Quienes suscribimos este documento tenemos no pocas diferencias teóricas y políticas. Pese a ellas, coincidimos en algunos principios, diagnósticos y preocupaciones que nos invitan a expresarnos juntos, para intentar incidir en el curso de acontecimientos políticos desarrollados en el país en los últimos meses y agravados especialmente con el fallido golpe de Estado de la segunda semana de abril.
Coincidimos en que los principios de "justicia social" y "democracia" son interdependientes. No concebimos una verdadera democracia con los alarmantes índices de exclusión social que actualmente existen en el país, al tiempo que estamos convencidos de que para lograr mayores niveles de justicia social es necesario profundizar tanto la participación como la institucionalidad democrática. Por tal razón, insistimos en que todo cambio a producir en el país debe partir del estricto respeto a la expresión democrática de la sociedad y a la institucionalidad establecida en la Constitución de 1999.
Coincidimos en diagnosticar que, más allá de sus simpatías o antipatías por el gobierno nacional, la mayoría de la población no se siente representada por los sectores más radicalizados del espectro político (afectos o adversos al gobierno nacional), en tanto expresan una imposibilidad de resolver o administrar las diferencias a través de los canales democráticos establecidos en la legalidad, sin componendas de élites y con participación popular en el debate de los principales problemas del país. Ese rechazo mayoritario de la sociedad, que es transversal a la confrontación entre gobierno y oposición, constituye una reserva democrática que puede y tiene que permitir conjurar los riesgos autoritarios provenientes de ambos bandos.
En consecuencia, los abajo firmantes nos comprometemos, juntos y por separado, desde distintos espacios sociales, políticos, laborales, comunicacionales o académicos, a estimular un diálogo que, sin desconocer la inevitabilidad de los conflictos que genera todo proceso de cambios, en particular en una sociedad surcada por múltiples exclusiones, intente superar la polarización política extrema y permita pensar y ejecutar programas estatales y sociales para hacer efectivos los postulados de participación y justicia social que son parte de la Constitución aprobada por mayoría en 1999. Como aporte inicial de esta iniciativa hacemos público el presente documento.

Sobre la violencia en el clima político: entre torpezas y autoritarismos
Desde los meses finales de 2001 hemos sido testigos de un acelerado proceso de deterioro del ambiente político del país, caracterizado por el fortalecimiento de amenazas violentas a la institucionalidad democrática. Los trágicos hechos de la segunda semana de abril no fueron más que un punto álgido en este proceso que todavía dista de resolverse.
Con la aprobación en noviembre de 2001 de 49 leyes por parte del Ejecutivo Nacional, mediante el recurso de la ley Habilitante, diversos sectores de la sociedad o bien no se sintieron debidamente consultados o bien sintieron algunos de sus intereses directamente afectados. Esta situación interna coincidió con un endurecimiento del contexto internacional a raíz de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y Washington. En ambos ámbitos el gobierno nacional incurrió en notables torpezas políticas. En el caso de las leyes aprobadas con la Habilitante el gobierno no aprovechó la oportunidad de propiciar un debate público con todos los sectores involucrados (empresariales y no empresariales), sobre las orientaciones, metas y objetivos de aquellas leyes fundamentales para el desarrollo del nuevo andamiaje institucional del país, lo que probablemente hubiera reducido la magnitud de los conflictos a posteriori y aumentado la calidad de las leyes. Anteriormente las fuerzas oficialistas habían procedido a designar los poderes públicos sin apegarse plenamente a los procedimientos de consulta a la sociedad establecidos en la constitución. Esto minó desde su nacimiento la legitimidad de esos vitales poderes. En sus relaciones con el resto del mundo, si bien la caída de los precios del petróleo justificaba plenamente las visitas del presidente Chávez a países productores, miembros o no de la Opep, declaraciones de representantes del Ejecutivo, incluido el propio presidente, carecieron del tacto necesario en un momento de extrema sensibilidad por parte de las fuerzas hegemónicas en el mundo. Aunque la autonomía de la política exterior frente a estas fuerzas es una reivindicación fundamental de cualquier Estado que, como el nuestro, tenga a la autodeterminación como un principio constitucional, también lo es el cuidado de las alianzas comerciales de las cuales Venezuela obtiene sus principales ingresos.
En medio de esas torpezas, hasta principios del mes de abril, las fuerzas de la oposición de todo signo, respaldadas por los principales medios de comunicación, fueron ampliando sus espacios de acción y movilización. El 10 de diciembre organizaron un paro cívico nacional, el 23 de enero protagonizaron una concurrida marcha en defensa de "la democracia y la libertad" consideradas amenazadas por este gobierno, el 4 de febrero convocaron a una jornada de luto, el 27 de febrero la CTV, en compañía de Fedecámaras y otros sectores de la oposición, organizaron otra marcha en conmemoración de un nuevo aniversario del Caracazo. También hemos presenciado cacerolazos, apagones de luz, concentraciones en la Plaza Francia de Altamira, al este de Caracas, y manifestaciones frente a la residencia presidencial. En respuesta a las movilizaciones de la oposición, los sectores que apoyan al gobierno también habían desplegado una intensa actividad de calle. A la manifestación convocada por la oposición el 23 de enero, respondieron con una también multitudinaria marcha el mismo día y el 4 de febrero realizaron otra mayor aún. El 27 de febrero también hubo una contramarcha que recorrió la ciudad de Caracas de este a oeste y culminó en un mitin con la presencia del presidente.
La realización de estas acciones de protesta en apoyo a las diversas visiones de país que existen en la sociedad sin que hasta esa fecha se hubiese producido represión policial, parecía expresar un importante avance en la madurez del modelo político. Sin embargo, la conflictividad no sólo se estaba expresando en acciones de calle, sino también en múltiples discursos, algunos de los cuales constituían amenazas de vulneración a la institucionalidad democrática y al sistema de derechos a ella aparejado. Observábamos con profunda consternación hechos de violencia que comenzaban a manifestarse como mecanismo de resolución de conflictos. Preocupaba la realización, y sobre todo sus posibles consecuencias, de "juicios populares" contra los "enemigos políticos" de la "revolución", que a diferencia de meros tribunales de opinión, que sí serían espacios legítimos de participación política, estarían acompañados, según amenazaron inicialmente sus propulsores, del recurso a la violencia. Más grave que lo anterior fue el uso de asesinos a sueldo para enfrentar conflictos agrarios contándose ya con tres víctimas fatales y cerca de quince heridos entre dirigentes campesinos que han mostrado su respaldo a la Ley de Tierras. A estos hechos se sumaban las amenazas de muerte recibidas tanto por sectores que disienten del oficialismo como por sectores del movimiento popular que lo acompañan; las declaraciones públicas de militares activos de distintas fuerzas, en diversos escenarios y con distintos tonos, llegando a exigir la renuncia o destitución del Presidente; los llamados de sectores oficialistas a que se decreten estados de excepción en circunstancias no proporcionales a esa medida y los llamados que realizan a la FAN, sectores civiles de oposición, para que los "ayuden a salir de Chávez".
La cobertura de estos eventos por parte de los principales medios privados de comunicación siempre fue claramente sesgada. Según los medios, la relevancia de los actos de las fuerzas opositoras siempre sobrepasaron a las manifestaciones de apoyo al gobierno. Se presentaban las acciones de la oposición como expresión auténtica de la "sociedad civil", mientras que las de simpatizantes del gobierno como propias de "turbas" y "hordas". Se potenciaba el discurso de los sectores radicalizados de ambos bandos y se reducían aquellos que llaman a la ponderación y al diálogo, contribuyendo con ello a aumentar la sensación de zozobra en la población. Aunque con signo distinto, esta ausencia de pluralidad informativa, no es distinta en los medios estatales.
Pese a que ciertamente han existido elementos cuestionables en el discurso gubernamental que pueden entenderse como violatorios de algunas garantías de la libertad de expresión, la magnificación de tal tema y su exclusivo tratamiento desde la perspectiva empresarial han querido minimizar la responsabilidad de los medios de comunicación en el deterioro del clima político. La existencia de agendas claramente políticas en la información transmitida ha despojado a los ciudadanos de su derecho a estar debidamente informados y es un factor coadyuvante del clima de violencia. Todo ello, al construir una visión distorsionada de la realidad, acarrea nefastas consecuencias sobre la calidad de la democracia en Venezuela. Una democracia sana requiere como condición ineludible de medios de comunicación plurales, responsables y democráticos.
Este clima de polarización creciente condujo a los deplorables acontecimientos de principios de abril. Montados sobre el conflicto de la gerencia de Pdvsa con el gobierno nacional, la CTV y Fedecámaras convocaron inicialmente a un paro nacional de 24 horas el día 9, para extenderlo luego por 24 horas adicionales y finalmente transformarlo en una huelga general. Durante el tercer día de paro, las fuerzas de la oposición llevaron a cabo una multitudinaria manifestación cuyo destino inicial estaba programado que fuese la sede de Pdvsa en Chuao en el este de la ciudad de Caracas. Al alcanzar este punto, afianzados por lo numeroso de la movilización, los organizadores decidieron continuar con su acción de protesta y conducir la marcha hasta el palacio presidencial de Miraflores en el centro de la ciudad. Mientras esta movilización se desarrollaba, alrededor del palacio presidencial se habían venido congregando miles de personas para expresar su simpatías por el presidente Chávez. En esta oportunidad, a diferencia de lo ocurrido con las dos marchas del 23 de enero, no se tuvo la precaución de mantener separados las manifestaciones opositoras y partidarias al gobierno. Una correcta actuación de los organismos de seguridad hubiese podido impedir, por medios legítimos y resguardando la integridad de los manifestantes, que las dos movilizaciones se encontraran. Esto no ocurrió. Por otra parte, de manera irresponsable por decir lo menos, los organizadores de la marcha opositora, al desviar su curso, propiciaron una confrontación que no podía sino terminar en hechos de violencia. Los resultados de esa violencia enlutan hoy a Venezuela. Los más de una decena de venezolanos fallecidos y más de un centenar de heridos ha sido una muestra de las indeseables consecuencias de la polarización política que vive el país.
Esos hechos de violencia desembocaron en el golpe militar del 11 de abril. Amparados en el argumento de que Chávez había ordenado reprimir con el uso de la violencia a la manifestación pacífica que se dirigía a Miraflores, personeros de la más alta graduación de La Fuerza Armada Nacional, detuvieron al presidente Chávez. En horas de la madrugada del día viernes el inspector de la Fuerza Armada, general en jefe Lucas Rincón Romero anunció al país la renuncia del Presidente. Luego se demostraría que tal renuncia nunca ocurrió. Horas más tarde, los oficiales sublevados propiciaron la instalación del gobierno transitorio presidido por el empresario Pedro Carmona Estanga. En poco más de un día, este gobierno, por su ilegitimidad, ilegalidad y errores propios, perdió el apoyo de sectores militares que en un principio lo habían apoyado y concitó el rechazo de otros militares que nunca lo apoyaron. Principales protagonistas en la restitución de la institucionalidad fueron los sectores populares movilizados desde pocas horas de la caída del gobierno de Chávez. Primero frente al Fuerte Tiuna, lugar inicial de reclusión del presidente, y más tarde ante el palacio presidencial cientos de miles de venezolanos, sin que fuesen convocados por medio de comunicación alguno, se fueron congregando para reclamar la vuelta de Chávez. Hay que destacar que durante estos acontecimientos los hechos represivos, que sumaron a las del día once un número aún mayor de víctimas, si bien mostraron el rostro de violencia del gobierno de facto, no llegaron a ser masivas y generalizadas. De haber ocurrido lo último estaríamos hoy llorando una masacre de enormes proporciones. Estas víctimas, como las del día 11, también reclaman investigación y justicia.
Durante esos días de abril, el comportamiento de los principales medios de comunicación, anteriormente ya criticado, se exacerbó. El once estuvieron sistemática y sostenidamente promocionando la manifestación de la oposición en marcha, convirtiéndose en su principal medio de convocatoria. Los hechos de violencia que hoy toda Venezuela deplora, fueron presentados, con pocas excepciones, de manera uniforme y radicalmente sesgada. Venezuela reclama que los hechos de violencia sean esclarecidos y todos los responsables, independientemente de su ubicación política, sean sometidos a proceso judicial que culmine en sanciones adecuadas y en reparaciones a las víctimas y sus familiares. Pero lo que ya es del conocimiento público contradice sustancialmente la versión inicial que se nos presentó. Es pronto para saber a ciencias cierta lo que realmente ocurrió. Pero no nos queda duda que la verdad de lo ocurrido es más compleja que la primera versión y que existen responsabilidades múltiples. Esa versión sesgada de los hechos, difundida internacionalmente, sirvió de sustento al golpe militar y constituyó un elemento táctico de la estrategia que condujo a la ruptura del hilo constitucional..
A lo largo de los días viernes y sábado esos mismos medios de comunicación hicieron una cadena del silencio. Las nutridas y variadas protestas que ocurrían en la ciudad de Caracas y otras del interior del país no fueron noticia. Durante dos días el derecho a la información nos fue conculcado.
Aunque ha habido importantes llamados a la reflexión y la tolerancia, la aguda polarización política no ha sido desmontada. La recuperación de un clima que permita el debate y confrontación de ideas y propuestas que sea constructivo para el país es hoy una urgente necesidad.
Antecedentes: de la crisis de gobernabilidad al incipiente proceso de cambios democráticos por la inclusión social
La masacre de El Amparo en octubre de 1988 y el Caracazo de febrero y marzo de 1989 mostraron con todo su dramatismo y costo en vidas humanas, la erosión que una ya larga década de deterioro socioeconómico había producido en las instituciones de la democracia venezolana. Estos eventos y las respuestas a ellos de parte de las élites hicieron evidente para la mayoría de los venezolanos el inevitable e inminente colapso del viejo sistema de partidos que ocurriría poco después. Desde entonces, con más fuerza que antes, la sociedad venezolana viene construyendo un proceso político y social, en parte reactivo y en parte orgánico, que reivindica la necesidad de cambios por una mayor justicia e inclusión social a través de la profundización de la democracia. Ese proceso, en el que se inserta la transición que hoy vivimos, es anterior al chavismo y cabe esperar que le sobrevivirá.
Desde fines de la década de los setenta el modelo de desarrollo por sustitución de importaciones sostenido por la renta petrolera inició su declinación, sin que hasta la fecha haya sido remplazado por una alternativa exitosa que permita recobrar el crecimiento económico y detener y revertir el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Para conjurar este declive, en tres oportunidades se han ensayado programas de reestructuración y ajuste macroeconómico de orientación neoliberal que han tenido en común su corta duración y que no han logrado detener la recesión y deterioro de las condiciones de vida de la mayoría sino que, muy por el contrario, han contribuido a profundizar ese deterioro.
El empobrecimiento brutal, creciente y sostenido de la mayoría de la población venezolana se pone de manifiesto con cualquiera de los indicadores comúnmente usados para evaluar la situación socioeconómica en el país. El empleo informal ha pasado del 41% en 1983 a 52% el pasado año. La reducción del empleo formal ha afectado principalmente al sector público, que absorbía en 1983 el 23% de la población económicamente activa y en el 2001 se redujo a sólo el 15%. El desempleo abierto de 10% subió a 13,5%, llegando en el año 1999 a un pico de 14,5%. La inflación acumulada desde 1979 alcanza la astronómica cifra de ¡39.380%!, llegando en el año 1996, con la aplicación de la Agenda Venezuela, a superar el 100%. Según cifras proporcionadas por Cepal en su último informe anual, la tendencia al empobrecimiento de la sociedad venezolana ha sido sostenida. Para 1990 el porcentaje de familias venezolanas en situación de pobreza fue de 34% y en indigencia 12%. Los mismos datos para el año 1999 son de 44% y 19% respectivamente. Ambos indicadores, pobreza e indigencia, son superiores a los promedios para el conjunto de la América Latina.
La búsqueda de salidas a esta situación es parte de la explicación de los triunfos electorales de Rafael Caldera en 1993 y de Hugo Chávez Frías en 1998. En ambas oportunidades el bipartidismo tradicional fue electoralmente derrotado, prefiriendo los venezolanos candidatos presidenciales con un claro discurso anti neoliberal y que representaban opciones de relevo al erosionado sistema de partidos, mucho más radical en el caso de Chávez. Las promesas electorales antineoliberales de Rafael Caldera sucumbieron pronto ante el discurso del "realismo político", mientras que poco se avanzó en el rediseño del andamiaje institucional. La ausencia de salidas durante su mandato contribuyó a que se produjera el cambio en la hegemonía política. La transición que hoy vivimos tiene en estos hechos una referencia simbólica fundamental.
Tres años de gobierno de Chávez
Desde diciembre 1998 se han realizado en Venezuela seis procesos electorales de legitimación de poderes públicos y en todos ellos el triunfo de las fuerzas políticas y sociales que acompañan al presidente ha sido contundente. Los procesos electorales son medulares para el juego democrático y fundamento de la legitimidad institucional. Ellos no pueden ser rebatidos con resultados de encuestas de opinión que están, en el mejor de los casos, concebidas únicamente para pulsar el estado anímico de la población en un momento determinado y no están sometidas a ningún tipo de control por parte de la sociedad. Más grave aún, en este momento las encuestas también forman parte de la polarización política. Esos resultados electorales han estado además respaldados por una activa y masiva actividad de calle de los sectores afectos al gobierno. Si bien la popularidad del Presidente ha disminuido en los meses recientes, como ocurre con todo presidente en ejercicio, nos parece incuestionable que sigue contando con una popularidad significativa.
El proyecto político liderado por el presidente Chávez contempló desde sus inicios la propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, como uno de los pilares para alcanzar las transformaciones prometidas. En el mismo primer año de gobierno, esa Asamblea fue convocada y en ella se elaboró y aprobó una nueva constitución para la hoy llamada República Bolivariana de Venezuela. Si bien esta aprobación representó un innegable triunfo político para las fuerzas agrupadas alrededor del presidente Chávez, la manera como se manejaron tanto la elección de sus miembros como la segunda mitad de los debates en el seno de la Asamblea misma, limitaron la representatividad de toda la sociedad.
En 1999, múltiples movimientos sociales plantearon, sin éxito, la necesidad de un "proceso popular constituyente", entendido como una suma de espacios permanentes de debate a nivel parroquial, municipal y estadal que establecieran vínculos con la Asamblea. Tal proceso hubiera dejado un saldo enorme de educación política en la población, en cuanto a conciencia de derechos y conocimiento de vías e instituciones para hacerlos exigibles y justiciables. De haberse realizado, hubiera, además, dado una legitimidad incuestionable al proceso. Se desperdició entonces, la posibilidad de, democráticamente, avanzar en la construcción de una visión de país compartida por vastos sectores sociales. No ha sido ésta la única vez que, en aras de satisfacer intereses políticos de corto plazo, una oportunidad privilegiada es sacrificada o escasamente desarrollada. Otra sería desperdiciada, como se ha dicho, en el año 2001 al aprobar, con la Ley Habilitante y sin mayor debate público, importantes leyes. El deterioro político actual, sin duda se incuba en estas prácticas políticas reñidas con el estímulo al ejercicio pleno de la participación democrática.
Reconociendo debilidades en el proceso de elaboración y aprobación del nuevo texto constitucional, es innegable que en él hay importantes fortalezas. Se amplían, complejizan y actualizan los derechos humanos que, no por casualidad, conforman el Título más discutido de la Constitución, con mayor participación de movimientos sociales vinculados al tema y mayor nivel de aceptación tanto por sectores adversos como afines al oficialismo.
Por primera vez se reconocen e incorporan a la constitución los derechos de los pueblos indígenas saldando una vieja deuda de la sociedad venezolana al incluir en su seno a estos pueblos y otorgarles rango de plena ciudadanía. Se reconocen también los derechos ambientales y se amplía el conjunto de los derechos sociales. Se sientan las bases para la transformación del Poder Judicial y se reorganizan los poderes públicos para incorporar el Poder Ciudadano, integrada por la Fiscalía, la Procuraduría y la novedosa figura de la Defensoría del Pueblo. Se inauguran formas participativas del ejercicio de la democracia con la incorporación al texto constitucional de diversas modalidades de referendo que permiten consultar a la población sobre asuntos de elevado interés público, revocar el mandato de funcionarios electos y aprobar o derogar algunas leyes. Igualmente, se reconocen mecanismos vinculantes de participación directa como las asambleas de ciudadanos y los cabildos abiertos. Incorpora también algunas novedades en materia económica que podrían apuntar hacia la construcción de alternativas al capitalismo neoliberal. Se concede, por ejemplo, el derecho a los trabajadores y las comunidades a desarrollar asociaciones de carácter social y participativo orientadas a mejorar la economía popular y alternativa. A las comunidades indígenas se les reconoce la propiedad colectiva de sus tierras y el derecho a mantener y promover prácticas económicas propias basadas en la reciprocidad, la solidaridad y el intercambio.
Hay también aspectos preocupantes en la nueva constitución. Se debilita la subordinación de lo militar a lo civil, quedando el primero únicamente bajo la sujeción del Presidente de la República, quien mantiene su condición de Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional. La Fuerza Armada pierde su característica de "no deliberante", se elimina la prohibición de ejercer simultáneamente la autoridad militar y civil por un mismo funcionario y se le asigna a esta institución una participación activa en el desarrollo nacional. Con ello, se facilita la participación directa en la vida política de quienes tienen que administrar la violencia estatal. Por otra parte, se amplía el periodo presidencial y se permite la reelección inmediata lo cual debilita la alternabilidad y fortalece los peligros de personalismos autoritarios, en un país de fuerte tradición caudillezca. A esto se aúna una concentración de facultades en la figura del presidente lo que conspira en contra del necesario equilibrio de los poderes públicos.
En cuanto al desempeño económico de estos tres años de gobierno de Chávez, cabe destacar la puesta en práctica de una nueva orientación en política petrolera que, con el fortalecimiento de sus vínculos con la Opep, se anotó rápidamente importantes éxitos en la recuperación de los precios internacionales de nuestro principal producto de exportación. Ese incremento en los precios de exportación, redundó en un importante incremento en los ingresos fiscales de origen petrolero que han estado en la base de la modesta recuperación de los principales indicadores macroeconómicos. Según cifras del Banco Central, en el año 2000 la economía creció en un 3,2% del PIB y en el 2001 en 2,7%. En el año 2000, la inflación descendió a 14,2% y en el 2001 a 12,3%. Estas últimas cifras son las más bajas registradas en los últimos 15 años. La cuenta corriente ha sido superavitaria y las reservas internacionales satisfactorias. El déficit fiscal bajó de 2,6% del PIB en 1999 a 1,8% en 2000, pero en 2001 subió nuevamente para colocarse en un 4% del PIB. Sin embargo esta política económica también produjo una sobrevaluación del bolívar, conllevando a un incremento en las importaciones y en la salida de capitales, disminuyendo con ello las posibilidades de generar empleo. También se observó una disminución en las inversiones, La diversificación de la economía y la industrialización de la actividad petrolera, pasos estructurales fundamentales para la superación de la pobreza, tampoco se han incentivado suficientemente.
En términos sociales, a lo largo de estos tres años se ha producido un importante cambio en la concepción de las políticas vinculadas con los servicios de salud y educación pública, que han superado el regresivo enfoque privatista de la década anterior. Este cambio de concepción ha generado algunas mejorías en la situación de estos servicios, aumentado la cobertura de la atención médica gratuita y aumentado y recuperado la matrícula en todos los niveles educativos del sector oficial. Sin embargo, no termina de resolverse el deterioro en la prestación de estos servicios. Persisten en éstas y otras áreas sociales, severos problemas de gestión y en algunos casos, como el combate al dengue en el área de la salud pública, se vieron en 2001 y principios de 2002 dramáticos retrocesos.
Las políticas de control de la inflación, junto a los decretos de aumento de salarios, permitieron una leve recuperación del poder adquisitivo de la población. Como consecuencia de esto, los indicadores que miden el estado nutricional y de consumo de alimentos en la población también han mejorado levemente. El déficit nutricional en el año 2001 registró un descenso del orden del 1% y el consumo de alimentos una recuperación de alrededor del 5,6%. Sin embargo, es de señalar, que las tasas de desempleo e informalidad siguen siendo elevadas, correspondiéndose prácticamente con la situación existente cuando en 1998 Chávez ganó las elecciones presidenciales.
La posible continuación de las modestas y claramente insuficientes tendencias de mejoría económica y social en el 2002 se ven amenazadas por la situación que en el ámbito internacional ha desencadenado el ataque terrorista del 11 de septiembre en los EEUU. El impacto de estos hechos fue casi inmediato en el mercado petrolero. El año pasado cerró con un declive en los precios, que si bien han alcanzado ahora una cierta estabilidad, pareciera que no volverán a alcanzar en el futuro próximo los promedios de los dos años anteriores. Esto, junto con la agudización de la turbulencia política interna y el fallido golpe militar, junto a la falta de previsiones en materia económica, repercute desfavorablemente en las perspectivas económicas y sociales venezolanas del 2002.
Con sus aciertos y desaciertos, con sus torpezas y logros políticos, estos tres años de gobierno de Chávez contienen potencialmente el inicio de un proceso de transformación con justicia social e inclusión de sectores populares tradicionalmente marginados de la sociedad venezolana. El proyecto de país esbozado en la Constitución de 1999, pese a sus fallas y riesgos, se orienta en esa dirección. Sin embargo, estas transformaciones están más presentes en la retórica del presidente y algunos de sus colaboradores que en el desempeño gubernamental efectivo. Ante esa retórica, sectores de la sociedad venezolana que perciben que sus intereses están siendo amenazados, reaccionan en consecuencia. Adicionalmente, la retórica del presidente y sus colaboradores, con frecuencia agresiva y beligerante, tiene también un fuerte componente autoritario que despierta legítimos rechazos de sectores comprometidos con los cambios en democracia al ver amenazada la posibilidad de avanzar en la inclusión social y respeto a los derechos sociales. En su retórica, ha sido común la satanización de críticas legítimas provenientes tanto de la oposición, como de sus propios aliados y de sectores autónomos. El tratar como enemigos a todos los que lo han adversado ha conducido a la radicalización de la oposición y a la reducción de la base de alianzas del gobierno. Todo ello contribuye con el clima de polarización política extrema que amenaza al proceso de democratización.
Después del golpe, Chávez y buena parte de sus colaboradores han prometido rectificar sus posturas anteriores y propiciar el diálogo sobre diversos asuntos públicos. Sectores de la oposición se han expresado en la misma dirección. Es responsabilidad de todos que estos ofrecimientos de un nuevo clima germinen y se desarrollen. La iniciativa de este documento y el compromiso que con él adquirimos quiere ser una contribución en esta dirección.
Es imperativo subrayar que el llamado al diálogo y la construcción de consensos no depende únicamente del gobierno. Requiere igualmente de una voluntad de rectificación por parte de todos los sectores de la oposición. La disposición al diálogo tampoco puede querer decir que como única vía de demostrar la sinceridad de su disposición a éste, el gobierno tenga que renunciar al programa de cambios y las políticas que obtuvieron el respaldo mayoritario de la población en sucesivos procesos electorales. Diálogo no puede querer decir el regreso a políticas neoliberales, o como algunos voceros opositores han planteado, la "autonomía de Petróleos de Venezuela", la apertura petrolera o un "giro de 180 grados" en las políticas económicas. En sucesivas elecciones la población votó no sólo por unas personas determinadas, sino igualmente optó por un conjunto de opciones de políticas públicas.
Salidas indeseables a la polarización
La situación arriba descrita, agudizada por el fallido golpe militar, ha colocado al país en una coyuntura de indeseable polarización política y riesgo franco de violencia abierta, ante la cual se abren distintas opciones para superarla o profundizarla. Hoy más que nunca el curso que termine por imponerse va a depender de la posición y acción que la mayoría de los venezolanos y venezolanas adoptemos. Las opciones que a nuestro juicio están a la vista son:
El golpe de estado anti-chavista. Desde hacía meses venían circulando en Caracas y otras ciudades del país toda suerte de rumores sobre la inminencia de un pronunciamiento de fuerza de sectores militares opuestos al gobierno. Antes del golpe, a propósito de los pronunciamientos públicos de militares activos y de los llamados a una huelga general, esos rumores se intensificaron. Sectores civiles de la oposición fueron y siguen siendo los principales promotores de tal salida y algunos medios también parecen haberla y seguirla propiciado. Ha sido sorprendente la frecuencia con que se ha escuchado hablar, con desparpajo en los medios de comunicación, de un "gobierno provisional", del "ejercicio del derecho a la rebelión" o llamados a la Fuerza Armada a que "tome una actitud decidida frente a la coyuntura". Se trataba, sin duda, de eufemismos para propiciar la ruptura del hilo constitucional. El fracaso del golpe de Estado del 11 de abril no cancela la posibilidad de nuevos intentos. De hecho, todo parece indicar que la maquinaria golpista sigue montada y que un nuevo intento podría ser aún más sangriento. Cualquier salida no democrática es inaceptable, por principios y porque nos conducirá, como vislumbramos el 12 y 13 de abril, a situaciones mucho más graves que la que se intenta superar. Resolver las deficiencias de nuestra democracia sólo puede lograrse profundizando la democracia. Nuestra propia historia y la de América Latina nos lo recuerdan a gritos. Las dictaduras militares vienen siempre acompañadas de violaciones a los derechos humanos, cercenamiento de libertades, corrupción e ineficiencia pública. En definitiva regímenes de profunda arbitrariedad e injusticia social.
El auto golpe. Tan inaceptable como la salida anterior sería un pronunciamiento de fuerza desde el gobierno. La idea del autogolpe ha sido acariciada en distintas oportunidades por sectores cercanos al gobierno. Muy graves fueron, por ejemplo, las declaraciones de los últimos días de diciembre del pasado año, cuando se amenazó con cerrar la vía democrática si las fuerzas que apoyan al gobierno perdían la mayoría en la Asamblea Nacional o las repetidas amenazas de decretar estados de excepción en circunstancias que no son proporcionales a tal medida. Nos preocupa que los acontecimientos de la segunda semana de abril puedan revivir esta tentación. Pretender llevar adelante un proyecto de cambios bajo la conducción de un gobierno autoritario desvirtuaría lo que en su momento despertó grandes esperanzas en vastos sectores de la población. Consustancial a cualquier proyecto de cambios que procure incorporar a los excluidos, superar la pobreza, garantizar la defensa de los derechos humanos y consolidar la tolerancia y la paz, es la profundización de la democracia. No es posible construir justicia social sin democracia, así como no es posible construir verdadera democracia sin justicia social. Los derechos civiles y políticos no son un obstáculo a los derechos sociales, sino una de sus tantas condiciones de posibilidad.
Salida "institucional" de Chávez a corto plazo. Entre sectores de la oposición persiste la idea de salir de Chávez en el corto plazo por una vía denominada por sus promotores "institucional". Se expresa esta salida de diversas formas: presionar por la renuncia del presidente, convocar a una asamblea constituyente plenipotenciaria, exigir un referéndum consultivo en el corto plazo, un juicio que lo inhabilite. Tiene en común con la salida autoritaria anti-chavista que ve la solución al deterioro político casi exclusivamente en la salida del presidente. También coinciden ambas en no diferenciar entre encuestas de opinión y elecciones nacionales. Quienes sostienen esta posición parecen estar convencidos que la mayoría del país comparte sus criterios. La marcha opositora del 11 de abril los reafirma tanto en esa convicción, como en su creencia en que una transición política a un gobierno post chavista podría ser poco traumática. Esta opción se presenta a sí misma, en contraste con la autoritaria, como una posición sensata y democrática. Es un desatino olvidar los seis procesos electorales para la legitimación de poderes públicos, en los que Chávez y los sectores que lo apoyan obtuvieron un sólido respaldo. Esto, que es medular para el juego democrático y centro de la legitimidad institucional, no puede ser puesto al mismo nivel que unos resultados de encuestas de opinión. Adicionalmente, aunque la mayoría de los medios persistentemente se hayan negado a registrarlo adecuadamente, las movilizaciones más recientes en respaldo al Presidente han sido significativas. El desenlace de los acontecimientos de la segunda semana de abril tuvo en la multitudinaria movilización popular un actor estelar. A la luz de los resultados electorales y de estas movilizaciones, el presidente continúa gozando de legitimidad y respaldos sólidos en los sectores populares, aunque se evidencia un resquebrajamiento de los apoyos que tuvo en sectores medios.
Desconocer estas realidades y tratar de homologar la situación en la cual se destituyó a Carlos Andrés Pérez en 1993 con la que actualmente tiene el primer mandatario es un craso error. A diferencia de Chávez hoy, Pérez había visto destruidas sus bases de legitimidad entre otras cosas por la aplicación de un paquete de ajuste contrario a sus promesas electorales, por la respuesta autoritaria de su gobierno ante el Caracazo que significó cientos de muertes y por los dos fallidos golpes militares de 1992.
Quienes propugnan por la salida del presidente en el corto plazo también se caracterizan por carecer de una propuesta conjunta de futuro. La oposición ha mostrado ser muy heterogénea, dispersa y sin liderazgo ni programa común. Lo que ha sido uno de sus principales éxitos, la marcha del 23 de enero, es ilustrativo de esta situación. Para lograr la masiva participación, los promotores tuvieron que acordar que no habría intervenciones finales ni consignas comunes más allá de la oposición a Chávez. El 11 de abril se repitió la misma historia. El fallido golpe de Estado en todo su dramatismo, mostró las divergencias en el frente opositor y la dificultad de alcanzar acuerdos mínimos de acción distintos a su oposición a Chávez.
El primer documento programático que la oposición le presenta al país es el llamado "Pacto de Gobernabilidad" hecho público el 5 de marzo, firmado por organizaciones de empresarios y trabajadores, con el aval moral de la iglesia católica. Valioso en reconocer que la superación de la pobreza y la exclusión social son prioritarios de cualquier propuesta política que se ofrezca al país y en la insistencia al respeto de "los principios básicos de la actual Constitución", adolece desde su nacimiento de un doble discurso. En efecto, durante el acto de su presentación, varios de los actores que lo promovieron o celebraron, hablaron claramente de un "gobierno transitorio" y solicitaron "ayuda a la Fuerza Armada" para superar la crisis. Con esto, el "Pacto de Gobernabilidad" quedó evidenciado como una excusa democrática de algunos sectores sociales que están dispuestos a apelar a mecanismos antidemocráticos. En la primera oportunidad de ponerlo en práctica, uno de sus principales signatarios, el presidente de Fedecámaras, se encargó de arrojarlo al cesto de la basura.

La salida democrática
Pese a que las opciones anteriores hasta ahora han sido las más visibles y han mostrado las trágicas consecuencias que le pueden acarrear al pueblo venezolano, la sociedad afortunadamente está lejos de agotarse en ellas. El comportamiento de los venezolanos en las últimas décadas y años indica que lo más deseable para la mayoría sería una salida democrática y sin violencia, que profundizara los cambios. La sociedad ha dado pasos importantes en esta dirección, como lo demuestran el cambio en paz, tanto del sistema político como de las viejas élites, la elaboración de una nueva constitución que goza de creciente legitimidad, los esfuerzos por incorporar a la sociedad a sectores históricamente excluidos y los pasos, con resultados desiguales, en la construcción de una nueva institucionalidad. La conducta de muchos sectores, partidarios y opositores del gobierno, durante los acontecimientos recientes son una reafirmación de esta posición.
Para esta vía lo relevante y prioritario no es la permanencia o salida de Chávez, sino continuar en el proceso de profundización de los cambios, ahondando en la participación democrática que permita la construcción de un proyecto alternativo de sociedad. Desde esta perspectiva, más importante que las personas que estén circunstancialmente en el poder, es la capacidad del pueblo organizado para conducir la acción de este o cualquier otro gobierno en la dirección de satisfacer y respetar los derechos y necesidades de la población. Ello implica una percepción distinta de los tiempos y las urgencias. Activar la participación organizada de los diversos sectores de la sociedad para construir una visión compartida de futuro y organizaciones políticas que la expresen, requiere de tiempo. Con este horizonte, el inmediatismo pierde todo sentido. El apego y acatamiento de la constitución que todos los venezolanos nos dimos en 1999, incluidos los procedimientos en ella contemplados para su propia modificación, tiene que ser un compromiso inequívoco inicial de todos.
Sin embargo, los acontecimientos del once de abril y días siguientes sí nos reclaman, a todos, retornar a un clima de tolerancia, reconocimiento y respeto del "otro". Las víctimas de los hechos de esos días exigen una investigación imparcial y exhaustiva. Las responsabilidades, respetando todas las garantías procesales, deben ser establecidas claramente. La impunidad de los delitos cometidos en abril socavaría severamente el incipiente proceso de cambios existente en el país.
También es urgencia del momento que la mayoría de los ciudadanos, que deseamos justicia social, paz y democracia, ejerzamos nuestros derechos y deberes, y ocupemos el espacio público que hoy está copado por los extremos de los sectores políticamente polarizados y que, como hemos vivido, son capaces de destruir los logros colectivos alcanzados en las últimas décadas. Estos sectores polarizados serán neutralizados en la medida en que todos hagamos presencia para participar en el proceso de construcción del país equitativo, democrático y solidario que demostramos querer como proyecto para el siglo XXI. Ampliar el espacio democrático aislando las posiciones extremas de la polarización, ponerle límites y crear orientación y sentido a los procesos de cambio es la tarea de hoy. Con la participación individual y colectiva de todos vamos a superar, sin violencia, el actual deterioro del clima político.
Después del golpe del día once a la sociedad venezolana se le abre una nueva oportunidad de avanzar en su proceso democrático de cambios sin exclusiones y con mayor justicia social. Repetimos lo que señalamos al principio de este documento, este proceso debe conducirse con estricto apego a la institucionalidad establecida en la constitución de 1999. Democracia no es sólo un conjunto de principios generales, sino también las normas y los procedimientos que posibilitan que esos principios se materialicen y que están contenidos en la Carta Magna. En este contexto, un diálogo social fructífero requiere definir una agenda para el debate público. La Comisión de la Verdad para investigar y aclarar los hechos del día once y siguientes es un paso inicial de primera importancia. Igualmente forman parte de esa agenda un conjunto de temas vitales para la viabilidad de nuestra democracia en el corto plazo. La supervisión de la sociedad sobre los medios de comunicación, la participación plural en la conducción del proceso de cambios, el fortalecimiento de los poderes públicos así como de las instituciones de mediación y representación, el compromiso de quienes representan los más amplios intereses que conviven en la sociedad de respetar y jugar de acuerdo a las reglas transparentes de los procedimientos democráticos. De la capacidad que como sociedad mostremos para abordar esa agenda y avanzar en su resolución dependerá el futuro de la democracia en Venezuela.


Alberto Müller Rojas (955415)
Alexander Mansutti
Alexis Mercado (5430487)
Alfredo Chacón (989.770)
Ana María Fernández
Antonio González
Antonio Quintín (17641472)
Carlos A. Rivas
Daisy J. Barreto R. (2475119)
Darwin Suárez Bustamante (10828883)
Dick Parker
Edgardo Lander
Enzo del Búfalo
Flavia Riggione
Francisco Iturraspe
Gioconda Espina
Héctor Michel Mujica
Irma Guillén C. (3037488)
Javier B. Seoane C. (6292663)
Leonardo V. Vera (5537369)
Liliane Blaser Aza
Luis E. Lander
Magdalena López
Magdalena Valdivieso
Maigualida Santana Bermúdez (4769578)
Manuel Carrero (3308563)
Marcos Rosas Brussin
Margarita López Maya
María de Lourdes Vargas S
Mariela Torrealba Suárez (5.416.027)
Maureen Riveros Peña (6280434)
Mauricio Iranzo T., (2.904.463)
Miyen Wu (7278457)
Mylvia Fuentes Aldana
Nancy Zambrano
Nereida Carrion
Paula Vásquez (9880863)
Rafael M. Torrealba S. (10351183)
Raul Lander (3175603)
Reinaldo Rojas (3876960)
Ricardo Ríos
Roberto Hernández Montoya (632931)
Roberto Todd (1723492)
Robinson Rivas
Samuel Pérez
Santiago Arconada
Tibisay Lucena
Yrayma Camejo Ron
Ignacio Ávalos
Caracas, 1 de mayo de 2002