El País
Un granjero de 62 años afincado en Cataluña se convirtió el miércoles en la última de las víctimas mortales que cada año ensombrecen los balances de siniestralidad laboral. El número de muertes por accidentes de trabajo se ha disparado un 9,96% en el primer semestre de este año, con 574 fallecidos, según datos oficiales a los que ha tenido acceso este periódico. Aunque el total de siniestros se ha reducido un 4,36%, los sindicatos denuncian falta de voluntad política para resolver esta lacra, mientras que la Administración admite un déficit de información para combatir la siniestralidad.
Las muertes en el desempeño del trabajo han cobrado gran relevancia este verano, especialmente en Cataluña, donde 18 obreros han fallecido desde el pasado 15 de julio. El último de ellos murió el pasado miércoles al caer desde un montacargas mientras trabajaba en una granja ubicada en Balsareny (Barcelona).
La crudeza de las cifras no se limita sólo al verano. Entre enero y junio de 2002 se produjo un considerable empeoramiento en la siniestralidad laboral. Los 574 muertos contabilizados suponen un incremento del 9,96% con respecto al mismo periodo de 2001, aunque los 472.104 accidentes totales implican un retroceso del 4,36%. 'No logramos bajar de esa cifra de cuatro o cinco muertos al día en el trabajo', se queja Dolors Hernández, responsable de salud laboral de UGT.
La tendencia es justamente contraria a la registrada en el primer semestre de 2001, cuando las muertes disminuyeron un 9,08% y los siniestros en general crecieron un 3,78%. La divergencia en los dos indicadores da lugar a una doble lectura. Los sindicatos consideran que el empeoramiento de las cifras obedece a una 'falta de voluntad política' por parte del Gobierno, en palabras de Joaquín Nieto, responsable de salud laboral de CC OO. El Ministerio de Trabajo resalta que el mayor esfuerzo para prevenir accidentes se percibe en la disminución del total.
Déficit informativo Pese a la discrepancia en los argumentos, ninguno de los agentes implicados en este problema se declara satisfecho con la marcha de la siniestralidad en España. Gobierno, empresarios y trabajadores reconocen que es necesario hacer mucho más para reducir el número de siniestros. 'El déficit más grande que tenemos es la falta de conocimientos para tomar las medidas oportunas', admite el director del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Leodegario Fernández. Este organismo, dependiente del Ministerio de Trabajo, lucha cada año por reducir unas cifras que colocan a España a niveles equiparables a los del Tercer Mundo. A pesar de ello, los resultados son lentos.
La información sobre un siniestro es vital para prevenir otro de las mismas características. Sin embargo, Leodegario Fernández admite que los partes de accidentes, hasta ahora, no tienen contenido preventivo. 'El parte se va a reformar para incluir aspectos como la nacionalidad de los fallecidos, si trabajaban para una empresa de trabajo temporal, subcontratas...', señala el responsable de este instituto.
Los sectores que concentran el mayor número de muertes son los servicios (un 47%) y la construcción (24,7%). Este dato supone para los sindicatos la prueba de por qué disminuyen los percances en general pero crecen las muertes: se ha rebajado la atención en los sectores de mayor riesgo, donde los siniestros provocan muertes inmediatas.
La construcción, la actividad que ofrece el tipo de accidente más conocido, registró un aumento del 16,39% en las muertes entre enero y junio. José Luis Pastor, secretario general de la Confederación Nacional de Construcción, considera los últimos accidentes registrados como 'hechos profundamente lamentables', aunque no encuentra una razón precisa por la que las muertes crezcan este año frente a la disminución del año pasado. 'Lo importante es que disminuye el índice de incidencia', argumenta Pastor. Este índice, que mide el número de muertos por cada 100.000 trabajadores, se ha reducido un 7,92% en la construcción, pero en las muertes no sólo no ha bajado, sino que ha crecido un 10,15%. 'Lamentablemente, no estamos consiguiendo resultados que nos hagan sonreír', admite este representante de los empresarios, que añade que el esfuerzo de todas las partes implicadas es extraordinario.
Incumplimiento de la ley Una de las principales críticas de los sindicatos consiste en acusar a las empresas de no cumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Este texto, que data de 1995, incrementa el grado de responsabilidad del empresario en los siniestros y aumenta las sanciones. Numerosos estudios han evidenciado que la mayoría de los empresarios desconoce esta ley, una acusación que rechaza el responsable de la patronal de la construcción: 'La mayor parte de los empresarios la conoce al dedillo', enfatiza Pastor.
El problema fundamental de la ley es que sólo obliga a contar con un delegado de prevención de riesgos a las empresas con más de seis empleados. En un país donde más del 90% del tejido económico lo conforman las pequeñas y medianas empresas, esta normativa deja fuera a gran parte del empresariado.
La Ley de Prevención obliga también a realizar un informe donde la empresa evalúa los riesgos que comporta su actividad. Algunos datos que manejan las centrales sindicales indican que el 70% de las compañías no realiza esta evaluación. La Administración admite que muchas evaluaciones no se ajustan al riesgo real de la actividad; es decir, se hace una evaluación tipo que más tarde se aplica a otras actividades similares.
¿Qué hacer ante el aumento de las muertes? Los empresarios creen que hay que incidir en las mismas vías ya abiertas y explorar nuevos caminos. El Gobierno lleva tiempo estudiando implantar el llamado modelo bonus-malus, un sistema de premio y castigo económico al empresario en función de los accidentes que tenga. Para los sindicatos, las muertes no se frenarán hasta que el Gobierno realice 'un impulso político'.
Récord absoluto en la UE
Los accidentes laborales en España suponen una parte muy importante del total de la Unión Europea. Los países comunitarios registran al año unos 5.500 fallecimientos en el trabajo, según datos del año pasado. España aportó en 2001 un total de 1.030, lo que arroja el espectacular resultado de uno de cada cinco. La comparación europea de la siniestralidad genera controversia entre el Gobierno y los sindicatos. La Administración insiste en que la metodología española para medir los accidentes es mucho más estricta que la de otros países y, por tanto, la comparación es injusta para España. Así, por ejemplo, en la mayor parte de los países europeos se excluyen los accidentes in itinere, es decir, en el trayecto de ida o vuelta al trabajo. También en España se ofrecen separados. Muchos Estados obvian asimismo las patologías no traumáticas, algo que no ocurre en España. Los sindicatos se escudan en que estos datos están homologados oficialmente.