Las fuerzas políticas y sindicales, las organizaciones de derechos humanos y estudiantiles, las personalidades democráticas de Argentina, etc, reclamamos a los gobiernos de España y Francia el cese de las campañas represivas que se han acentuado en las últimas semanas contra los militantes del Partido Comunista de España (Reconstituido), miembros de las comisiones por el Socorro Rojo Internacional e integrantes de los Grapo.
En Madrid, Vallecas, Gasteiz y París han sido apresados hasta el momento 17 compañeros, entre ellos Fernando Hierro Chomón, militante comunista, 21 años en prisión; Josefina García Aranburu, militante comunista, 20 años presa; Xoaquín Garrido González, militante comunista, 20 años preso; Marcos Reguera San Andrés; Belén López Calderón; Marcos Martín Ponce; Miguel Angel Ruiz Vila; Gema Belén Rodríguez; Jesús Merino del Viejo; Israel Mauleón Martínez; Aurora Caetano Navarro, militante comunista, 20 años en prisión; Yolanda Fernández Caparros; María José Baños Andujar; Ciete Calcerradas Fornielles, 17 años preso y Carmen Muñoz, 20 años presa.
Esas detenciones, producidas entre el 18 y el 22 de julio, suponen la criminalización de las luchas populares en España. Estas se suman a las detenciones ilegales y procesos amañados que sufren en París desde noviembre de 2000 otros siete compañeros, algunos del PCE (R) y otros, por su parte, antifascistas de Grapo. Estos detenidos sin juicio y en condiciones de aislamiento son Manuel Pérez Martínez (Arenas), Victoria Gómez Méndez, Fernando Silva Sande, Isabel Llaquet Baldellou, Rosario Llobregat Moreno, José Luis Elipe López y José Antonio Peña Quesada.
La situación de esos militantes comunistas y antifascistas se da simultáneamente con la represión que golpea al pueblo vasco y sus organizaciones combativas, y sus formaciones políticas como Herri Batasuna que quieren ser ilegalizadas por José María Aznar y sus jueces seudodemocráticos como Baltasar Garzón. Hay centenares de presos vascos diseminados en prisiones españolas para alejarlos de sus comunidades y familiares, dificultando también su defensa legal.
Este clima represivo pretende ser justificado por el gobierno español y sus colegas del resto de la Unión Europea, en este caso Francia, en la situación internacional pos 11 de setiembre. Esos gobiernos, por más que disputan por mercados y zonas de influencia con su rival de Estados Unidos, se ponen de acuerdo con éste para bombardear a otros pueblos y para reprimir a sus propios trabajadores y fuerzas populares.
Por eso desde Argentina nos solidarizamos con todos los presos políticos españoles y vascos, y exigimos sus inmediatas libertades, así como la anulación de todos los proyectos para ilegalizar a agrupaciones populares. Aprovechamos la circunstancia para reclamar asimismo las libertades de Raúl Castells, Carlos Bértola, Diego Quintero, Antonio Puigjané, Roberto Felicetti, Enrique Gorriarán Merlo y demás presos políticos argentinos, el desprocesamiento de todos los luchadores populares y el castigo a los policías y gendarmes que asesinaron a piqueteros.
26 de julio de 2002