Marcos Roitman Rosenmann

Una fuerte pesadez rodea la vida diaria en España. Todas las acciones políticas consideradas constitucionales y democráticas están sometidas al acatamiento del siguiente principio: por la unidad de España contra el terrorismo de ETA. Su transgresión sitúa al discrepante en el espacio terrorista. El tabú del incesto se transforma en el tabú de ETA. Contra el violador cae todo el peso del legislador y su razón de Estado. ¿Dónde están los límites de lo tolerado y lo vedado? Son los guardianes del poder, a su arbitrio, quienes determinan cuándo y cómo se ha infringido el principio constituyente. No hay excepciones. Todos están expuestos a ser considerados transgresores. Una diputada del partido vasco EA fue solapadamente llamada terrorista por el ministro de Justicia, en un debate de comisión parlamentaria. La diputada se levantó, e increpó varias veces al ministro, para que le dijese abiertamente si consideraba su disenso un argumento terrorista. Visiblemente alterado, el ministro de Justicia, posible sucesor de Aznar, no pudo articular palabra ante la reacción de la diputada y su silencio inmediato corroboró la impresión de la legisladora. Para él, ella forma parte del entramado terrorista.
La continua sensación de estar fuera de la ley y de los principios del orden agarrota el pensamiento. Una línea imaginaria se construye entre los disidentes y los sabedores de que ingresar en el espacio prohibido supone la excomunión. Pocos son aquellos que desean vivir con el estigma de ser proterroristas o proetarras. La base para la exclusión empieza ahí y se reproduce en todos los espacios de la vida civil. Son los nuevos "leprosos".
Evitar la contaminación es el objetivo. Muchos, por cobardía y debilidad de carácter optan por callar sus discrepancias y vivir en el autismo cómplice.
Pero los hay que por prestigio están dispuestos a beneficiarse de los oropeles del poder y la fama. Venden sus voluntades y sobrellevan la vergüenza gracias a las prebendas y regalías que obtienen a cambio. El poder es generoso recompensando con cátedras universitarias, programas de televisión, radio, entrevistas en prensa, grabaciones musicales, ediciones de libros, todo aquello que pueda apetecer a los apóstatas. Entre más conversos, mejor. Cualquiera que desee unirse obtiene beneficio. Entre ellos se construye una sociedad de cartón piedra que paraliza la vida democrática.
Son auténticos hacedores del miedo. Cancerberos de la opinión políticamente correcta.
Ya no queda espacio para comunicar la diferencia. Los otros, puestos en la condición de espectros, despiden un tufo maloliente; sus voces deben ser acalladas por la fuerza. Reclamar, en defensa de la libertad de reunión, de expresión, de asociación, la discrepancia, se ha trasformado en un acto subversivo en la España dirigida por el gobierno de José María Aznar. Bajo la supuesta unidad de los demócratas, como se autocalifican, se oculta un recorte de los principios constitucionales, de las libertades sociales, individuales, públicas y privadas. No hay división de poderes, en su reemplazo existe una funcionalidad técnica en la administración de la razón de Estado. Aquello que teóricamente Carl Schmitt conceptualizó como "dictadura soberana".
La discrepancia hoy en España tiene un precio: vivir con el temor de ser perseguido o sometido a un exilio interior. Pero la persecución no se limita a quienes se enfrentan al gobierno en el llamado problema vasco. La acción inquisitorial se proyecta sobre toda la creación cultural. Es de amplio espectro. El brazo del gran hermano se extiende a lo ancho y largo de la geografía y la vida ciudadana españolas. No hay fisuras. Conmigo o contra ti. Disentir supone exponerse a perder todo o mucho de una vida dedicada al ejercicio profesional, sea como periodista, médico, político, deportista, músico, profesor, literato, académico, trabajador industrial, artesano o funcionario. Salvo las excepciones de siempre, que confirman la regla, opinar en contra del legislador se considera desleal con España. Tres ejemplos bastan: el rechazo a la Ley de Partidos, la acción jurídico-política de ilegalización de Batasuna y la condena a la guerra contra Irak programada por Estados Unidos y apoyada por el gobierno de la nación.
En la España diseñada por el Partido Popular en connivencia con el Partido Socialista Obrero Español se hace difícil abrir un debate sobre los problemas que afectan la convivencia democrática. Ellos poseen la verdad y son los guardianes de la Constitución, el orden y la libertad. La democracia son ellos, el excedente puede considerarse una nonada. Los adjetivos copan el discurso, no hay razones sino descalificaciones. En esta coyuntura cualquier argumento extramuros es rechazado aduciendo la fuerza del principio constituido: "Por la unidad de España, contra el terrorismo de ETA".
Bajo el calificativo genérico de ser cómplice del terrorismo, de apoyar el separatismo y la desintegración, la violencia y la muerte, en definitiva de ser defensor de lo más abyecto y miserable, los diferentes son estigmatizados, se penaliza la crítica, aislando al transgresor. La sociedad se defiende, la cárcel es una posibilidad. Se criminalizan las intenciones, las emociones, los sueños, los pensamientos. Se controla la conciencia y se busca la sumisión de la voluntad. Lentamente la acción continuada y persistente obtiene frutos. Hoy en España hay miedo a pensar la diferencia y, más aún, a mostrarla públicamente. Los espacios democráticos se cierran bajo peligrosas argumentaciones judiciales o políticas fundadas en la integridad y la unidad de la patria.
Una vez que el miedo se apodera del común es difícil convivir sin pensar en las consecuencias que para el desarrollo de la vida pública y privada tiene el observar al vecino, el amigo o el compañero de trabajo como posible terrorista o partidario de Batasuna. La desconfianza limita y castra las relaciones sociales, la represión sicológica se adueña de la personalidad empobreciendo la condición humana. El aire comienza a faltar, una sensación de asfixia se generaliza en todas las esferas de la vida cotidiana. El discurso antiterrorista es un comodín. La situación cobra un tinte dramático, hay quienes aprovechan esta circunstancia para obtener beneficios. La acusación de ser terrorista, proetarra, antidemócrata, pasa a considerarse moneda de cambio. Es el momento adecuado para realizar una limpieza ideológico-política. El tópico deja abierta la puerta para aplicar políticas cada vez más represivas y menos democráticas. La involución democrática es, en España, una realidad. El miedo a disentir lo corrobora.
fuente: La Jornada (México)//GARA (País Vasco)