Internacional

Walt Brasch
Counterpunch
Traducido para Rebelión por Germán Leyens

Entre una cafetería y un negocio vacío que contenía un negocio de calzados, una tienda de vídeos, y un salón de bronceado, en un pequeño pasaje comercial de Bloomsburg, Pa., se encuentra Friends-in-Mind, una librería independiente.
En el primer piso hay más de 10.000 libros sobre más de 400 metros de estanterías que crean corredores de como un metro de ancho. Sobre las repisas hay pilas de 10, 15, hasta de más de 20 libros. Por el suelo hay cientos más, amontonados con los lomos hacia fuera hasta alturas de 1 metro y más. Hay libros sobre estantes de metal, cajones, y encima de mostradores. Es difícil caminar por el local sin estrellarse contra una pila en sus cerca de100 metros cuadrados. En el sótano hay, en reserva, unos 2.000 libros más.
"A veces pido cuatro o cinco copias de un título, mas a menudo sólo encargo una copia, pero quiero tener todo lo que mis clientes desean," dice la propietaria Arline Johnson que fundó el negocio en 1976 después de trabajar casi dos décadas como psicóloga clínica y profesora. A diferencia de los negocios en cadena con estantes para revistas y periódicos, amplios pasillos, focos sobre rieles, e incluso un café, Friends-in-Mind tiene sólo libros y algunas tarjetas de saludo. Y, a diferencia de las tiendas en cadena con grandes presupuestos para espacio y promoción para atraer cientos de clientes por día, Johnson dice que ella ve "en un día bueno de verdad" a unas 25 o 30 personas, a veces ve a menos de una docena.
En septiembre de 1984, vio a alguien a quien no quería ver. Una semana después que el Instituto de la Prensa Naval le envió la novela de misterio de la guerra fría de Tom Clancy, La Caza del Octubre Rojo, apareció el FBI. El FBI, que parece haber obtenido la información de la editorial, "quería saber dónde estaban los libros y quién los había comprado," dice Johnson. Dice que informó a los dos hombres que no podía recordar a quién había vendido dos de las copias, pero reconoció que envió una copia a su primo, que había servido a bordo de un submarino nuclear, "y que tiene autorizaciones de toda clase". Johnson dice que no le gustó el interrogatorio –"y mi primo ciertamente no quedó nada de contento con que alguien estuviera controlando lo que leía."
El FBI nunca volvió, pero de vez en cuando hay residentes en esta comunidad conservadora rural que se quejan por lo que hay en el negocio. Ha sido atacada por vender libros sobre Karl Marx, sobre los derechos de los gay, e incluso sobre dinosaurios. Johnson dice que responde a "la policía de libros" que "es importante que la gente aprenda y lea sobre todas las cosas, no importa si creen o no en ellas." Ella también vende copias de la Constitución y de los Papeles Federalistas. Libros de izquierda. De derecha. De negocios. Laborales. Anti-establishment. Todo se consigue en su tienda. "No es el papel del gobierno venir a decirme a mí o a nadie qué es lo que pueden leer," dice.
Pero el gobierno ha decidido que bajo el manto de la "seguridad nacional" puede condensar los derechos del ciudadano. La base es la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera (FISA). Bajo las provisiones de esta ley, el gobierno puede realizar una vigilancia clandestina de individuos sólo después de haber obtenido una orden de un tribunal secreto especial creado por el gobierno. Sin embargo, ese tribunal, en sus dos primeras décadas, aprobó a cada uno de los gobiernos más de 12.000 solicitudes.
Las más recientes intrusiones en las libertades cívicas comenzaron en 1998 cuando el fiscal especial Ken Starr le exigió a una librería que entregara sus registros sobre los libros comprados por Monica Lewinsky. Fue un argumento general que no tenía una base razonable que pudiera establecer algún fundamento para los ataques de Starr contra el Presidente Clinton. Desde entonces, ha habido varios casos en los que la policía, operando con autos judiciales extendidos por tribunales estatales, ha exigido los registros de librerías.
En acciones del estado, los individuos tienen el derecho de solicitar a los tribunales locales y estatales que anulen las citaciones legales de registros. Si fallan, pueden apelar a través de todo el sistema hasta las cortes supremas de los estados. No existe una protección semejante bajo la FISA. No sólo los individuos y los negocios no pueden ser representados en el tribunal secreto, sino que están limitados por una cláusula de prohibición que no les permite ni siquiera revelar que la orden fue dada. No hay recurso alguno. No hay apelación.
Y luego vino la Ley Patriota de EE.UU., redactada por la administración Bush, y ajustada en detalle secretamente por las direcciones de la Cámara de Representantes y del Senado después de los ataques terroristas del 11 de septiembre. La Ley Patriota, que incorpora y expande significativamente la FISA para que incluya a ciudadanos estadounidenses, fue aprobada abrumadoramente por el Congreso, aunque la mayor parte de los parlamentarios admite que sólo leyeron unos pocos párrafos, cuando lo hicieron, del documento de 342 páginas. El Presidente Bush firmó entusiasmado la ley el 26 de octubre.
Entre sus casi innumerables cláusulas, la Ley reduce el control judicial de la vigilancia telefónica y de Internet, y da al FBI un acceso casi ilimitado, y sin control, a los archivos empresariales sin exigirle que presente ni la más mínima evidencia de un crimen. El FBI ni siquiera necesita dar al individuo el tiempo necesario para llamar a un abogado. Si la persona no cumple inmediatamente, puede resultar en su detención instantánea. El gobierno federal puede ahora exigir que las bibliotecas divulguen quién utiliza ordenadores públicos o qué libros pide, que las videotecas revelen qué vídeos compran o alquilan los clientes, incluso que las tiendas de comestibles y los drugstores revelen qué libros de bolsillo compraron los consumidores.
El efecto de la Ley Patriota de EE.UU. para los negocios que prestan, alquilan, o venden libros, vídeos, revistas y CDs de música no es que se encuentre o se encarcele a terroristas –hay maneras mucho más eficaces de investigar las amenazas a la nación que controlar los hábitos de lectura o de escucha de un terrorista –sino que de imponer un efecto congelador general sobre las libertades constitucionales. La Ley embiste contra las protecciones provistas por las Enmiendas: Primera (libertad de expresión), Cuarta (investigaciones irrazonables), la Quinta (derecho contra la auto- incriminación), y Sexta (debido proceso).
Si la Ley no es modificada, las editoriales se arriesgarán aún menos a publicar obras que como "La Caza del Octubre Rojo, " podrían llevar a una investigación gubernamental; los propietarios de las librerías podrían no comprar tantos títulos diferentes; y la gente, temiendo que lo que puedan leer podría ser sometido al escrutinio por el Gran Hermano, podrían no comprar libros controvertidos o pedir prestados libros en la biblioteca. Lo que es aún peor, los escritores podrían no crear las obras que una nación libre debiera leer. ¡Qué irónico es que un Presidente que dice que quiere que todos lean sea el que sea responsable por darle a la gente menos variedad en lo que pueden leer!
Chris Finan, presidente de la Fundación de Libreros Estadounidenses por la Libre Expresión, cree que "hemos visto un cierto cambio" en las actitudes extremas de la posición del gobierno. Piensa que la opinión pública cambiará "del pánico después del 11 de septiembre para permitir un debate razonable de los peligros" creados por la Ley Patriota de EE.UU. La Ley incluye una cláusula de cancelación –varias secciones caducarán, a menos que el Congreso las renueve, el 31 de diciembre de 2005.
Judith Krug de la Asociación de Bibliotecas de EE.UU. no es tan optimista como Finan. "Va a ser usada mientras piensen que se lo pueden permitir," dice Krug, uno de los principales expertos del país en derechos de la Primera Enmienda y las libertades cívicas. Krug dice que hasta que la gente "comience a impugnar la Ley en los tribunales federales, tendremos suerte si podemos "cancelar" alguna parte."
Mientras tanto, Arline Johnson dice que ella no lleva registros, no acepta tarjetas de crédito, y ni siquiera tiene un informativo del negocio, todos los cuales podrían poner en peligro las protecciones constitucionales de sus clientes. "Una vez viví y enseñé en Bulgaria," dice Johnson, "y no me gustan los regímenes totalitarios." No hay diferencia alguna si se trata de una dictadura balcánica o si es una creada por miedo en una democracia. La administración ha causado más miedo en el pueblo de EE.UU. que el que cualquier terrorista hubiera podido lograr.
Como argumentó una vez Benjamin Franklin, una nación que renuncia a la libertad para ganar en seguridad, no merece ni la una ni la otra.
25 de julio de 2002
Correo: wbrasch@planetx.bloomu.edu