Amnistía Internacional

En un nuevo informe publicado hoy con el título Widespread abuses in the administration of justice («Abusos generalizados en la administración de justicia»), Amnistía Internacional afirma que la policía y el ejército de Tailandia utilizan la tortura para obtener confesiones y para castigar y humillar a los detenidos.

«No se debe aceptar la tortura como conducta normal; es un abuso grave de poder», afirma la organización. «El gobierno debe hacer mucho más para condenarla públicamente y para investigar a los responsables y hacerles rendir cuentas».

La policía y el ejército someten a tortura y malos tratos a los detenidos durante el tiempo que permanecen privados de libertad, poco después de su detención, durante su transporte y en los campos militares para tratamiento de la drogadicción. Los tailandeses pobres, los inmigrantes y los miembros de minorías étnicas son particularmente vulnerables.

El 7 de diciembre de 2001, dos miembros del grupo étnico akha, Ateh Amoh y Ajuuh Cheh Cuuh Gooh, fueron detenidos por soldados en su pueblo, situado en la provincia de Chiang Rai, y llevados al 11º campamento militar de caballería para someterlos a un programa de desintoxicación de adictos al opio. Los pusieron en un pequeño hoyo excavado en el suelo, donde había ya detenidos otros tres hombres de su misma etnia. Los soldados arrojaron sobre los cinco agua, carbón y cenizas y los dejaron allí hasta la noche, cuando les vendaron los ojos y se los llevaron, por separado, para interrogarlos. Uno de ellos escapó, y, como castigo, Ateh Amoh y Ajuuh Cheh Cuuh Gooh fueron golpeados brutalmente. Este murió el 9 de diciembre a consecuencia de los golpes, y aquel pasó seis días en el hospital, donde le atendieron de daños en un pulmón y de otras lesiones. Amnistía Internacional ha pedido al gobierno que realice de inmediato una investigación efectiva sobre estos hechos y ponga a los responsables a disposición judicial.

En agosto de 2000, un miembro de la minoría étnica karen fue torturado por la policía durante su interrogatorio en relación con el asesinato de la viajera británica Kirsty Jones. Tras vendarle los ojos y desnudarlo, los agentes le golpearon y le pisaron el estómago. Le dijeron que confesara el asesinato a la vez que le amenazaban con matarlo. El se negó, y al final lo arrojaron al borde de una carretera.

En las prisiones, las torturas y malos tratos suelen ser infligidos por los denominados «ordenanzas» (presos a los que los guardias conceden ciertos privilegios), que los utilizan para castigar las infracciones de las normas de la prisión. No obstante, los guardias también participan directamente.

Sinchai Saslee, preso tailandés de alrededor de 35 años, murió el 17 de mayo de 2001 a causa de un paliza recibida, al parecer, por haber intentado clavar una botella de agua en la pared de su celda. Había empezado a discutir por ello con un guardia, cuando varios más comenzaron a golpearlo con porras y a darle patadas y puñetazos Al final perdió el conocimiento.

En el informe de Amnistía Internacional se ponen también de manifiesto las duras condiciones imperantes en las prisiones, incluidos el hacinamiento extremo y la falta de alimentos, higiene y atención médica. El problema del hacinamiento ha ido en aumento, ya que cada vez se detiene a más gente por delitos relacionados con drogas. Aunque Amnistía Internacional reconoce la gravedad del problema de las drogas en Tailandia, pide también que se tomen medidas adecuadas en relación con el aumento de la población carcelaria.

Asimismo, las prisiones tienen un alto índice de muertes bajo custodia por enfermedades como la tuberculosis y el SIDA, y muchos presos no reciben atención médica en absoluto. Es habitual que los condenados a muerte lleven grilletes continuamente, a pesar de que no está permitido por la legislación tailandesa. La falta de personal es un problema crónico, debido en parte a lo mal pagados que están los guardias de prisiones. «El Real Gobierno Tailandés tiene que garantizar que el sistema penitenciario recibe los recursos adecuados para mejorar sus condiciones», afirma Amnistía Internacional. Asimismo, el personal de las prisiones y los demás funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen que recibir formación sobre las normas internacionales de derechos humanos».