si la prestación por desempleo puede disuadir a alguien de aceptar un puesto de trabajo, no va a ser por la cuantía de aquella, sino por el empleo basura que se ofrece.
El objetivo de reducir más y más los costes laborales no está presente únicamente en esta faceta de la reforma laboral. Informa también el abaratamiento del despido improcedente, es decir, aquel que el empresario realiza arbitraria y caprichosamente, mediante la eliminación de los salarios de tramitación, y ese proyecto de que el Estado asuma parte del salario cuando coloca a un parado que está cobrando la prestación del seguro de desempleo. Vamos, que a este paso las empresas, en lugar de pagar a sus trabajadores, van a cobrar por ellos.