La marcha de los ilegalizados

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Una manifestación de ayer en Bilbao puso a prueba el accionar del gobierno del País Vasco tras la ilegalización de Batasuna por parte de la Justicia española el pasado 26 de agosto. En una protesta que el gobierno español consideró ilegal, 50.000 mil simpatizantes de Batasuna, el brazo polítIco de la ETA, protestaron contra la "vulneración de los derechos civiles y políticos" en territorio vasco y tuvieron enfrentamientos con la policía, con varios heridos y al menos tres detenidos.
La marcha, convocada por 40 ciudadanos de distintas asociaciones y adscripciones políticas, estaba encabezada por una gigantesca bandera que llevaba una treintena de personas y discurrió por el centro de Bilbao entre aplausos y gritos de "independencia, independencia". La convocatoria había sido desautorizada el viernes por el juez Baltasar Garzón, que advirtió al gobierno regional vasco que la marcha estaba orquestada por ETA, "a través o con la cobertura de otras personas físicas vinculadas" al entramado de la organización separatista vasca.
Por su parte, el gobierno regional vasco ayer emitió un comunicado en el que recordó que la concentración "es constitutiva de delito" y ordenó a la Ertzaintza (policía vasca) que tomara las "medidas necesarias para evitar su celebración". Ese fue el preludio: la manifestación discurría con calma hasta que llegó a la altura de la comisaría central de la Ertzaintza, donde un cordón policial impidió el paso de la marcha e instó a los manifestantes a dispersarse. Las fuerzas de seguridad utilizaron camiones hidrantes, palos y balas de goma para dispersar a los asistentes del encuentro, mientras que ellos respondieron arrojando botellas y piedras contra los policías.
Durante los incidentes resultaron heridas varias personas, entre ellas tres periodistas, que sufrieron varias contusiones, al tiempo que se produjeron tres detenciones de personas que se desnudaron ante el cordón policial, según dijo la Ertzaintza. Tras los mismos, los organizadores del encuentro señalaron que la disolución de la manifestación representa "el fin de la democracia" en el País Vasco.