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19 de abril del 2002
Hay cosas sin interés, que pueden venderse o derribarse', dice el ministro de Cultura
El Parlamento italiano autoriza privatizar los museos y el
Gobierno prepara la venta de bienes culturales
Lola Galán El País
La situación económica de Italia, lastrada por una fabulosa deuda
pública que supera el 110% del PIB, pesa negativamente en los presupuestos
del Ministerio de Cultura, cuya deuda asciende este año al 0'2% del PIB.
Una suma escandalosa, según su titular, Giuliano Urbani. Para llenar
las arcas vacías de su ministerio, Urbani ha logrado la luz verde del
Parlamento para privatizar completamente la gestión de los museos. El
ministro, además, elabora en colaboración con su homólogo
de Economía una lista de bienes protegidos para poder venderlos.
Desde que llegó hace diez meses al departamento de Cultura, Urbani ha
puesto en marcha una verdadera revolución. Ha cambiado las cúpulas
de la Bienal de Venecia -un ente autónomo del que no hace comentarios
'porque no es de mi competencia'- y de Cineccitá Holding, el ente que
se ocupa de la promoción y financiación pública del cine
italiano. Urbani asegura que Cineccitá cambiará completamente
su funcionamiento a partir de noviembre, para ajustarse más a las necesidades
del cine italiano. 'Hasta ahora, el rendimiento ha sido bajo y eso tiene que
cambiar', explica.
El Gobierno se queja del mucho dinero gastado y el escaso beneficio global de
los filmes subvencionados. Los mismos criterios de rentabilidad han decidido
a Urbani a cambiar la cúpula del Centro Sperimentale de Cine de Roma,
que pasa a ser dirigido por cinco expertos de distintas áreas (desde
sociólogos a actores y publicitarios). 'No es cierto que hayamos repartido
el poder entre los distintos partidos del Gobierno, a mí no me importa
a quién votan los miembros de la nueva cúpula', asegura el ministro,
que ha tenido que enfrentarse en los últimos meses también a las
críticas de uno de sus secretarios de Estado, Vittorio Sgarbi. 'Pero
el criterio que ha funcionado hasta ahora, de que el centro estuviera dirigido
por los críticos de cine, ha dejado de ser válido', dice.
Otra de las iniciativas polémicas de Urbani, la de poner en manos privadas
la gestión completa de los museos del país, ha superado todos
los escollos, incluido el del Parlamento, y se ha convertido ya en ley. 'En
estos momentos estamos discutiendo con los sindicatos y con el anterior equipo
los términos de la ley. Más adelante precisaremos las competencias
exactas que quedarán en manos de los gestores privados, pero en torno
al verano todo estará listo para iniciar el proyecto', explica el ministro.
Urbani asegura que no habrá problemas 'porque el gestor tendrá
que someterse a la autoridad de los superintendentes', es decir, los responsables
de Cultura en las diferentes áreas y provincias. 'Un gestor no podrá
decidir, por ejemplo, el cambio de emplazamiento de un cuadro, o el número
de obras que se pueden prestar al extranjero en una exposición'.
La lista
No menos ambicioso es el proyecto que se confía al ente Patrimonio Italia,
un 'contenedor' en el que se reagruparán los bienes patrimoniales susceptibles
de ser vendidos, incluso aunque la venta vaya acompañada de su demolición.
'No se trata, obviamente, del Coliseo', bromea Urbani, sino de inmuebles o estructuras
que están protegidas pero que, a su juicio, 'carecen de especial interés
artístico'. El ministro cita el ejemplo de algunos edificios construidos
en los años treinta. 'El fascismo ha dejado un legado impresionante,
nadie pone en duda el valor artístico del Eur , pero hay también
cosas sin interés, que pueden venderse y hasta derribarse', explica.
Las leyes italianas no consideran obra de arte ninguna pieza artística
con menos de 50 años de antigüedad; por tanto, el problema no se
plantea con las obras recientes.
Urbani reconoce que la lista de bienes susceptibles de venta 'tiene que hacerse
con sentido común y con mesura', pero existe ya una evaluación
aproximada del valor de este patrimonio. 'Se calcula en el triple de la deuda
pública italiana', es decir, tres veces y media el PIB, del país
que asciende a casi 1'2 billones de euros. Unos recursos que, obviamente, irían
a parar a las arcas del Tesoro italiano, pero de los que el Ministerio de Cultura
recibiría también su parte.