Radio La Primerísima
¿El presidente Hugo Chávez firmó realmente su renuncia? Su hija, María Gabriela, y varios miembros de su gabinete lo han desmentido. Si Chávez no firmó, se trataría, claramente, de un golpe de estado.
Los venezolanos y los demás ciudadanos del mundo, nos hemos enterado de la supuesta renuncia del presidente Chávez -dos veces electo por más del 60 por ciento de los votos- porque así lo dijeron los jefes del Ejército y lo repitieron los grandes medios de comunicación venezolanos y las multinacionales de la información de Estados Unidos y Europa.
Pero nadie, ni los militares, ni el empresario Pedro Carmona Estanga, ni los medios de comunicación que unánimemente se oponían al gobierno constitucional de Venezuela, han presentado la carta de renuncia firmada de puño y letra por el Presidente Chávez. Insistimos, nadie lo ha presentado.
El señor Carmona ha sido nombrado jefe de gobierno. No lo ha nombrado el pueblo mediante elecciones libres y democráticas. No lo ha nombrado el parlamento mediante el voto de sus diputados y senadores, electos democráticamente. Lo nombraron los militares, los jefes de las Fuerzas Armadas, y lo bendijeron los obispos católicos de la Conferencia Episcopal, después que el jueves por la tarde, decidieron abandonar al Presidente Chávez.
La constitución venezolana fue redactada por una asamblea constituyente electa por el pueblo. La constitución de Venezuela fue aprobada por una aplastante mayoría del pueblo venezolano en un referéndum. Esa ley suprema, dice que el nombre del país es República Bolivariana de Venezuela, en homenaje a Simón Bolívar, el prócer latinoamericano más importante de toda la historia continental.
Esa constitución aprobada por el pueblo, es la única en el mundo que prevé la eventual destitución del Presidente, si cuando haya cumplido la mitad del período para el cual fue electo, se realiza un plebiscito y así lo determina por lo menos, la misma cantidad de venezolanos que lo eligió. Para cumplir ese lapso, sólo faltaban unos meses.
Es decir, la oposición tenía garantizada una vía constitucional para sustituir al Presidente Chávez. Pero no tenía garantizada la mayoría del pueblo. Por eso, debió a recurrir a los métodos más brutales, propios de aquella época cuando los ejércitos de América Latina daban golpe de estado cada vez que se le ocurrían, bañaban de sangre cada rincón del continente y robaban todo cuanto podían de las riquezas nacionales.
El señor Carmona, autoproclamado presidente del país, no ha jurado defender la constitución, como ocurre en todas partes del mundo. Por el contrario, ha dicho que esa Constitución ya no está vigente.
En su primer decreto, el señor Carmona ha disuelto el parlamento, destituido a todos los magistrados del Poder Judicial, al Defensor del Pueblo, a toda la directiva del Consejo Nacional Electoral, al fiscal general de la República, al contralor general, a todo la cúpula de las Fuerzas Armadas y a todos los funcionarios nombrados legalmente por el Presidente Hugo Chávez. También se autoconcedió poderes extraordinarios para destituir a los alcaldes y a los gobernadores, democráticamente electos por el pueblo, si acaso así lo considera necesario.
Además, derogó todas las leyes promulgadas por el Parlamento y, finalmente, le cambió el nombre al país: ya no se llama República Bolivariana, como dice la constitución, sino simplemente República de Venezuela.
Paradojas del destino, doce horas después de nombrarlo, el mismo señor Carmona, el tercer hombre más rico de Venezuela y uno de los 50 más ricos de América Latina, destituyó y mandó a la cárcel a esos mismos militares que traicionaron al presidente Chávez y le entregaron al señor Carmona el poder.
El señor Carmona ha decidido que de ahora en adelante, el poder lo ejerce él y 35 de sus amigos, a quienes ha nombrado como miembros de un Consejo Consultivo, una figura jurídica que no existe en el marco legal constitucional de Venezuela. Peor aún: ese Consejo, nombrado por él, sustituye al parlamento, nombrado por el pueblo.
Es decir, de un plumazo, el señor Carmona acabó con el estado de derecho, con las instituciones democráticas, con todas las leyes del país, con todos los poderes del estado, con los mandos de las Fuerzas Armadas. En un solo decreto. Y dice el señor Carmona, que lo hace en nombre de la democracia.
Si algún ingrediente falta en esta vergonzosa acción, es la riqueza de Venezuela. El Presidente Chávez es el primero en la historia de Venezuela que administra el petróleo en beneficio del país. Y lo ha hecho, contra los vientos de protesta de los empresarios venezolanos, que querían continuar recibiendo lucros inmorales, y contra la marea de las transnacionales petroleras, que desde hace décadas desean hundir sus garras en la riqueza petrolera venezolana.
Venezuela es el principal proveedor de petróleo de Estados Unidos. ¿Cuánto olor a petróleo tiene el golpe de estado? Pronto lo sabremos.
Para destituir de facto al Presidente Constitucional de Venezuela, los militares y los empresarios argumentaron que no podía tolerarse la matanza del pueblo venezolano y la falta de libertades democráticas.
Pero de los quince muertos y de los más de 350 heridos en la matanza del jueves por la tarde, más del 80 por ciento son partidarios del Presidente Chávez, quienes eran parte de una multitud superior a las 20 mil personas que resguardaban el palacio de Miraflores.
La manifestación de la oposición era protegida por la Policía Metropolitana de Caracas. Ese cuerpo represivo está bajo las órdenes del alcalde metropolitano de Caracas Alfredo Peña, uno de los más reconocidos enemigos de Hugo Chávez.
Muchos testigos y algunos periodistas, aseguran que quienes abrieron fuego fueron los policías metropolitanos, y lo hicieron disparando contra la multitud que resguardaba el palacio presidencial. También afirman que desde los pisos superiores de varios edificios adyacentes, agentes de civil disparaban tiro a tiro, con extraordinaria puntería, contra centenares de chavistas. La mayoría de los muertos, tenían uno o varios tiros en la cabeza o en el corazón. Por lo menos nueve de los quince muertos, son chavistas.
Entonces, ¿acaso esta horrenda matanza no fue una acción deliberada de la oposición de extrema derecha para crear las condiciones políticas y sociales propicias para dar el golpe de estado y aparecer como salvadores del pueblo?
El señor Carmona, después de decretar la anulación total del estado de derecho y de las instituciones democráticas, ha ordenado la cacería de todos los partidarios del Presidente Chávez. Y ha empezado por los barrios miserables que viven en los cerros de Caracas. Ahora, persigue a los diputados electos democráticamente.
El señor Carmona tiene bajo arresto al Presidente Hugo Chávez, sin estar investido de ninguna autoridad legítima, sin ninguna orden judicial, sin ningún apego a las leyes, sin respetar los derechos humanos más elementales.
El señor Carmona y todo el equipo de extrema derecha que le acompañan, parece prepararse para una verdadera carnicería contra todos los partidarios del Presidente Chávez, es decir, contra más de la mitad del pueblo venezolano.
Y, otra vez, dice que lo hace en nombre de la democracia.
Lo ocurrido en Venezuela es un auténtico golpe de estado, que si la comunidad internacional lo legitima, será un grave precedente. Si así ocurre, ningún jefe de estado en ningún país de América Latina podrá conciliar el sueño. Puede ser que al día siguiente, un grupo de empresarios compre el respaldo de los jefes militares, y lo mande a la cárcel.
El señor Carmona ha ocupado el poder mediante un procedimiento anticonstitucional, ilegítimo, inmoral y violatorio del derecho internacional, y se dispone a instalar una auténtica dictadura de extrema derecha. Por lo tanto, nadie, ningún gobierno, ningún organismo internacional, ningún ser humano con principios democráticos, puede ni aprobar un golpe de estado, ni mucho menos reconocer a un gobierno golpista.
Por el contrario, todos los gobiernos y los demócratas del mundo, debemos exigir el respeto a la vida del Presidente Hugo Chávez y sus millones de partidarios, la restitución del orden constitucional en Venezuela y el respeto a las instituciones democráticas legítimamente constituidas en la tierra del libertador Simón Bolívar.
Nota Editorial de Radio La Primerísima, de Managua, Nicaragua