(Nueva York, 15 de agosto de 2002) — El gobierno estadounidense ha realizado detenciones arbitrarias, ha violado el debido proceso y ha llevado a cabo arrestos secretos en el curso de su investigación de los ataques del 11 de septiembre, ha denunciado Human Rights Watch en un informe publicado hoy. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha empleado cargos de inmigración indebidamente en su investigación anti-terrorista para evitar restricciones legales a su poder para detener e interrogar a personas.
Al limitar la supervisión judicial e impedir el escrutinio público de sus acciones, el gobierno ha asumido un poder virtualmente sin restricción sobre los detenidos.

Jamie Fellner
Directora del Programa de Estados Unidos de Human Rights Watch

"Que una persona haya violado las leyes de inmigración no le da licencia al gobierno para ignorar las reglas del derecho penal", dijo Jamie Fellner, Directora del Programa de Estados Unidos de Human Rights Watch. "Al limitar la supervisión judicial e impedir el escrutinio público de sus acciones, el gobierno ha asumido un poder virtualmente sin restricción sobre los detenidos".
El informe de 95 páginas, titulado "Presunción de culpabilidad: Abusos de los derechos humanos de los detenidos en relación con el 11 de septiembre", está basado en entrevistas realizadas por Human Rights Watch con docenas de actuales y antiguos presos y sus abogados. El informe ofrece el análisis más exhaustivo hasta la fecha del tratamiento de los extranjeros atrapados en las redadas realizadas después del 11 de septiembre por parte del Departamento de Justicia.
Human Rights Watch ha concluido que el gobierno estadounidense ha encarcelado a personas sin cargos durante períodos de tiempo prolongados, les ha impedido el acceso a abogados, ha realizado interrogatorios abusivos y ha ignorado o anulado decisiones judiciales que ordenaban la puesta en libertad bajo fianza de personas durante la duración de los procedimientos de inmigración en sus casos. El gobierno ha recluido a algunas personas durante meses en condiciones restrictivas, incluyendo encarcelamiento en solitario. Algunos detenidos han sufrido abusos físicos y verbales debido a su nacionalidad o su religión.
Alrededor de 1.200 extranjeros han sido arrestados y encarcelados en secreto en relación con la investigación de los ataques del 11 de septiembre, aunque el gobierno no ha divulgado el número exacto. La gran mayoría de ellos son de países de Oriente Medio, el sur de Asia y el norte de Africa. El informe describe casos en los que encuentros al azar con agentes de cuerpos policiales o sospechas de vecinos que sólo se basaban en la nacionalidad y religión del extranjero resultaron en interrogatorios sobre posibles conexiones con terrorismo.
Por lo menos 752 personas fueron detenidas bajo cargos de violar las leyes de inmigración mientras el gobierno continuaba investigándolas. Violando el derecho a la presunción de inocencia, el Departamento de Justicia les mantuvo en prisión hasta que concluyó que no tenían vínculos y/o información sobre terrorismo. Ninguno de los 752 detenidos ha sido acusado de crímenes relacionados con el terrorismo. La mayoría fueron eventualmente expulsados de los Estados Unidos.
El usar violaciones de las leyes de inmigración para detener a estas personas mientras estaban siendo investigados por posibles crímenes ha permitido al Departamento de Justicia negarles los derechos que el derecho penal les garantiza, como por ejemplo, el derecho a un abogado de oficio y el derecho a ser acusado con prontitud tras el arresto. En algunos casos, el Departamento de Justicia se saltó los procedimientos regulares para mantener a extranjeros bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Naturalización esperando que por una remota posibilidad pudieran haber participado en actos de terrorismo, un procedimiento que equivale a "detención preventiva" ilegal.
"El gobierno de los Estados Unidos no ha sostenido los valores que el Presidente Bush declaró que estaban siendo atacados el 11 de septiembre", dijo Fellner. "Ha violado las normas básicas que regulan el poder de la autoridad para detener a personas y que diferencian a las naciones libres y democráticas de aquellas que no lo son".
Human Rights Watch también criticó al gobierno de los Estados Unidos por obstaculizar el derecho del público a saber lo que su gobierno está haciendo. Arrestos secretos y audiencias secretas son incompatibles con los valores democráticos de transparencia, responsabilidad gubernamental y el estado de derecho.

Human Rights Watch insta al gobierno de Estados Unidos a que:

Divulgue inmediatamente los nombres de todas las personas detenidas desde el 11 de septiembre en relación con la investigación terrorista y abandone su política de audiencias secretas;
Informe a todas las personas encarceladas por el Servicio de Inmigración y Naturalización de los cargos contra ellas dentro de las 48 horas después de su arresto o las ponga en libertad, y derogue la norma que permite la dilación por tiempo indefinido de la presentación de cargos contra personas encarceladas por el Servicio de Inmigración y Naturalización en "circunstancias excepcionales".
Informe a todas las personas encarceladas por el Servicio de Inmigración y Naturalización que sean interrogadas sobre terrorismo de su derecho a permanecer en silencio, a tener un abogado presente durante cualquier interrogación y a que se les asigne un abogado de oficio si fuese necesario.
Libere inmediatamente a cualquier detenido que haya obtenido su libertad bajo fianza por orden judicial y se abstenga de mantener personas encarceladas mientras las fuerzas policiales deciden si son o no inocentes de vínculos con el terrorismo.