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 Internacional |
9 de mayo del 2002
EE UU retirará su firma del Tratado de Roma sobre la Corte Penal Internacional y de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
Equipo Nizkor
Nota del Equipo Nizkor:
En un acto sin precedentes, los Estados Unidos están preparados para anunciar que retiran su firma del Tratado de Roma sobre la Corte Penal Internacional y de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, superando al Gobierno Reagan ,que declaró su oposición al Protocolo I de las Convenciones de Ginebra debido a sus implicaciones en el conflicto centroamericano.
Como bien ha dicho el profesor Hongju Koh, el momento histórico es comparable con el de la decisión de 1803 de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso Marbury v. Madison, en que la Corte dictaminó que los tribunales podrían someter a su jurisdicción a las otras ramas del gobierno. Con esta decisión se puede entender que el Gobierno de Estados Unidos se considera por encima de la ley internacional o, simplemente, que está fuera de la ley. La distancia entre las dos interpretaciones es la que hay entre un estado de derecho y un estado de excepción. El tiempo dirá cuál de las dos se impondrá en la realidad histórica.
El Gobierno Bush tenía esta decisión adoptada desde antes del 11 de septiembre y sólo la retrasó por motivos meramente instrumentales derivados del atentando del 11 de septiembre. Según algunos funcionarios del Departamento de Estado, les pareció que no era oportuno, pues era el momento en que se declaraba la guerra internacional contra las huestes de Bin Laden y se solicitaba una gran coalición en nombre, precisamente, del derecho internacional.
Lo grave es que esta declaración, en el momento que se haga pública, no será más que el comienzo de la actividad de esta gran potencia para llevar adelante la tarea que el Senador Helms solicitó se llevara a cabo y que explicitó en la frase "hay que descuartizar a ese monstruo". Lógicamente no se refería a las huestes de Bin Laden, que ya existían y que habían sido entrenadas por los Estados Unidos, sino contra el recién nacido Tratado de Roma de la Corte Penal Internacional.
Desde el punto de vista de los derechos humanos estamos ante una situación dramática y de dificil solución mientras exista el actual gobierno norteamericano.
Equipo Nizkor - UE, 5 de mayo de 2002.
EL GOBIERNO BUSH ESTA PREPARADO PARA ANUNCIAR QUE LOS ESTADOS UNIDOS RETIRAN SU FIRMA DEL TRATADO DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL Y DE LA CONVENCION DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS.
WASHINGTON, May 4 - La Administración Bush ha decidido renunciar formalmente a cualquier participación en el tratado por el que se establece la Corte Penal Internacional, y se espera, según manifestaciones de funcionarios del Gobierno, que declare que la firma de este tratado por parte de la Administración Clinton deja de ser válida.
La retirada de la firma del tratado, que se espera sea anunciada el lunes, constituirá un rechazo decisivo, por parte de la presidencia de Bush, del concepto de una corte permanente concebida para enjuiciar a los individuos responsables de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.
La administración viene argumentando desde hace tiempo que la corte puede tener efectos desastrosos para los Estados Unidos al dejar expuestos a sus soldados y oficiales en el extranjero a la posibilidad de procesamientos caprichosos y malintencionados.
"Creemos que es un error el haber firmado el tratado", declaró un funcionario de la administración. "Hemos dicho que no lo someteremos al Senado para la ratificación por parte de éste". Esta renuncia, según funcionarios gubernamentales, significa también que Estados Unidos no reconocerá la jurisdicción de la Corte y no se avendrá a ninguna de sus órdenes.
Además, manifiestan otros funcionarios, Estados Unidos declarará simultáneamente que no estará vinculado por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, un acuerdo de 1969 que establece la obligación de los estados de obedecer otros tratados internacionales.
El artículo 18 de la Convención de Viena requiere a los estados signatarios, como los Estados Unidos, que se abstengan de actos que menoscaben los tratados que firman, incluso aunque no los hayan ratificado. Al igual que sucede con el tratado [de Roma] de la Corte Penal Internacional, Estados Unidos ha firmado, pero no ha ratificado, la Convención de Viena.
Un funcionario del Gobierno ha manifestado que la administración planea dar a conocer su decisión el lunes en un discurso del Subsecretario de Estado, Marc Grossman, en Washington, así como en una conferencia de prensa para corresponsales extranjeros oficiada por Pierre-Richard Prosper, el embajador del Departamento de Estado para asuntos de crímenes de guerra. Representantes de organizaciones de derechos humanos han dicho estar también a la espera de la decisión, cuyo anuncio para tal fecha fue inicialmente informado el viernes por el servicio de noticias de Reuters.
El susodicho rechazo a la Corte Penal Internacional, si bien era de esperar, va a añadir, sin lugar a dudas, puntos de fricción entre los Estados Unidos y gran parte del mundo, especialmente Europa, cuyos políticos se han quejado públicamente de la tendencia de la Administración Bush a desviarse de sus obligaciones multinacionales.
A pesar de la fuerte oposición de los Estados Unidos, la Corte Penal Internacional empezará a funcionar el año próximo, en La Haya. Hasta el mes pasado, un número de estados superior el requerido, 60 países, habían ratificado ya el tratado, y la Corte ejercerá su competencia sobre los crímenes cometidos a partir del 1 de julio de este año.
Será el primer nuevo órgano judicial internacional desde la creación, en 1945, de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, encargada de dirimir controversias entre estados. Hasta ahora, los individuos han sido juzgados en tribunales ad-hoc o en tribunales especialmente creados para crímenes de guerra, como los que actualmente funcionan para los crímenes cometidos en Ruanda y los países que componían la Antigua Yugoslavia, ambos concebidos sobre la base de los Tribunales de Nuremberg, en los que se juzgó a los nazis tras la II Guerra Mundial.
Harold Hongju Koh, profesor de derecho de la universidad de Yale, y ex Subsecretario de Estado en la Administración Clinton, declaró que la retractación de la forma del tratado sería un profundo error.
"El resultado es que la administración estaría perdiendo una gran oportunidad de contribuir a modelar la Corte de manera que ésta se perfile útil a los Estados Unidos. Ahora que la Corte existe, es importante abordar el tema. Si la administración deja el tema, podría desembocar en dificultades para nosotros y para países como Israel."
El profesor Koh comparó la oportunidad con la de la decisión de 1803 de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso Marbury v. Madison, en que la Corte dictaminó que los tribunales podrían someter a su jurisdicción a las otras ramas del gobierno, definiendo así de manera decisiva su papel en la nueva nación.
"Es un momento como el de Marbury v. Madison pero a nivel internacional", dijo.
John R. Bolton, Subsecretario de Estado para Control de Armas y una de las principales voces en la campaña de oposición a la participación estadounidense en la Corte Penal Internacional, escribió profusamente sobre la materia antes de que asumiera el cargo, tildando la Corte de "producto de un nebuloso romanticismo", y "no solamente naïve, sino peligrosa".
El Sr. Bolton, en un artículo en The National Interest, en 1999, argumentó que la Corte obligaría a los Estados Unidos a ceder parte de su soberanía y de su inigualable concepción del debido proceso a un fiscal extranjero y, posiblemente, desenfrenado. Dijo que no sólo los soldados estadounidenses quedarían en el mayor de los peligros, sino "el presidente, los miembros del gabinete ministerial que forman parte del Consejo de Seguridad Nacional y otros altos líderes civiles y militares responsables de nuestra defensa y política exterior".
Palitha Kohona, jefe de la sección de tratados de las Naciones Unidas, manifestó que jamás se ha oído que una nación que haya firmado un tratado se retracte después de la firma. David J. Scheffer, quien fuera embajador plenipotenciario para crímenes de guerra y que firmó el tratado por la Administración Clinton, declaró que la retirada de la firma excede incluso las acciones de la administración Reagan, la cual decidiera, en 1987, no promover la ratificación de una enmienda a las Convenciones de Ginebra que la Administración Carter había firmado. El acto afectaba a un documento conocido como Protocolo I, que conferiría mayor protección a los soldados de los movimientos insurgentes.
"Nunca se ha dado un intento de, literalmente, retirar el documento", dijo.
El Sr. Scheffer expresó que los actos de la Administración Bush no sólo socavan la justicia internacional, sino que atentan contra los intereses estadounidenses.
"La percepción sería que los Estados Unidos habrían vuelto la espalda a la justicia internacional y perdido su papel de liderazgo. Será un momento dramático en la historia jurídica internacional".
Un funcionario manifestó que la presidencia de Bush estaba preparada ya en septiembre del año pasado para retirar su firma del tratado, pero lo ataques al World Trade Center y el Pentágono que tuvieron lugar ese mismo mes, retrasaron el anuncio. Los funcionarios no sólo estaban ocupados con la repentina lucha contra el terrorismo, sino que también pensaron que renunciar en ese momento al tratado hubiera parecido impropio.
Las mayor parte de las naciones democráticas y todos los países de la Unión Europea han ratificado el tratado -con excepción de Grecia, que está en proceso de hacerlo- , junto con Canadá, Nueva Zelanda y varios países africanos, del Este de Europa y de Asia Central. Israel ha firmado pero no ha ratificado. Egipto, Irán y Siria han firmado. India, Pakistán y China no han firmado ni ratificado. Rusia ha firmado pero no ha ratificado.
[Fuente: By Neil A. Lewis - The New York Times - 05may02 traducido al español por el Equipo Nizkor el 5may02]]
