La primera en actuar fue la Guardia Civil, en Tolosaldia, una comarca en la que ha realizado varias operaciones durante los últimos meses, semanas e incluso días. Algunos vecinos recordaban que ayer mismo el ibartarra Ion Mintegiaga cumplía una semana incomunicado.
Según informó Askatasuna, hacia la 1.00 agentes del instituto armado rompieron la puerta de la vivienda familiar de Gaizka Altuna, de 22 años. En esta casa de Ibarra, varios guardias apuntaron con sus armas a la madre, mientras que dos hijos eran arrojados al suelo. Tras concentrar en la sala a todos los habitantes excepto al detenido, comenzaron un registro que se alargó durante dos horas. El organismo antirrepresivo indicó que se llevaron 700 euros, unas fotos, un ordenador, libros y teléfonos móviles y cargadores.
Media hora después, hacia la 1.30, los uniformados derribaban la entrada de la casa en la que Goar Jiménez vive con sus padres, también en Ibarra. Tras detener al joven de 18 años comenzó el registro, que no finalizó hasta la 3.30. En este caso, señaló Askatasuna, se llevaron papeles, agendas, varios disquetes, una cámara fotográfica, un ordenador y 400 euros. Además, la familia tuvo que soportar las burlas de los guardias civiles.
Hacia las 1.45, de manera casi simultánea, los agentes entraban en las viviendas de los hermanos Ozaita ­Mikel, de 20 años, y Josu, de 22­, Haritz Sudupe ­22 años­ y Eñaut Garmendia ­21 años­. Los primeros viven en Ibarra y el último, en Tolosa. Poco antes, Josu Ozaita había sido detenido cuando salía de su puesto de trabajo en un bar. La Guardia Civil le quitó todo el dinero que portaba.
Los agentes entraron a patadas. Con el estruendo, el abuelo, que tiene 81 años, se levantó de la cama y se dirigió hacia el exterior de su habitación.
En ese instante abrieron la puerta con tal fuerza que ésta golpeó al hombre en la cabeza.
Tras registrar su habitación, los guardias le dejaron meterse nuevamente en la cama, pero impidieron a la madre de los dos jóvenes permanecer junto a él por si necesitaba ayuda. La Guardia Civil se llevó de esta vivienda un ordenador y los 140 euros que tenía en la cartera el padre de Mikel y Josu Ozaita. Además, rompieron una cama.
Entre tanto, otros agentes llamaban al timbre de la casa en la que reside Haritz Sudupe. Abrió la puerta su padre, quien fue encañonado y puesto contra la pared. También apuntaron con un arma a la hermana de Sudupe y le ordenaron que despertara a su hermano.
Este registro duró algo más de tres horas, y en el mismo se requisaron mapas de París y Madrid. Según explicó Askatasuna, fueron adquiridos por la familia Sudupe durante diferentes viajes de vacaciones. De la vivienda familiar de Garmendia en Tolosa, por su parte, la Guardia Civil se llevó unas fotos y otro ordenador.
Faltaban cinco minutos para las 4.00 cuando varios agentes rompían la puerta y entraban el el domicilio de los padres de Garikoitz Ibarluzea, que cuenta con 21 años. El matrimonio fue retenido también en la sala, mientras se llevaban al joven a las escaleras.
Registraron toda la casa y se llevaron un ordenador más, unas cintas de vídeo, papeles, agendas, el teléfono móvil y el cargador del hermano del detenido y 50 euros. Al finalizar, los guardias ordenaron a los padres que preparasen una bolsa con ropa y dinero.
Jon Otegi fue detenido en la vivienda de sus padres, en Leaburu. Se da la circunstancia de que esta vivienda ya fue registrada hace pocas semanas después de que su hermano Andoni fuera arrestado por fuerzas policiales francesas en Bagnères de Luchon.
Las noticias se extendieron como un reguero de pólvora por toda la zona de Tolosaldea. Ante la preocupación surgida por la situación de los detenidos, se convocó una rueda de prensa en la Casa de Cultura de Ibarra (ver página 14). En ese momento, aunque las fuentes oficiales hablaban de nueve detenidos, entre los vecinos y familiares sólo se tenía constancia de la identidad de ocho de ellos. También se anunció que se habían llevado a cabo un total de trece registros, nueve en Ibarra y el resto en Tolosa, Villabona, Leaburu y Belauntza.
Un poco más tarde se hacía público el nombre de Ibon Aranalde ­28 años­, detenido en su casa de Belauntza, donde vive solo.
Más o menos a la hora en que finalizaba la operación de Gipuzkoa, la Ertzaintza realizaba nuevas detenciones en varios municipios de Ezkerraldea.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ******************************************** Redadas policiales y conflicto político ******************************************** Editorial de GARA Dos redadas efectuadas por la Guardia Civil y la Ertzaintza concluyeron ayer con la detención de diecisiete ciudadanos vascos. En primer lugar es preciso resaltar que todos ellos tienen derecho a que se les respete la presunción de inocencia, derecho que interesadamente olvidó el Departamento de Interior de la CAV al hacer pública una nota de prensa dando por supuesta la culpabilidad de los arrestados y que tampoco respetó el ministro español del ramo. Es también denunciable la forma en la que se realizan estas operaciones, siempre de madrugada ­periodo en el que en otros estados, por razones obvias, están prohibidas las actuaciones policiales de este tipo­, con uso de una fuerza desproporcionada, no siempre atendiendo estrictamente a los requerimientos legales y propiciando un eco mediático que no cabe considerar como consecuencia del operativo sino como parte consustancial del mismo. Tampoco se puede pasar por alto el propio concepto de «redada», entendido como una «pesca masiva» con acusaciones no suficientemente individualizadas sobre cada uno de los detenidos y cuyo fin es la obtención de información durante el periodo de incomunicación al que se les somete y al término del cual es escandalosamente frecuente la denuncia de torturas y malos tratos. Y es que todo está orientado a que el periodo de detención sea una zona opaca ­allí desde luego nunca entran las cámaras, ni ocultas ni de ningún otro tipo­, donde el detenido está absolutamente indefenso ante las posibles arbitrariedades policiales. Familiares de los detenidos y alcaldes de Tolosaldea expresaron ayer su preocupación «ante el riesgo de torturas».
Las instituciones y los políticos que deberían velar por el respeto a los derechos humanos no pueden alegar desconocimiento. En los últimos 21 meses han sido detenidas 300 personas, la mayoría jóvenes, acusadas de participar en actos de kale borroka. Delitos que tienen un tratamiento especial en el Código Penal, en el que la quema de un cajero en Euskal Herria se castiga con mayor dureza que apuñalar a un indigente. Al margen de los factores individuales que hayan llevado a determinadas personas a asumir riesgos, es preciso hacer una lectura política de los datos y tener en cuenta que muchos de esos jóvenes han crecido con la Constitución y el Estatuto. El conflicto en Euskal Herria debe abordarse afrontando las causas, sin duda. Pero en ese camino es imprescindible que se respete la integridad física y moral de los detenidos.