Por primera vez, se empiezan a buscar los cadáveres de desaparecidos en la Guerra Civil y la dictadura franquista.
El Generalísimo en medio de sus días de gloria.

Por Giles Tremlett /PAGINA 12
Desde Madrid

Más de 60 años después de una de las guerras civiles más sangrientas de Europa, activistas de derechos humanos creen que España establecerá una verdadera comisión para descubrir lo que sucedió con las decenas de miles de personas que desaparecieron después de ser arrestadas por las fuerzas rebeldes de Franco. La comisión fue uno de los pedidos formulados en la ONU esta semana por un grupo de parientes de desaparecidos. También quieren que el gobierno desentierre e identifique los cuerpos de 30.000 personas que se cree que fueron ejecutadas sumariamente y enterradas en fosas comunes por los franquistas.
Los activistas llevaron su caso al grupo de trabajo de la ONU de desapariciones forzosas después que los jueces españoles y el Partido Popular del gobierno se negaran a iniciar la búsqueda de los cuerpos. "Esto es como las víctimas de Pinochet en Chile o las de Videla en Argentina –dice Santiago Macías, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica–. Sabemos quiénes fueron los asesinos, pero, en este caso, no estamos persiguiéndolos. Lo que queremos es la verdad histórica". El Partido Popular sorprendió a los activistas esta semana al decir que implementaría cualquier decisión tomada por el grupo de trabajo de la ONU, a pesar de no tener ninguna obligación legal de hacerlo. Se espera una decisión dentro de los próximos 15 días.
En muchos casos, las claves sobre el paradero de las víctimas permanece en archivos militares cerrados, dicen los activistas. Estos archivos también incluyen las últimas palabras a familiares de algunas de las víctimas que tuvieron la oportunidad de dejar un mensaje escrito antes de morir. "Las autoridades judiciales españolas consideran que las fosas comunes de la Guerra Civil y en los años después de que el general Franco tomara el poder no tienen interés legal –dijo esta semana al grupo de trabajo de la ONU Montserrat Sans, una abogada de Estados Unidos que trabaja para la Asociación–. Salvo en unas pocas recientes ocasiones, los jueces españoles se han negado a ordenar la exhumación de cuerpos o investigar la causa de la muerte".
Los activistas dicen que hay enormes fosas comunes, cada una con más de 1.000 cuerpos, cerca de Oviedo y Gijón en el norte, Teruel en el este y Sevilla en el sur. La más grande, cerca de Mérida en el sudoeste, tiene más de 3.500 cadáveres. La mayor parte de los cuerpos desaparecidos son de republicanos capturados o detenidos durante la Guerra Civil, pero también hubo muchos casos de gente ejecutada sumariamente en los años inmediatamente posteriores a la guerra. Al grupo de trabajo de la ONU le dijeron que sucesivos gobiernos españoles, asustados por el intento de golpe militar de 1981, temían revivir las brutales pasiones de la Guerra Civil. En consecuencia, habían ignorado deliberadamente el problema de aquellos desaparecidos, a pesar de los ruegos de los familiares que querían dar un entierro decente a sus seres queridos.
En los últimos tres años, fueron descubiertas un puñado de pequeñas fosas comunes por voluntarios que pagaron para que los cuerpos fueran exhumados y que se hicieran pruebas de ADN sobre los restos de esqueletos recuperados en la región de León en el noroeste. Los resultados de los primeros cuatro grupos de pruebas serán dados a conocer el mes que viene.
"En muchas ciudades y pueblos en España, la gente todavía tiene miedo de hablar sobre la Guerra Civil –dice Sans–. La transición de España a la democracia fue llevada a cabo dejando de lado el deber internacionalmente reconocido de todos los Estados de investigar las serias y sistemáticas violaciones a los derechos fundamentales". Los activistas le han pedido al grupo de trabajo que "recomiende al Estado español que cumpla con sus obligaciones en asuntos internacionales de derechos humanos y que ponga fin al tratamiento discriminatorio que todavía afecta a los familiares de las víctimas al negarles el derecho a la verdad y a la justicia". "Mantener la actual situación... es una seria ruptura con las obligaciones de un Estado para investigar esos temas y ponerle fin a la afrenta que constituye no reconocer los desaparecidos de la propia sociedad," dice Sans.
De The Guardian de Gran Bretaña, especial para Página/12.
Traducción: Celita Doyhambéhère.