La vieja Europa

El País
El Gobierno vasco decidió ayer presentar ante el Tribunal Supremo una querella criminal contra el juez Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación, consistente en dictar una resolución injusta a sabiendas, supuestamente cometido al declarar ilícitas las manifestaciones vinculadas a Batasuna. El Ejecutivo vasco cerró filas así de manera contundente, tras las discrepancias que la marcha del pasado sábado en Bilbao provocó entre los partidos que lo forman: PNV, Eusko Alkartasuna e IU.
Según anunció el portavoz del Gobierno vasco, Josu Jon Imaz, la querella se basará en la consideración de que los autos de Garzón son 'injustos', menoscaban las competencias del Ejecutivo autónomo y extienden de manera 'indiscriminada y arbitraria' limitaciones a los derechos fundamentales de reunión y manifestación. La querella se presentará en los próximos días ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, competente para entender de los delitos cometidos por los jueces de la Audiencia Nacional en el ejercicio de sus funciones.
Según Imaz, 'las medidas que ha ido tomando' el magistrado suponen una 'retorsión del Derecho' a través de la adopción de resoluciones, al margen de los procedimientos judiciales que instruye, que 'ni están ni pueden estar justificada para el buen fin de los mismos'.
La querella no cuestionará el auto que suspendió cautelarmente las actividades de Batasuna, al que el portavoz del Gobierno vasco no aludió, pero sí los dictados posteriormente por el juez. En particular, el enviado al Ejecutivo autónomo ante la marcha del sábado en Bilbao, que el Departamento vasco de Interior, al que corresponde legalmente autorizar o prohibir las manifestaciones, había considerado legal.
'Las decisiones relativas al derecho fundamental de reunión y manifestación' que Garzón ha ido tomando mediante sucesivos autos, 'que ha ido corrigiendo sucesivamente', suponen 'una restricción infundada e ilegítima del ordenamiento en vigor', afirmó Imaz. A su juicio, esas decisiones contradicen 'palmariamente' las interpretaciones de la Convención Europea de Derechos Humanos.
En un duro alegato acordado ayer en la reunión semanal del consejo de Gobierno y leído por su portavoz, el Gabinete de Ibarretxe señala que la vulneración es 'patente', se está llevando a cabo 'fuera de los cauces legales y sin observancia de las garantías mínimas establecidas para proteger un derecho fundamental que es básico para una sociedad democrática, ya que es esencial para la formación de una opinión pública libre'.
El Gobierno vasco acusa también a Garzón de haber creado una situación de 'inseguridad juridica' que 'vacía de contenido las atribuciones que la legislación vigente confiere al Departamento de Interior como autoridad gubernativa'.
Según Imaz, las decisiones sucesivas del juez suponen 'una expansión desorbitada de los efectos del auto de suspensión de Batasuna a personas y colectivos que no están encausadas en los procesos ni tiene nada que ver con esa organización'.
El efecto de todo ello, agregó, es la creación de 'una evidente confusión' y la 'incriminación de la mayoría de la sociedad vasca' que, según afirma el Gobierno vasco, rechaza la ilegalización de Batasuna -aunque no comparta su acción política- y 'los excesos' de Garzón.
La decisión del Gobierno sorprendió en medios de la judicatura vasca.
Fuentes del Tribunal Ssperior de Justicia del País Vasco consideraron 'muy delicada' una situación que no dudaron encalificar como 'crisis institucional del primer orden'.
'El Tribunal Supremo puede ahora clarificar las cosas, y eso está muy bien. Lo peor es seguir actuando confusamente', añadieron las mismas fuentes.
Baltasar Garzón, que se encontraba ayer en Águilas (Murcia) no quiso comentar el anuncio del Gobierno vasco.