 La vieja Europa |
Una
fecha para la historia negra EDITORIAL DE GARA
No por anunciado y previsto lo ocurrido ayer es menos grave. La suspensión
de un partido político y el inicio de su proceso de ilegalización,
la pinza de Estado fabricada por la Audiencia Nacional y el Congreso español
contra el independentismo vasco, constituye una hito en la historia de la represión
en Euskal Herria. Las decisiones adoptadas ayer, ambas en base a textos de muy
débil sustento jurídico pero con profundas razones de Estado,
pretenden dejar sin representación política a una parte importante
de la sociedad, algo sólo conocido en estados dictatoriales; pretenden
dejar sin voz a más de 200.000 personas, una decisión cuyas consecuencias
finales son aún imprevisibles.
Estas no son, contra lo que se pretende hacer ver, actuaciones contra ETA, que
nació en un régimen militar en el que no estaba permitida ninguna
expresión pública de la nación vasca y sobrevivió
a él a pesar de los estados de excepción y la aplicación
de la pena de muerte. Una organización armada que por sus propias características
es clandestina no se verá afectada en su actividad por la suspensión
o la ilegalización de Batasuna. Lo que en realidad intentan el juez Baltasar
Garzón y el pacto PP-PSOE es bloquear lo que consideran el motor de un
movimiento más amplio que puede conducir a Euskal Herria a la consecución
de su soberanía. Lo dijo con nitidez Jaime Mayor Oreja estratega del
PP y condecorador de Garzón: «la ilegalización de Batasuna servirá
para desvelar que el País Vasco es una mentira histórica». Tampoco
cabe separar la actuación de la Audiencia Nacional de la del Congreso
de los Diputados. La coincidencia en día y hora, explícitamente
buscada por Baltasar Garzón, no es casual, sino una expresión
de que en el Estado español, en lo referido a Euskal Herria, no cabe
hablar de separación de poderes. José María Aznar volvió
a erigirse el pasado sábado en portavoz del Ejecutivo, el Legislativo
y el Judicial cuando aseguró que Batasuna no iba a tener «ni un minuto
ni un segundo de respiro» porque «no se lo va a dar el Gobierno, no se lo van
a dar las fuerzas democráticas y no se lo van a dar los jueces de la
Audiencia Nacional». No es la primera vez que esto ocurre. Cada actuación
de Garzón contra el movimiento independentista vasco ha venido precedida
y seguida de intervenciones del Ministerio del Interior. El propio Aznar se
preguntó en voz alta ante los medios de comunicación tras el «cierre
provisional» hace más de cuatro años de "Egin" y "Egin Irratia"
si «acaso pensaban que no nos íbamos a atrever».
Ante esta situación, en la que es evidente que se están vulnerando
los derechos de miles y miles de ciudadanas y ciudadanos; ante el auto de una
Audiencia Nacional cuestionada en su día públicamente por el propio
Parlamento de Gasteiz por «ignorar la voluntad de la sociedad vasca», resulta
ciertamente lamentable la disposición mostrada por el Gobierno de Juan
José Ibarretxe para «cumplir rigurosamente la ley» y convertirse en brazo
ejecutor de una decisión judicial de manifiesto impulso político
y también mayoritariamente rechazada por la ciudadanía vasca.
El tiempo vendrá a poner a cada cual en su sitio, y el auto de Garzón
y la decisión del Congreso, hoy mayoritariamente aplaudidos por una opinión
pública española convenientemente dirigida por los medios de comunicación
resulta aleccionadora la forma en la que los editoriales de todos ellos conducían
en las últimas semanas inevitablemente a la proscripción de Batasuna,
aparecerán como medidas totalmente contraproducentes para conducir el
conflicto entre Euskal Herria y el Estado a cauces exclusivamente democráticos
y pacíficos.
Pero, pese a todo, lo políticamente acertado no es el lamento sino la
acción. Sortear las dificultades y seguir recorriendo el camino para
conseguir que Euskal Herria sea lo que quieran las vascas y los vascos, sin
injerencias externas y sin ningún tipo de imposición. -
