Se cumplen 25 años de la primera asociación de mujeres que se puso en marcha para buscar a los niños apropiados por un estado terrorista: Abuelas de Plaza de Mayo. Si su valiente respuesta a esta violación de los derechos humanos fue hasta entonces un hecho único, su historia en cambio tenía algunos precedentes. Es el caso de "Los niños perdidos del franquismo".
El régimen de Franco, al igual que los de las Juntas Militares argentinas, también aplicó sobre los hijos de los vencidos su teoría de "separar el grano de la paja". Muchos niños fueron entregados en adopciones clandestinas -fueron robados o secuestrados sin miramientos, sobre todo en las zonas rurales- o se les privó de su identidad a golpe de registro civil y decreto; otros murieron de inanición o epidemias en las cárceles de sus madres -separados de ellas, o compartiendo su destino-; otros fueron convertidos en enemigos de sus padres -considerados oficialmente como "dementes"-; y algunos desaparecieron -incluso fueron repatriados del exilio para esa desaparición forzosa-. Tras veinticinco años, su memoria ha salido a la luz gracias al documental "Els nens perduts del franquismo" ("Los niños perdidos del franquismo"), realizado tras un minucioso trabajo de investigación -del que se edita en estos días también un libro- de los periodistas de la TV de Catalunya Montse Armengol y Ricard Bellis, con asesoría del historiador Ricard Vinyes, y que recoge el desgarrador testimonio de unas criaturas desprovistas de todo derecho, etiquetadas de "enemigos", cuyo único delito fue ser hijos de repúblicanos, es decir, hijos de quienes se mantuvieron voluntariamente fieles a la Constitución y la democracia frente a los militares golpistas, o hijos de quienes se vieron en la zona republicana y no tuvieron elección posible.
Cuesta pensar que hayamos necesitado en España 25 años -los mismos 25 años que llevan las Abuelas luchando en Argentina- de otra Constitución y otra democracia para que se haya prestado voz a las víctimas, al primer reclamo contra la impunidad de los crímenes cometidos sobre los más inocentes de los "vencidos".

Gala Rebés Al Sur del Sur.

Plataforma contra la impunidad y por los DDHH. España Coordinadora del Programa Textos para una Justicia Universal

DOSSIER: LOS NIÑOS PERDIDOS DEL FRANQUISMO

1/ Hijos de las cárceles franquistas
2/ La formación del espíritu nacional.
3/ Franco y su cacería de los "niños rojos"
4/ La coartada psiquiátrica: Un marxista es un débil mental
5/ Los esclavos del franquismo
6/ Dos campañas para firmar, solidaridad hoy: - Huérfanos del Exilio - Protesta por las subvenciones a la Fundación Francisco Franco

HIJOS DE LAS CÁRCELES FRANQUISTAS

por Teresa Cendrós y Francesc Valls / publicado en El País

En España, la dictadura del general Francisco Franco se adelantó a su similar de Argentina: secuestró a cientos de niños, hijos todos de republicanos. Muchos murieron en cárceles y campos de concentración; la mayoría fueron internados en hospicios y colegios. El régimen franquista les cambió la identidad y los entregó en adopción a familias afines a su ideología. Había que salvar a España de la plaga del marxismo. A 60 años de distancia, muchos niños rojos intentan reconstruir la historia de sus vidas: quieren recuperar su pasado.

FRANCO Y SU CACERÍA DE LOS "NIÑOS ROJOS"

Sanjuana Martínez. Madrid.- Cuando eran niños, fueron separados por la fuerza de sus padres, internados en hospicios y colegios especiales y, con identidades falsas, entregados en adopción a familias afines a la dictadura del general Francisco Franco.
Ahora, 60 años después, aquellos niños -todos hijos de republicanos- buscan su verdadera identidad e intentan reconstruir su historia. Lo hacen con escasos recursos. No tienen el apoyo del gobierno de José María Aznar que, de entrada, se niega a condenar el golpe de Estado perpetrado por el general Franco contra el gobierno legítimo de la República.
En 1936, a medida que las tropas sublevadas ganaban posiciones, las cárceles se llenaron de miles de personas: hombres y mujeres, militares leales al gobierno y simples simpatizantes de la República.
Muchos hijos de esos presos estuvieron también en la cárcel con sus padres o fueron enviados a los llamados hospicios de Auxilio Social. Otros fueron internados en colegios religiosos. Mediante un decreto de ley, les cambiaron los nombres y apellidos y les dieron una nueva identidad.
Se instituyó así la llamada caza de niños rojos.
La plaga del marxismo El plan se inspiró en las teorías fascistas del comandante Antonio Vallejo-Nájera, jefe del servicio de Psiquiatría del Ejército de Franco. Y se apoyó en el Patronato para la Redención de Penas por el Trabajo, establecido en los campos de concentración de la posguerra.
Según Vallejo-Nájera, se trataba de separar a los hijos de los rojos para liberar a la sociedad española de la terrible plaga del marxismo. Miles y miles de niños han sido arrancados de la miseria material y moral; miles y miles de padres de esos niños distanciados políticamente del nuevo Estado español se van acercando a él agradecidos con esta trascendental obra de protección, escribió en sus memorias, publicadas en 1944.
Las antiguas imágenes de trenes llenos de huérfanos españoles diciendo adiós con banderitas de la Falange -agrupación político-militar de corte fascista, cuya ideología sustentó al gobierno de Franco- corresponden a los llamados hijos de los rojos, quienes desde los campos de concentración franquistas eran trasladados a hospicios y colegios.
El plan iba más allá de España. Mediante el servicio exterior de la Falange se creó la Delegación Extraordinaria de Repatriación de Menores, con el fin de regresar a España a los niños sin el consentimiento de sus padres ni de las familias que los habían acogido en el extranjero y evitar así la reunificación familiar.
Por primera vez, documentos secretos sobre este servicio oficial salieron a la luz pública: El programa 30 Minuts de TV3 (Televisión de Cataluña) los acaba de difundir en un reportaje, producto de un año de investigación de los reporteros Montserrat Armengou y Ricard Belis, con la asesoría del historiador Ricard Vinyes.
Armengou y Belis también escribieron el libro Los niños perdidos del franquismo, editado por Plaza y Janés, que saldrá a la venta en las próximas semanas.
En entrevista con la corresponsal, ambos autores coinciden: "Antes que las dictaduras militares de Argentina, la de Franco desapareció a niños: Es un episodio espeluznante que luego de 25 años de democracia han querido silenciar", dice Montserrat.
"Ya es hora de que esas personas recuperen su identidad", comenta Ricard.
Según la investigación, muchos niños murieron en las cárceles, donde permanecían con sus madres hasta los tres años de edad. Otros fueron enviados a un hospicio, a un colegio o fueron adoptados por una familia.
Muchos, sin embargo, fallecieron en los campos de concentración o en los trenes que los trasladaban.
"A muchos niños desaparecidos los robó el Estado. Algunas niñas fueron internadas en centros religiosos. Se hacían monjas porque les metían en la cabeza que debían redimir los pecados de sus padres rojos", comenta Montserrat.
Ricard explica que comandos de la Falange secuestraron a muchos niños en el extranjero, como en Francia, con la colaboración de la Gendarmería. Es muy difícil contabilizar los niños desaparecidos. No hay documentos. Muchos archivos han desaparecido... pero son cientos.
Esta transición del silencio ha perjudicado a la verdad. En España, iniciamos el procesamiento de Pinochet y de otros dictadores y nos olvidamos de que aquí pasó lo mismo. Tendemos a pensar que la dictadura de Franco no fue como la de Hitler. La verdad es que hubo escenas iguales a las que vemos en las películas sobre los campos de concentración, con la diferencia de que en Alemania ya no hay estatuas de Hitler y aquí sí hay de Franco.
El partido Esquerra Republicana solicitó en el Parlamento de Cataluña establecer una Comisión de la Verdad para esclarecer el paradero de los niños desaparecidos durante el franquismo.
Proceso entrevistó a mujeres sobrevivientes de esa etapa oscura de la historia de España.
La inocencia perdida: Vicenta "Oficialmente, nací a los siete años, con vestidito blanco y zapatos negros de charol. Eso dicen los papeles del hospicio", comenta con voz pausada Vicenta Álvarez Garrido.
A sus 70 años, Vicenta logró por fin reconstruir su vida infantil. Era la hija de un capitán del Ejército republicano. Para ella, lo más importante es que se sepa que no era hija de nadie, que tuvo un padre respetable y digno, el mejor de todos.
Su historia comenzó el 20 de febrero de 1940, en plena posguerra. Ese día, Lola, la mujer a quien su padre se la había encomendado años atrás, la dejó recién bañada y bien vestida en el andén de la estación de ferrocarriles de Valencia a la espera del tren que llevaba a los huérfanos de los rojos: "Me acuerdo que me bajaron del tren y me preguntaron cómo me llamaba. Les dije que era hija de Melecio Álvarez Garrido y que vivíamos en Valencia en el número 13 de la calle Ramón y Cajal".
Fue trasladada al hospicio del colegio de La Paz, en la calle O'Donell de Madrid. Allí, las monjas le expidieron su singular acta de nacimiento a la edad de siete años y medio que, a ojo de pájaro, le calcularon. La bautizaron y le dieron un nuevo nombre: Vicenta Flores Ruiz. "Recuerdo que me miraban. Una decía: tiene ocho años, y la otra decía, siete. Y me pusieron siete y medio" Ella les repetía: "Me llamo Vicenta y mi padre es capitán y se llama Melecio Álvarez Garrido". De nada sirvió.
Hace poco, Vicenta encontró un documento que dice textualmente: "Interrogada esta menor, las Hermanas han podido conocer los siguientes datos: que estuvo bajo la protección de Melecio Álvarez Garrido y de Dolores Luzón".
Vicenta corrió el mismo destino que otros cientos de niños: la adopción. Fue entregada a cuatro familias diferentes. Siempre, sor Irene y don Conrado, director del centro, le anunciaban lo que ella tanto ansiaba: "Vicentita, tus padres vienen a buscarte. Te perdieron en la guerra, pero ya estan aquí....
Ella nunca creyó aquellas palabras. En su memoria infantil el recuerdo de su verdadero padre la acompañaba siempre: "Aquellos eran unos desconocidos. Yo sabía quién era mi padre, nadie me podía engañar".
Su primera familia fue una pareja de alemanes afincados en Madrid. Luego, dos señoras, viudas de generales franquistas. Después, unos comerciantes que tenían una zapatería. Finalmente, una familia de campesinos del pueblo de Herencia, Ciudad Real: "Una zona muy franquista", comenta.
Allí aprendió la diferencia entre ser rojo, comunista, o ser azul, falangista: "Yo era la hija de un rojo y en aquella época lo que querían es que los hijos no se acordaran de su familia, que nunca más fueran rojos.
Pero nosotros no teníamos la culpa de nada".
Vicenta se escapó de su familia adoptiva a los 14 años de edad. Era el año 47 y viajó hasta Valencia en busca de respuesta a las preguntas sobre su vida. Fue a la calle Ramón y Cajal, pero no encontró el número 13. La numeración había cambiado. Su casa estaba en el número 7 y una vecina le confirmó sus recuerdos infantiles.
"Fue la primera persona que me dijo que mi madre se llamaba Remedios y que se había muerto en el parto. Me explicó que la primera mujer con la que me dejó mi padre estaba sorda y que no oyó un bombardeo durante el cual una pierna me quedó paralizada. Efectivamente, yo me acordaba de eso".
Luego se fue a trabajar a una cárcel donde estaban presos los rojos para ver si encontraba a su padre, pero la policía la descubrió en el convento donde se quedaba a dormir, y la devolvieron a Herencia.
Esperó a cumplir los 18 años para poder irse sin problemas. Volvió a Valencia y encontró a Dolores Luzón, la mujer que la dejó en la estación de tren aquel 20 de febrero de 1940: Me dijo: 'Yo no podía quedarme contigo, porque me hubieran llevado a la cárcel, la única opción era dejarte ahí como huérfana. Eso sí, te vestí lo más elegante que pude'.
"De todas maneras (a Lola) se la llevaron presa", comenta.
En el Ministerio de la Guerra pidió información sobre su padre y le dijeron que, efectivamente, era militar con la función de comisario principal de guerra de la Brigada 82 del Ejército republicano, fusilado el 24 de octubre de 1940 en Paterna, a la edad de 43 años.
"Mi padre no era un hombre malo -dice entre sollozos Vicenta-. Para mí, el más grande de los hombres, valiente y honesto. Más pasan los años y más lo veo grande. Antes de que lo mataran, escribió a su familia de Zamora para que alguien se hiciera cargo de mí. Nunca quiso decir mi nombre para que no me mataran".
Vicenta trabajó de sirvienta en Valencia. Intentaba conocer más datos sobre su historia. Vio un anuncio en el periódico que solicitaba mujeres para bailar en un espectáculo. La aceptaron y viajó por España, hasta que un día, en Barcelona, conoció a Pujol, un catalán radicado en Francia, su actual marido.
A partir de entonces, se fue a vivir a Francia, en donde tiene seis hijos y 12 nietos. Nunca dejó de reconstruir su vida. Viajó en varias ocasiones a España, incluso aceptó hacerse la prueba del ADN en Asturias para saber si había tenido hermanas, pero salió negativo.
Hace año y medio, Vicenta terminó el rompecabezas de su vida. Durante una reunión de republicanos en Perpiñan encontró varias revistas que leyó poco a poco. Así dio con el artículo de Isidro Guardia, quien contaba su experiencia en el frente republicano en la Brigada 82. Lo buscó mediante la Redacción de esa revista y le dieron el teléfono. Le llamé inmediatamente y le pregunté: '¿Conoció a Melecio Álvarez Garrido?'. Él me contestó: '¿Quién es usted?'. Le dije que era la hija y le pareció extraño. No lo dejé reaccionar, simplemente me adelanté: 'Espérame, tomo un avión y voy a verte a Valencia'.
El encuentro entre Vicenta e Isidro fue muy emotivo: "Le dije: 'Melecio tenía una hija, ¿me puedes decir cómo era?'. Me describió tal y como yo me recuerdo: con flequillo y traviesa. Me dijo: 'Siempre estabas en las piernas de tu padre o jugando alrededor de él'.
Isidro la llevó a la casa donde nació: "La fui reconociendo toda (...) Luego me dijo que estuvo con mi padre, hasta que se lo llevaron para fusilarlo. Le expliqué todos mis recuerdos sobre mi padre y él fue confirmándomelos uno por uno".
La comisaria: Julia "Mi hija Julia murió a los 15 días de nacida, en la cárcel de Amorebieta, País Vasco. No hubo ningún médico que la atendiera", dice Julia Manzanal, la única mujer que en España ocupó oficialmente el puesto de comisaria principal de un batallón del Ejército republicano.
La historia de esta comunista de 87 años se remonta a 1939, un día después de la sublevación de Franco contra la República. La policía fue a buscarla a su casa y la interrogó durante días: "Estaba embarazada y el policía, como me conocía, me dijo: 'Cuando dé a luz, espere 15 días y luego viene a declarar'. Pero dio la casualidad de que me detuvieron antes de tiempo".
Julia milita desde hace 62 años en el Partido Comunista, y durante la Guerra Civil dirigió el Batallón Comuna de Madrid de la Brigada Mixta del famoso Quinto Regimiento: "La Pasionaria -Dolores Ibarruri- vino a ver a mis 400 chavales al frente de Madrid donde resistimos hasta el final, durante tres años, con los franquistas a las puertas. ¡Que valentía!".
Después de ser detenida, Julia pasó cinco años en varias cárceles. Al final, la regresaron a Amorebieta, justo donde murió su hija: "Iba tan contenta, porque esperaba ya la libertad. Ese día, la nieve me tapaba la rodilla y no pude ir al cementerio. Desde entonces no me he molestado en ir. ¿Para qué?".
Recuerda que en pleno bombardeo su esposo y ella cuidaban a una gallina.
Querían hacerse un caldito para después del parto: "Ese día llegó y mi marido me llevó el caldito al hospital, pero las monjas eran tan malas que me lo querían quitar para darme unas judías viejas llenas de bichos. ¡He comido tantos bichos en las cárceles, que ni te cuento!".
Julia recuerda que las presas tenían a sus hijos en las cárceles. Muchos de ellos morían de hambre y enfermedades: "Un día fueron a detener a una y ella gritó: 'Lenin, ven acá, hijo mío'. El policía se volteó y le preguntó: '¿Cómo le ha llamado al niño?'. Agarraron al niño de sus piernitas y le estrellaron la cabeza contra la pared".
Muchas madres perdieron a sus hijos en las cárceles, sobre todo en los pueblos, donde hicieron verdaderas barbaridades con los niños, como darles palizas tremendas y matar a diestra y siniestra.
Cuando Julia quiso arreglar su pensión, fue al Ministerio de Justicia: "Estaba un militarote y me preguntó quién era mi marido. Le dije: 'Para qué quiere a mi marido, si la comisaria soy yo'. Se me quedó viendo e incrédulo me preguntó: '¿Usted comisaria?'. Entonces fue a buscar los papeles. En seguida salió y me dijo con mala uva: 'Es usted la primera, señora, porque no hay otra en España'.
Trenes de la muerte: Juana Doña Juana Doña Jiménez -de 84 años, comunista siempre- logró salvar a su hijo Alexis de año y medio gracias a la leche materna.
Juana pasó 16 años en diferentes penales. La detuvieron en el puerto de Alicante. Poco antes de terminar la guerra, Franco había prometido que durante cuatro días sería neutral y acudirían barcos belgas y franceses para llevarse a más de 25 mil personas. Fue mentira. Detuvieron a todos. "Nos metieron en trenes de ganado, iguales a los que vemos en las películas de Hitler" "Éramos 8 mil mujeres, la mayoría con niños y otras embarazadas. Cuando nos metieron en el campo de concentración en Alicante, los niños morían de hambre porque no teníamos qué darles de comer" El régimen franquista les cambió la identidad y los entregó en adopción a familias afines a su ideología. Había que salvar a España de la plaga del marxismo. A 60 años de distancia, muchos niños rojos intentan reconstruir la historia de sus vidas: quieren recuperar su pasado.

LA FORMACION DEL ESPIRITU NACIONAL Por Montse Armengol y Ricard Belis Los asilos pertenecían, en muchos casos, a Auxilio Social, institución creada en 1936 por Mercedes Sanz Bachiller, viuda del líder falangista enésimo Redondo. Estaba inspirada en la "Winter-Hilfe (Obra de Socorro Invernal) de la Alemania nazi y pretendía atender a los desamparados. Pero la caridad no era gratuita. Los niños recibían pan a cambio de adoctrinamiento y se los educaba en el espíritu del "Glorioso Alzamiento".
Sanz Bachiller así nos lo expresó: "Teníamos es deseo de hacerles ver que estaban equivocados. Ya no digo que fueran franquistas, pero sí anticomunistas.
El Patronato de Nuestra Señora de la Merced se encargaba de los hijos de reclusos. En 1942 tutelaba unos 9.000 niños y al año siguiente, 12.000, en centros de Auxilio social y colegios religiosos. Su educación se basaba en la "formación del espíritu nacional". Pero el régimen no se conformó con reeducarlos y tenía que asegurarse de la la "palabra roja" nunca más mancharía la nueva España. Y aprovechando su impunidad, se dieron casos de robos y secuestros de niños, sobre todo en la España rural.
El robo de niños La combinación de miedo, antiguos odios, y delaciones, hacía la vida imposible a quienes tenían a alguien cercano señalado como "rojo". Fue el caso de Emilia Girón, hermana del guerrillero Manuel Girón, "el León del Bierzo". Fue llevada al calabozo media hora después de haber parido. Le dieron una paliza y fue desterrada a Salamanca. "Ya no lo volví a ver más.
Yo preguntaba por el niño y me decían que estaba malo. Supongo que un matrimonio que no tuviera hijos se lo quedó. Pero a mí no me pidieron permiso [.] La angustia me durará hasta que esté en el otro mundo". Del hijo de Emilia no quedó rastro.
Su caso no era único. Hemos localizado en la Casa Cuna de Sevilla, una carta del párroco a unos futuros padres adoptivos: "Al ver que les podían hacer pasar a ustedes un mal rato, decidí no tocar el asunto y que cuando ustedes fueran ni se acordaran de que tal mujer había ido a reclamar nada". Y recomienda que se sustituya la partida de nacimiento original.
También hubo secuestros. José Murillo, conocido como Comandante Ríos, era uno de los guerrilleros andaluces más buscados. Su hermana fue secuestrada con doce niñas más por unas monjas. Se las llevaron a un convento de clausura de Barcelona. No pidieron permiso a los padres y la niña no volvió.
Todavía hoy vive en el convento.
Los niños de Rusia Pero el régimen tampoco se conformó con los hijos de los "rojos" en territorio español. Durante la guerra muchos padres tuvieron que evacuar a sus hijos al extranjero. Confiaban en que, terminada la contienda, podrían regresar a una España liberada. Pero la guerra la ganó Franco y decidió que todos los niños debían regresar, con o sin autorización paterna. Encargó la misión al Servicio Exterior de Falange, cuya documentación se haya en el Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares. Allí hemos encontrado un documento de 1949 que prueba los métodos usados para repatriar menores: "Nuestros delegados en el extranjero solicitan su devolución a España; en un 99 por ciento de los casos esa solicitud es denegada. Se recurre entonces sin miramientos a los medios extraordinarios, con los que, de una forma u otra, casi siempre se logra al fin obtener al menor".
El régimen convirtió la repatriación en una gran operación propagandística: "Franco devuelve a las madres de España la alegría y el cariño de los que un día, por orden del gobierno marxista, fueron arrancados de su patria y entregados a la tutela de las más antiespañolas instituciones internacionales", decía el narrador de una película de la época. Pero esto no siempre fue cierto. En muchos caoss el menor no era entregado a su familia sino que iba a parar a un asilo. Según una ley de 1940, la patria potestad de los niños en centros de Auxilio social pasaba a la institución.
En busca de una identidad En 1941, el Caudillo firmó una nueva ley que permitía cambiar los apellidos a niños repatriados. La excusa era dar una identidad a los niños perdidos durante la guerra, pero en realidad dificultaba que sus familias pudieran encontrarlos y abría la puerta a posibles adopciones irregulares.
Maria Calvo García fue repatriada en 1940 y no recordaba sus apellidos.
Regresó con el apellido de "Expósita" (el que se daba a todos los niños perdidos), pero en 1941 le pusieron apellidos al azar: Pérez Gómez, y se la entregó en adopción. María no ha sabido hasta hace muy poco que tenía hermanos y que su padre fue fusilado. Y lo ha sabido gracias a años de investigaciones y a la suerte de que su hermana apareciera buscándola en un programa de televisión. Ninguna institución la ha ayudado y durante años ha topado con un muro de silencio que se pactó en la Transición y que ha cubierto con un espeso velo nuestro pasado más reciente.
Han tenido que pasar cuarenta años de dictadura y veinticinco de democracia para que estos terribles crímenes empiecen a salir a la luz.
Testimonios de los protagonistas Olivia Rapp: Su hermano fue evacuado a la unión soviética, pero el avance de las tropas alemanas en Leningrado permitió repatriarlo en 1943. Su familia se enteró de su regreso casualmente: "Cuando mi madre lo quiso llevar a casa, la Junta de Protección de Menores le dijo que había orden de no dejarlo venir, sin ninguna explicación. Con la llegada de la democracia tuvimos conocimiento de un informe donde se dice textualmente que el menor no se entregó a la familia porque esta "no ofrecía ninguna garantía sobre su educación".
Uxenu Álvarez: Pasó su infancia en centros de Auxilio Social: "La educación que nos daban estaba centrada en cuatro simplezas. Me sé todos los himnos épicos de la Falange y todos los de la Iglesia. ¿Qué educación es esa? Me mentalizaron para que fuera en contra de mi padre y de la sociedad auténtica española, la respetuosa, la legal, la democrática.
Francisca Aguirre: Fusilaron a su padre y desde muy pequeña estuvo ingresada con sus hermanas en un hospicio religioso: "Las monjas nos juntaron a todas las niñas y nos explicaron claramente que éramos escoria, hijas de horribles rojos, asesinos, ateos, criminales, que no merecíamos nada y que estábamos ahí por pura caridad pública. Nosotras comentábamos: ¡Pero si papá no ha hecho nada malo!"

Número 111 INVESTIGACIÓN | LA COARTADA PSIQUIÁTRICA: UN MARXISTA ES UN DÉBIL MENTAL
El franquismo, a través del psiquiatra Antonio Vallejo-Nájera, encontró una explicación médica a esta «tara» ideológica.
Un reportaje televisivo aporta nuevas pruebas Llum Quiñonero La idea de las íntimas relaciones entre marxismo e inferioridad mental ya la habíamos expuesto anteriormente en otros trabajos La comprobación de nuestras hipótesis tiene enorme trascendencia político social, pues si militan en el marxismo de preferencia psicópatas antisociales, como es nuestra idea, la segregación de estos sujetos desde la infancia, podría liberar a la sociedad de plaga tan terrible». Son palabras del comandante Antonio Vallejo Nájera, jefe de los Servicios Psiquiátricos Militares, entresacadas del libro La locura en la guerra. Psicopatología de la guerra española, publicado en Valladolid, en el año 1939.
El documental que el prestigioso programa 30 Minuts, de TV3, titulado Los niños perdidos del franquismo, denuncia el papel desempeñado por este psiquiatra militar durante la postguerra.
Una tarea que no se limitó al terreno teórico sino que sirvió para dar cuerpo científico a buena parte de la política penitenciaria de la dictadura. Y, de un modo particular, a las relaciones de las presas republicanas con sus hijos. Muchas de ellas vieron cómo sus bebés morían de inanición. A otras, les fueron arrancados de su cuidado y nunca más supieron de su paradero.
El Régimen franquista, empeñado en distanciar a las madres detenidas de sus hijos, puso en marcha una prisión para Madres Lactantes en donde sólo se les permitían estar en contacto con sus bebés una hora al día.
Poco antes de acabar el mes de agosto de 1938, un correo militar entregaba a la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros, ubicada en Burgos, el telegrama postal 1565. Llevaba fecha de 23 de agosto y el remitente era Francisco Franco Bahamonde. El destinatario, el comandante Antonio Vallejo-Nájera, jefe de los Servicios Psiquiátricos Militares.
El texto, según cita Ricard Vinyes, historiador, profesor de la Universidad de Barcelona, y asesor del documental de 30 Minuts, decía así: «En contestación a su escrito del 10 del actual proponiendo la creación de un Gabinete de Investigaciones Psicológicas cuya finalidad primordial será investigar las raíces psicofísicas del marxismo, manifiesto que de conformidad con su mencionada propuesta, autorizo la creación del mismo».
Y el Gabinete comenzó a funcionar. Vallejo-Nájera se convirtió en director de las Investigaciones Psicológicas de los Campos de Concentración.
Su primer trabajo se centró sobre dos grupos de detenidos: brigadistas internacionales y 50 presas malagueñas. Trataba de demostrar, según su artículo publicado en la revista Semana Médica Española, bajo el título Psiquismo del fanatismo Marxista, varias hipótesis.
La primera: «La inferioridad mental de los partidarios de la igualdad social y política o desafectos». La segunda: «La perversidad de los regímenes democráticos favorecedores del resentimiento que promociona a los fracasados sociales con políticas públicas, a diferencia de lo que sucede con los regímenes aristocráticos donde sólo triunfan socialmente los mejores».
Según el historiador Ricard Vinyes, en el ámbito de la personalidad social, Vallejo describía al revolucionario nato como individuo con cualidades biopsíquicas y tendencias instintivas que, «movilizadas por complejos de rencor y resentimiento» tendían a trastocar el orden social.
Para Vallejo, el «imbécil social incluía a esa multitud de seres incultos, torpes, sugestionables, carentes de espontaneidad e iniciativa, que contribuyen a formar parte de la masa gregaria de las gentes anónimas».
INFERIORIDAD Del análisis de los Brigadistas Internacionales, procedentes todos ellos de países americanos, dedujo que «los marxistas aspiran al comunismo y a la igualdad de clases a causa de su inferioridad, de la que seguramente tienen conciencia. Y por ello se consideran incapaces de prosperar mediante el trabajo y el esfuerzo personal.Si se quiere la igualdad de clases no es por el afán de superarse, sino de que desciendan a su nivel aquellos que poseen un puesto social destacado, sea adquirido o heredado». Por sorprendente que resulte, tras interrogar y examinar a los internacionalistas también señaló: «Acaso sea la conclusión más aprovechable de nuestro trabajo, desde el punto de vista de la educación del pueblo, el elevado porcentaje de marxistas que deben sus creencias a la Prensa revolucionaria, coligiéndose la decisiva influencia de la prensa diaria y del cinematógrafo sobre las gentes de mediana o inferior inteligencia».
Su trabajo entre el grupo de presas malagueñas lo tituló Investigaciones psicológicas en marxistas femeninos delincuentes. Para las mujeres no cabía la consideración de presas políticas; y como presas comunes fueron siempre consideradas en las cárceles franquistas.
La misoginia de Vallejo marca profundamente su análisis y afirma: «Recuérdese para comprender la activísima participación del sexo femenino en la revolución marxista su característica debilidad del equilibrio mental, la menor resistencia a las influencias ambientales, la inseguridad del control sobre la personalidad ( ) Cuando desaparecen los frenos que contienen socialmente a la mujer ( ) entonces se despiertan en el sexo femenino el instinto de crueldad y rebasa todas las posibilidades imaginadas, precisamente por faltarle las inhibiciones inteligentes y lógicas, característica de la crueldad femenina que no queda satisfecha con la ejecución del crimen, sino que aumenta durante su comisión ( ) Además, en las revueltas políticas tienen la ocasión de satisfacer sus apetencias sexuales latentes».
Pero aún iba más allá. Vallejo señalaba en sus conclusiones que en el caso de las mujeres no había realizado el estudio «antropológico del sujeto, necesario para establecer las relaciones entre la figura corporal y el temperamento, que en el sexo femenino carece de finalidad, por la impureza de sus contornos».
HORDA ROJA Entre las detenidas malagueñas, 33 de ellas estaban condenadas a muerte, 10 a reclusión perpetua y siete a penas entre de 10 y 20 años, Vallejo diagnostica a «13 sujetos» que califica de «libertarias congénitas, revolucionarias natas, que impulsadas por sus tendencias biopsíquicas constitucionales desplegaron intensa actividad sumadas a la horda roja masculina».
Vallejo había estudiado el caso y establecido el diagnóstico: «La Medicina exige una política, el marxismo es una enfermedad y en nuestras manos está en gran parte su tratamiento». Sus conclusiones eran la síntesis de sus trabajos precedentes publicados en 1937, bajo los títulos Eugenesia de la hispanidad y regeneración de la raza. Es allí donde afirma: «Agradezcamos a Nietzsche la resurrección de las ideas espartanas acerca del exterminio de los inferiores orgánicos y psíquicos, de los que llaman parásitos de la sociedad.La sociedad moderna no admite tan crueles postulados en el orden material, pero en el moral no se arredra en llevar a la práctica medidas incruentas que coloquen a los tarados biológicos en condiciones que imposibiliten su reproducción y transmisión a la progenie de las taras que les afectan El medio más sencillo y fácil de segregación consiste en internar en penales, asilos y colonias a los tarados, con separación de sexos».
Vallejo-Nájera comenzó así la tarea de psiquiatrizar a la disidencia, a la vez que dio un impulso a su carrera dentro del nuevo régimen.Una carrera de éxito y prestigio, que le llevó a presidir el Primer Congreso Internacional de Psiquiatría, celebrado en París en 1950.
UN APELLIDO POPULAR Antonio Valléjo-Nájera, nacido en Nava, Palencia, en 1889, estudió Medicina en Valladolid e ingresó en la carrera militar. Intervino en la Guerra de África y fue agregado en la Embajada de España en Berlín. Posteriormente fue director del sanatorio madrileño de Ciempozuelos. Este apellido es muy conocido gracias a su hijo, Juan Antonio Vallejo-Nájera, también psiquiatra y autor de libros de éxito como "Yo, el rey" o "Locos egregios". La hija de éste, Alejandra, escritora de éxito, ha rechazado hacer comentarios sobre su abuelo: «Yo, de mi abuelo sólo tengo recuerdos agradables», es lo único que ha querido puntualizar.

"... medio millón de muertos, un cuarto de millón de exiliados dispersos en Francia, Rusia y varios países hispanoamericanos, 280.000 presos en cárceles y campos de concentración por los delitos más inverosímiles, miles de españoles heridos o mutilados por efectos de la guerra, produjeron un colapso en el mercado laboral de un país que necesitaba reconstruir sus infraestructuras y poner en funcionamiento empresas destrozadas o paralizadas por la guerra".
Así explica el periodista Isaías Lafuente, en el inicio de su libro "Esclavos por la patria. La explotación de los presos bajo el franquismo" (Temas de hoy), el contexto histórico, político, económico y social en el que la dictadura franquista puso en marcha uno de sus más bárbaros y lucrativos métodos de represión y, al mismo tiempo, uno de sus secretos mejor guardados hasta ahora. Otros libros, jornadas de debate y hasta programas de televisión intentan sacar a la luz esta página negra de nuestra Historia.
Por Jordi García Soler Se trata de la explotación laboral sistemática de centenares de miles de prisioneros políticos republicanos por parte de la dictadura, que les utilizó de hecho como auténticos esclavos prácticamente hasta las mismas postrimerías del franquismo, en concreto hasta el año 1970, cuando todavía algunas empresas privadas españolas tenían a su servicio a presos políticos obligados a realizar trabajos forzados para ver reducidas sus fuertes condenas de cárcel.
Con prácticamente dos centenares de pueblos e incluso ciudades destruidos en más del 60% de sus construcciones y edificios, un cuarto de millón de viviendas particulares reducidas completamente a escombros y otras tantas convertidas también en inhabitables, más del 40% del muy reducido parque automovilístico y ferroviario nacional absolutamente destrozado e inservible, con un quebranto gravísimo en las redes ferroviarias y de carreteras, así como en todo tipo de construcciones e infraestructuras públicas afectadas por los bombardeos sufridos durante los tres últimos años, la España resultante de la guerra civil requería una ingente y económicamente muy cuantiosa labor de reconstrucción material.
Una deuda de casi 2.000 millones de pesetas oro con Alemania e Italia Las inversiones públicas necesarias para hacer frente a esta reconstrucción eran realmente inasumibles por parte de un Estado cuya moneda oficial, la peseta, tenía en 1940 el 50% del valor que poseía antes del inicio de la guerra civil, apenas cuatro años antes, con una renta nacional que se había situado de repente al nivel existente en 1914 y con una renta per cápita inferior en un 14% a la de 1936, con tasas anuales de inflación que durante los años 40 oscilaron entre el 13 y el 23%, y con una población activa que se había visto reducida en más de medio millón de personas.
Con un país destrozado, empobrecido, apenas sin ningún tipo de producción industrial, con muy poco o nada que exportar, prácticamente sin otras relaciones comerciales que las entonces existentes con la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini, y con ambos países aliados de la dictadura franquista exigiendo la devolución inmediata de la cuantiosa deuda contraída por Franco con ellos -1.200 millones y 600 millones de pesetas oro, respectivamente- a causa de sus importantes ayudas militares y financieras al bando franquista durante la guerra civil, de nada iban a servir las drásticas medidas de control económico impuestas por la dictadura. Unas medidas que, por otra parte, empobrecieron aún mucho más al conjunto de la población y enriquecieron de forma espectacular y repentina a un muy reducido número de estraperlistas y especuladores, todos ellos directa o indirectamente ligados a las estructuras del propio poder franquista.
En este contexto, como señala Isaías Lafuente en su ya citado libro, "Franco se inventó, con décadas de antelación, la primera Empresa de Trabajo Temporal que se implantó en España". La constitución de aquella primera ETT se realizó mediante la creación del denominado Fichero Fisiotécnico en el que se recopilaron todo tipo de datos sobre centenares de miles de prisioneros políticos republicanos de toda España, para utilizarles como auténticos esclavos al servicio del Estado franquista en la reconstrucción del país.
Antes del término del mismo año 1939, en el Fichero Fisiotécnico del Patronato para la Redención de Penas figuraban ya formal y oficialmente censados 67.711 presos, reunidos en un total de 24 industrias y llegando a abarcar hasta 602 oficios distintos. De ellos, en la misma fecha, casi 13.000 estaban ya laboralmente colocados, esto es trabajando teóricamente al servicio del Estado, casi siempre en unas condiciones laborales y de vida infrahumanas, constantemente sometidos a todo tipo de vejaciones y malos tratos, y apenas sin recibir ningún tipo de salario o contraprestación económica, sólo con la esperanza de poder redimir parte de sus casi siempre muy largas condenas de prisión, impuestas mediante el uso y abuso sistemático de la Ley de Responsabilidades Políticas, a través de los trabajos forzados.
Como señalaba orgullosa y, sin duda, cínicamente el denominado Patronato para la Redención de Penas al referirse en uno de sus numerosos documentos oficiales de la época al mencionado Fichero Fisiotécnico, "pocas Bolsas de Trabajo contarán con una tal variedad de profesiones y aptitudes personales" .
A principios de 1941, esto es un par de años después de finalizada la guerra civil, constaban en el Fichero Fisiotécnico 103.369 penados, de ellos cerca de 10.000 mujeres, una cifra casi coincidente con la de los presos que entonces ya habían sido juzgados y condenados por los numerosos tribunales civiles y militares puestos en marcha en toda España durante aquellos años.
Los más de 280.000 prisioneros políticos entonces encarcelados en toda España representaban el 10% del conjunto de la población activa del país y eran, en su gran mayoría, hombres de entre 20 y 40 años de edad. No obstante, los presos políticos seguían aumentando sin cesar durante aquellos años. Según ha podido documentar recientemente el historiador Antonio Miguel Bernal, sólo entre los años 1939 y 1943 el número de presos políticos del franquismo llegó a ser de más de 550.000, también con una muy clara mayoría de jóvenes entre ellos.
Aunque fue personalmente el propio Francisco Franco quien puso marcha este formidable negocio a costa de sus prisioneros políticos, iniciado ya de hecho en mayo de 1937, al parecer fue el jesuita José Antonio Pérez del Pulgar quien lo inventó e institucionalizó de forma oficial, mediante la constitución del llamado Sistema de Redención de Penas. En su texto de enero de 1939 titulado La solución que da España al problema de sus presos políticos -para mayor inri, editado por Publicaciones Redención-, dicho sacerdote no defendía ningún tipo de piedad ni clemencia para con los presos políticos del franquismo -"no puede exigirse a la justicia social que haga t abla rasa de cuanto ha ocurrido"-, sino que preconizaba para todos ellos poco menos que la aplicación de la Ley del Talión: "Es muy justo que los presos contribuyan con su trabajo a la reparación de los daños a los que contribuyeron con su cooperación a la rebelión marxista".

Así, de forma masiva, sistemática y organizada, la dictadura franquista utilizó, entre 1937 y 1970, a centenares de miles de prisioneros políticos como fuerza laboral barata, absolutamente dócil y completamente segura, casi siempre recluida en alguno de los numerosos campos de concentración creados al efecto por toda España -en el libro de Javier Rodrigo Sánchez La represión bajo el franquismo figuran documentados 72 campos de concentración, casi la mitad de ellos funcionando ya desde la misma guerra civil, con un total de aproximadamente unos 180.000 internados debidamente contabilizados-, con lo que además de conseguir pingües beneficios económicos consiguió descongestionar las numerosas cárceles existentes en todo el territorio nacional, todas ellas abarrotadas durante los años de la más inmediata posguerra a causa de las sucesivas oleadas de detenciones masivas que se produjeron en España entera al término de la guerra civil.
El Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas, eufemismo con el que se intentaba ocultar el nombre de los campos de concentración, fue en realidad el encargado de centralizar el uso y abuso que el franquismo hizo de sus prisioneros políticos como trabajadores forzados o esclavos, dando origen incluso, con la creación de sus campos de concentración y la instalación en las cercanías de las familias de algunos de los prisioneros en ellos internados, a la creación espontánea de nuevos núcleos de población surgidos entonces, como El Palmar de Troya, Dos Hermanas, Los Palacios o los barrios sevillanos de Torreblanca y Bellavista, aún en la actualidad formado en su gran mayoría por familiares de antiguos presos políticos esclavizados por el franquismo.
Empleados fundamentalmente en obras públicas de todo tipo -por ejemplo, en la construcción de carreteras, puentes, túneles, vías férreas, canales y marismas-, centenares de miles de prisioneros políticos del franquismo se vieron obligados al trabajo forzado, a modo de nuevos esclavos, tanto en obras tan impresionantes como las de la construcción del Valle de los Caídos -donde trabajaron hasta 1950 un total de cerca de 20.000 presos políticos, hasta la definitiva culminación de las obras de construcción tanto de los accesos por carretera como del monasterio y la cripta de aquella obra faraónica- o del pazo de Aday, como en muchas otras obras al servicio de la Iglesia católica -entre otras, los 15.000 crucifijos para escuelas y otros centros oficiales, que fueron facturados inmediatamente después de la guerra civil desde los Talleres Penitenciarios, cuya sede central era la cárcel de Alcalá de Henares- y, cada vez en mayor medida, al servicio de gran número de empresas privadas, casi todas ellas adjudicatarias y concesionarias del propio Estado.
Según recoge Isaías Lafuente en su documentado libro, fueron prisioneros políticos quienes construyeron obras hidráulicas como los embalses del Ebro, Benagéver, Entrepeñas, Pálmaces, Mediano, Riosequillo, Revenga, Barasona, Mansilla de la Sierra, González Lacasa, El Cenajo, Torre del Águila, Barrios de Luna, Yesa, San Esteban y Linares, la Real Acequia del Jarama, canales como el Bajo del Guadalquivir, Bajo del Alberche, Montijo, Jarama, Bárdenas, Monegros, Toro-Zamora, Bierzo, Badarán y Linares del Arroyo, amén de saltos como los del Nansa y el Sil. Fueron, igualmente, prisioneros políticos del franquismo quienes reconstruyeron pueblos y ciudades como Belchite, Brunete, Oviedo, Teruel, Toledo, Huesca, Lleida, Gernika, Amorebieta, Éibar, Potes, Quinto de Ebro, Mediana de Aragón, Puebla de Albortón, Boadilla del Monte, Villamanín, Vilanova de la Barca, Sabiñánigo o Figueres, entre muchas otras poblaciones. Trabajaron también en las minas de mercurio de Almadén, en los pozos Maria Luisa, Fondón y San Mamés de Duro Felguera, en las minas de antracita de Fabero y en muchas otras empresas mineras, en Asturias, Leñón, Pontevedra, Lleida, Ourense, Teruel, Albacete, Murcia y Cartagena, por ejemplo, y lo hicieron asimismo en gran cantidad de obras públicas, como en la construcción del ferrocarril Madrid-Burgos, Zamora-A Coruña, Tudela de Veguin a Lugo de Llanera, Pedernales-Bermeo o la inconclusa Santander-Mediterráneo, así como en la primera estación ferroviaria de Chamartín, en Madrid, y en carreteras como las de Canfranc, de la carretera de A Coruña a El Escorial, variantes de carreteras como las de Madrid-Valencia Puerto Contreras, Honrubia, Oropesa, los puertos del Escudo y del Arzobispo, el túnel de Vielha...
Además de la construcción tanto de los accesos como del monasterio y la cripta del Valle de los Caídos, fueron también prisioneros políticos del franquismo quienes construyeron desde aeropuertos como los de Sondica o Labacolla hasta estadios municipales como los de Valladolid y Palencia, pasando por cárceles como la de Carabanchel.
Entre las empresas privadas españolas que más frecuentemente tuvieron a su servicio como trabajadores forzados a prisioneros políticos del franquismo figuraron en lugar muy destacado y constante Dragados y Construcciones, Banús, A. Marroquín, San Román, Hermanos Nicolás Gómez y Construcciones ABC.
Algunas de estas empresas privadas se lucraron con el trabajo forzado y apenas pagado de gran número de prisioneros políticos del franquismo por espacio de más de dos décadas, como lo hizo en concreto la empresa Dragados y Construcciones fundamentalmente en la construcción de gran número de pantanos, mientras que en el caso de Banús lo hicieron todavía hasta el año 1969 en todo tipo de obras y construcciones.
Otras empresas que tuvieron a presos políticos trabajando a su servicio fueron, por ejemplo, Babcock-Wilcox, Carbones Asturianos, Constructora Naval, Industrias Egaña, Talleres La Trefilera, Plasencia de las Armas, Esperanza y Compañía SA, Talleres Murga, Cementos Portland-Iberia, Cementos Asland, Metro de Madrid, Riegos Asfálticos, Sacristán, Portolés y Compañía, Sicot, José M. Padró, Carbonífera Palomar, Montes de Galicia, A.Villalón, E.Osis, Elizarrán, Hidro Nitro Española, Minas del Bierzo, Experiencias Industriales, Gutiérrez Oliva, A.Carretero, Sanz Bueno, Salvador Cuota, Maquinista y Fundición del Ebro, Regino Criado, Ferrocarriles y Minas, Antracitas Gaiztarro, Múgica-Arellano y Cía, Minero Siderúrgica de Orallo, ECIA, Vías y Riegos, Duro-Felguera, C.Peña, Julián A. Expósito, Cimentaciones y Obras, E.Medrano, C.Mardellano, D.L.Pastora, M.Llagostera, I.Arribalaga, J.Dobarco, Sociedad Marcor, Ramón Echave, SAFA, Burés, Industrias Artísticas Agrupadas ...
La Iglesia católica española, convertida prácticamente desde el mismo inicio de la guerra civil en uno de los más importantes e influyentes apoyos de Franco tras haber declarado formal y oficialmente que la insurrección militar era una "Cruzada", se benefició asimismo del trabajo esclavo de gran número de prisioneros políticos del franquismo. Entre otras construcciones para la Iglesia católica en las que fueron obligados a trabajar como esclavos numerosos presos políticos de distintas regiones españoles, figuran las de la reconstrucción de la catedral y el seminario de Vic, el colegio de los escolapios de San Antón en Madrid, el seminario orensano de Ervedelos, la vallisoletana iglesia del Carmen y los conventos de las madres adoratrices de Cartagena, Valladolid y Alcalá de Henares.
780 millones de euros de beneficios El ya mencionado libro de Isaías Lafuente no es propiamente el primero en denunciar esta infamia criminal perpetrada por el franquismo, puesto que ya en 1969 Aroca Sardagna se refería a ello en su libro Los republicanos que no se exiliaron, y en 2000 Rafael Torres publicó otro importante volumen sobre esta cuestión, Los esclavos de Franco, el primero en documentar ya el trabajo forzado de gran número de prisioneros políticos del franquismo.
No obstante, Lafuente ha profundizado mucho más y da en su libro todo tipo de datos y documentación, llegando incluso a las cuantificación económica precisa de los beneficios obtenidos por el franquismo a costa de la práctica esclavitud de sus prisioneros políticos: más de 130.000 millones de pesetas, unos 780 millones de euros. Ello se deduce del estudio de las muy detalladas memorias anuales remitidas a Franco por el Patronato para la Redención de Penas entre 1939 y 1970, conservadas aún en los archivos de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Sólo entre los años 1939 y 1945, Franco dispuso mensualmente de una media de unos 10.000 presos políticos republicanos convertidos por él en sus esclavos, siendo en total durante aquellos años unos 110.000 los presos políticos laboralmente explotados en colonias, talleres, destacamentos penales y empresas privadas.
Carrero Blanco recibía el 75% del salario de los "esclavos" El profesor Francisco Moreno Gómez ha cifrado el jornal medio de un preso político esclavizado por el franquismo en 4,75 pesetas, en el caso de ser un hombre con esposa y un hijo a su cargo y que estuviese al servicio de algún organismo público del Estado, y de 14 pesetas si trabajaba al servicio de una empresa privada, de las que sólo 50 céntimos iban a parar al propio preso, 3 pesetas eran destinadas a su familia, 1,40 eran retenidas en teoría para su alimentación y las 9,10 pesetas restantes iban a parar a Hacienda, aunque se ignora bajo qué concepto se les sometía oficialmente a tan cuantiosa exacción fiscal.
Este dinero era periódicamente ingresado por el Patronato para la Redención de Penas en una cuenta cifrada del Banco de España, a nombre del entonces subsecretario de Presidencia del Gobierno, Luis Carrero Blanco, conforme ha podido documentar y probar recientemente el ya citado profesor Antonio Miguel Bernal.
Catedrático de Historia del Pensamiento de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, Antonio Miguel Bernal ha coordinado recientemente el interesante ciclo de conferencias que se ha celebrado en dicho centro universitario bajo el título Los presos del Canal. 1940-1962. Estas jornadas han sido organizadas por la universidad hispalense en colaboración con la fundación El Monte y el sindicato CGT, y se han dedicado al estudio de la utilización sistemática de prisioneros políticos andaluces como trabajadores forzados en las obras de construcción del canal Bajo del Guadalquivir, entre Sevilla y Sanlúcar de Barrameda, de 150 kilómetros de longitud, 90 de los cuales fueron íntegramente realizados por unos 10.000 prisioneros políticos del franquismo, desde muy poco después del final de la guerra civil, y hasta más de dos décadas después, hasta el año 1962.
Tras el fuerte impacto causado por la reciente publicación del libro de Isaías Lafuente, estas jornadas sevillanas han contribuido a dar a conocer muchos otros aspectos sobre la feroz e implacable represión que el franquismo ejerció contra sus opositores, especialmente en la más inmediata posguerra, pero en realidad hasta más allá incluso de la muerte del propio dictador. El próximo mes de octubre, un importante congreso organizado conjuntamente en Barcelona por el Museu d'Història de Catalunya y el Grup de Recerca de l'Època Franquista del Departament d'Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, seguirá profundizando en estos temas, muy poco estudiados hasta ahora por los historiadores y, por tanto, todavía absolutamente desconocidos por la opinión pública.
Los campos de exterminio Aunque se tenían algunas referencias merced a la publicación de las memorias de algunos antiguos presos políticos del franquismo, ha sido ahora cuando se ha documentado ya con rigor histórico la existencia en la España de la guerra y la posguerra civil de auténticos campos de exterminio. A diferencia de los campos de concentración, en los que los prisioneros políticos eran utilizados sistemáticamente como "esclavos" y donde en no pocos casos los internados fallecían también a causa de las pésimas condiciones de vida y trabajo a las que se encontraban sometidos, los campos de exterminio franquistas eran, al igual que sus homólogos nazis de tan triste recuerdo, centros destinados fundamental y casi exclusivamente a la pura y simple ejecución de sus internados.
El ya citado Antonio Miguel Bernal señalaba en las mentadas jornadas sevillanas que está perfectamente documentada la existencia en la población extremeña de Castuera de un campo de exterminio creado a principios de la guerra civil, inmediatamente después de la toma de Badajoz por las tropas franquistas, a mediados de agosto de 1936, en el que a diario se produjeron fusilamientos y donde existe un gran número de fosas llenas de cadáveres de presos políticos republicanos que allí fueron exterminados.
El propio profesor Bernal coordina un grupo de trabajo que estudia el papel desarrollado por determinados oficiales y médicos alemanes en algunos campos de concentración de la España franquista, durante la guerra civil y de forma muy en especial entre los años 1937 y 1938, ya que existen evidencias claras de que realizaron experimentos y prácticas de exterminio similares a las que poco después fueron llevadas a cabo de modo sistemático y masivo en los campos de exterminio nazis.
Otro de los historiadores asistentes a las mencionadas jornadas celebradas en Sevilla, el catalán Borja de Riquer, señalaba que en la España franquista se superaron los 140.000 fusilamientos, casi triplicando los 50.000 que se produjeron en las zonas de España controladas por la República. Más aun, el mismo historiador hacía notar que en el caso concreto de Andalucía esta relación se más que cuadruplicó, con 40.000 fusilamientos franquistas por 9.000 a cargo de los republicanos. De Riquer hizo notar que una vez terminada ya la guerra civil, entre 1939 y 1947, el franquismo ejecutó diariamente a una media de diez personas, con diez fusilamientos diarios, lo que representa cerca de 30.000 fusilamientos durante los ocho años después del fin de la guerra civil, a los que habría que añadir todavía los que se produjeron con posterioridad y hasta el mismo final de la dictadura.
Borja de Riquer destacó asimismo que la juventud republicana fue la principal víctima de la criminal represión franquista desatada al término de la guerra civil. En base a un estudio realizado sobre las quintas de la barcelonesa ciudad de Badalona entre los años 1936 y 1940, De Riquer subrayó que de los 2.256 jóvenes de entre 19 y 25 años de edad existentes en el censo de dicha ciudad en 1936, en 1940, 295 habían muerto, 234 habían sido considerados prófugos y 204 estaban encarcelados, con lo que un tercio de los jóvenes badaloneses, al finalizar la guerra civil, habían fallecido, estaban exiliados o habían sido encarcelados.
'Los esclavos españoles de Hitler' Éste es el título del último libro del historiador José Luis Rodríguez Jiménez, en el que se detalla otro oscuro y hasta ahora muy poco conocido aspecto de la represión franquista: el de la utilización de miles de ciudadanos españoles que Franco convirtió en víctimas propiciatorias del nazismo, después de haberles enviado para Alemania a trabajar en minas y fábricas, fundamentalmente con el objetivo de saldar la importante deuda económica contraída por el propio Franco con Hitler por su decidida ayuda militar y financiera al bando rebelde durante la guerra civil española, estimada en unos 400 millones de marcos, unos 1.200 millones de pesetas oro.
Según el profesor José Luis Rodríguez Jiménez, el contenido del convenio firmado el 21 de agosto de 1941 entre los gobiernos de España y Alemania, por el que al cabo de muy poco tiempo como mínimo 10.500 trabajadores españoles fueron enviados a la Alemania nazi, demuestra claramente que la voluntariedad de los allí enviados no es más que una burda patraña de la propaganda franquista.
Además de aquellos 10.500 obreros salidos desde España, el régimen nazi hizo que otros 40.000 ciudadanos españoles, todos ellos republicanos exiliados desde el final de la guerra civil en Francia, una vez este país fue ocupado por Alemania, se incorporasen voluntaria o forzosamente, a sus batallones de trabajo, mientras otros 12.000 republicanos españoles fueron a parar asimismo a diversos campos de concentración o de exterminio, evidentemente todos ellos de forma obligada.
La reciente reedición del documentado y voluminoso trabajo que escribiera la ya fallecida escritora barcelonesa Montserrat Roig bajo el título Els catalans als camps nazis (Edicions 62) es un testimonio desgarrador sobre las penalidades sufridas por gran número de republicanos españoles de ambos sexos en los campos de concentración o de exterminio creados por el nazismo.
Aunque se ciñe en exclusiva a los deportados de origen catalán o con residencia en Cataluña, el riguroso libro de Montserrat Roig, así como la excelente novela del escritor catalán Joaquim Amat-Piniella "K.L.Reich" (Edicions 62), en la que rememora sus propias vivencias personales como deportado en el tristemente célebre campo nazi de exterminio de Mathausen, constituyen dos grandes testimonios de otra de las infamias perpetradas por el franquismo con sus opositores, ya que fue el cuñado de Franco y por aquel entonces ministro de Asuntos Exteriores de España, Ramón Serrano Suñer, quien se negó a reconocer la nacionalidad española a los exiliados republicanos que fueron exterminados en gran número en los campos nazis, padeciendo el total de ellos todo tipo de torturas, malos tratos y vejaciones mientras duró su cautiverio, en el que destacaron muchos de ellos como esforzados y heroicos resistentes. En Los esclavos españoles de Hitler el profesor José Luis Rodríguez Jiménez constata el engaño al que el franquismo sometió a los 10.500 "productores españoles" enviados a Alemania, en teoría de forma "voluntaria", al igual que muchos de los españoles integrados en la célebre División Azul que combatió junto a las tropas nazis a las órdenes del general Muñoz Grandes. El propio régimen franquista, en sus estimaciones iniciales, calculó en aproximadamente 100.000 los "productores españoles" que debería enviar a trabajar a Alemania para cumplir completamente el acuerdo suscrito con las autoridades nazis para saldar definitivamente su deuda económica.
No obstante, tanto por el elevado coste económico que para el franquismo representaba aquella operación en gastos de organización, ropa, calzado y traslado, como porque ya a partir de 1942 comenzó a ser evidente incluso para los sectores falangistas más abiertamente partidarios del régimen hitleriano que la Alemania nazi sería derrotada por los aliados y el franquismo optó por empezar a alejarse de ella, lo cierto es que finalmente parece que fueron sólo 10.500 los trabajadores españoles que Franco convirtió realmente en "esclavos de Hitler".
Con pésimas condiciones tanto de vida como de trabajo, aparentemente desconocedores tanto de su teórico y muy a menudo incumplido derecho a 20 días de vacaciones anuales como de que una importante parte de sus salarios quedaba retenida en los bancos alemanes como abono a cuenta de la deuda que la España de Franco tenía pendiente todavía con la Alemania nazi, los 105.000 "esclavos españoles de Hitler" padecieron también todo tipo de malos tratos y vejaciones, soportando penalidades sin cuento y sin que en ningún caso dispusieran del apoyo de las autoridades franquistas en defensa de sus legítimos derechos laborales.
Luis Rodríguez Jiménez ha documentado que al menos 25 de aquellos "productores españoles" fueron fusilados por los nazis para castigar sus protestas o rebeldías, así como que a pesar de que el grueso de ellos fueron repatriados a España ya a partir de 1943, cuando parecía definitivamente clara la derrota del nazismo, algunos de ellos optaron por quedarse en Alemania, donde al parecer algunos de ellos siguen viviendo. Muy pocos de aquellos miles de "productores españoles" convertidos por Franco en "esclavos de Hitler" parecen dispuestos ahora a recordar aquella tan lamentable experiencia. Sólo uno de ellos ha facilitado todo tipo de datos e informaciones a José Luis Rodríguez Jiménez.

TV3, la televisión autonómica catalana, sobrecogió recientemente a su audiencia con la emisión, en su prestigioso programa dominical de documentales 30 minuts, de dos excelentes trabajos realizados por Montse Armengou y Ricard Belis con asesoría del historiador Ricard Vinyes. Els nens perduts del franquisme ("Los niños perdidos del franquismo") puso en evidencia la represión a la que se sometió a niños y mujeres en las cárceles durante la dictadura franquista, y muy especialmente durante la más inmediata posguerra, incluso con la "desaparición" de algunos de los hijos de las prisioneras políticas.
En un testimonio de un valor documental excepcional, algunas de aquellas mujeres narraron ante las cámaras su represión política, las torturas a que fueron sometidas y la separación de sus hijos, que en muchos casos murieron de inanición o enfermedad en las propias cárceles franquistas, mientras que en otros casos fueron dados en adopción, evidentemente sin autorización familiar ninguna y en un claro abuso del poder de la dictadura para con las víctimas de su represión.
Testimonios casi siempre desgarradores pero en todos los casos con una gran entereza de ánimo se acompañaron en ambos documentales de TV3 con referencias a textos oficiales, documentos e incluso el testimonio personal de la entonces máxima responsable del Auxilio Social, la viuda de Onésimo Redondo, que se manifestó al menos en apariencia absolutamente desconocedora de las denuncias que le fueron presentadas. De hecho aquellas constituyeron las primeras denuncias que se han dado a conocer públicamente en España acerca de la existencia de nuestros propios "desaparecidos", en concreto hijos e hijas de madres republicanas a las que el franquismo, además de encarcelarlas como prisioneras políticas, les robó a sus hijos e hijas, muy a menudo con la ayuda de las monjas encargadas de la vigilancia de las prisiones de mujeres en aquellos años.
El fuerte impacto social causado por estos dos excelentes documentales, cuyos derechos de emisión han sido adquiridos ya por las televisiones autonómicas vasca y andaluza y al parecer en breve serán comprados también por Telemadrid, así como los altos niveles de audiencia conseguidos con ambas emisiones -fueron vistos por más de 800.000 telespectadores catalanes-, ha hecho que TV3 se decidiese a programar otros importantes documentos televisivos sobre la represión franquista y las penalidades sufridas por los opositores a la dictadura, en el exilio o en el interior del país.
El primero de estos programas es Veus ofegades. Cartes d'un exili a França ("Voces ahogadas. Cartas de un exilio en Francia"), que descubre textos inéditos de cartas escritas por refugiados republicanos catalanes que vivieron entre 1939 y 1945 en Francia, que nunca llegaron a sus destinatarios ni fueron abiertas, y que tras haber sido archivadas salen ahora a la luz pública y constituyen un elocuente testimonio del exilio republicano. Otras emisiones serán las de varios episodios de Els maquis, la guerra silenciada ("Los maquis, la guerra silenciada"), en los que a partir de unos 60 testimonios se tratará sobre las actividades desarrolladas durante un cuarto de siglo en Cataluña por las guerrillas antifranquistas.
Por último, el ciclo de programas históricos de la televisión autonómica catalana se cerrará con la reemisión de los dos capítulos de Els nens perduts del franquisme, así como con un debate moderado por Carles Francino sobre Franquisme: oblidar o recordar ("Franquismo: olvidar o recordar").
EL TRIBUNAL DE ORDEN PÚBLICO Muy reciente es también la publicación de El TOP. La represión de la libertad (1963-1977) (Planeta), libro del que es autor el magistrado Juan José del Águila. El TOP, el siniestro Tribunal de Orden Público creado por la dictadura franquista como jurisdicción especial para la represión sistemática de toda la oposición, queda crudamente retratado en esta rigurosa y muy documentada tesis doctoral, en la que se demuestra con gran acopio de datos que no hubo en modo alguno una evolución ordenada, pacífica y conscientemente planificada de la dictadura hacia la democracia.
De la atenta lectura del interesante libro del magistrado Juan José del Águila se deduce, sin ningún genero de dudas, que la transición no ya del franquismo sino del posfranquismo a la democracia, a diferencia de lo que a menudo pretenden hacernos creer ahora algunos comentaristas partidarios del revisionismo histórico, sólo fue posible gracias a la lucha constante de la oposición democrática, ya que hasta más allá de la muerte del propio Franco, y en concreto hasta el 5 de enero de 1977 -esto es, menos de medio año antes de la celebración de las primeras elecciones democráticas después del final de la guerra civil-, el TOP siguió actuando como la permanente e implacable Inquisición. Juan José del Águila aporta en su interesante libro gran número de datos e informaciones sobre los numerosísimos procesos, procesados y afectados por las causas instruidas por el TOP a lo largo de sus prácticamente 14 años de existencia, desde su misma creación, en 1963, en sustitución de los anteriores tribunales especiales constituidos al final de la guerra civil, hasta su definitiva desaparición, a principios de 1977, más de un año después de la muerte del dictador.
A estas alturas de la Historia resulta interesante, y sobre todo muy revelador, observar, por ejemplo, que sólo en sus tres últimos años de existencia, de 1974 a 1976, el TOP instruyó el 60% de sus procedimientos judiciales contra todo tipo de opositores a la dictadura, así como que el 25% de dichas causas fueron instruidas ya una vez muerto el dictador. Es evidente que todo ello desmiente con absoluta rotundidad la teórica voluntad aperturista, reformista y democratizadora de quienes en aquellos años detentaban el poder y estaban en el Gobierno, puesto que fueron precisamente ellos quienes siguieron permitiendo, cuando no ya auspiciando o impulsando, la continuidad de la represión policial y judicial contra todos aquellos que verdaderamente luchaban por la recuperación de la democracia y la libertad en nuestro país, en contra de quienes sólo deseaban hacerle la cirugía estética a la dictadura para poder mantenerse aún en el poder.
Resulta asimismo interesante destacar que del libro de Juan José del Águila se deduce que en la estadística de los numerosísimos procesados por el TOP a lo largo de sus poco menos que 14 años de existencia ininterrumpida, Cataluña, con el 20% del total de los procesados por aquella juridisción especial, aparece como la comunidad más cuantiosamente reprimida durante toda su historia.
También es interesante comprobar que la gran mayoría de los procesados por el siniestro tribunal fueron fundamentalmente trabajadores y estudiantes menores de 35 años de edad.

Envia: Tiempo de Rebeldes martes, 22 de octubre de 2002