Internacional

Eduardo Dimas

En las últimas semanas asistimos a uno de los tantos shows políticos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con motivo de la renovación de la misión de los cuerpos de paz de la ONU en Bosnia por otros seis meses. El pasado 30 de junio Estados Unidos condicionó su permanencia en los cascos azules y la aprobación de la resolución --paga un tercio de los gastos de esas misiones-- a que sus soldados no pudieran ser sometidos a juicio ni acusados en el Tribunal Penal Internacional (TPI) que entró en funciones precisamente el primero de julio. Como no logró su objetivo, vetó la resolución. Con posterioridad, amenazó con retirar sus fuerzas también de Timor, con lo que puso en crisis todas las misiones de paz de la ONU en diferentes países que sufren o han sufrido conflictos bélicos. Los demás países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), decidieron que las misiones de paz se mantendrían con o sin la participación de Estados Unidos.
Sin embargo, no todos al parecer pretendían asumir una posición de enfrentamiento con la Casa Blanca, lo que quedó en evidencia el pasado día 12 de julio, cuando el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad una resolución que exime por un año a las tropas estadounidenses de ser procesadas en el nuevo tribunal que juzgará los crímenes de guerra. Lo más interesante del caso es que todo país que se haya negado a firmar el Protocolo de Roma puede ser eximido por un año de cualquier tipo de investigación del Tribunal y esa situación puede prorrogarse por otros doce meses, en caso de que el Consejo de Seguridad así lo decida.
El famoso Tribunal Penal Internacional nace tarado por la selectividad. Es decir, algunos gobiernos podrán ser llevados al banquillo de los acusados, o por lo menos investigados por cualquier crimen de guerra o sospecha de éste, mientras que otros están libres de ese engorroso procedimiento que pone en tela de juicio el prestigio, la dignidad y el respeto a los derechos humanos. Entre esos países que hagan lo que hagan no tendrán problemas, se encuentran los propios Estados Unidos, Israel, Rusia y China. Y la pregunta que se hacen muchos en este mundo es por qué Estados Unidos se niega a que sus soldados y oficiales puedan ser sometidos a juicio en el TPI por crímenes de guerra, si es el país más poderoso de la tierra, el que se auto titula principal defensor de los derechos humanos y la democracia. ¿Es que el discurso político y la realidad van por distintos caminos? ¿O es que los futuros planes contra el terrorismo conllevan acciones que podrían ser considerados como crímenes de guerra? Lo que sí cuesta mucho trabajo creer son las justificaciones que se aducen para exigir la impunidad --más que la inmunidad-- para soldados y oficiales.
En enero del año 2001, poco antes de ser designado subsecretario de estado, John Bolton escribió en el diario The Washington Post que ese Tribunal "minaría la independencia y flexibilidad que nuestras fuerzas armadas necesitan para defender nuestros intereses alrededor del mundo". En igual sentido se han pronunciado el secretario de Estado Colin Powell, y el de Defensa Donald Rumsfeld. Y en el Congreso se discute una resolución, no aprobada todavía, que consideraría un acto de guerra contra Estados Unidos cualquier intento de juzgar a un militar estadounidense en el TPI. Holanda es el país sede del Tribunal. ¿Se convertiría en objeto de agresión si un militar estadounidense fuera juzgado o investigado por crímenes de guerra?
Sin el ánimo de ofender al pueblo de Estados Unidos --que se opuso a la guerra en Vietnam y que ha sido sistemáticamente desinformado sobre lo ocurrido en Panamá, Yugoslavia o Afganistán, por solo citar algunos ejemplos--, para muchos observadores es evidente que los distintos gobiernos estadounidense que han librado guerras han cometido crímenes contra la humanidad. En Vietnam fue el uso del napalm y del agente naranja, con su secuela de muertes y de deformaciones congénitas; se destruyeron aldeas completas y se calcula murieron más de 3 millones de personas. En Panamá, con el pretexto de capturar al general Antonio Noriega -- agente de la CIA durante muchos años-- se destruyó el barrio del Chorrillo, con un saldo de centenares de muertos y heridos. En Yugoslavia se bombardearon hospitales, iglesias, caravanas de civiles y estaciones de televisión. A las más de 2 mil víctimas civiles se les dio el nombre de "daños colaterales". En Afganistán es imposible calcular los civiles que han perecido como consecuencia de los bombardeos indiscriminados. En el último error murieron 47 personas y 117 resultaron heridas, muchos de ellos mujeres y niños que asistían a una boda. Osama Bin Laden y el Mullah Omar, los dos principales objetivos de la guerra desatada en Afganistán, siguen vivos y aparecen y desaparecen en los medios de comunicación de una forma bastante sospechosa, pues lo hacen regularmente cuando es necesario que el gobierno estadounidense justifique alguna medida de carácter represivo o para mantener el temor de nuevos actos terroristas.
Da la impresión de que el actual gobierno de los Estados Unidos, más que inmunidad lo que busca es impunidad, en los momentos en que se prepara --ellos mismos se han encargado de filtrarlo a la prensa-- una guerra en gran escala contra Iraq, y existen otros 60 países que, según el propio presidente Bush, pueden ser objeto de cualquier tipo de acción militar como parte de la famosa "guerra contra el terrorismo". Esa consigna que muchos analistas califican de muy cómoda y justificativa, pero carente de base, en la que se pretende que quien no está con Estados Unidos está a favor del terrorismo y que Dios no es neutral, se presta a todo género de acciones encaminados a imponer los intereses de la elite del poder en muchas partes del mundo. En Afganistán, por ejemplo, se trata de construir el famoso oleoducto que trasladaría el petróleo del Mar Caspio hasta Pakistán, una de las aspiraciones de la Union Oil of California (UNOCAL). Hamid Karsay, el presidente impuesto, era funcionario de esa empresa petrolera.
Por lo demás, calificar de terroristas a aquellos gobiernos u organizaciones que no son del agrado de la administración Bush es una forma muy cómoda de tener las manos libres para realizar todo tipo de acciones --recordemos que hasta las armas nucleares están dentro de las opciones en la lucha contra el terrorismo. El periodista español Pascual Serrano decía en una Mesa Redonda sobre las guerras del siglo 21 que considerar al oponente como terrorista supone muchas cosas, todas beneficiosas para una nación poderosa que puede imponer sus intereses por la fuerza y domina los medios de información pública.
Supone, decía Serrano, negar el diálogo como vía de solución del conflicto. Supone negar cualquier elemento de reflexión sobre las razones del conflicto, es decir, negarse a analizar si la otra parte presenta alguna cuestión digna de tenerse en cuenta. Supone considerarse poseedor de una verdad absoluta y de la bondad absoluta.mientras que el adversario representaría a la maldad absoluta. Considerar al enemigo como terrorista supone, en fin, que éste no busca otro objetivo que sembrar el terror, así que no hay consideración alguna. Si recordamos los discursos del Presidente Bush el 20 de septiembre del pasado año y el primero de junio en West Point, es fácil comprender los argumentos de Serrano.
Supone, agregaría yo, olvidar que las causas del terrorismo hay que buscarlas en la situación de miseria y humillación en que viven muchos pueblos del mundo. Supone también que el hecho de ser la nación más poderosa del planeta --algunos la llaman imperio-- otorga todo género de dispensas. Supone que se puede ir por el mundo imponiendo los intereses por la fuerza, con la consiguiente pérdida de vidas humanas y sufrimiento sin que se produzca reacción alguna por parte de los agredidos. Es evidente que Estados Unidos atraviesa en estos momentos por una profunda crisis económica que algunos califican, no sin razón, de crisis de confianza en las grandes empresas, cuyos escándalos financieros y fraudes han arruinado a decenas de millones de pensionados, trabajadores e inversionistas. Es una crisis de credibilidad que no solo se refleja en la economía, sino en el prestigio de las principales figuras del gobierno: el presidente Bush y el vicepresidente Richard Cheney quienes en su momento, cuando eran hombres de negocios y directivos de empresas, tuvieron participación en negocios turbios.
Pero existe además una crisis de prestigio a partir de las dudas de hasta dónde el gobierno sabía que se iban a producir atentados terroristas y no hizo nada por impedirlo. La explicación de la asesora de seguridad nacional, Condoleeza Rice, de que ellos pensaron que se trataba de un clásico secuestro de avión para exigir la liberación de prisioneros, lo único que hace es echar más leña al fuego porque suena a irresponsabilidad. Y todo eso conduce a una crisis moral que se refleja en la pérdida de apoyo popular que ha tenido el presidente Bush en las últimas semanas. Mientras el pasado lunes 15 de julio Bush hablaba de la solidez de la economía estadounidense, la Bolsa de Valores de Nueva York caía estrepitosamente, sin que sus palabras provocaran en el mercado la confianza buscada.
Y esa situación que algunos califican de desesperada podría conducir, como ha sucedido otras veces en la historia estadounidense, a que se busque una solución militar, ya sea en una guerra contra Iraq o contra cualquier otro país de la larga lista de naciones calificadas de terroristas por el actual gobierno. ¿Iraq, Corea del Norte, Irán, Libia, incluso Cuba? Pudiera ser. Tal vez esa sea la razón principal por la que el gobierno estadounidense exige impunidad del Tribunal Penal Internacional. La teoría del golpe preventivo por sospechas de posibles ataques contra países acusados por los propios Estados Unidos de ser terroristas no forma parte de las leyes que rigen las relaciones entre los estados y no aparece refrendada en la Carta de las Naciones Unidas.
Cabe preguntarse a qué aspira la actual administración estadounidense: ¿a estar por encima de la ley, fuera de la ley o a imponer sus propias leyes a cualquier precio?
Eduardo Dimas,
periodista, es analista político de la televisión cubana
y Profesor Asistente de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana