El País
El PNV e IU, dos de los tres partidos que componen el Gobierno vasco, volvieron a criticar ayer una decisión del juez Baltasar Garzón, en este caso la providencia por la que prohibió el lunes todas las manifestaciones a favor de Batasuna, incluso las convocadas por particulares.
Para el portavoz peneuvista, Joseba Egibar, la resolución es una "metedura de pata" de Garzón, al que acusó de ir "por encima de todo en nombre de la justicia".
Egibar declaró a Euskadi Irratia, la emisora pública en euskera, que se debe proteger el derecho de expresión de la sociedad vasca y sugirió incluso que su partido podría llegar a convocar alguna manifestación, porque la sociedad "siempre necesita sus vías de expresión".
"Yo no sé si la manifestación [del próximo sábado en Bilbao] la habían convocado unos particulares, pero en el futuro van a ser otros particulares o nosotros mismos", dijo el dirigente nacionalista en el contexto de sus críticas a la providencia. El portavoz peneuvista recordó que su formación ya presentó en el Congreso un documento contra la Ley de Partidos, apoyado por 1.375 firmas de cargos públicos nacionalistas, y aseguró que ese texto "no se va a quedar en nada". A su juicio, la decisión judicial va a "confundir el ambiente" cuando se debe "respetar" el derecho a manifestarse.
Javier Madrazo, coordinador de IU en Euskadi y consejero del Gobierno autónomo, consideró que la providencia "vulnera" el derecho fundamental de manifestación, "que a la izquierda costó mucho sudor, sangre, lágrimas, represión, mucha cárcel". En una rueda de prensa convocada para presentar una decisión de su consejería, Madrazo recalcó que su grupo no está dispuesto a que "ningún juez, sin ninguna fundamentación jurídica, cuestione un derecho fundamental", informa Alberto Uriona.
El departamento vasco de Interior, al que Garzón recordaba con su providencia la ilicitud de las marchas pro Batasuna, analizará caso por caso las convocatorias de manifestación que se puedan plantear en el futuro para ver si les afecta la decisión del magistrado. "Se va a analizar cada caso uno por uno, cada convocatoria o cada comunicación que tengamos de manifestación, para ver si les afecta la providencia que ha dictado Garzón", señalaron fuentes de la consejería, que añadieron que se emitirán "resoluciones individualizadas, una por una, con las medidas que pueda tomar el departamento".