Internacional

Amnistía Internacional (AI) denuncia que al menos 150 extranjeros sospechosos de torturas en sus países de origen residen sin obstáculos en EEUU, aun cuando las leyes de este país permiten su sometimiento a juicio por dichos delitos. AI cita a torturadores de Etiopía, Chile, Haití y Bosnia Herzegovina.
Dirigentes de la sección de AI en Estados Unidos han hecho un llamamiento al presidente norteamericano, George W. Bush, para que sean detenidos, extraditados o sometidos a la justicia los presuntos torturadores que viven en este país.
El director ejecutivo de AI de EEUU, William Schulz, destacó que ya es hora de que las autoridades de Washington eviten que este país se convierta en un refugio de torturadores.
El organismo informó de que ha identificado a unos 150 extranjeros sospechosos de cometer violaciones de los derechos humanos en nueve países y que viven en EEUU, en muchos casos, con permiso del Servicio de Inmigración (INS), aunque no facilitó nombres.
En su informe titulado "EEUU: un refugio seguro para torturadores", AI señala que el INS garantizó la ciudadanía estadounidense a un ex miembro del Gobierno de Etiopía que había cometido actos de tortura.
Lucha contra el terrorismo
El caso se produjo a pesar de que un tribunal norteamericano llegó a la conclusión de que el etíope era culpable de torturar y le ordenara pagar 1,5 millones de dólares (1,7 millones de euros, 285 millones de pesetas) por daños civiles.
Schulz identificó a ese inmigrante como Kelbessa Negewo, e indicó que continúa residiendo en EEUU, al igual que otros sospechosos de torturas procedentes de Chile, Haití y Bosnia Herzegovina.
El director ejecutivo de AI agregó que dar refugio a presuntos torturadores y rechazar su penalización no está de acuerdo con la lucha que llevan a cabo los soldados estadounidenses contra el terrorismo en los más remotos rincones del mundo.
AI recordó que en 1994 el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que permite la detención de cualquier extranjero que haya cometido torturas en su país, para presentarlo ante los tribunales o para su deportación, y que esa ley debe aplicarse en los últimos casos denunciados